miércoles, julio 16, 2014

La infamia y la contumacia. Entrevista con Luis de la Barreda





La infamia y la contumacia
Entrevista con Luis de la Barreda Solórzano*
Por Ariel Ruiz Mondragón
El año pasado el caso de procuración de justicia que más exaltó las pasiones y levantó más ámpulas fue el de la liberación de Florence Cassez después de que un amparo le fuera otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 23 de enero de 2013. No sólo esa resolución sino el proceso entero dejaron al descubierto los numerosos déficits y enormes taras que padece nuestro país en materia de seguridad pública y de procuración de justicia.
Respecto a tan polémico proceso recientemente apareció el libro ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo (México, Grijalbo, 2013), de Luis de la Barreda, en el que este hace una reconstrucción del caso sustentado en la lectura del expediente y en las declaraciones de múltiples actores. En el volumen se concluye que la ciudadana francesa es inocente, que los testigos víctimas mintieron y que en México continúa la fabricación de culpables.
Sobre ese libro Este País conversó con De la Barreda, quien es doctor en Derecho por la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma institución, de la que también es profesor, así como de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de una veintena de libros. También fue presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), director general del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad y actualmente es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir y publicar un libro como el suyo?
Luis de la Barreda (LB): Hay un jurista italiano, Francesco Carnelutti, que habla de la enorme pasión que despiertan los juicios penales seguidos por los delitos más graves. El caso de Florence Cassez despertó un interés gigantesco y encendió unas pasiones que aún no se apagan del todo.
Entonces es un tema para un libro. Tuve la fortuna de poder analizar completo el expediente del proceso; además, uno de los grandes placeres intelectuales es descubrir la verdad de algo. Usted imagínese cuando Galileo, Copérnico o Darwin empezaron a hacer sus descubrimientos y luego revelarlos; es decir “esto es lo que he descubierto y lo presento al público en un estudio, en una conferencia, en un libro”.
También los llamados científicos sociales o los juristas, cuando toman un tema y se van acercando a desentrañar lo que hay allí si tienen esa vocación del curioso —cualidad sin la cual no se puede ser investigador—, pues sienten el placer de ir descubriendo cosas y luego compartirlas. En un caso en el que la mayoría de la gente no sabe qué pasó (el 90 por ciento de la gente dice: “Bueno, Florence fue absuelta por errores de procedimiento”, pero no tiene idea de si las pruebas que sustentaron la acusación y las sentencias eran aptas para condenarla), entonces resulta un reto muy estimulante primero descubrir la verdad en el expediente y luego compartirla con el público en un lenguaje que no es para juristas sino que puede entender cualquier lector.

AR: Usted hace una cita justamente de Carnelutti que dice: “La crónica judicial y la literatura policiaca, como puede comprenderse, sirven del mismo modo de diversión a la vida cotidiana más gris… Periodistas profesionales, periodistas diletantes, periodistas improvisados no tanto colaboran cuanto hacen competencia a los oficiales de policía o a los jueces instructores; y, lo que es peor, hacen sus negocios”. ¿Cuál fue el papel de la prensa en este caso, tomando en consideración que incluso Genaro García Luna declaró que el montaje se hizo a petición de dos poderosas empresas de comunicación?
LB: La responsabilidad de los medios de informar es muy delicada, y en un juicio penal donde se está jugando la libertad de una persona, en este caso de una mujer en plenitud de vida, debiera ser una responsabilidad que se ejerciera con todo escrúpulo, con toda ética, con muchísimo cuidado.
Pero los medios, más bien, optan por la espectacularidad y a veces sacrifican la veracidad. En el caso de Florence tuvimos una cosa sin precedentes: la entrada de los policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) al rancho de Las Chinitas coincidió con el inicio de los dos noticiarios más vistos, lo cual fue algo muy impresionante.
En ello hay una perversión de la función de los medios: la gran prensa, la escrita, los noticiarios radiofónicos y televisivos, a pesar de que se descubrió el montaje, siguieron insistiendo en el señalamiento de Florence Cassez como responsable.
Después viene lo influenciable que resulta la gran mayoría de la gente, la facilidad con la cual la multitud se vuelve jauría, lo cual nos trae una reminiscencia de lo que sucedía en la Edad Media, cuando una mujer era acusada de cosas tan absurdas como volar montada sobre un trozo de madera, y la gente lo creía y exigía que esa mujer, que tenía pacto con el diablo, fuera quemada en la hoguera. En esa época había una peste y se decía: “Fueron los judíos los que envenenaron el agua”, y hubo casos en que se linchó a todos los judíos de una comunidad y fueron exterminados.
Entonces la facilidad de la gran mayoría de la gente para dejarse influir por los medios y señalar culpables y sumarse a un linchamiento contra Cassez sin conocer el expediente, o bien, a pesar de tener noticia de la inconsistencia de las pruebas seguir aferrada a ese prejuicio, lo que nos confirma es que un prejuicio puede ser más inconmovible que una certeza basada en hechos.
Luego, la actitud de los líderes de las ONG que se dedican a la seguridad pública a mí me recuerda un capítulo muy estremecedor de un programa de Alfred Hitchcock en la televisión: una mujer es violada y el ataque es tan salvaje que la hospitalizan. Su esposo va por ella para llevarla a casa; él va conduciendo el automóvil, con una gran amargura, y ella va con la mirada perdida; en un semáforo en rojo cruza la calle un hombre y ella dice: “Él fue”. El esposo se estaciona, baja del automóvil, persigue al señalado, quien entra en un estacionamiento subterráneo solitario, y el esposo se quita el cinturón y por atrás lo estrangula. Regresa sudoroso con la esposa y le dice: “Ya fuiste vengada, ya nadie te hará daño”. Su esposa escucha pero sigue con la mirada perdida; en la siguiente esquina pasa otro hombre y dice: “Él fue”. El esposo se estremece; a la siguiente esquina pasa otro hombre y ella dice: “Él fue”, y así hasta que llegan a su casa.
Eso fue lo que hicieron los líderes de los movimientos sociales: no conocían el expediente, o aun teniendo datos sobre las inconsistencias de las pruebas, decían: “Si ella fue señalada por la policía, ella fue. Nosotros sufrimos la pérdida de un ser querido; ella está acusada de lo mismo que le hicieron a nuestro ser querido, ella fue”. Terrible.

