La transición a la inseguridad. Entrevista con John Bailey

La transición a la inseguridad

Entrevista con John Bailey*

Por Ariel Ruiz Mondragón

Los procesos de democratización de América Latina generaron una serie de estudios que se ocuparon de asuntos como los sistemas de partidos y electorales, formas de gobierno y federalismo, entre muchos otros. Posteriormente, para evaluar sus resultados, se puso énfasis en la calidad de la democracia y en la gobernanza democrática.

Entre los aspectos de la última hasta hace unos cuantos años apenas se había puesto atención en un asunto que se volvió central: la seguridad. Ahora, atraído por “las alcantarillas del crimen, la corrupción y la violencia”, John Bailey ofrece en su libro Crimen e impunidad. Las trampas de la seguridad en México (México, Debate, 2014) un análisis de “la dinámica del crimen como motor principal de la política mexicana actual”.

Para el autor, a finales del siglo XX Latinoamérica y el Caribe vivieron tres transiciones: hacia la democracia, el libre mercado y la inseguridad pública. Así, plantea que los países latinoamericanos “están atrapados en un equilibrio bajo, en el que los problemas de inseguridad interactúan con instituciones judiciales y reguladoras débiles, ineficientes e incluso predatorias, lo que constituye una de las causas fundamentales de una democracia de baja calidad”.

Pero, según el especialista, el caso mexicano tiene sus propias características: “una escasa confianza de la sociedad en el sistema de justicia penal, una percepción más intensa de incumplimiento de la ley y el comportamiento destructivo de las organizaciones de tráfico de drogas acaudaladas, dinámicas y violentas”.

Sobre ese trabajo conversamos con Bailey, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Wisconsin-Madison y profesor emérito de la Universidad de Georgetown, en la que presidió el Departamento de Gobierno y dirigió el Programa de Estudios Latinoamericanos. Es uno de los mayores estudiosos estadounidenses de México, al que ha dedicado al menos siete libros como autor y editor, así como diversos artículos y textos en libros.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué hoy escribir y publicar un libro “sobre el crimen como motor principal de la política mexicana actual”, como usted lo define?

JB: Este libro es producto de 20 años de haber trabajado en cuestiones de seguridad pública. He hecho dos o tres libros con colegas mexicanos y de otros países sobre esta temática, y estoy convencido de que la calidad de la democracia depende mucho de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana.

Yo soy politólogo, y mis campos son la política comparada y las políticas públicas. Me he dedicado a estudiar cuestiones de seguridad ciudadana, procuración de justicia y reforma policial, porque son elementos clave para una buena calidad de la gobernanza democrática no sólo en México sino en toda la región.

AR: Su libro trata sobre el México de la transición democrática, pero ¿cómo era el problema de la criminalidad bajo el autoritarismo del PRI e incluso de las dictaduras latinoamericanas?

JB: Buenísima pregunta, porque la época de los regímenes más autoritarios fue también anterior a los años setenta, cuando los derechos humanos llegaron a ser un asunto de interés general, aunque su comienzo fue frágil. Pero con el correr del tiempo los derechos humanos han tomado más fuerza, y ahora están en los labios de todo el mundo. Pero bajo los regímenes autoritarios no había esa posibilidad de invocarlos para la protección de los derechos de la ciudadanía y había mucha más discrecionalidad para que los gobiernos manejaran las cosas. Entonces utilizaron sus fuerzas armadas y sus policías para controlar a la sociedad, y en algunos casos hubo colusión entre los gobiernos autoritarios y el narcotráfico (Bolivia es un gran ejemplo: el gobierno puso allí el precio del tráfico de drogas y fue algo terrible).

Pero en los años setenta y ochenta, cuando hubo gobiernos con más fuerza y con menos restricciones, hubo mano dura respecto al crimen organizado. Fue algo semejante en México, donde no había mucha información, cuando el gobierno podía manejar las cosas como quería y la población estaba más indefensa. Fueron los días en que la Dirección Federal de Seguridad tuvo un papel importante en la organización y el manejo de gran parte del tráfico de drogas.

Con la democratización vino la descentralización del poder, de autoridad y recursos a las entidades federativas y a los municipios. Pero es una transición desfasada: la transparencia vino antes de la eficiencia del aparato del Estado. Entonces en la industria hay mucha más competencia y hay incentivos para llegar a fondo a los problemas y hacerlos llegar al público; pero detrás de todo eso viene el aparato del Estado. La gente está viendo los problemas y las investigaciones, pero no las soluciones. Hay cierto desencanto, y en México pasa algo semejante.

