Las guerras de Guerrero
Entrevista con Humberto Padgett*
Ariel
Ruiz Mondragón
Guerrero
es hoy, y ya desde hace un rato, una entidad donde se combinan una par de
condiciones graves: sus altos niveles de pobreza y el aumento de la violencia.
Esto se da en un marco en el que diversas bandas de narcotraficantes se han
adueñado del territorio y mantienen una lucha sorda por él, además de que
autoridades de diversos niveles se han coludido con ellas.
Así,
en su libro Guerrero. Los hombres de
verde y la dama de rojo. Crónica de la nación gomera (México, Ediciones
Urano, 2015), Humberto Padgett escribe que “este trabajo ofrece, como una de
sus tesis, que no existe manera de desvincular la doble condición de Guerrero:
su miseria económica y la fertilidad de la amapola en sus montañas”.
Así,
el estado vive entre la pobreza, pese a que en sus tierras hay grandes cultivos
de amapola, “donde se produce el 60% de la heroína en el país”, y en un sistema
político en el que se han establecido relaciones institucionales entre el
Estado mexicano y la delincuencia organizada, según afirma el autor.
Acerca
de esos temas conversamos con Padgett, quien estudió Periodismo y Comunicación
Colectiva en la UNAM. Ha colaborado en publicaciones como Reforma, emeequis y Sin Embargo. Autor de seis libros, ha
obtenido los siguientes premios: el Nacional de Periodismo (en cinco
ocasiones), el Internacional de Periodismo Rey de España, el Ortega y Gasset,
el Kurt Schork, de la Federación Internacional de Periodistas, Iberoamericano
de Periodismo Joven y Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez.
Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir
y publicar hoy estas crónicas sobre la pobreza y el aumento de la violencia y
la delincuencia no sólo en la sierra de Guerrero sino en general en Tierra
Caliente?
Humberto Padgett (HP):
Hay varios elementos concurrentes. Uno regional, en términos continentales, es
el nuevo boom de consumo de heroína
en Estados Unidos; hay otro, muy local y permanente, que es, efectivamente, la
pobreza de Guerrero, y hay uno político, nacional, y es que el evento de los 43
muchachos de Ayotzinapa desaparecidos descarrila al gobierno de Enrique Peña
Nieto. Se asomaba una pregunta que trato de responder acerca de la
responsabilidad del Estado en la desaparición de los chavos la noche del 26 y
madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y yo respondo que sí, que fue
el Estado.
AR: Con los datos del Coneval
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) revisa el asunto
de la pobreza en Guerrero; dice, por ejemplo, que Tierra Caliente es un lugar
con décadas de políticas sociales fracasadas. Luego hace anotaciones muy
puntuales sobre el subejercicio y desviación de recursos del gobierno del
estado. ¿Qué ha pasado con las políticas sociales federales que se han tenido
que implementar y con las propias estatales de Guerrero?, ¿por qué han
fracasado?
HP:
Por la corrupción y el uso permanente de los recursos públicos como patrimonio
personal de quienes los administran. La estampa que deja más clara la derrota
de la política social mexicana en la Tierra Caliente michoacana es que allí
donde ahora se siembra mariguana empezaron a hacerlo hace 60 años los
campesinos que fueron a Estados Unidos, al norte de California, dentro del
programa Bracero. Algunos trabajaron en la región que ahora es Silicon Valley,
que es referente mundial de la riqueza producida con el desarrollo tecnológico
y científico: allí están Google, Mac, Yahoo, etcétera. Es increíble el
desarrollo social y económico de esas grandes extensiones urbanas, comparado
con lo que se encuentra años después en Michoacán, que es básicamente lo mismo:
pueblos incomunicados, ausencia de escuelas de calidad, inexistencia de
clínicas.
Los
políticos presentan en sus informes de gobierno que han inaugurado decenas de
hospitales regionales, pero son en realidad consultorios en los que algún
médico pasante atiende de lunes a viernes por las mañanas, sin dispensario
médico, sin quirófano ni nada.
El
subdesarrollo permanece en ese lugar luego de decenas de políticas de
desarrollo social, después de que por allí han pasado los tres principales
partidos políticos en los planos municipal, estatal y federal.
AR: Sobre el aspecto político: en
el libro habla de que ha habido un presente ininterrumpido a pesar de la
alternancia en los gobiernos. ¿Qué ha ocurrido con el proceso de
democratización en Guerrero? Uno de los asuntos principales era cambiar a los
malos gobiernos, que hubiera mayor transparencia y respeto a los derechos
humanos.
