Constitucionalismo
democrático versus estado de excepción
Entrevista
con Pedro Salazar Ugarte*
Ariel Ruiz Mondragón
Desde el inicio de su gobierno, el presidente
Felipe Calderón optó por utilizar al Ejército en su lucha contra el crimen
organizado, especialmente el de las bandas dedicadas al narcotráfico. Con esa
decisión se abrió una intensa discusión sobre la constitucionalidad y la
legalidad de tan radical medida, cuyos resultados positivos han sido, por lo
menos, dudosos.
En su más reciente libro, Crítica de la mano dura. Cómo enfrentar la violencia y preservar
nuestras libertades (México, Océano, 2012), Pedro Salazar Ugarte realiza un
severo cuestionamiento a la estrategia de seguridad seguida por el gobierno
federal durante el presente sexenio, la cual constituye una suerte de estado de
excepción en el cual las garantías y las libertades de los ciudadanos han sido
menoscabadas.
Sobre ese libro Este País conversó con el autor, quien es doctor en Filosofía Política
por la Universidad
de Turín y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México; es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Ha sido profesor en instituciones como la Facultad de Derecho de la UNAM , la Facultad Latinoamericana
Ariel
Ruiz (AR): ¿Por qué publicar un libro como el suyo, con este tema y con este
enfoque?
Pedro
Salazar Ugarte (PSU): El
principal motivo es una preocupación sentida (creo que personal pero que me
parece es también general en México) por la gravedad de los problemas que
enfrentamos en la crisis de seguridad y por la manera en que ha sido enfrentada
por parte de las autoridades.
La preocupación que está en el fondo es cuáles
van a ser las consecuencias para la consolidación de la democracia en México —que
ha sido la gran apuesta institucional de muchas personas en los últimos 40 años—
si seguimos con esta estrategia de endurecimiento por parte del gobierno, de la
militarización en el combate al crimen y de apertura para medidas que
restrinjan libertades, garantías y derechos. Entonces, es una preocupación por
el proyecto democrático mexicano.
Creo que enfrentamos una disyuntiva histórica
muy relevante: estamos en un momento en el cual va a haber una renovación en el
mando del país en el Poder Ejecutivo Federal y en el Congreso de la Unión , en una coyuntura en
la cual, por un lado, la democracia sigue siendo —al menos en el nivel
declarativo de todos los actores políticos relevantes— el modelo al que
aspiramos; pero, por otro lado, tenemos ya cinco años de estrategia
gubernamental de combate al crimen que está socavando a las instituciones
democráticas y que está abonando en el terreno de las regresiones autoritarias,
que pone sobre la mesa elementos que en realidad azuzan el miedo colectivo y se
inclinan más hacia las viejas estrategias del modelo de seguridad nacional
latinoamericano de los años setenta y ochenta en la región.
Entonces, hay una fuerte contradicción, y lo
cierto es que no son compatibles las dos estrategias; si uno quiere consolidar una
democracia, tiene que apostar por un combate a la criminalidad con la Constitución en la
mano, con garantías, con derechos, con prevención, con investigación, con
juicios, porque es la única manera en la cual la democracia y el combate al
crimen se pueden conjugar.
Pero si, por el contrario, se opta por una
estrategia de militarización, de cateos, de arraigos, de detenciones por parte
de las autoridades sin que medie orden judicial, de torturas, de abatimientos,
etcétera, en realidad, pese a lo que se diga en el discurso, se está abonando
en el terreno de una regresión autoritaria.
AR: Si
bien hace años hubo una ola democratizadora, hoy hay una tendencia conservadora
en el contexto internacional. ¿Cuáles considera que sean las primeras amenazas
al proyecto ilustrado que usted defiende, y que promete libertad, igualdad y
derechos humanos?