AR: Usted ubica en el último cuarto del siglo XX tres transiciones: a la democracia, al libre mercado y a la inseguridad. ¿Cómo fue que los dos primeros procesos fueron acompañados por la criminalidad?

JB: Vino una transición dual con las aperturas democrática y económica, pero ésta causó mucha confusión y dejó excluida a parte de la ciudadanía. Lo que vimos en casi todos los países cuando vino esa transición económica es que hubo gente que se benefició y otra que quedó excluida. En México una gran parte de la ciudadanía quedó excluida. Lo vemos hoy en Guerrero, en Ayotzinapa: son gente que está buscando su espacio en un nuevo modelo económico, y no lo encuentra o lo hace muy difícilmente.

Entonces el cambio económico creó una dinámica complicada en la que la gente se siente insegura y no sabe si en el futuro va a participar o a quedar excluida. Y hay personas que realmente sufren. Allí está el caso de Argentina cuando sufrió el golpe en los años noventa: quedaron en la calle profesionistas. Recuerdo a una persona con un anuncio: “Economista sin trabajo. Trabajo por comida”. Eso fue dramático, y vemos que con esa transición económica hubo mucha incertidumbre, y creó situaciones de inseguridad en que hay posibilidades de buscar otro tipo de carreras, incluyendo las ilegales.

Con la transición económica también creció la informalidad, que es un fenómeno muy complicado pero en el que el crimen organizado tiene un papel importante para abastecer esos mercados. Es muy sofisticado: las cadenas de abastecimiento llegan hasta la India y China, y los productos llegan a México, pasan por puertos y aduanas, y entran aquí en el mercado informal.

Hay muchos aspectos de esa transición económica que afectan y que crean cierta inseguridad.

En cuanto a la transición democrática, hay una parte que va adelante y otras que quedan atrasadas. La primera son las elecciones, que son más o menos creíbles, más o menos aceptables, lo cual me convence de la importancia de instituciones como el Instituto Federal Electoral (IFE). Antes había escepticismo: si hacías una encuesta sobre si eran limpias las elecciones, el 70 por ciento dirían que no, que eran tramposas. Pero con el IFE eso bajó mucho.

Entonces vienen primero las elecciones limpias y la alternancia, pero muy detrás de ello vienen las reformas de la policía y del sistema de procuración de justicia. Y en la gobernanza, la policía es el Estado en la calle; nosotros entramos en tratos con los policías bajo condiciones usualmente tristes, pero ellos son la cara inmediata, y la verdad es que en muchos países no se les dan los recursos necesarios para reformarse, como es el caso de México.

México invierte en la seguridad pública el 0.4 por ciento del PIB, mientras que el promedio en la OCDE es de 1.6. Además, México recauda comparativamente poco: entonces, de una base de por sí chica destina una cantidad relativamente pequeña a su aparato de seguridad.

Entonces es desfasada la transición, por lo que debe haber mucho más énfasis en la parte de procuración de justicia. En ésta viene la implementación del sistema acusatorio en vez del viejo sistema inquisitorio, que es un cambio importante. Entonces, parte de la transición democrática tiene que ver tanto con la rama judicial y los cambios que en ella se están implantando, como con la reforma de la policía.

Son desfasados los ritmos de las transiciones económica y política. En ese ambiente la inseguridad crece, y parte de ésta es el temor por el futuro económico y político del país. El crimen aumenta, pero es la percepción del crimen a través de la cual la población expresa su temor ante la inseguridad. Estamos todos estamos inciertos e inseguros, y vemos que el crimen está creciendo, que es muy complejo y afecta muchos aspectos de nuestra vida.

AR: Sobre la transición democrática usted hace un par de señalamientos: primero, para atender las demandas sobre seguridad pública y procuración de justicia los partidos y las Cámaras se han divorciado del sentir popular, cuando debería haber mayor participación. Segundo, que las víctimas del delito tienden a incrementar su participación en general, si no a votar, si a intervenir en partidos y en otro tipo de movimientos sociales. ¿Qué ha pasado con esta situación de divorcio de los partidos de esas demandas ciudadanas, y en la que los delitos han sido un incentivo para la participación de las víctimas?

