Las redes ilícitas, al asalto de los Estados. Entrevista con Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán

Las redes ilícitas, al asalto de los Estados

Entrevista con Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán*

Por Ariel Ruiz Mondragón

Debido tanto a la dinámica de los mercados como a las medidas que para combatirlo han adoptado algunos Estados, las bandas delictivas dedicadas al narcotráfico se han tenido que transformar, lo cual les ha permitido no sólo conservar sino incluso aumentar su eficacia y su eficiencia. Entre los aspectos más destacados de esos cambios está que ese negocio ilegal ya no es un negocio ilegal interno, sino que su estructura implica el establecimiento de grandes y complejas redes trasnacionales que han ido ocupando cada vez mayores franjas de los Estados.

Un análisis de esa mutación de los grupos dedicados al narcotráfico es presentado por Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán en el libro Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México (México, Debate, 2012), en el que pugnan por adoptar el enfoque de redes para entender mejor el fenómeno delictivo y de esa forma contribuir a combatirlo.

Garay Salamanca es doctor en Economía por el Massachusetts Institute of Technology; ha sido profesor en universidades como la Nacional de Colombia y de los Andes, e investigador visitante en las de Cambridge y Oxford. En el sector público ha sido asesor de los ministerios de Hacienda, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores de Colombia. Es director académico de Scientific Vortex Inc. y director del comité académico del Centro Internacional de Estudios sobre Redes Ilícitas Transnacionales, en Roma, Italia. Ha publicado medio centenar de libros.

Eduardo Salcedo-Albarán es filósofo por la Universidad del Rosario, y tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad de los Andes. Es director de Scientific Vortex Inc. y forma parte de EDGE Foundation.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué publicar hoy un libro como el suyo, que aborda los efectos que ha tenido el narcotráfico sobre las estructuras estatales?

Luis Jorge Garay Salamanca (LJGS): Por varias razones; una de ellas es porque el enfoque predominante en muchos de los países es que las organizaciones son básicamente cárteles dedicados solamente al narcotráfico. Pero lo que nosotros hemos ido observando es que ya son organizaciones mucho más complejas, constituidas en red, que tienen más flexibilidad, ductilidad, ya no estructuras jerárquicas, piramidales, inflexibles, como podrían haber sido en sus inicios las mafias sicilianas (que ya no es el caso).

Algo muy importante es que la criminalidad ha avanzado de manera trasnacional: hoy no sólo la componen delincuentes sino (lo que es cada vez más importante) que hay una relación entre agentes criminales ilegales y agentes grises que pertenecen no sólo a la institucionalidad pública sino también a la privada. En la pública hay una gran variedad de agentes que intervienen en este tipo de redes trasnacionales que van desde agentes locales de seguridad, jueces, alcaldes, gobernadores e incluso, como hemos visto en el caso de Guatemala y de Perú, del alto Ejecutivo nacional.

A nivel de la institucionalidad pública y privada también hay otros agentes esenciales, porque la criminalidad requiere de ella para poder sobrevivir, porque si estuviera aislada totalmente no tendría el oxígeno para poder reproducir su capital financiero, económico, político, social y militar.

La institucionalidad no es sólo la pública, que es la encargada de aplicar la ley, sino también la privada (empresarios, banqueros, comisionistas, contadores, abogados), profesionales que ayudan a los criminales para que parte del excedente obtenido ilegalmente pueda circular en el circuito de la economía legal. También los delincuentes requieren de políticos: lo que hemos hallado es que la criminalidad trasnacional, para avanzar en los procesos primero de captura y más adelante de infiltración y luego cooptación desde el interior del Estado y de las instituciones privadas, requiere hacerlo a través de la política en muchos casos, incluso tomando provecho del sistema democrático formal. Entonces lo político se vuelve crucial.

En ese sentido, las redes ilícitas tienen un componente de criminalidad abierta, y otro, creciente, que constituye lo que llamamos “área gris”, agentes que actúan entre la legalidad y la ilegalidad.

