La seguridad más allá de lo policiaco. Entrevista con María Cristina Rosas

La seguridad más allá de lo policiaco

Entrevista con María Cristina Rosas

Por Ariel Ruiz Mondragón

Muchas veces, y no sin buenas razones, las discusiones sobre la seguridad suelen ceñirse a sus vertientes pública y nacional, en las que aún predomina una concepción estato-céntrica que ha privilegiado las soluciones policiacas y militares a los problemas en la materia.

Sin embargo, desde mediados de los años noventa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha impulsado en el concepto de seguridad humana, que pone el acento en los problemas de la gente y pone énfasis en la agenda de desarrollo para lograr mejores condiciones de seguridad.

Sobre este tema recientemente fue publicado el libro La seguridad por otros medios. Evolución de la agenda de seguridad en el siglo XXI: lecciones para México (México, Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, UNAM, Editorial E, 2011), coordinado por María Cristina Rosas, en el que varios autores revisan la seguridad humana y varias de sus vertientes, generalmente descuidadas en otros trabajos al respecto.

Sobre ese volumen conversamos con la coordinadora, quien es doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos por la UNAM, de cuya Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es profesora-investigadora. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido el premio en Investigación Económica “Maestro Jesús Silva Herzog”, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, además de obtener la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1999.

Ariel Ruiz: Usted ha escrito varios libros sobre el tema de la seguridad, ¿cuál es la razón y la particularidad de éste?

María Cristina Rosas: Este libro se diferencia de obras precedentes en diversos aspectos. De entrada, cabe destacar que se publica una década después de los ataques terroristas contra Estados Unidos, mismos que catapultaron al terrorismo al rango de “máxima amenaza” a la seguridad internacional. Este hecho desplazó a la agenda de desarrollo que logró acaparar la atención de la comunidad internacional a lo largo de la última década del siglo XX. En el libro que nos ocupa, se insiste en la importancia del binomio seguridad-desarrollo dado que, como queda de manifiesto en el caso mexicano, no es posible aspirar a la seguridad mientras no se atienda la agenda de desarrollo y viceversa.

Otro aspecto que me permito destacar de este libro es que, como su nombre lo sugiere, plantea que la seguridad no se puede lograr con una visión estrecha —militarista— ni centrada en un solo tema —el terrorismo en el caso de Estados Unidos, o el crimen organizado en el caso de México. La seguridad puede verse mermada por situaciones que no necesariamente tienen que ver con el terrorismo y/o el crimen organizado; por ejemplo, los fenómenos naturales que devienen en desastres ante la pésima gestión de las autoridades; las epidemias y pandemias; la escasez y/o falta de acceso a los alimentos; el desabasto energético; la actual crisis económica, etcétera. Un ejemplo que siempre me gusta citar, dado que ilustra, en mi opinión, la importancia de asumir a la seguridad con una visión amplia, es la epidemia del sida en Sudáfrica. Según diversas estadísticas, se dice que una de cada tres personas es cero-positiva en ese país. Desde la óptica de la seguridad, todo aquello que pone en riesgo la supervivencia de la nación es una amenaza. Por lo tanto, dado que una tercera parte de la población sudafricana está en peligro de morir por el sida, esta enfermedad constituye una amenaza a la seguridad nacional de Sudáfrica.

Otro ejemplo: para los países caribeños, entre otros, el cambio climático, el calentamiento global y el aumento del nivel del mar constituye una amenaza para su supervivencia, debido a que sus territorios podrían quedar sumergidos en las décadas por venir. Este hecho ya es una realidad en Asia y el Pacífico Sur. Si recordamos que un Estado se compone, en esencia, por un territorio, una población y un gobierno, la posibilidad de que cualquiera de estos elementos desaparezca constituye una amenaza a la seguridad de dicho Estado.

Otro aspecto es que este libro se propone ampliar la bibliografía especializada sobre el tema de la seguridad en México, donde hay muy poca literatura alusiva. Si nos comparamos con los países de Centroamérica o del Cono Sur, donde hay una abundante y prolífica producción de libros y revistas sobre temas de seguridad, nuestro país presenta un rezago considerable.