PSU: Creo que el principal desafío es uno
estructural, muy sentido en todo el mundo pero con acento en algunos países
como el nuestro: el problema de la fragmentación y de la desigualdad social. El
modelo democrático constitucional ilustrado está orientado y pensado para
sociedades igualitarias, en las que todas las personas tienen la posibilidad de
llevar una vida digna y autónoma, en condiciones de relativa igualdad. Entonces,
pienso que la grosera desigualdad social que existe en el mundo, especialmente en
algunas regiones del mundo y en algunos países como el mexicano, es un
obstáculo fundamental, estructural, para el proyecto de la sociedad de hombres
y mujeres libres e iguales. Ése es el primer punto.
En el contexto actual, la crisis económica viene
a ser palanca precisamente de esta desigualdad, lo que genera mucho descontento
y mucho temor. A las personas, la pérdida de su patrimonio, la incertidumbre
sobre su futuro y el de sus hijos les genera mucha inseguridad, lo que se
traduce en miedo y en rechazo al diferente, en discriminación y en opresión. En
ese sentido, ésta es una cadena que le corta las raíces al árbol de la
democracia constitucional, como yo creo que estamos viendo en Europa (pienso en
España y en Grecia, donde sentimientos xenófobos y racistas empiezan a aflorar
con una fuerza muy palpable en los últimos años, y van de la mano de la crisis
económica y de la incertidumbre sobre su futuro).
Este tipo de manifestaciones de descontento no
permiten que las democracias se consoliden, porque éstas requieren de una
vocación de inclusión, no de exclusión; de igualdad, no de discriminación; de
reconocimiento de los derechos de cada persona, no de cerrazón de las
comunidades políticas.
Después, no hay que olvidar una cosa: en todas
las sociedades hay defensores de modelos autoritarios; hay grupos de personas
reaccionarias que optan por blindar sus privilegios antes que por la inclusión
y las agendas igualitarias; que prefieren cerrarse en sus comunidades
amuralladas que convivir en el espacio público con los demás. Esos grupos, que pueden
ser quizá minoritarios pero siempre muy poderosos, son los principales
promotores de las regresiones autoritarias. Lo triste y lo preocupante es que
cuando hay una crisis como la de seguridad, y cuando el miedo se expande
socialmente, estas minorías reaccionarias, paradójicamente, se ven apoyadas,
muchas veces, por mayorías asustadas, desconcertadas, desorientadas.
AR:
Hay algunos apuntes sobre el vaciamiento del proyecto democrático, lo que, por
ejemplo, en nuestro país tiene que ver con los políticos que apoyaron la
democratización pero han acabado por no ser consecuentes con ella. ¿Qué pasó
con los políticos y el proyecto democrático?
PSU: Pienso que existió un consenso muy amplio entre
toda una generación en el sentido de que era importante cambiar las reglas para
acceder al poder político y construir instituciones que hicieran posible que la
lucha se diera a través de mecanismos democráticos y pacíficos, que es lo que
llamamos transición, y ésta tiene muchos hijos a la vista. Démonos cuenta que
el país sí cambió en clave democrática a lo largo de tres o cuatro décadas:
allí están los partidos políticos, las elecciones, el Instituto Federal
Electoral, la Comisión
de Derechos Humanos, el IFAI, etcétera. Hay un conjunto de instituciones que
son fruto de la transición y que fueron el resultado del impulso de una
generación que se puso de acuerdo en ese rubro temático.
Pero lo que le faltó a esa generación y lo que
le está faltando a la generación actual es un proyecto postransición. Nadie se
comprometió, con claridad, con los cambios sociales, económicos, políticos y
jurídicos necesarios para consolidar la democracia.
Entonces, logramos generar las reglas para
acceder democráticamente al poder, pero no hemos cambiado las reglas para administrar
y operar el poder, ni se han implementado los programas y las políticas
públicas para cambiar y transformar a la sociedad.
Tenemos una situación paradójica (y esto lo
dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo): la región
latinoamericana vive un triángulo entre pobreza, desigualdad y democracia. Lo
que sostengo en el libro es que, además, para convertirlo en un cuadrado le
tenemos que agregar el eje de la violencia.