HP:
Es una democracia que se ha perfeccionado en el simple hecho de ir y tachar un
logotipo y un nombre en una boleta, pero no más. Es una democracia de papel y
crayola, pero la gente no está incorporada a las decisiones de sus comunidades,
menos de sus municipios y de ninguna manera de su estado.
Guerrero
son dos guerras continuas que han devastado los derechos humanos, entendiendo
éstos como núcleo de las relaciones democráticas entre las instituciones,
quienes las dirigen y quienes son gobernados. Guerrero es la continuación de la
guerra sucia, cuando el Estado
mexicano promovió la investigación, persecución, detención, tortura, asesinato
y desaparición de aquellos que pensaban de una manera política distinta al
gobierno. Eso involucró a la constelación completa de instituciones
relacionadas con el Estado, y continuó con una guerra sucia en la que se simuló
el combate al narcotráfico con el pretexto de la salud pública mexicana, pero
que en realidad permitió la colusión de autoridades de todo tipo (civiles y
militares), de todos los niveles, con el narcotráfico, para beneficiarse de los
recursos manteniendo siempre muy pobre a la población guerrerense.
AR: Allí hay una figura clave en el
paso de la persecución a las guerrillas a esta etapa de la guerra contra el
narcotráfico: Mario Arturo Acosta Chaparro, quien está mencionado desde el
principio y hasta el final del libro. ¿Qué nos dice este personaje?
HP:
Acosta Chaparro es, creo, la gran clave para entender el sistema político
criminal mexicano. Fue un agente formado fuera del país para los propósitos
políticos no asumidos por el gobierno mexicano, como su intolerancia a la
democracia y su capacidad de recurrir al crimen si eso garantiza la permanencia
en el poder.
Acosta
Chaparro sintetiza la colusión con el narcotráfico; los gomeros son congruentes
al describirlo no sólo permitiendo el trasiego de la heroína sino a él mismo
como cultivador (no campesino sino contratando personas para que sembraran sus
campos de opio). Luego fue el hombre que se asoció con la cúpula de uno de los
cárteles de los que descienden varios otros, que es el de Juárez, y también fue
el hombre al que se le atribuyen 123 desapariciones forzadas.
Asimismo,
fue un agente de la estructura federal que se pudo integrar al poder político
local: lo hicieron jefe de la Policía Judicial, jefe de la Policía de Tránsito,
un hombre omnipotente en un estado definido por el cacicazgo político, y que tuvo
luego nueva relevancia en el asesinato del vado de Aguas Blancas en 1995,
cuando estaba en el poder Rubén Figueroa Alcocer. Con éste debió dejar el cargo
público por el escándalo político que representó la matanza de los campesinos,
y en su lugar quedó Ángel Aguirre Rivero, quien luego, como gobernador no
interino sino constitucional, tuvo que dejar el cargo por la desaparición y muy
posible masacre de los muchachos de Ayotzinapa.
Es
decir, el continuo de las acciones del Ejército y de este personaje permean la
realidad de un estado que es definitorio de la falibilidad del Estado mexicano.
AR: Visitó a los campesinos, fue a
lugares de la sierra donde muy pocos entran. Esto está muy vinculado con un
aspecto internacional, con Estados Unidos. ¿Cómo ha influido la política
norteamericana en esas comunidades pobres, en el aspecto del narcotráfico, que
va desde la política prohibicionista de Nixon, el anticomunismo, hasta la
demanda actual de heroína en Chicago?
HP:
A mí me causa cierta sorpresa la admiración y condescendencia con que algunos
intelectuales y políticos mexicanos se refieren a Barack Obama, cuando éste es
corresponsable, con Felipe Calderón, del desastre, en términos de derechos
humanos y desarrollo social, que la Iniciativa Mérida ha significado.
Mantenemos
una política antidrogas que no ha hecho sino ver cómo se incrementa el consumo
de drogas, cómo los grupos del narcotráfico migran a otras actividades
delictivas relacionadas con la lesión de comunidades enteras, en las que se
extorsiona desde al más pequeño de los comerciantes hasta al presidente
municipal. Esto está relacionado con que son grupos que en el 80 y 90 por
ciento de los casos cuentan con armas vendidas en Estados Unidos en los
términos de su Segunda Enmienda.
También
tiene que ver con que, para el gobierno de Estados Unidos, la pauperización de
un país ha sido siempre conveniente, y ahora con menos recursos para los más
pobres y no necesariamente para los demás.