Finalmente, a diferencia de libros precedentes a mi cargo, este presenta a la comunidad especializada y el público interesado en esta problemática a una nueva generación de especialistas en seguridad, que con frescura, rigurosidad científica y con el compromiso de contribuir a proponer soluciones a los desafíos que encara México en torno a la seguridad, presentan análisis, a mi manera de ver innovadores, que en muy pocas publicaciones del mundo se pueden encontrar en un mismo libro. Yo me ocupé de los capítulos que abren y cierran la obra: la seguridad humana y la seguridad marítima, mientras que estos jóvenes investigadores analizan la problemática de la seguridad ambiental, alimentaria, privada, aeroespacial y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, entre otros. El libro es la primera publicación del Centro Olof Palme, organización que presido, que no tiene fines partidistas ni lucrativos, y que se propone contribuir a la reflexión sobre la problemática de la seguridad en México y en el mundo.

La situación de la seguridad en el mundo ha cambiado mucho tras los atentados terroristas, especialmente los de septiembre de 2001 en Estados Unidos. ¿Cómo cambió ese fenómeno la seguridad en México?

Debido a que México es un vecino geográfico de Estados Unidos, ha debido adecuarse a los requerimientos fronterizos y migratorios delineados por la Unión Americana en el nombre de la seguridad. Quiero señalar que México es muy afortunado porque, a comparación de Canadá, nunca fue acusado —como sí le pasó a Ottawa— de que por su territorio transitaron e ingresaron a suelo estadounidense los terroristas que secuestraron los aviones con los que se perpetraron los ataques. Canadá ha tenido que vivir con esa especie de leyenda urbana —porque en víspera del 11 de septiembre los terroristas ingresaron directamente a Estados Unidos, no vía Canadá—, al punto de que diversos líderes políticos y de opinión estadounidenses consideran que la frontera Canadá-Estados Unidos es mucho más porosa y vulnerable desde el punto de vista de posibles acciones terroristas, que la frontera México-Estados Unidos. Esa es la buena noticia para México.

La mala noticia es que el crimen organizado y el narcotráfico suplen con creces, en nuestra relación con el vecino del norte la relación México-Estados Unidos, a la amenaza terrorista. De hecho la Unión Americana así lo reconoce, aunque es evidente que en la década pasada nunca le prodigó el apoyo político ni económico a su combate, y menos de manera paralela a los niveles observados en la lucha contra el terrorismo en lugares como Afganistán y Pakistán. No hay parangón. Claro que ahora con la captura y muerte de Ben Laden y el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán —que se concretará a más tardar en 2014— aparece en el horizonte la posibilidad de que sean el combate del crimen organizado y del tráfico de estupefacientes las principales amenazas a la seguridad internacional y reciban mayor atención de parte de Washington.

El riesgo, por supuesto, es el de un mayor intervencionismo atentatorio contra la soberanía mexicana y la de otras naciones donde la criminalidad organizada está haciendo estragos a su seguridad.

Uno de los principales planteamientos del libro es darle un lugar preponderante al concepto de seguridad humana. ¿Qué significa éste y en qué se distingue de las anteriores ideas al respecto?

La seguridad humana es la expresión más clara del concepto amplio de seguridad. Se centra en las personas, de manera que cualquier aspecto que les provoque malestar, tiene el potencial de erigirse en una amenaza a la seguridad del país y del mundo. La diferencia con el concepto de seguridad que prevaleció en la Guerra Fría, es que éste se centraba en el Estado y en muchos casos, en salvaguardar al régimen político. Era un concepto estato-céntrico y militarista. Se partía de la premisa de que quien tenía más armas vivía más seguro. De ahí la obsesión, por ejemplo, por la posesión de armas nucleares.