Sí es cierto que tenemos un régimen democrático
formalmente hablando y en la práctica, pero no tenemos ni una clase política
que opere democráticamente, ni tenemos una sociedad que se vea beneficiada de
una transformación en clave incluyente, y yo creo que eso se debe a una falta
de compromiso y de visión de Estado por parte de la generación actual.
Pero considero que no todo está perdido; por
ejemplo, este libro intenta ser un llamado de atención para decir “sobre estos
temas tenemos que ponernos a discutir con seriedad”. No es necesariamente un
libro de lectura fácil, no pretende serlo; es un libro que trata con la
seriedad y la densidad que corresponde un problema sumamente serio y complejo;
al mismo tiempo, creo que es un libro que invita a plantearse disyuntivas
relevantes y a preguntarse qué es lo que quiere hacer de su país en el presente
y en el futuro.
AR:
Me llamaron la atención los apuntes históricos que hace del desarrollo de la
idea del estado de excepción en México. ¿Qué cambios a nivel constitucional a
favor de la democracia ha traído la transición política? Es un gran tema en el
que también hay que ver las reformas de justicia de 2008 y 2011, y en las que
usted dice que va ganando Hans Kelsen sobre Carl Schmitt.
PSU: Si uno hace una lectura de un conjunto de
reformas constitucionales que han tenido lugar desde los años noventa del siglo
pasado hasta la primera década del siglo XXI, se pueden encontrar evidencias de
una apuesta por la democracia constitucional: se crearon las comisiones de
derechos humanos federal y estatales; se convirtió a la Suprema Corte
Por otro lado, se llevaron a cabo algunas
reformas muy importantes en materia de seguridad y justicia. Pienso en una
parte de la reforma de 2008, la que tiene que ver con los juicios orales, la
presunción de inocencia y el sistema penal acusatorio; es decir, una reforma
que quiere modernizar en clave constitucional y democrática a nuestro aparato
de justicia.
También en 2011 tuvimos una reforma importantísima
al amparo, así como una fundamental en materia de derechos humanos, que cambió
prácticamente los primeros 27 artículos de la Constitución , y que
la puso en sintonía con las constituciones más modernas del mundo.
AR:
También está la reforma al artículo 29.
PSU: Es de las de 2011. Si uno ve el sentido de esa
reforma, resulta que hoy en México al estado de excepción se le amarraron las manos,
se le limaron los dientes y se le controló.
Todas las anteriores son evidencias que nos
indicarían que constitucionalmente vamos en la dirección correcta; pero también
hay en la propia Constitución algunos rostros ominosos de tendencia
autoritaria. Uno muy concreto: en la misma reforma de justicia penal de 2008 se
aprobaron algunas modificaciones constitucionales que sientan las bases para
medidas autoritarias que restringen libertades. En concreto, en el libro me
centro en el tema del arraigo, que es una medida absolutamente autoritaria,
porque es una medida por la cual el Poder Ejecutivo puede retener y privar de
la libertad a una persona por un lapso muy amplio, sin que medie ninguna orden
judicial de por medio, ni tampoco acusación formal y sin que se inicie un
juicio en su contra.
Ésta figura la encontramos en todas las
constituciones autoritarias del mundo a lo largo de la historia, y que no está
presente en las constituciones verdaderamente democráticas. Es un buen ejemplo
de la contracara de la reforma de 2008.