AR: Siguiendo con los medios: en los años noventa se habló de que había una borrachera democrática de la prensa mexicana; ahora parece que vive una borrachera justiciera. En este caso, hay periodistas que se asumen como policías, fiscales y jueces, y más que informar, como usted muestra en el libro, acusan, juzgan, insultan y difaman de manera prácticamente impune. ¿Cómo limitar esos excesos?
LB: Comparada la prensa mexicana con los mejores diarios del mundo, creo que el juicio tiene que ser muy lamentable. Esto lo digo con mucha tristeza.
Yo tengo el vicio de desayunar todos los días hojeando los diarios, y la calidad de la prensa mexicana en general es lamentable. Hay algunos muy buenos columnistas, puede haber un buen reportero, pero en general es una calidad muy lamentable.
El comportamiento ético de los medios también suele ser bastante deplorable, y cuando se tiene una presa (no de prisionera sino en el sentido de la cacería), entonces parece que la prensa se engolosina en la persecución, en el señalamiento, en la exhibición de esa presa más allá de las pruebas que pueda haber, porque, por otra parte, no es fácil tener acceso al expediente y estudiarlo.
Recuerdo cuando la CDHDF dio a conocer la argumentación por el caso Stanley: La Jornada publicó en ocho columnas no la nota sobre la recomendación sino la nota sobre la respuesta del procurador. Antes de informar a qué estaba respondiendo el procurador, publicó su respuesta. Cualquiera que tuviera noticia, cualquiera que hubiera leído la recomendación que llevamos a todos los medios, se hubiera dado cuenta de que una fabricación de culpables muy burda, muy malhecha.
Hay una cosa que me estremece: una fabricación de culpables puede ser tan bien hecha que no hay manera de echarla abajo si todos los testigos son congruentes y las declaraciones son verosímiles.
Entonces, una gran ventaja en estos casos de terrible torpeza del Ministerio Público (MP) es que son fabricaciones muy burdas, y los medios persisten en el linchamiento. En el caso del general Tomás Ángeles Dauahare, cuando se vio que el testigo Jennifer estaba mintiendo cuando dijo que estuvo con el general en tal fecha, y este demostró que estaba entonces en Europa, los medios no dicen “se cayó esto, es infame que el general Ángeles Dauahare siga en prisión”. No: siguen en la misma postura de justicieros; es decir, hay una correspondencia en eso, entre la actitud de la gran mayoría de la gente y la actitud de los medios de comunicación, a los que parece no importarles la verdad sino el estruendo, el escándalo, lo que venda.