Lo segundo que queremos mostrar es que si bien ya son organizaciones trasnacionales en red (no todas, sino las líderes), están operando simultáneamente en ocho o diez mercados importantes, legales e ilegales. El tráfico de cocaína, uno de los mercados más importantes de los cárteles inicialmente, ha venido siendo complementado crecientemente por otras fuentes de ingresos: desde las drogas sintéticas hasta minerales. Ahora hay un gran debate sobre los riesgos de conflictos sociales por el aprovechamiento que hace la criminalidad de la minería, que puede convertirse en una de las importantes fuentes de ingreso de estas organizaciones.

Eduardo Salcedo-Albarán (ESA): Queremos llamar la atención sobre estas transformaciones. Al respecto, una característica es que ya resulta difícil hablar de cárteles del narcotráfico estrictamente mexicanos, porque ya son redes totalmente trasnacionales que operan simultáneamente a través de varias fronteras en nuestro continente.

En la medida en que podamos llamar la atención sobre eso creemos que se puede complementar la forma de entender, analizar y abordar este problema.

AR: ¿Por qué preferir hablar hoy de redes ilícitas y dejar atrás la idea del crimen organizado?

ESA: Queremos quitarnos de la cabeza que estamos hablando de grupos totalmente jerárquicos, estrictos y definidos en su estructura. Algo importante de este tipo de redes es que son muy adaptables y muy cambiantes, y que no están conformadas únicamente por agentes totalmente criminales. Cuando uno habla de organización criminal se le vienen a la mente esos dibujos que muestran las autoridades en un organigrama con un capo y sus secuaces. Cuando hablamos de redes podemos ampliar esa noción y caer en la cuenta de que no estamos hablando de esa simplificación sino de una red móvil compuesta por funcionarios y por agentes privados.

Las autoridades estatales pueden complementar su enfoque al reconocer que no se trata de organizaciones hipersimplificadas totalmente definidas, sino de redes complejas y muy ricas en su cantidad y tipo de personas que la conforman.

AR: En el libro hay dos conceptos importantes: la reconfiguración cooptada del Estado y la captura del Estado, que permiten entender cómo las bandas delictivas han penetrado las estructuras estatales. ¿En qué consisten?

LJGS: Nosotros introdujimos y adaptamos un concepto que el Banco Mundial había desarrollado en los años noventa: captura del Estado, que consistía básicamente, en la esfera económica, en cómo grupos de poder económico tenían una gran influencia en ciertas instituciones, especialmente en ciertos ámbitos del Estado, para lograr que se implantaran normas políticas e incluso leyes a favor de sus intereses, sin que necesariamente hubiera una corresponsabilidad social de los beneficiarios.

Nosotros circunscribimos el concepto: es una etapa ulterior a una corrupción común y corriente, que es más un acto casual de una persona o un conjunto de personas que cometen o aprovechan las fallas en las estructuras del Estado, de las políticas y de las normas para poder tomar ventaja a través del soborno, particularmente.

Nosotros partimos de una pregunta: ¿y qué pasa si en vez de que el entorno fuera sólo de agentes legales los hubiera también ilegales, cuyos propósitos ya no sólo sean económicos sino también sociales, legislativos, judiciales o penales para eludir la justicia y avanzar en la impunidad, como hemos mostrado? Entonces introdujimos el concepto de captura (en sentido ampliado de la palabra) del Estado, en donde incorporamos la ilegalidad. ¿Qué quiere decir? Que los agentes legales y/o ilegales actúan desde fuera del Estado e intervienen sobre éste. Esto se hace a través del soborno, de la intimidación a los funcionarios o de acuerdos y de convenios de mutuo beneficio. Esta es una etapa intermedia, pero nosotros encontramos en muchos casos, partiendo de la evidencia en Colombia con el narcoparamilitarismo que dio lugar a la denominada narcoparapolítica (en México se usa el término “narcopolítica”; allá es narcoparapolítica porque era la práctica de los paramilitares inicialmente antiguerrilla), que en la medida en que se avanza en el proceso de captura del Estado, la ilegalidad (y la legalidad también) encuentra que, a través de la política de los partidos políticos, del ejercicio de la democracia formal a través del voto libre, se pueden financiar movimientos políticos o incluso ayudar a su formación, de tal manera que mediante un acuerdo con políticos se puedan impulsar programas que tengan un contenido social, reivindicativo, pero que en su agenda también buscan favorecer los intereses ilegales desde el interior de las instituciones, por ejemplo el Congreso.