JB: Vemos que no hay ningún sistema de partidos que realmente represente la voluntad del pueblo; todos distorsionan la cadena que debe llevar las opiniones y las ideas del público hacia los tomadores de decisiones. En Estados Unidos se usa un sistema de “si ganas el distrito, ganas todos los representantes”, lo cual distorsiona mucho la voluntad del pueblo, por ejemplo.

México tiene un sistema de partidos que también distorsiona y estorba la cadena que expresa la opinión pública de la gente. No ha llegado a la partidocracia tipo Venezuela o Colombia, casos en los que colapsó ese viejo sistema de partidos por la frustración que tenía la población por su ineficacia.

Entonces llegamos a la parte de la victimización. No tengo la cifra a la mano, pero México anda muy arriba en términos de la victimización, por lo menos en Latinobarómetro. Si no mal recuerdo, la cifra es como de 35 o 36 por ciento de los mexicanos que dicen haber sido víctimas de un delito en los anteriores meses.

Si una tercera parte de la población ha sido víctima de un delito, eso viene a ser algo importante en la política. La pregunta en el libro es: ¿qué forma toma esa victimización? Las víctimas buscan cómo participar, y encontramos aspectos interesantes: que gran parte de ellas aumentan su participación. No buscan la salida ni la pasividad: aumentan su participación, pero las encuestas no nos dan los elementos necesarios para afirmar cuál es la forma que ésta adopta. Mi hipótesis es que buscan intervenir no en los partidos sino en movimientos cívicos. Si es así, entonces los partidos políticos realmente no están haciendo su trabajo: deben recibir ese tipo de presiones dentro de ellos, pero parece que gran parte de ellas está viniendo de fuera, de los movimientos cívicos. Mi hipótesis es que es una cara positiva, no negativa, y que puede ser importante.

AR: En ese sentido ¿le parece que hay peligro de que en México predomine la figura que usted llama “demócrata empedernido”, que está a favor de la democracia pero también de la justicia extralegal?

JB: Es una contradicción, ¿no es cierto? Es que los demócratas empedernidos son los que aceptan el concepto de la democracia, pero están muy insatisfechos con la que tiene México, y les parece bien que las policías excedan su poder para controlar, lo cual es una contradicción. Otra hipótesis: eso da lugar a cierto populismo, cierta demagogia de los políticos que prometen soluciones con mano dura al crimen.

Entonces se abre un espacio en el que los políticos pueden tomar provecho con una idea de mano dura, de la fuerza. Se ve un poco a nivel de las entidades federativas, pero a nivel federal no lo observo mucho porque los políticos son sofisticados y equilibrados. En algunas de las entidades federativas vemos esas tendencias de populismo de usar castigos exagerados o de utilizar su policía de manera muy agresiva. Es una tentación muy peligrosa.

AR: Usted hace una clasificación de las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas a distintos niveles: locales, regionales, nacionales y trasnacionales. ¿Estas organizaciones cómo se imbrican con el poder político y sus distintos niveles?

JB: Ese capítulo viene de mi frustración, y es que no tenemos los pentiti (arrepentidos que han pertenecido a una organización delictiva que deciden colaborar con las autoridades judiciales) que digan “quiero contar mi historia”. Entonces no tenemos elementos con los cuales analizar cómo funcionan las bandas.

Lo que tenemos es un periodismo de cops & robbers, gánsteres y policías, y hay mucha atención a Los Zetas, a los de Sinaloa, y no tenemos cómo pensar.

Entonces hice eso como hipótesis: esa es mi impresión de cómo funcionan. Puede ser que cuando tengamos los 800 pentiti que yo esté completamente equivocado, pero qué bueno que, por lo menos, de la equivocación aprendemos. Pero no aprendemos mucho de cops & robbers porque es una constante historia de X matando a Y, de vendettas, etcétera.

Aprendí mucho de los estudiosos de Rusia y de Bulgaria, porque ellos han avanzado de una transición de un sistema autoritario a uno abierto, que abre espacio para grupos criminales que buscan su nicho y sus oportunidades. Pero no es cuestión, digamos, de ponerle etiquetas a los grupos, que son oportunistas, cambian y son muy dinámicos.

Entonces, lo de los alfa, beta, gama y la cultura cívica que propongo en el libro es un esfuerzo por poner un poco de orden analítico.