AR: Ahora vayamos a otro asunto sobre el derecho en México: en 2008 hubo una importante reforma por la que pasamos de un sistema inquisitorial al adversarial; el primero se basaba prácticamente en que la víctima denunciaba y las autoridades buscaban incriminar al imputado, mientras que en el segundo se trata de buscar la verdad de los hechos denunciados. ¿No le parece que seguimos metidos en el antiguo sistema?
LB: El nuevo sistema es un modelo de enjuiciamiento; creer que con este va a cambiar la justicia penal mexicana es demasiado ilusorio. Es como si lleváramos a un equipo de quinta división mexicana a jugar en la cancha del Barcelona y pensáramos que por eso va a jugar bien.
No; para que la justicia penal funcione adecuadamente tendría que haber un buen MP que realmente investigara los casos y diera con los responsables, que nunca fabricara culpables, que actuara con buena fe en todos los casos, con jueces que leyeran cuidadosamente el expediente (juegan una función delicadísima porque se está jugando la libertad de una persona, que junto con la vida y la salud son el mayor tesoro que se puede tener), y que tuviéramos defensores de oficio muy bien capacitados.
Este nuevo sistema es simplemente un modelo, una nueva cancha; pero con los mismos jugadores de siempre esto no va a funcionar.
No tengo nada en contra del nuevo sistema, pero lo más urgente hubiera sido hacer una verdadera revolución institucional en el MP, para que el órgano de la acusación fuera altamente profesional y que no incurriera en esas prácticas de fabricación de culpables, que a mí me recuerdan una frase de Borges —aunque que él la aplicó a otra cosa, pero que nos sirve—: la fabricación de un culpable es el peor delito que la infamia puede soportar.

AR: Vuelvo a un tema que usted ya mencionó: un fenómeno que se pudo ver pude ver en medios y en redes sociales que es que aun personas que han sido víctimas de abusos, como personas torturadas en los años setenta, hasta los dirigentes de asociaciones de víctimas de delitos, defendieron los abusos cometidos por policías, por jueces, y jamás cuestionaron los testimonios de las víctimas. ¿A qué atribuye usted este fenómeno?
LB: Es una pregunta muy interesante. Es la actitud que está muy bien retratada por una frase muy popular que dice “no me importa quién me la hizo sino quién me la pague”. Recuerdo que cuando Martin Luther King fue asesinado, un muchacho negro sacó una pistola de su casa y mató al primer blanco que se encontró en la calle; ese blanco quizá era admirador de Luther King. Entonces aquí también fuimos víctimas de un abuso en otro tiempo, y ahora la policía está señalando a alguien que podría ser responsable, pues que lo castiguen. Es la mentalidad inquisitorial; en los pocos casos en que un acusado en la Inquisición era absuelto, iba a su caso molido por la tortura y los inquisidores decían: “Bueno, sí, era inocente, pero se colocó en la posición de ser señalado, de ser acusado; por lo tanto, no hay que pedirle ninguna disculpa”.
Florence Cassez a lo mejor era inocente, pero se colocó en una posición en la que podría ser acusada. Esa parecería ser la postura.

AR: Hay otra parte del libro que me parece muy inquietante: la actuación de los titulares de las comisiones de derechos humanos nacional y del Distrito Federal en el caso de Florence Cassez. ¿Cuál fue su proceder en este caso?
LB: Tristísima. La primera característica de un ombudsman es tener plena autonomía no sólo frente a las autoridades sino frente a todo tipo de presión. Entonces, es un caso así ellos buscaron congratularse con quienes exigen castigo, buscaron quedar bien con la gran mayoría de la población y llegaron a posturas aberrantes. José Luis Soberanes y Emilio Álvarez Icaza pidieron que no se aplicara el Tratado de Estrasburgo, y el primero incluso pidió que México lo abandonara unilateralmente. Raúl Plascencia, en el momento en que se iba a dictar la resolución de la Corte, pidió que se dictara no conforme a derecho, que era lo que podía haber dicho, sino que se dictara a favor de las víctimas; luego esa incongruencia terrible de que después de que se pronunció para que se le negara el amparo a Florence, y ya que Genaro García Luna había salido del cargo y ya que los delitos habían prescrito, denunció a este. Esto es de una incongruencia, de una falta de convicciones verdaderamente lastimosa tratándose de instituciones cuyo papel en la ley, en la doctrina, debería ser muy distinta.