Entonces lo que se busca es colocar agentes en puntos clave de la institucionalidad pública (aunque también en la privada) para que desde el interior del Estado, en acuerdo bilaterales con la ilegalidad y con ciertos sectores grises que actúan entre la legalidad y la ilegalidad, se promuevan políticas, normas, regulaciones, etcétera, que puedan favorecer los proyectos de los criminales.

Hemos notado que esta etapa es ulterior a la de corrupción sistémica, la captura no tradicional sino ampliada del Estado y ahora reconfiguración cooptada del Estado. Ya cuando se llega a esta instancia a través de acuerdos políticos y vía incluso la democracia formal a través del voto como la elección de congresistas, el proceso tiene un carácter más estructural, de efectos perdurables de mediano y largo plazo que requieren una intervención mucho más integral y profunda para tratar de revertir los impactos que esto tiene.

En los estudios que hemos hecho de casos lo que aprendimos es que hay una multivariedad de formas a través de las cuales se puede avanzar en la captura y la reconfiguración cooptada del Estado y de la institucionalidad o parte de ella.

AR: También destacan que ahora ya no sólo se usa el soborno para obtener beneficios privados de la función pública sino que se ha generalizado una corrupción armada o violenta. ¿A partir de esto ha aumentado la corrupción?

ESA: Lo importante es la transformación que ha habido a partir de esa corrupción armada o violenta que se ejemplifica en una frase: “Plata o plomo”. Es la manera tradicional de cómo grupos ilegales se aproximaban a los funcionarios e incluso a los agentes privados. Entonces mejor recibían la plata o pagaban protección (extorsión).

Lo que encontramos es una sofisticación de esa etapa primitiva de la relación entre los criminales, la sociedad y el Estado. Comenzaron unas maneras de relación muchísimo más complejas, que, entre otros, es el motivo de acudir a las redes para mostrar que criminales, sociedad y Estado no siempre están en confrontación o en relación de soborno, sino que hay una multiplicidad inmensa de formas de interacción que van desde la amistad hasta la relación familiar. Esto ocurre mucho en la vida local, en los municipios, en donde fácilmente hay un policía que es familiar de algún narco del pueblo. Esto hace que ya no sea posible, o muy complicado, hablar únicamente de esa corrupción primero económica y luego armada, y que por lo tanto tengamos que pasar ya a esas formas mucho más sofisticadas de captura institucional o incluso de cooptación que ya permiten un Estado en el que se alinean los intereses.

Al hablar con un candidato a alcalde y apoyarlo para que sea elegido sin violencia (se le pone el dinero y hasta se le crea un partido político), se supera el proceso de democracia formal de elecciones, y listo. Allí ya casi resulta imposible hablar de corrupción en el sentido tradicional de soborno.

AR: Otro tema que llama la atención es cuál ha sido la relación del narcotráfico y los procesos democratizadores. Al respecto se puede destacar el asunto de la descentralización que ustedes mencionan. ¿Cómo ha sido esa relación?

LJGS: Obviamente el objetivo de la descentralización es acercar el Estado y las decisiones de las políticas públicas a los intereses y al control fiscalizador de la ciudadanía. Ése es el enfoque tradicional, mediante el cual se considera que es un buen camino para fortalecer la eficiencia y la pertinencia de la actividad pública en beneficio de los derechos ciudadanos.

Ese modelo descentralizador está enmarcado en el desarrollo de la democracia: mediante el ejercicio del voto los ciudadanos expresan sus intereses y el gobierno local más cercano a los ciudadanos responde con políticas fiscalizadas por la ciudadanía. En ese modelo la descentralización y la democracia se vuelven un proceso complementario. Pero el modelo parte de un supuesto: de que ya hay una relación entre ciudadanos con un desarrollo en el cual ha habido la suficiente inclusión social, y el derecho de la ciudadanía es un derecho primigenio que es universal en ese territorio local.

En nuestros países una de las características es que los municipios, entre más pequeños y apartados estén de la zonas desarrolladas, tienen, primero, una presencia del Estado mucho más débil; segundo, tienen niveles de exclusión social (es decir, de inequidad, pobreza y falta de sentido de pertenencia) muy alta; tercero, que cuando existen focos criminales como el narcotráfico, hay agentes poderosos que rompen ese supuesto de igualdad y equiparación entre todos los ciudadanos.