Pero las dimensiones en que las regresiones son
más palpables son en las de la realidad, no en las de la Constitución. La
gran paradoja: se reforma el artículo 29 constitucional para limitar los
supuestos, las modalidades y los efectos que puede tener una eventual
declaración del estado de excepción, pero al mismo tiempo tienes a los
militares en las calles. Lo que sostengo en el libro es que poner a los
militares a hacer funciones de Policía equivale a la declaración de facto de un
estado de excepción. Incluso provoco cuando en el libro digo: “Si alguien no me
cree, lo invito a pasar a toda velocidad enfrente de un retén militar en una
carretera cualquiera del país, porque es la mejor prueba de que cuando los
militares están en las calles, nuestras libertades están restringidas; si te
dicen que te detengas, vas a tener que hacerlo, y si dicen que van a
inspeccionar tu coche, lo van a hacer, y si deciden llevarte detenido, te van a
llevar”. Y no hay ningún amparo constitucional que proteja tus libertades
frente a ese tipo de abusos.
AR:
Un aspecto que usted menciona es que cuando menos dos de los tres poderes de la Unión parecen avanzar en
sentido autoritario: por supuesto, el gobierno de Felipe Calderón, pero que a
éste, de alguna manera, le dio el espaldarazo la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN). ¿Qué responsabilidad tiene ésta en lo que estamos viviendo?
PSU: Es un excelente punto, porque en los últimos
meses hemos visto a una SCJN más dispuesta a limitar al Poder Ejecutivo en
estos temas; con votos muy divididos, pero ha hecho suyas las sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). Es una Corte que, al menos en su mitad, se inclina
hacia la ampliación de las garantías, de la libertad y de los derechos
fundamentales de las personas.
En el origen de la estrategia de combate al
crimen organizado implementada por el presidente Felipe Calderón, ante la falta
de un asidero constitucional claro que le permitiera sacar al Ejército a las
calles y realizar otras las medidas que ha llevado a cabo, contó con el aval de
un conjunto de cuatro tesis de la
SCJN que en realidad son inmediatamente anteriores, todavía
dentro de la administración del presidente Fox. Al pronunciarse sobre una
acción de inconstitucionalidad que no tenía que ver directamente con el tema, la SCJN se sacó de la manga una
interpretación en la que dice que la Constitución sí permite el uso de las fuerzas
armadas en el combate a la criminalidad. Esas cuatro tesis, las que le han
servido al Presidente para sostener la constitucionalidad de sus acciones,
tienen una contradicción muy fina pero muy delicada en el fondo, que es la
siguiente: dicen que sí es lícito echar mano del Ejército para enfrentar al
crimen, y lo es para evitar tener que llegar a la situación de la declaración
de un estado de excepción o de emergencia.
¿Dónde está la contradicción? En que, en
realidad, si se declara el estado de emergencia en los términos en los que lo
establece el artículo 29 constitucional, se tienen muchas más garantías y
protecciones para los derechos de las personas que los que tienes cuando, de
facto, el gobierno pone a los militares en las calles. Entonces, en realidad
hay una trampa en la interpretación que hacen los ministros de la Corte , porque lo que te dicen
es que te quieren evitar el mal menor, y en vez de hacerlo te exponen a un mal
mayor.
AR:
Como dice, el ciudadano está entre los dos fuegos: el del gato montés y el del
león.
PSU: Ésa es una tesis constante en el libro; lo que
yo sostengo, retomando una discusión vieja y densa de dos teóricos, Thomas Hobbes
y John Locke; el primero, promotor del autoritarismo, absolutista, y el otro del
liberalismo. Precisamente, lo que sostiene Locke es que cuando uno acepta que
el Estado lance la fuerza, las armas a las calles para perseguir a los
delincuentes, en realidad se va a encontrar en una situación de vulnerabilidad
por partida doble: lo van a amenazar los gatos monteses, es decir, los
delincuentes —diríamos nosotros: el crimen organizado, los narcotraficantes,
los sicarios—, pero, además, lo va a asediar también el león estatal.
En esa situación quien pierde es el ciudadano
de a pie, porque si el enfrentamiento es entre el Estado sin límites que usa su
capacidad punitiva para combatir al crimen en las calles, y criminales sin
escrúpulos, los ciudadanos verdaderamente estamos en una situación trágica.