AR: ¿Hoy qué se puede hacer contra quienes perpetraron y se prestaron para este montaje, entendiendo de esa forma al proceso que se le siguió a Florence Cassez?
LB: No se puede hacer nada: los delitos ya prescribieron, y uno tiene que ajustarse a derecho. Lo más importante aquí ya no sería el castigo, que es imposible, sino que a partir de este caso la justicia penal mexicana empezara a cambiar, que sobre todo dejara de lado ese vicio de fabricar culpables y que los jueces tomaran conciencia de la terrible responsabilidad que es sentenciar en un caso penal, que vieran con todo cuidado el expediente y no se dejaran jamás presionar por el entorno.

AR: Otro asunto importante es que no se hayan seguido ciertas líneas de investigación, como las que apuntaban a Eduardo Margolis y los hermanos Rivera Cacho. ¿A qué atribuye usted esta situación?
LB: Primero, a la incapacidad del MP para investigar, y a la negligencia para cumplir con su función básica que es investigar el delito y determinar quienes pueden ser los responsables. Segundo, a una cosa muy perversa que habla muy mal del MP: la falta de capacidad para reconocer un error. Enaltece a una persona que diga “sí, me equivoqué pero voy a rectificar”. No, aquí es la contumacia: prefiero cometer una gran injusticia que decir me equivoqué y rectificar. Es la misma que tuvieron Samuel del Villar, Pablo Chapa Bezanilla, el fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, los acusadores del general Ángeles Dauahare y de Florence Cassez.

AR: El caso Cassez también formó parte de un intrincado juego político. ¿Qué nos puede decir sobre la actuación de los entonces presidentes de México y Francia, Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, respectivamente, respecto al caso?
LB: Felipe Calderón se portó como MP. En su dignidad presidencial nunca debió meterse; debió decir “yo respeto las decisiones de los jueces y espero que estas sean correctas”. Pero decir que Florence Cassez era responsable porque tres instancias judiciales la condenaron fue ponerse en el papel de procurador.
En cambio yo simpatizo con la postura de Sarkozy, quien estaba muy bien informado por los abogados de Florence Cassez de que ella era víctima de una injusticia. Y no vino a pedir que la absolvieran sino a decir que era aplicable el Tratado de Estrasburgo, de cual eran parte México y Francia. Entonces ¿fue una intervención en los asuntos internos de México? No, fue una postura de decir “tenemos un tratado y tenemos que cumplirlo, así se tratara del peor de los delincuentes”. Entonces esa postura me simpatiza porque él pudo guardar silencio. Yo prefiero que un presidente que, defendiendo a un conciudadano víctima de una injusticia, cometa algún exceso diplomático a que guarde un cómodo silencio.

AR: En la parte final del libro usted concluye: “Los testigos víctimas mintieron”. ¿Qué enseñanza nos deja este caso al respecto?
LB: Nos habla de actores en el servicio público de muy mala fe, y también de actores, como los jueces, de una enorme ligereza ética y profesional, y muy débiles para resistir la presión del entorno pasional. No hace falta ser jurista para saber que si una persona dice hoy “A” y luego dice “No A”, esa persona no es confiable. Un testigo que miente, que cambia su versión no en una cosa de detalle sino en una cosa tan importante como si estuvo una persona entre los secuestradores o no, si no explica y justifica plenamente el motivo de la variación de esa declaración sencillamente no es creíble.
No es una regla solamente jurídica, no es solamente una regla lógica sino de sentido común: una persona que dice una cosa y luego dice la contraria sencillamente no es creíble. Esa regla elemental no la aplicó el MP y no la aplicaron tres instancias judiciales.

AR: Cuerpos encargados de la seguridad y también una parte del Poder Judicial (las tres instancias a las que se refirió) son vistos muy mal por un sector de la población; pero también una parte mayoritaria de esta tiene muy mala opinión de la SCJN. ¿Qué daños causó este proceso?
LB: La AFI y la Procuraduría General de la República, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) quedaron como instituciones de mala fe, que son capaces de la mayor canallada, que es fabricar culpables; los jueces quedaron como convalidadores de esa canallada, y las críticas a la SCJN son de ignorancia simplemente porque no se conoce el caso.
Mi gran aspiración es que quienes lean el libro objetivamente y sin prejuicios lleguen a la conclusión que es evidente si se lee con cuidado, con ganas de encontrar la verdad.

AR: ¿Qué de provechoso le podemos sacar a esta experiencia?
LB: Lo provechoso de una autocrítica debería ser que tenemos un sistema de justicia penal deplorable; vamos a transformarlo, a realizar una gran revolución en estas instituciones para que podamos tener un sistema de justicia penal decente que hoy no tenemos.


*Entrevista publicada en Este País, núm. 275, marzo de 2014.

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