Lo anterior lleva a una confluencia de circunstancias que configuran un entorno que rompe con el supuesto de que la democracia y la descentralización llevan a una mayor efectividad y a una mayor profundización del Estado de bienestar; por el contrario, mientras hay mayor descentralización hay mayor debilidad del Estado y mayor ilegalidad de ciertos grupos poderosos, que toman provecho del proceso descentralizador y usan la democracia para, a través de los mismos procesos democráticos formales, poder capturar o cooptar partidos y movimientos políticos, e incluso a llegar a imponer candidatos, ya sea por la vía de la intimidación y la violencia, como ocurrió en varios casos en Colombia y ha ocurrido en México, o a través de la formación de movimientos políticos en los que se elige democráticamente a unos candidatos mediante acuerdos políticos con la ilegalidad.

En ese sentido, cuando se rompen los supuestos de la teoría tradicional de la descentralización podemos caer en lo que llamamos la paradoja de la cooptación del proceso de descentralización, que lleva no a que nosotros argumentemos que por lo tanto hay que recentralizar (porque también a nivel central se producen esas prácticas en la medida en que se avanza en la captura y reconfiguración por parte de la ilegalidad), sino que toca hacer de una manera inteligente y juiciosa un proceso de descentralización pero con una gran fiscalización, por un lado ciudadana, y por otro incluso de la institucionalidad estatal central, para poder controlar y evitar que se favorezca a estos grupos criminales locales.

Un caso muy especial al respecto en Colombia es que muchas de las regiones ricas en recursos naturales sorprendentemente son de las más marginadas y pobres del país. Hay municipios que han recibido un alto volumen de recursos durante años y hasta décadas, pero que son de alto nivel de pobreza y donde sigue siendo manifiesta la debilidad del Estado. Parte de esto se debe a que la ilegalidad toma provecho de esas condiciones a través del proceso político de infiltración y penetración en el Estado, mediante la contratación pública de la nómina oficial y de otros procesos de corrupción abierta

Así los intereses ilegales, con mayores recursos y financiación, logran mayor capacidad de fortalecimiento político y militar al hacer, en sustitución del Estado, algunas obras sociales que se adjudican (como hizo también La Familia Michoacana), lo que les permite avanzar en su legitimación social. El caso más paradigmático fue el de Pablo Escobar en los años ochenta, quien hizo en ciertas comunas de Medellín y otras poblaciones planes de vivienda, de educación, lo que le llevó a tener una legitimación social, como también aquí ha pasado con muy conocidos narcos a los que la población ha sido muy cercana ante la ausencia del Estado.

AR: A grandes rasgos hay dos tipos de procesos de cooptación del Estado: los que van de abajo arriba, de lo local hacia lo nacional, que es el caso que presentan en el libro de Colombia y de La Familia Michoacana, pero también está el otro, que va de arriba abajo, que es el de Guatemala. ¿Cuál de las dos formas de cooptar el Estado es más eficiente, más sólida y permanente?

ESA: Lo que encontramos es que en los procesos que van de abajo arriba, con el trabajo incluso con organizaciones sociales, con partidos políticos y con movimientos, aunque son lentos tienen efectos estructurales y de más largo plazo que aquellos que se ejecutan de manera más rápida.

Los efectos son mucho más perdurables, y por lo tanto más dañinos social e institucionalmente, cuando las redes criminales se toman el trabajo de infiltrar la sociedad, de ganar legitimidad en el mediano plazo, como la que ganaron en Colombia las Autodefensas Unidas de Colombia en la medida en que se tomaron varios años para ir de lo local a lo nacional, hasta llegar al Congreso de la República. En ese caso tenemos una situación terriblemente compleja en la que es posible que incluso las leyes puedan ser emitidas para favorecer no el interés común sino intereses criminales, lo cual lleva a una situación institucional insostenible, muy complicada, de obediencia a unas leyes ilegítimas y otros problemas. Allí están los efectos más perdurables de largo plazo y estructurales.

AR: Luis Astorga dice que un poco más adelante podría iniciarse una guerra entre los narcotraficantes mexicanos y colombianos por el dominio de los mercados internacionales. ¿Qué opinan al respecto?