Los alfa son los que tienen las conexiones y que tienen el dinero para comprar; en mi pensamiento son los que tienen acceso al capital de inversión en efectivo, y tienen su contacto en los países que venden la cocaína, la heroína. Buscan gente de negocios o que tiene capital para empezar en esta industria, y con ese capital se buscan los proveedores de droga en Colombia, Perú y Bolivia. Identifican a los aliados que los ayudan a llevar el producto hacia Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa.

Para ser alfa se necesitan grupos territoriales. Cuando llegan a un puerto en México requieren control allí, gente que los apoye, que conozca el territorio y que maneje una carga de droga para llevarla a X punto. Estos son los beta, grupos criminales tipo Zetas o Golfo, que controlan los territorios. Ellos dependen de los grupos en los barrios, en las calles, en las ciudades, que son los gama. Tienen sus aliados y dependen de ellos para hacerlos sus halcones, sus choferes.

Es una coalición que viene desde los trasnacionales hasta los territoriales, a los que hacen el trabajo sucio en las calles. Mi concepto es que en la coalición hay alfa, beta y gama; pero cambia y se recompone cada vez que hay un cártel que viene desde Sudamérica, y tiene que estar muy alerta a cómo están respondiendo las autoridades porque hay que buscar cómo evadir, corromper, etcétera.

Entonces, no veo un cártel tipo General Motors sino coaliciones de oportunistas que buscan obtener ventajas y beneficios.

El mío es un esfuerzo que ojalá que cuando lleguen los pentiti nos puedan dar la película. Pero hasta entonces tenemos que pensar un poco más analíticamente cómo llega la droga a Estados Unidos, dónde están las ganancias más importantes. Ese es el esfuerzo de ese capítulo, y puede estar ciento por ciento equivocado.

AR: Eso se vincula con las dos formas de criminalidad que usted destaca: la empresarial y la territorial. Dice que el gran problema no es el crimen violento sino la corrupción. ¿Cuál de las dos es más perjudicial para el funcionamiento de la democracia?

JB: La territorial es más peligrosa. El crimen empresarial existe en todo el mundo: si vas a Estados Unidos lo encuentras. Ese es el crimen organizado. Cuando hay productos que la gente quiere, como pornografía, prostitución, drogas, alcohol y juego, hay proveedores, grupos que pueden tomar muchas formas pero que son empresariales. Hacen sus daños, corrompen, pero evaden, más que nada, a la autoridad.

Pero los grupos territoriales llegan, ponen sus raíces y empiezan a extorsionar, controlar, corromper y penetrar. Son los más peligrosos. Uso la imagen de un árbol: ves las partes encima de la tierra, las ramas, tronco, etcétera, pero lo importante es la parte que está debajo de la tierra: hay una bola de mugre con muchas raíces que llegan a todas partes: a la Iglesia, a la Cámara de Comercio, a los que venden automóviles, a los abogados. Es la parte más importante. Si el Estado realmente quiere controlar al crimen organizado, debe entrar en esa bola y cortarla, hacer lo necesario para que los grupos criminales no tengan el cobijo político ni alianzas con el sector empresarial ni con la sociedad civil.

AR: Usted escribe que la corrupción debe considerarse la amenaza más grave contra el régimen y el Estado por su penetración en el sistema de justicia penal y la política electoral, y también llega a mencionar a la sociedad civil. ¿Hasta dónde ha penetrado la corrupción?, ¿por qué debemos ponerle más atención a ella que a la violencia?

JB: La violencia es lo que impacta a la sociedad, y tiene sentido que los analistas y los periodistas le presten más atención porque la gente la vive. México ha sufrido un trauma: desde 2006-2007 se ha duplicado la tasa de homicidios. Es la realidad que más se ve y que más impacta la conciencia.

Pero, desde mi punto de vista, al estar en Estados Unidos, viviendo en los suburbios, me es fácil decir que el problema real es el de la penetración de la corrupción por parte de grupos criminales. La verdad es que no tenemos una idea muy clara de hasta dónde ha llegado. Iguala nos da una radiografía de un caso, que es sólo uno de varios, como también Tamaulipas.