No
existe viabilidad más que en la siembra de la amapola y de la mariguana para
cientos de miles de personas, quizá millones de campesinos mexicanos que están
al otro lado de la ley. Según el discurso propagandístico de quienes se
benefician del actual estado de cosas, los victimarios son esos campesinos que
tienen los huaraches fundidos en las plantas de los pies, y la víctima un yuppie de Chicago o de Nueva York que,
efectivamente, puede vivir una tragedia en su propia adicción. Pero lo que se
cuestiona aquí es la narrativa presentada por las autoridades: ambos son
víctimas de un mismo sistema que finge trabajar a favor de la salud pública.
AR: ¿Cuál es la relación de la
pobreza con la siembra de amapola? Algunos datos que da en el libro son
dramáticos: de los 859 municipios gomeros
del país, 774 tienen los porcentajes más altos de pobreza a nivel nacional, mientras
que en Guerrero en todos los municipios se siembra amapola. Es un tráfico que
genera muchas ganancias, pero no hay mejora en el nivel de vida.
HP:
La cadena productiva de las drogas, en la medida en que están prohibidas por
completo, está, en términos reales, desregulada, y eso le permite a los dueños
del dinero hacer lo que quieran con los dueños del trabajo. Esta relación de
explotación, aunque se trate de amapola o mariguana, no tiene por qué ser
distinta de cómo funciona con quienes siembran maíz o frijol. Hay un acaparador
que se beneficia porque tiene dinero para poder dar los recursos para la siembra
de quienes están trabajando en el campo.
Pero
los campesinos de drogas están en condiciones aún más adversas porque no pueden
sembrar en sus tierras, no pueden beneficiarse de ningún programa de rescate
económico ante un desastre natural; enfrentan, además de la adversidad de las
plagas comunes a otras plantas, la posibilidad de que sus huertas de mariguana
o de amapola sean destruidas por el Ejército. En algunas ocasiones ellos tienen
que pagar directamente el soborno a militares que los detienen en las parcelas
de estas plantas.
A
la vez se impone un precio que difícilmente excede el costo de producción para
el campesino; éste está en esas condiciones obligado a sembrar las drogas para
no morir de hambre, pero de ninguna manera esto le da posibilidades de tener
verdadera movilidad social.
Existe
un sistema convenientemente dispuesto para que así transcurran las cosas, lo
que empeora porque en Guerrero, según ha reconocido el gobierno del estado,
existen 30 grupos que se están disputando el monopolio de la heroína porque es
un gran negocio, y esto coloca en mayor riesgo a los campesinos. Hay quienes dejan
de sembrar porque el cártel les advierte que los ejecutarán a ellos y a toda su
familia si le venden a otro cártel, pero éste impone las mismas condiciones. El
negocio de la amapola termina siendo uno de 27 mil millones de dólares que
pagan los consumidores finales en Estados Unidos al año, según datos de la Casa
Blanca. Eso es el doble del producto interno bruto anual de Guerrero.
¿Hay
mejores caminos, mejores escuelas, mejores clínicas? Pues no. ¿Hay acceso a
agua potable, a energía eléctrica? Pues no en proporción a un negocio del que
abrevan no sólo los narcotraficantes sino también políticos y policías; quienes
en realidad no alcanzan los beneficios reales de esa industria son los
campesinos, nuevamente.
AR: Hace el relato de esta República mariguanera integrada por Michoacán,
Guerrero y Estado de México. En la parte de la Tierra Caliente michoacana dice
que hay un gobierno paralelo, informal pero que es más real. ¿Cómo funciona
este gobierno paralelo, y cómo se relaciona con el formal?
HP:
Existe una herencia de 50 años en lo que allí se hace, y es una relación que se
ha vuelto natural y basada en el dinero. Los partidos políticos han logrado,
ellos sí, acordar, a diferencia de los cárteles simples y llanos, la
distribución del beneficio económico que la corrupción les otorga y que les
permite convertir los recursos públicos en privados, así como facilitar las
operaciones del narcotráfico y beneficiarse económicamente de eso.
El
verdadero crimen organizado no son los cárteles sino los partidos políticos.
Esta condición, que se ha extendido a otras partes del país, es entendida desde
el poder federal también como natural. Esa relación ocurre porque, primero, se
permite en todas las esferas. Estas organizaciones criminales que llamamos
“partidos políticos” han logrado dirigir las instituciones que habrían de
castigar los hechos que de manera permanente ellos realizan. Son tan eficaces que
han alcanzado las posiciones para hacer las modificaciones a las leyes que les
permitan que situaciones que deberían ser francamente ilegales solo sean
inmorales, como los sueldos que se ponen.