Yo sostengo en el libro que uno tiene que
pensar esto en casos concretos, en lo que sucede en ciudades específicas, en
poblados concretos: en Ciudad Juárez, en la sierra de Guerrero, etcétera, en
los cuales viven mexicanas y mexicanos que un día tienen que guardarse de la
amenaza criminal, y al otro día tienen que guardarse de la amenaza estatal. No
es una hipótesis académica sino una realidad que está documentada, y que
tristemente está creciendo en el país.
AR: Para
decirlo en términos de Hobbes, el ciudadano está amenazado tanto por el lobo
como por el Leviatán.
PSU: Exacto, tal cual.
AR:
Al principio del libro usted habla de un par de minorías: una que pugna por la
transformación y el progreso, innovadora, que iría en el sentido de una
Constitución democrática; otra que va por un pasado imaginario y que propone
salidas autoritarias. En términos políticos, ¿esto lo podemos traducir como
izquierda y derecha?
PSU: Yo creo que lo tenemos que leer en el eje
autoritarismo-democracia, fuerza-libertad, porque se da en la disyuntiva entre
libertad y orden. La historia nos demuestra que cuando se viven situaciones de
crisis, desconcierto y miedo colectivo, hay voces que empiezan a clamar por
regresiones autoritarias, por el fortalecimiento de la potestad estatal, por la
militarización de las calles, que empiezan a aceptar y a tolerar la tortura,
que están dispuestas a renunciar a sus libertades, etcétera. Ésa es la minoría
reaccionaria que se desconcierta frente a la crisis, y se entrega al
pensamiento autoritario.
Ésta es una tesis de María Zambrano, quien también
dijo: “Pero hay otras minorías que, a pesar del desconcierto, del miedo, de que
también viven la crisis, deciden enfrentarla apostando por un futuro de
libertad. Esas minorías suelen quedarse solas, porque la gran mayoría de las
personas suele seguir a las mayorías reaccionarias, porque son las que les
prometen, sin nunca cumplirles, soluciones fáciles e inmediatas para grandes
problemas”.
Yo creo que la historia también nos demuestra
que ha habido proyectos políticos de izquierda y de derecha que, en algunos
momentos, se han inclinado por la reacción autoritaria. Es decir, a mí me
gustaría pensar (pues soy un socialdemócrata) que la izquierda siempre está de
lado de la igualdad y la libertad, y que hay en la izquierda una vocación
humanista más fuerte que en la derecha; lo anterior, porque la izquierda te
exige ver la igualdad donde no es evidente, te pide incluir al que está
excluido, porque te pide ser solidario en vez de ser egoísta. En ese sentido, la
izquierda es un proyecto que va contra los instintos naturales de las personas;
la derecha, en cambio, siempre es más primitiva, más reaccionaria, más de las
pasiones básicas, las emociones, la autoridad, la violencia, la defensa por
propia mano, etcétera.
Sin embargo, me temo que en esta disyuntiva
tristemente también podemos encontrar algunos proyectos de izquierda que
terminan por decantarse por el modelo autoritario.
AR:
Algo que también señala es que los derechos deben tener una base no solamente constitucional
sino también en políticas públicas para poder hacer vigentes los derechos de
los mexicanos. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales políticas públicas
que respalden el ejercicio de esos derechos?
PSU: En primer lugar, para que las reformas
constitucionales de las que hablé se vuelvan realidad, lo primero que
necesitamos es que se creen las leyes secundarias que las hagan posibles;
necesitamos una ley que reglamente el artículo 29 constitucional, otra que nos
diga cómo van a funcionar el derecho de asilo y el derecho de réplica, cómo va
a operar el principio de presunción de inocencia, etcétera. No basta con
cambiar la Constitución
sino que hay que crear leyes.