Los colombianos vivieron su época de violencia en los ochenta y noventa, y allí la tendencia intelectual fue la violentología, como ahora en México, que también está formando sus violentólogos, que son de primera y hacen buen trabajo. Pero los colombianos, después de ese énfasis, pasaron a estudiar la interpenetración de los grupos criminales en la sociedad civil y los gobiernos. Ellos tienen ese concepto de “reconfiguración cooptada del Estado”. En esto es donde debemos de estar poniendo mucho énfasis porque si llega a un nivel avanzado es muy difícil revertir. Si los jóvenes políticos empiezan a pensar que no hay consecuencias de aceptar dinero en efectivo para sus campañas políticas, entonces van a entrar en esa carrera y va a ser más difícil reformar la política. Si a los 25 años alguien ha aceptado dinero y llega a ser gobernador, ¿qué interés va a tener en limpiar una situación que le conviene mucho? Parte de la verdad es su participación en una política sucia.

Esa la parte que más me llama la atención: la interpenetración y la cooptación de parte de los criminales y de los políticos, y las alianzas posibles que se pueden hacer.

AR: Al respecto, usted dedica un capítulo a Colombia, y destaca, por ejemplo, las medidas que tomó Antanas Mockus para abatir la delincuencia. Óscar Naranjo, al que usted menciona, colaboró al principio del gobierno de Enrique Pena Nieto. ¿Cuáles son las enseñanzas que el caso colombiano puede tener para México?

JB: En el libro puse un epígrafe de Ernesto Samper sobre la política de Estado. Que me perdonen los políticos mexicanos, pero hay que empezar por una política de Estado; sin ella, el gobierno no puede hacer mucho y ocurre lo que estamos viviendo hoy en día. En el caso de Iguala, los partidos políticos están atacando a Morena, pescando en aguas turbias para sacar provecho, porque quieren debilitar a Andrés Manuel López Obrador porque vienen las elecciones. Pero esto es realmente peligroso porque siembra la competencia y la inseguridad. Si estudias las encuestas, en confianza los partidos políticos andan muy bajo en todo el mundo, pero en México es emblemático: aquí andan casi en el suelo. Entonces ese tipo de oportunismo es peligroso.

Hay conversaciones ahora entre los partidos políticos sobre cómo vigilar las nominaciones de candidatos a las elecciones, que es un primer paso y es positivo, pero tienen que ir mucho más allá para ponerse de acuerdo, y no sé cómo lo van a hacer. Pero el valor agregado de los políticos es la creatividad, por ello les pagamos: inventen ustedes la solución. Pueden ser negociaciones discretas, pero el primer paso es la política de Estado, ni modo.

Después vienen los conocimientos: ¿cómo es el problema?, ¿cuáles son sus dimensiones?, ¿cuáles son las relaciones entre crimen organizado y crimen común?, ¿cuáles son los elementos para formar una estrategia que tenga sus metas, sus fases, su retroalimentación? Y pensar las herramientas: una policía y una inteligencia efectivas y éticas, así como la participación de la sociedad civil y la reforma de la procuración de justicia.

Todos esos elementos toman tiempo. Reformar la policía es cuestión de lustros o generaciones. En Estados Unidos, el esfuerzo para modernizar la policía, si hacemos las excepciones de Nueva York, Chicago y otras ciudades, empezó en los años cincuenta. Pero tomó mucho tiempo limpiar y profesionalizar la policía.

En América Latina hay dos o tres casos de una policía más o menos eficaz: los carabineros de Chile, Colombia ha avanzado mucho, El Salvador ha dado pasos importantes, al igual que Panamá. Pero el resto de la región tiene muchos problemas al respecto.

Entonces requerimos política de Estado, conocimiento del fenómeno, herramientas y participación de la sociedad civil. Suena fácil.

AR: En ese sentido, ¿cómo observa el caso mexicano? Usted, a diferencia de muchos otros autores, no tiene mala impresión de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, de la que usted dice que fue un proyecto expresado y no implementado.

JB: Tiene razón: Calderón anda con muy poca popularidad. Yo lo estimo mucho: es muy inteligente, es una persona a la que le gusta mucho estar en los detalles porque es estudioso de las políticas públicas y de la economía. No sabemos qué pasó entre julio de las elecciones de 2006 y la toma de posesión en diciembre, Calderón no nos ha dado los elementos. Si, por ejemplo, había información de los gobernadores al presidente electo, no lo sabemos. Pero al llegar a la Presidencia tomó decisiones realmente sorprendentes, como enviar los operativos conjuntos, más que nada a las fuerzas militares, a distintos territorios para calmar y para reprimir a los grupos delictivos.