Estas
relaciones existen gracias al poder político que permite que así ocurran. Los
campesinos no son quienes van a hacer los acuerdos con el presidente municipal,
el jefe de la Policía estatal, el comandante militar de la zona, con el jefe de
la Policía federal emplazado o el gobernador.
AR: ¿Hasta dónde el problema de
Guerrero, estas bandas que se disputan el territorio, se han extendido a otras
partes del país? En el libro se citan los casos de Tlatlaya y de Ecatepec.
Asimismo, hay autoridades que niegan que en la Ciudad de México haya crimen
organizado.
HP:
Si Miguel Ángel Mancera en verdad cree que no hay crimen organizado en la
ciudad, hay una muy mala noticia para quienes vivimos en ésta, porque es un
hombre tonto si verdaderamente lo cree. También puede mentir intencionalmente;
entonces tenemos a un mentiroso llano, y yo no sé qué será peor.
El
asunto es que hay crimen organizado en prácticas empresariales e incluso en
aspectos culturales. Además, una parte del problema de Guerrero no es
propiamente guerrerense: es michoacano y es sinaloense porque los
narcotraficantes llevaron allá las semillas de mariguana y amapola. Una parte
del problema oaxaqueño no es Oaxaca, sino guerrerense por el flujo y la
búsqueda de nuevos lugares donde sembrar amapola.
La
peculiaridad de Guerrero es la manera absolutamente extendida en que el crimen
organizado existe en todos los niveles, desde la siembra hasta el trasiego y
cada vez más el consumo. Y por Guerrero han pasado todos los cárteles, excepto el
del Golfo.
También
en Guerrero hay un deterioro social, y dices: Tamaulipas es un lugar muy
violento. Es cierto, y tiene una clase política terriblemente corrupta, pero no
tiene una pobreza tan aguda como la que tiene Guerrero. Hay una serie de
características que hacen de Guerrero un lugar representativo de lo que pasa
con el país. La evolución de los cárteles es la de la manera en que el crimen
se ha coludido con las autoridades, y también es la evolución de la violencia.
Guerrero también sufre las consecuencias de esta estrategia de pulverización de
los grandes cárteles en pequeñas organizaciones. Eso es lo que puede mostrar el
estado.
AR: Una parte central del libro es
la dedicada a los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014. Está muy
clara la intervención del narcotráfico, pero ¿diría que en estos hechos hubo
algún matiz político-ideológico en contra de los estudiantes de Ayotzinapa?
HP:
Siempre ha sido el factor a confrontar. Mientras los grupos políticos, los
grupos criminales y los militares han logrado establecer alianzas casi
orgánicas, el foco opuesto ha sido el de los muchachos de Ayotzinapa. Fueron egresados
de allí los guerrilleros, y siempre han representado un elemento de
desequilibrio.
Entiendo
que Ayotzinapa sólo no tuvo confrontación con el presidente Lázaro Cárdenas
porque era un hombre de izquierda, pero desde Manuel Ávila Camacho las
relaciones han sido muy malas. Ávila Camacho acusó a los estudiantes de haber
bajado una bandera mexicana y de haberle prendido fuego, y luego izado una
rojinegra, lo que en el contexto ideológico de los años cuarenta debía
considerarse como una severa afrenta. Se llevó a proceso a algunos de ellos por
motín y rebelión, delitos políticos que luego fueron separados del Código Penal
tras la masacre de 1968.
Los
muchachos desaparecidos de Ayotzinapa fueron a Iguala a secuestrar unos
camiones para venir a la Ciudad de México a la manifestación por el aniversario
de la matanza de Tlatelolco en 1968. Eran chavos conectados entre sí, que se
han atrevido a desafiar al régimen y que le han dicho una y otra vez que
miente.
Entonces
por supuesto que hay un perfil político.
AR: Otra parte interesante es la del
Ejército. ¿Qué ha pasado con éste en Guerrero? Allí lo vemos desde la guerra sucia, si no es que desde antes.
Uno de los campesinos le dijo a usted que, cuando menos, después de lo de
Iguala los soldados van y cortan la amapola.
HP:
Es que tú vas por Guerrero y, vaya, alguien primero te lo dice pero ya luego lo
percibes: la sierra está cubierta de amapola. Hay mucha, y eso no puede no ser no
visto por las autoridades. Las historias de los campesinos te muestran cómo
existen situaciones reiteradas de negociación con los militares: a veces a
éstos hasta les dan de comer, y algunos campesinos tienen que pagar por su
libertad.