LJGS: Es importante hacer una breve síntesis de cómo ha sido este proceso. Hasta la década de los ochenta, los cárteles colombianos fuertes, primero con Carlos Lehder y luego con Pablo Escobar, podían llegar directamente a Estados Unidos vía marítima o aérea; sin embargo, a finales de esos años este país implantó una política de interdicción aire-marítima efectiva. Entonces los cárteles colombianos de ese entonces tuvieron que empezar a buscar entrar por tierra, e inevitablemente tenían que pasar por México. Muy rápidamente los cárteles mexicanos (algunos de ellos existían desde muchas décadas atrás) tomaron provecho de su ventaja en localización geográfica y de su poder, por supuesto, y empezaron a cobrar a los colombianos un porcentaje de la droga que pasaba por México a Estados Unidos, y empezó a haber una repartición de beneficios. En la medida en que se fueron integrando mercados no sólo de cocaína sino que los mismos cárteles mexicanos avanzaron en la configuración hacia una red multiactividad, pues encontraron que ellos mismos también podían ser claves en todo el proceso de distribución a Estados Unidos y allí empezaron a quitarles parcialmente a los colombianos los canales de distribución. Entonces, el negocio para los mexicanos se fue integrando y haciendo más grande, más importante, y por lo tanto ganaron poder frente a los cárteles colombianos. Comenzó a producirse una división importante en la que los cárteles colombianos perdieron una porción del mercado estadounidense, pero se fueron concentrando, por la vía de África Occidental o del Caribe, en el mercado europeo.

Siguió aumentando el poder de los cárteles mexicanos, que adoptaron cada vez más el tipo de organización red, y empezó a haber unas alianzas de distribución y de especialización del trabajo: los colombianos llevan y garantizan el alijo hasta México, y de aquí en adelante no tienen mayor capacidad de actuación. Sólo hay evidencias de múltiples casos de miembros de los cárteles colombianos que se asientan en el Distrito Federal para hacer operaciones de lavado de activos, inversiones en pequeños negocios, contactos, pero del ejercicio en el territorio de México se encargan los cárteles mexicanos.

Entonces se va dando progresivamente una especialización del trabajo, en la que las organizaciones en red locales se encargan de toda la relación de captura y cooptación de las instituciones a nivel nacional. A medida que van adquiriendo más poder las principales organizaciones mexicanas, encuentran que es fundamental ir acercándose más a las fuentes de abastecimiento, en el caso de la cocaína y la mariguana. Entonces se van moviendo hacia el sur por dos razones: una, acceso a insumos, y dos, garantía de movimiento territorial, de acceso a los corredores (por eso Centroamérica se va volviendo fundamental).

Pero siguen las asociaciones de narcotraficantes, obviamente con algunas disputas, pero ha predominado hasta ahora esa alianza estratégica. Operan con relaciones muy claras, con cárteles e incluso con algunos de los frentes de la guerrilla de las FARC. En Colombia hay evidencias de que están en Bolivia, en Perú, que se van moviendo hacia el sur, incluso hasta la Argentina y Brasil, para actividades de lavado de dólares y también para la exportación a África y Europa.

Hasta allí, los cárteles mexicanos no han intervenido en la cooptación y captura evidentes de instituciones colombianas, peruanas o bolivianas; eso le compete más a sus socios locales, organizaciones en red, que en los cárteles. Y en esa etapa estamos, en la cual ya hay evidencia de que organizaciones como el cártel de Sinaloa y Los Zetas ya están en África occidental, que es la puerta para llegar a España, donde ha habido evidencias de cómo los sinaloenses ya querían instalarse para proveer de droga a Europa, desplazando pero también en sociedad (una relación compleja) con las organizaciones colombianas, que eran las predominantes.

Entonces hasta ahora ha habido una relación de convivencia, de pactos y alianzas, pero con fines estratégicos de creciente poder por parte de las organizaciones mexicanas. Pero se prevén algunas fricciones y enfrentamientos en un desplazamiento más definitivo de los colombianos en ambos mercados. Va a haber conflictos muy serios que se verán expresados en matanzas, pero el hecho es que en la medida de las redes con líderes criminales mexicanos que son trasnacionales sean más poderosas, tengan más comprometidos territorios en alianzas que pueden ser mutantes y muy renovadas permanentemente, pues va a haber, a mi juicio, un desplazamiento de las organizaciones colombianas sin que desaparezcan. El modelo colombiano ha mutado en formas de relación subordinación en muchos mercados con otras organizaciones tradicionales.