No sabemos cuáles son los elementos que él tomó en cuenta para tomar esa decisión, Si recuerdas la entrevista que dio a The New York Times, a la pregunta de “si usted pudiera empezar de nuevo ¿qué haría diferente?”, contestó: “No nos dimos cuenta de la gravedad del deterioro institucional a nivel de las entidades, de la corrupción. Si pudiera empezar de nuevo habría prestado mucho más atención al fortalecimiento de las entidades federativas y al nivel municipal”.

Creo que Calderón es autocrítico, pero como político no va a aceptar que cometió errores. Yo siempre doy espacio a los políticos porque son ellos los que están tomando las decisiones, y lo que hizo Caderón se presta a una interpretación de que él fue la causa de la violencia, que la cosa hubiera sido tranquila si no fuera por las acciones que decidió. Pero había habido un cambio muy importante en 2003, que fue cuando los Zetas empezaron a armarse con armas realmente avanzadas, y como el crimen organizado es una industria, los otros grupos también tuvieron que armarse y organizarse de una manera nueva. Desde 2003 hasta 2006 la situación cambió cualitativamente.

Entonces, al llegar Calderón el escenario era diferente. Yo soy de los que cree que si no estás en los zapatos de él, hay que darle cierto espacio. Y hay la hipótesis de que como ganó la Presidencia por menos de uno por ciento sobre López Obrador, tomó decisiones para legitimarse, algunas desafortunadas, como el simbolismo de usar las fuerzas armadas, con lo que creó un ambiente político negativo que dio espacio para otra crítica. Pero en eso yo le doy más crédito que la mayoría de mis colegas, aunque no es muy popular.

AR: Usted dice que su política y su estrategia fueron razonables y coherentes. Pero esta tuvo más éxito en la represión de bandas de narcotraficantes que en las políticas contra el secuestro, por ejemplo. Se dedicaron más recursos a perseguir a los capos del narcotráfico que a los secuestradores, que son delitos de un gran impacto en todos los términos, desde el personal hasta el político. ¿Esto a qué se debió?

JB: Volviendo al tema de la transición: hay mucha inercia en México, y la gente está viendo a Peña Nieto: “Oiga, señor presidente, resuelva este problema”, como si fuera Díaz Ordaz o López Mateos, y no lo es. Peña Nieto es presidente de un sistema que ha cambiado cualitativamente, y creámoslo o no, es un sistema federal, y el peso de solucionar los problemas de secuestro está en manos de los gobernadores. Son ellos los que deben estar tomando las riendas, y, con algunas excepciones, no lo hacen.

Creo que eso está cambiando, y los gobernadores ojalá estén prestando más atención a su deber. Pero las unidades antisecuestro están a nivel de las entidades federativas y, como leíste en el libro, ellos no han avanzado lo que deben, y no me explico por qué. Las unidades antisecuestro deberían estar fortalecidas, efectivas y operando, pero no sé en cuántos estados realmente estén funcionando.

Pienso que uno de los problemas de Calderón fue tomar la iniciativa: “Yo soy el líder en esa cuestión”. Pero creo que Peña Nieto está dando más énfasis en que los gobernadores tomen la responsabilidad, y por ello es la descentralización: ha formado sus cinco regiones, ha invertido mucho en la inteligencia, el Cisen está montando sus centros de función, etcétera. Está buscando cómo colaborar con los gobernadores, y va por buen camino.

Pero la gran incógnita de México es: ¿por qué el federalismo no funciona como debe hacerlo?, ¿por qué los gobernadores no están trabajando duro para enfrentar ese problema? Pero no tenemos la imagen de eso, con algunas excepciones. Una señal positiva fue Rodrigo Medina en Nuevo León, que estaba elevando la bandera de la reforma policial y poniendo el modelo de un gobernador que usa sus éxitos como una bandera. Por su parte, me parece que Veracruz está aceptando algo del modelo de la Fuerza Civil.

Entonces, posiblemente se está despertando el federalismo mexicano. Qué bueno sería ver a 32 gobernadores y a 2 mil 400 presidentes municipales trabajando. Ese sería un buen paso.

AR: Usted hace ciertas anotaciones sobre cómo los medios de comunicación han abordado asuntos de seguridad y justicia. ¿Cuál ha sido el tratamiento que los medios le han dado a estos asuntos?