Y a propósito de la caracterización de la seguridad en la Guerra Fría como algo que era de la incumbencia sobre todo del Estado y de la clase gobernante, hay que decir que tuvo consecuencias muy lamentables: en diversos países latinoamericanos —y también en otras latitudes— en el nombre de la seguridad se cometieron atropellos indescriptibles contra las sociedades. Hoy se reconoce que el tema de los derechos humanos es parte integral de la seguridad. Asimismo, cada vez se reivindica más la relación simbiótica entre seguridad y desarrollo.

Ahora bien: me gustaría añadir que el concepto de seguridad humana, pese a lo dicho, aún se encuentra en construcción y que hay dos grandes acepciones o escuelas sobre el particular: la minimalista y la maximalista. La minimalista, esbozada sobre todo por Canadá y Noruega, busca restringir la acepción de seguridad humana a aquellas situaciones que involucran a víctimas de conflictos armados y de violaciones a los derechos humanos. En contraste, la acepción maximalista, defendida por Japón y en buena medida por Naciones Unidas, plantea que la seguridad humana debe incluir, en la lista de amenazas y flagelos, aspectos como los ambientales, alimentarios, energéticos, sanitarios, económicos, etcétera.

¿Cuál es el concepto más adecuado? Depende de lo que se pretende lograr. Por ejemplo, si se busca traducir la seguridad humana en políticas públicas, evidentemente debe ser un concepto más “aterrizado”, pragmático, y de ahí la tendencia a centrarlo en aspectos como víctimas de conflictos violentos y de violaciones a los derechos humanos. Justamente esta versión “minimalista” de la seguridad humana es la responsable de incentivar lo que ha dado en llamarse la responsabilidad de proteger, esto es, la percepción de que si un Estado no quiere o no puede garantizar la seguridad y el bienestar de su sociedad entonces corresponde a la comunidad internacional intervenir para cumplir con ese objetivo. Esto es muy polémico, porque involucra consideraciones soberanas.

Pienso que, en contraste, el concepto “maximalista” de la seguridad humana, fascina a las comunidades académicas y tiene eco en algunos círculos políticos, porque se le asume de manera más “amplia” aunque también “abstracta”. Dada su amplitud, parece difícil ponerlo en marcha, pero se le reconoce como la culminación de ese debate sobre la relación entre seguridad y desarrollo. Todos están de acuerdo —o la mayoría al menos— en que un concepto de seguridad militarista y centrado en la lucha contra el terrorismo y/o el crimen organizado, es insuficiente para garantizar la seguridad de las sociedades; luego entonces, hay que ampliarlo. Pero, ¿hasta dónde se puede ampliar el concepto de seguridad humana, sin que todo se convierta en un problema de seguridad? Ése es un grave riesgo: si todo se convierte en un problema de seguridad, entonces el Estado debe emplear todos los recursos que estén a su alcance para hacerle frente y podría mal utilizar sus instituciones, sus recursos materiales y humanos e, inclusive, violentar el Estado de Derecho. Por ejemplo, durante su mandato Vicente Fox decía que las aguas y los bosques son un problema de seguridad nacional. Si bien se agradece que eleve a ese nivel de prioridad la problemática de las aguas y los bosques, lo cierto es que para revertir el desafío que plantean la escasez de agua y la sobreexplotación forestal, no parece necesario que el Estado agote sus recursos destinados a salvaguardar la seguridad nacional en esos problemas. Más bien parecería que hay instancias que podrían muy bien hacerse cargo de esa problemática, como por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente, las comisiones de aguas, etcétera, sin tener que involucrar a los órganos e instituciones abocados a la seguridad nacional.

Entonces, yo diría que es fundamental contar con una agenda de vulnerabilidades, riesgos y amenazas, dado que cada uno de esos conceptos, llevado a la práctica, posibilita diversas medidas y acciones encaminadas a garantizar la seguridad. Si no se atienden adecuadamente las vulnerabilidades y los riesgos, pueden surgir amenazas graves a la seguridad de las naciones.

En nuestro país predominan los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional. ¿Cómo se vincularía con éstos el del seguridad humana?