Es un proceso contradictorio muy interesante el de la reestructuración de la ilegalidad a nivel trasnacional, además de que no sólo se está hablando de drogas. La evidencia empírica de los últimos meses muestra que la red de Sinaloa está en la Amazonía de Colombia, que tiene pactos con algunos de los frentes de las FARC que operan en esa zona para explotar coltán de manera ilegal, el que está exportando a China y otros países. Esto muestra dos cosas: que operan en alianza y que ya no sólo trafican cocaína, porque la integración de mercados implica el aumento de la eficiencia de estas organizaciones: aprovechan los mismos canales de distribución y relaciones estructurales para mover el máximo número de bienes y actividades ilegales para aumentar su negocio, su poder y su presencia. Esto lleva a que ya la cocaína no es necesariamente el único producto que comercian sino que su importancia se va reduciendo dentro del portafolio de actividades que estas redes neomafiosas (porque tienen una nueva estructuración) van adquiriendo.

Queremos destacar la necesidad de la integralidad de la intervención trasnacional para poder combatir estas formas de criminalidad. Ya no se trata sólo de lo policiaco o lo militar, que es insuficiente; hay que tener un enfoque integral y complementario para poder abordar las múltiples actividades, agentes, instituciones públicas y privadas, legales y grises para poder hacer más efectivo el combate a estas organizaciones en red.

AR: También ustedes plantean el asunto del trasnacionalismo: el narcotráfico, tarde o temprano, tiene repercusiones en países que parecen no tener ese agobio, como es el caso de Chile. ¿Cuáles son las adecuaciones que tienen que hacer los Estados latinoamericanos para enfrentar estas redes trasnacionales delictivas?

ESA: Un primer paso que deben dar los Estados, sin ni siquiera necesitar reformas legales e incluso actuando en principio de manera nacional, es la depuración de sus propias instituciones. Las redes delictivas están conformadas por amplísimas y muy fuertes zonas grises en las que participan funcionarios y agentes privados. En esa medida, lo primero que tiene que hacer cada país, cada Estado, es reconocer que hay funcionarios (no solamente en instituciones de seguridad) que están colaborando con los delincuentes, están poniendo las instituciones y las herramientas del mismo Estado al servicio de los agentes criminales.

Eso es un reto político que requiere de inmensa voluntad política: que los Estados implementen mecanismos de vigilancia interna para que la sociedad civil pueda auditar el funcionamiento de las entidades y comenzar los procesos de depuración. Eso es lo más básico si realmente uno quiere enfrentar ese tipo de redes.

Un segundo paso que es indispensable es la colaboración entre Estados, porque lo que ya observamos es que se están conformando ejes criminales, corredores inmensos, que no solamente llegan hasta Colombia sino hasta Argentina y Chile. En Argentina se han instalado muchísimos capos y miembros de redes criminales. En esa medida es necesario que los Estados intenten avanzar en mecanismos conjuntos para compartir información de inteligencia, y no solamente inteligencia policiaca sino también financiera, porque toda esta región está minada y llena de movimientos financieros fraudulentos y triquiñuelas que se ejecutan para lavar dinero masivamente. Entonces se necesita que haya mecanismos institucionales y formales de colaboración entre los Estados.

No es suficiente la ejecución de capturas multinacional, como las que han sucedido en los últimos años, que son excelentes, que permiten operar de manera simultánea en muchos Estados, pero no es suficiente con que sean esporádicas y mucho menos si resultan de la colaboración de un par de funcionarios en cada Estado. Esto tiene que ser un esfuerzo permanente.

AR: Entre las redes trasnacionales ustedes ponen especial atención a las conexiones de México y Colombia. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Ustedes dicen que es muy difícil que coincida que sea el principal país consumidor y principal país productor. ¿Cómo entran las redes criminales a ese país?