Pero el siguiente nivel es el más importante:
las políticas públicas que conviertan los derechos en realidad. Pensemos en
grandes temas: la construcción de una ciudadanía democrática en serio. Para
ello, las políticas públicas en materia de educación son fundamentales, y
existe una serie de instituciones orientadas a garantizar ese derecho. Pero si no
tienes unas instituciones que, desde el gobierno e incorporando a los maestros,
al sindicato, etcétera, en verdad se hagan cargo del problema de una educación
de calidad, entonces no vamos a tener una ciudadanía que corresponda a un
modelo democrático.
Pensemos en la seguridad: para convertir en
realidad la reforma constitucional en materia de juicios orales de 2008, hay que
crear físicamente el juzgado, formar al juez y a los abogados y dotar de
instrumentos materiales, no nada más jurídicos, a estas instituciones para que
cambie el sistema y el aparato de justicia. Ésa es una transformación que
requiere políticas públicas, inversión de recursos públicos, decisiones
estratégicas, centros de capacitación, cursos, contrataciones, servicio civil
de carrera, etcétera.
También pensemos en las medidas para garantizar
nuestra seguridad en las calles: debemos tener políticas públicas que permitan
que los jóvenes se incorporen a la sociedad democrática. Por esto se tienen que
generar los espacios físicos para que los jóvenes puedan encontrarse y recrearse,
tener una vida digna dentro de la sociedad a la que pertenecen. Ésas son
políticas de inclusión: no de entretenimiento sino de esparcimiento, de
cultura, de formación artística e incluso de educación sexual, etcétera. Es
decir, lograr que tu juventud se incorpore a tu sociedad democrática y no se
vaya a engrosar las filas del crimen organizado requiere no sólo de una retórica
y de normas constitucionales sino de inversión de recursos, de acciones
concretas, de políticas que se traduzcan en transformaciones materiales; sin
eso, los derechos son de papel y pueden ser utilizados, incluso, como un
expediente retórico para legitimar políticas autoritarias.
AR:
Es muy interesante el capítulo sobre la
CIDH y los antecedentes que tiene de ser una Corte
garantista. En este sentido y tomando en cuenta el caso Radilla, ¿qué futuro
avizora para México en la CIDH ,
a partir de que es muy probable que vaya a haber muchas denuncias contra el
Estado mexicano?
PSU: Yo creo que, tristemente, México ha sido
constantemente condenado por la CIDH
por violación de derechos humanos, y me temo que lo va a empezar a hacer ya no
sólo por actos de exceso sino también por omisiones estatales para brindarle
garantías a las personas.
Veo muy positivo que cada vez haya más grupos y
despachos de abogados que están litigando casos de derechos humanos y que los
están llevando ante ese organismo, porque ayudan a generar un contexto de
exigencia al Estado mexicano, a la
SCJN y a todos. Las decisiones de la CIDH en realidad van
dirigidas a los tres poderes federales, y también a todos los poderes de las
entidades federativas.
Cuando la CIDH sentencia en contra del Estado, en realidad
está corresponsabilizando a todos los actores políticos relevantes, lo cual a
veces es también una paradoja; lo digo entre paréntesis, porque a veces puedes
tener que por un problema en realidad ocasionado por la violación de una
autoridad de un estado de la
República , de todos modos la Corte le llama la atención al gobierno federal, y
no le llamará la atención a una entidad federativa. Allí hay una paradoja.
Considero la CIDH va a ser cada vez más un espacio en el que
se van a seguir litigando casos de derechos humanos en México. El Estado
mexicano debe de ser capaz no sólo de aceptar y reconocer las sentencias, sino
de llevar a cabo las acciones que la
Corte vaya imponiendo, y me temo que esta situación se incrementará
en los próximos años.
AR: A
mí me llama la atención que en el libro están citados también gobernadores y
militares que son jefes de Policía, los que se guían por la lógica de la
excepcionalidad. En este sentido, ¿cuál de las posturas que usted menciona, la
autoritaria y la democrática, ha predominado en los estados de la República ? Algunas veces
el gobierno se ha justificado al decir que los que piden la presencia del Ejército
son los municipios y los estados.