JB: Me fascina. Hay estudios —aunque a mi manera de ver insuficientes— por los que tenemos la impresión de que los medios masivos de comunicación afectan mucho la percepción, pero hay mucha variabilidad de cómo la gente percibe e interpreta los mensajes que mandan los medios. Hay estudios que muestran que los medios cubren mucho el delito porque hay mucho interés en la audiencia por ver este tipo de fenómeno.

Pero los medios tratan los casos más sensacionalistas: las tendencias reales en el crimen son menos interesantes que un caso espectacular de un crimen.

Hay otro fenómeno: muchas de las noticias vienen del centro, del Estado de México y del Distrito Federal, que son territorios en que la victimización es realmente alta. Entonces, en la provincia se reciben noticias originadas en el centro, por lo que nos da la impresión de que la inseguridad está creciendo.

Debemos estudiar esto de manera más analítica, pero la impresión que tengo es que hay mecanismos que aumentan el temor debido al fenómeno del delito. Es un círculo vicioso: la gente quiere ver cuestiones de delitos, por lo que los medios incluyen buena cantidad de casos sensacionales que enfatizan lo peligroso de la situación de la seguridad pública.

Tenemos ciertas pistas, pero necesitamos mucho más para comprender cómo es la relación entre los medios y la percepción de la gente.

AR: Usted destaca los esfuerzos de Calderón por la institucionalización: por un lado, el fortalecimiento de la policía federal y, por otro, las reformas de justicia de 2008. ¿Hoy cómo estamos respecto a estos temas?

JB: Uno de los puntos que enfatizó el presidente Peña Nieto es la evaluación de políticas públicas. Pero todavía no hemos visto los resultados, y entonces es difícil medir los avances de los distintos esfuerzos para mejorar la seguridad pública.

En cuestiones de reforma judicial, pues hay 32 cuentos; hay una reforma a nivel federal que fue parada en el Congreso por mucho tiempo, pero salió el Código Único de Procedimientos Penales, que es un avance. Pero hay muchas reformas en marcha. José Ramón Cossío, de la Suprema Corte, habló de que la reforma judicial es la tormenta perfecta porque hay muchos cambios al mismo tiempo. Están en el valle de la transición, en el que hay cierta descomposición que ojalá que esté saliendo por el otro lado. No sé si en 2016 realmente vayamos a llegar con una reforma consolidada, pero va por el camino.

Nos hacen falta medidas y estudios bien hechos de resultados de políticas públicas, porque sin ellos estamos con las anécdotas y con los casos sensacionales, y no tenemos una idea clara de aquéllas.

AR: Para terminar: al principio del libro usted menciona una de sus experiencias personales en el Ministerio Público al levantar una denuncia por el robo de su coche. ¿Cómo le ha ido a usted con el sistema mexicano de procuración de justicia?

JB: Eso fue hace ya un buen rato. La visita a la morgue en Guadalajara me impresionó mucho porque allí ves lo realmente fea que es la situación de la seguridad pública en México. Me enseñaron las fotos de las víctimas de delitos: son horrorosas.

Estuve allí, y me dio una sensación realmente fea. Pero tuve otra en Jalisco: en Guadalajara están formando peritos con cursos de adiestramiento en cuestiones de medicina forense, lo que no es noticia.

Entonces me dieron dos tipos de impresiones: que hay subterráneamente avances importantes que no vemos y, por otro lado, cuando ves la violencia es impactante.

Otra experiencia inolvidable: estuve en Nuevo León con un equipo para evaluar programas de cultura de la legalidad, y una de las instituciones que visitamos fue el Colegio de Cadetes de la Policía, en donde estuvimos con los cadetes que estaban a punto de salir. Es una burocracia semimilitar, y nadie dice nada hasta que ve a su comandante y este da luz verde. Preguntamos: ¿qué han aprendido que es útil en el ejercicio de su profesión? Un cadete se levantó y dijo: “He aprendido muchos de los derechos humanos y de los derechos civiles. Pero mi pregunta es: cuando voy a la calle, ¿mi comandante me va a hacer espacio para este tipo de prácticas, o me va a insistir en que acepte la práctica normal?’”.

Fue para mí una revelación, porque se forman los cadetes, los entrenan bien, van a la calle y hay una resocialización en esa realidad. Es otro circuito de la trampa de la inseguridad.

 

*Una versión más breve de esta entrevista fue publicada en Este País, núm. 291, julio de 2015.