ESA: Su papel es importante: el más obvio es que es el principal mercado y principal demandante de las drogas ilícitas, y está al lado del principal oferente de la región, que produce la mayor cantidad de drogas ilícitas, lo cual es un reto estructural impresionante.

Los compromisos de Estados Unidos por apoyar los esfuerzos de cada país en la lucha contra la criminalidad son necesarios pero no son suficientes, porque se necesita ampliar la concepción de que yendo únicamente tras los capos se va a desarticular una red y acabar con el narcotráfico. Así es muy poco lo que se logra. En vez de continuar sólo con eso, se requiere complementar ese enfoque adoptando la noción de redes trasnacionales.

Ha habido investigaciones y reportes del Departamento de Estado norteamericano acerca de cientos de municipios con presencia de esas redes criminales, que cambian totalmente su modo de operación al otro lado de la frontera: toda la violencia con la que se comportan del lado mexicano desaparece casi automáticamente cuando están al otro lado de la frontera. Eso no quiere decir que no estén allá ni que no estén operando; lo que pasa es que al otro lado comienzan a funcionar únicamente a partir de la corrupción (es nuestra hipótesis), de manera muy sigilosa pero únicamente a través del poder corruptor del dinero. Es muy difícil explicar de qué otra manera logran distribuir allá sin cometer toda esta violencia que se observa en México.

AR: En el libro hay un apunte muy interesante que es sobre la diversificación de actividades de los narcotraficantes, especialmente en México. En este sentido, con la legalización de las drogas parece que no se acabaría el problema de las bandas delictivas. ¿Por qué?

ESA: Muy probablemente va disminuir su poder económico, porque el negocio del narcotráfico es el que más utilidades económicas les reporta, pero no es su única actividad y cada vez es menos importante: a medida que se logren instalar en más mercados de bienes ilegales va a disminuir la total dependencia de la cocaína, pues se pueden mover hacia drogas sintéticas, tráfico de personas, secuestro, “vigilancia”, extorsión, etcétera.

De nuevo, si adoptamos estas nociones de redes, de trasnacionalidad y de integración de diversos mercados y actividades ilegales, entonces la consecuencia es que la legalización no es una varita mágica que va a desarticular en una semana o en un mes el funcionamiento de todas esas redes criminales. Las va a golpear económicamente, es muy posible, pero muchas van a poder, sobre todos las que operan en los ejes de Centroamérica, México y Estados Unidos, seguir existiendo por las utilidades económicas que les reporten otras actividades.

No es que no sea necesario avanzar en la discusión de la legalización de las drogas, y sobre todo no en una legalización sino en una despenalización regulada de ciertos niveles de consumo. Pero, por más que se logre en esa dirección, tenemos que quitarnos de la cabeza que eso va a implicar la eliminación del narcotráfico y de las redes criminales.

AR: Hablemos de estrategias y políticas que ya se han implementado, como las de los presidentes Álvaro Uribe en Colombia, y la de Felipe Calderón en México. ¿Sus políticas militares y policiacas sirvieron para desmontar estas redes ilícitas?

ESA: El enfoque de ir detrás del capo en turno, confrontarlo, capturarlo abatirlo o neutralizarlo de cualquier manera es necesario, pero totalmente insuficiente. En Colombia mucha gente tiene la idea de que fue Álvaro Uribe quien le dio el vuelco total al país, pero en Colombia no se ha acabado el narcotráfico, evidentemente. El narcotráfico se transformó, pero incluso hacia niveles más sofisticados que lograron infiltrar el Congreso de la República.

Entonces no es que Colombia no haya superado el problema del narcotráfico; avanzó muchísimo en desarticular los cárteles (en ese momento sí) que eran muy fuertes y muy peligrosos, como los de Medellín, Cali y del Norte del Valle. Pero eso no le permitió al Estado colombiano destruir completamente el narcotráfico.

La política del gobierno de Calderón, como yo la veo, es algo que tenía que hacerse; que se haya hecho sin las debidas precauciones, sin dimensionar el problema, sin contar con los mecanismos de inteligencia necesarios para enfrentar verdaderamente el narcotráfico, es una discusión en la cual yo estaría de acuerdo. Pero abordar el problema del narcotráfico era algo que México tenía que hacer tarde o temprano, y es algo en lo que los Estados tienen que avanzar, pero sobre todo complementando las políticas con nuevos enfoques, ajustándose a la realidad y percatándose de que estamos hablando de redes trasnacionales y ya no únicamente de cárteles de narcotráfico.