PSU: Pienso que la gran agenda pendiente en este
tema es poner el foco en el papel de las autoridades estatales en la lucha
contra el crimen, porque hay muchos delitos de los más sentidos para las
personas —por ejemplo, el secuestro— que son delitos del ámbito estatal, no del
federal. Corresponde a las autoridades estatales investigarlos y perseguirlos, y muchas veces no hacen su tarea
y queda la impresión de que se trata del gobierno en su conjunto, y que el
gobierno federal es omiso.
También considero que es difícil hacer una
generalización, porque hay estados que tienen sistemas de procuración de
justicia y aparatos judiciales que funcionan muy bien, con estándares
internacionales. Pienso en el caso que es el que todo mundo señala, que es
Yucatán, donde las cosas funcionan y se hacen bien.
Sin embargo, creo que el principal pecado en el
que han incurrido gobernadores de todos los partidos en las entidades más
conflictivas, ha sido de omisión, no tanto de exceso. Los estados también
pueden ser responsables de violar derechos humanos por no hacer su trabajo,
porque el Estado está para garantizar la seguridad; si no lo hace y expone la vida, el patrimonio y la integridad
física de los ciudadanos, el Estado es corresponsable de ese acto violatorio de
los derechos de las personas. En ese sentido, creo que las entidades
federativas —algunas, y unas más que otras— han pecado más de defecto que de
exceso.
De todos modos, en el libro tengo toda la
intención de evidenciar que la lógica autoritaria no es exclusiva de un solo
partido político ni de todo el gobierno, ni tampoco es sólo del Estado, ya que
también está enraizada en la sociedad. Yo menciono, con toda claridad, la
defensa abierta que la señora Isabel Miranda de Wallace ha hecho de las
reformas a la Ley
de Seguridad Nacional, y que también se ha pronunciado, insistente y
públicamente, a favor de la pena de muerte. Lo que quiero subrayar en el libro
es que, en realidad, la lógica autoritaria está dispersa en todo el territorio
y en todos los niveles.
AR:
Aunque no está tratado en el libro, ¿qué papel desempeñan en esta disputa los
medios de comunicación?
PSU: Tampoco podemos generalizar; pero aceptando
que se valga una mirada panorámica, podemos decir que en cualquier sociedad los
medios de comunicación son actores corresponsables de asuntos tan sentidos como
la violencia. También podemos decir que en algunas entidades federativas los
hechos violentos los denuncia la sociedad civil; en el libro cuento la anécdota
de un viaje mío a Tamaulipas, donde uno encuentra que la desesperación también
pasa por el silencio de los medios ante lo que está sucediendo. Hay situaciones
evidentes de violencia de las que se entera gran parte de la población, y la
gente comunica lo que está sucediendo a través de las redes sociales; al día
siguiente los medios de comunicación, sobre todo los periódicos, no dan cuenta
de lo que allí está sucediendo y, simple y sencillamente, cuentan la vida de
una ciudad tranquila, normal. Allí hay una corresponsabilidad de los medios,
porque de manera deliberada o no, están siendo cómplices de la criminalidad al
no denunciarla.
De hecho, algunos noticieros y algunos
programas periodísticos serios de televisión nacional —que los hay—, han tenido
que sacar a la luz pública lo que sucede en algunos estados porque allí no se
decía nada. Recuerdo, por ejemplo, el programa Punto de partida, de Denise Maerker; ella fue la que trajo a la
agenda nacional lo que estaba sucediendo en Tamaulipas, por ejemplo.
Por otro lado, creo que los medios tienen una
responsabilidad social que debe trascender al gobierno. Los medios —estoy
pensando en los electrónicos— deben colocarse del lado de la ciudadanía y
generar contextos de exigencia al Estado, porque explotan un bien público que
es el espectro radioeléctrico, que es de todos. Allí tenemos un problema serio,
porque México no ha logrado tener un circuito periodístico y un circuito
intelectual: ni los medios ni los intelectuales han estado todavía a la altura
de la gravedad de lo que nos está sucediendo en el país.