Existe
el registro documental de que en reportes de la Dirección Federal de Seguridad Mario
Arturo Acosta Chaparro era alguien coludido con el crimen, y el Estado no hizo
nada. Era una estructura política verdaderamente vertical.
Esas
cosas no se le ocultaban a alguien como el Presidente; fue algo que el gobierno
simplemente decidió no seguir, y el gobierno de Estados Unidos optó por ocultarlo
porque los mismos agentes que estaban coludidos con el narcotráfico eran los
que perseguían a la guerrilla comunista, y ésta era el primer interés
geopolítico de Estados Unidos en ese momento.
AR: Otra parte del libro la dedica
a los desaparecidos; encuentra una característica: que son “ciudadanos comunes,
sin relación probada con la delincuencia organizada”. ¿Por qué la delincuencia
organizada y las propias autoridades escogen a estas personas para
desaparecerlas?
HP:
Puede haber organizaciones ciudadanas que tocan los intereses de los grupos
criminales, entendiendo que éstos no sólo hacen narcotráfico. Hay campesinos
ambientalistas de Guerrero y Oaxaca desaparecidos que denunciaban la tala
ilegal de los bosques, que es cada vez más un negocio de quienes antes sólo
hacían narcotráfico o que utilizan las mismas prácticas de violencia que el
narcotráfico.
AR: En el libro se puede ver cómo
está Guerrero: a muchos municipios no llega ni siquiera Telcel, hay
feminicidios, desplazados, desaparecidos, fosas clandestinas, y en muchos casos
las autoridades están implicadas con la delincuencia organizada. ¿Cómo se vive,
o mejor, se sobrevive allí?
HP:
Mal. A ver: Acapulco fue el puerto turístico referencial del mundo. Allí se
fueron de luna de miel los Clinton, allí estuvieron John F. Kennedy y Jackie, allí
se murió Tarzán y de lo que único que se moría la gente era por vieja o por
borracha. Ahora es una de las cinco ciudades más violentas del planeta.
¿Cómo
se vive cuándo no se tienen recursos, como ocurre con la gran mayoría de los
guerrerenses, para ir por la vida con una camioneta blindada, con guardaespaldas?
Pues mal, jodido, con miedo, en la zozobra. ¿Cómo puedes vivir si tienes hijas
o si eres una mujer en el lugar que más las asesinan en México, por encima de
Chihuahua o del Estado de México (lugares referenciales del feminicidio)?
¿Cuál
es tu perspectiva si eres un muchacho en la pobreza, y la alternativa son el
hambre o el sicariato y el halconeo? Pues así se vive.
Yo
creo que la respuesta que mejor se puede dar es en el relato que hacen unos
campesinos de la Tierra Caliente guerrerense, que son desplazados y que, de
vivir en el monte en absoluta libertad, 200 de ellos tienen que apretujarse en
un salón de fiestas con techo de lámina, sin poder tener intimidad con su
esposa, sin poder escuchar a los pájaros sino nada más el murmullo interminable
y lamentable de sus vecinos. “Se murió por el ruido”, decían de un anciano. Así
se vive en Guerrero.
Cada
vez nos tenemos que plantear menos cómo se vive en Guerrero y más cómo se muere
en Guerrero.
AR: Por la situación de los
periodistas en México, y por su trabajo (fue a ver a los campesinos, conoció intermediarios,
etcétera), ¿qué riesgos enfrentó al hacer esta investigación?
HP:
No, porque hay que planear el ingreso y hay que saber hacerlo. Las situaciones
en que mi trabajo ha estado en riesgo en toda mi carrera han sido dos: una, por
el ataque que un rufián venido a más llamado Adrián Ruvalcaba emprendió contra
el lugar en el que trabajaba, Sin Embargo,
quien nos tumbó el sitio, que amenazó, y está absolutamente impune, con una corbata
y un traje que mucho dinero nos debe de costar a usted y a mí.
La
otra es que la familia Batres ahora me ha denunciado por daño moral. Según los
Batres, me tengo que callar y no opinar de ellos. Esos son los riesgos para mi
trabajo.
AR: De todas las historias que
narra en el libro, ¿en qué personajes, en qué situaciones encuentra esperanza
de que cambien las cosas y haya justicia?
HP:
Veo la organización ciudadana, que ha entendido que los partidos políticos no
son una opción, que la integración entre personas que sufren los mismos
problemas y darle cara al poder criminal es lo que los puede salvar. Esto es cuando
estoy allí y las veo de cerca, cuando platico con ellas; pero cuando me alejo
los observo como una vela encendida con el huracán en puerta.
*Entrevista publicada en Replicante, 26 de septiembre de 2016.