LJGS: Lo que la experiencia muestra es que, dada la evolución de estas organizaciones, primero cárteles del narcotráfico y luego redes criminales trasnacionales con múltiples actividades legales e ilegales, y con una variedad de agentes institucionales públicos y privados relacionados, hacen que necesariamente haya que adoptar una estrategia integral, comprehensiva, que ataque las múltiples facetas de la nueva estructura criminal trasnacional.

En primer lugar tiene que haber una estrategia de cooperación e intercambio de información e inteligencia entre países, especialmente ahora por los países más afectados por este flagelo.

La política de seguridad represiva es fundamental, sin duda; pero aislada no tiene la efectividad ni la eficiencia que debiera tener porque ante la multiplicidad, la ductilidad y la capacidad de innovación de esas estructuras, muchas de ellas pueden reestructurarse a pesar de haber sufrido golpes policivos o militares severos. Por eso es que se requiere de una integralidad en las políticas.

El narcotráfico y las actividades criminales tienen una capacidad de reacción y de innovación muy fuerte en la mayoría de los casos; por ejemplo, en los ochenta los cárteles colombianos, como el de Pablo Escobar, eran muy centralizados alrededor de su líder, y tenían una estructura muy jerarquizada y centralizada. Entonces golpear a uno o dos capos era bastante eficaz y eficiente. Pero lo que hemos venido encontrando es que ese no es el caso de las nuevas organizaciones o estructuras, lo que hace más difícil su combate. Por eso se requiere una intervención que vaya más allá de lo policial o militar.

En los casos de México y de Colombia la lucha contra esta criminalidad se ha hecho mediante la creación de un cuerpo de élite de la policía que tiene actividades que tradicionalmente se podrían considerar casi como militares. Este será uno de los campos de discusión y análisis en la institucionalidad que va a seguir adoptando México en este tema. Pero para nosotros se requiere hacer cada vez más labores de inteligencia y de actuación no sólo sobre los criminales puros sino, muy importante, sobre los agentes grises, que son los que posibilitan la reproducción del capital social, político y financiero de estas organizaciones.

Nosotros resaltamos la necesidad de la cooperación trasnacional entre Estados, así como son trasnacionales las actividades y la naturaleza de las organizaciones criminales. De allí la cooperación internacional, pero en todos los campos: no es suficiente ni lo más adecuado que sólo algunos países aporten cooperación en el campo militar y no en otros temas.

También destacamos que esta complejidad requiere una adecuación institucional no sólo pública sino también privada, y de un ejercicio cada vez mayor del deber ciudadano, especialmente de grupos poderosos para aportar en la tarea común de avanzar en la construcción de una cultura y ética de la legalidad, de la no convivencia con la ilegalidad y la ilegitimidad.

Esto puede parecer un panorama difícil, pero es un camino que debemos recorrer. Pero hay ejemplos recientes, como en Sicilia, donde la Confindustria, una organización industrial importante, adoptó un código ético empresarial que consiste en la obligación y la responsabilidad de cualquier empresa que sepa de vínculos de otra con la ilegalidad o la mafia, de denunciarla ante la Confinindustria, que procede a su desvinculación y a asegurar que ninguna otra empresa haga relaciones económicas con ella. Esa es una manera de cómo la institucionalidad privada poderosa puede contribuir en esta creación de una ética de la legalidad. Ese código se está aplicando hoy en Sicilia, en Lombardía, en Lazio.

Ese tipo de acciones, de responsabilidades y de deberes ciudadanos de grupos como las agremiaciones empresariales contra el lavado, debería prosperar y reproducirse porque eso ayudaría a taponar el oxígeno a la ilegalidad y a la criminalidad trasnacional.

Hay casos que nos dan esperanza de que se puede construir un futuro, pero se requiere la intervención de agentes legales poderosos en las sociedades; no sólo es una labor del Estado, sino de los ciudadanos.

*Una versión más breve de esta entrevista fue publicada en Este País, núm. 281, septiembre de 2014.