AR:
Quiero terminar con un tema planteado casi al final del libro: que hay un actor
fundamental que es el ciudadano. Me llamó mucho la atención la cita que hace de
Dietrich Bonhoeffer: “El poderío de unos requiere de la estupidez de los
otros”.
PSU: Sí, es durísima…
AR:
Sí, sobre la gente que apoya a las tendencias reaccionarias, autoritarias, y
que recuerda, por supuesto, a los idiotas entre los griegos. ¿Cómo observa
usted a los ciudadanos mexicanos respecto al reto de la seguridad y la
justicia? Hay datos de que a la mayoría no les importa la política, que hay
bajo asociacionismo y escasa confianza interpersonal, por ejemplo. Al tomar esto
en cuenta, ¿los ciudadanos mexicanos estamos en capacidad de asumir nuestra responsabilidad
histórica en el sentido que menciona María Zambrano?
PSU: Yo creo que ésa es la gran pregunta. Yo quise
terminar el libro provocando una reflexión en ese sentido.
Me temo que nos están ganando el miedo y la
indolencia, que son dos cosas distintas. Si uno lee encuestas en las que se les
pregunta a los ciudadanos, por ejemplo, acerca de su tolerancia a la tortura o su
inclinación por la pena de muerte, encuentras que hay una corriente amplia de
personas que apoyan ese tipo de medidas, y que son claramente la base social
del autoritarismo (no estoy diciendo que cada una de esas personas sea en sí
misma autoritaria, pero abona en el terreno en el cual los totalitarismos echan
raíces).
Esa idea de la estupidez también está
relacionada con ellos en otra dimensión, porque hay una parte de los ciudadanos
que pierden conciencia de la relevancia de la libertad, que no se dan cuenta
del valor que tiene la libertad porque no la ejercen todos los días, porque no
la defienden. Ese contingente social es muy peligroso, porque empieza a militar
de manera ya no pasiva, ya no tolerante, sino abierta y activa a favor de las
medidas autoritarias.
A mí me llama la atención el éxito que tuvo en
la elección de 2009, por ejemplo, la propuesta política del Partido Verde
Ecologista de México: a partir de aprovechar el miedo social, hace propuestas
como la de la pena de muerte, la que, además, era retórica porque no podía llevarse
a la práctica. Pero logró elevar su votación; allí tienes un indicador de que
la sociedad no se está comprometiendo con el modelo democrático.
Creo que allí nos toca a quienes generamos
opinión pública una responsabilidad, con la que deberíamos de alinearnos
intelectuales, periodistas, opinadores, medios de comunicación, profesores
universitarios. Ésa es la batalla que tenemos que ganar.
La propuesta es que debemos discutir con
seriedad la disyuntiva que enfrentamos y que debemos aportar argumentos quienes
estamos a favor de la democracia para ganar el debate. Una vez que lo ganemos
debemos exigir leyes y políticas públicas acordes y compatibles con la
democracia; si apostamos con constancia, inteligencia y tenacidad en esa
dirección, creo que al cabo de algunos años vamos a lograr, incluso, contar con
el apoyo mayoritario para las instituciones democráticas.
Pero no hay que perder de vista que los
derechos son muchas veces contra las mayorías: la defensa de los derechos va contra
las pasiones mayoritarias; la defensa de la igualdad va contra la
discriminación, que está muy arraigada en la sociedad.
En ese sentido, no vamos a contar,
necesariamente, con la mayoría de los ciudadanos; vamos a tener que hacer un
trabajo de reflexión, de exigencia y de implementación de políticas desde
posturas minoritarias.
*Una
versión más breve de esta entrevista fue publicada en Este País, núm. 256, agosto de 2012.
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