La seguridad pública es un concepto que se refiere al mantenimiento de la ley y el orden; La seguridad nacional, en cambio, tiene que ver con la supervivencia de la nación. En la medida en que el mantenimiento de la ley y el orden se deterioran, se puede llegar a un punto en el que un problema de seguridad pública se convierta en un problema de seguridad nacional. El ejemplo más socorrido es el narcotráfico, que de ser un flagelo para la seguridad pública ahora constituye una amenaza para la seguridad nacional. Esto también tiene importantes connotaciones respecto a las responsabilidades para atender el problema. Las tareas de seguridad pública normalmente recaen en la policía, y las de seguridad nacional en las fuerzas armadas. En la medida en que en México y otros países la policía ha sido insuficiente para encarar el problema, se ha echado mano de las fuerzas armadas, con el gran riesgo de que nuestros marinos y soldados se desprofesionalicen al realizar por largo tiempo tareas distintas a aquellas que justifican su existencia. Lo que siempre me pregunto en el contexto actual de México es quién cuida la seguridad nacional, dado que los soldados y cada vez más marinos están participando en tareas de seguridad pública.

Pero su pregunta además me parece crucial porque hay que valorar si la seguridad humana ayudaría a resolver esta compleja problemática, y me parece que sí sería posible. El concepto de seguridad humana, en su versión “minimalista”, busca liberar a las personas del temor, en tanto que en su versión “maximalista” se propone liberar a las personas de las necesidades. En México enfrentamos ambos problemas: tenemos temor, y tenemos muchas carencias materiales y baja de calidad de vida en general, y todo ello nos hace vivir en un país inseguro. Por eso creo que la seguridad humana encajaría a la perfección en la agenda nacional, dado que tenemos que liberar a la sociedad mexicana del temor y de las necesidades.

Pareciera que en materia de seguridad las preocupaciones principales actualmente son las de la amenaza terrorista, los conflictos armados y el crimen organizado. Pero ¿cuáles son otros problemas que requieren inmediata atención en el mundo y en México?, ¿son tan graves como los primeros?

Tanto el terrorismo como los conflictos armados y el crimen organizado me parece que son manifestaciones de múltiples problemas y que para hacerles frente hay que ir a las raíces de los mismos. En este sentido, y el mismísimo Banco Mundial así lo avala, hay una relación estrecha entre violencia y pobreza. Ello no significa que la violencia esté ausente en los países más ricos y prósperos. A todo mundo, por ejemplo, le causó sorpresa lo sucedido en Noruega hace unas cuantas semanas, sobre todo porque según los indicadores sobre calidad de vida a escala planetaria, Noruega es el mejor país para vivir y, por lo tanto, debería, al menos en teoría, ser un país sin violencia.

Las causas de la violencia son múltiples. Sin embargo, me permito hacer notar que la violencia es recurrente en los países en desarrollo —a diferencia de los países más prósperos—, y que una forma de hacerle frente debería incluir una distribución más equitativa de la riqueza y revertir el analfabetismo, la malnutrición y desnutrición. Hay que garantizar vacunas y servicios médicos a la población, así como también proveerla de condiciones que le den acceso a empleo y a condiciones salariales dignas.

Dicho esto, en mi opinión y respondiendo a la segunda parte de su pregunta, los otros problemas que merecen atención inmediata incluyen los sanitarios —epidemias y pandemias—, los alimentarios, los ambientales y los energéticos, en particular en el caso mexicano. Ya la influenza AH1N1 nos mostró la relevancia de la seguridad sanitaria en un país, como el nuestro, que dejó de producir vacunas hace dos décadas. En materia alimentaria, es muy peligroso que México no sea capaz de producir los alimentos que requiere su población. En el terreno ambiental, para un país tan expuesto a fenómenos naturales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, etcétera, es fundamental contar con las políticas de prevención y manejo de riesgos pertinentes. Y en el ámbito energético, pienso que México está obligado a explorar fuentes alternativas de energía más allá del petróleo, dado que el horizonte para el corto y mediano plazos se ve muy complejo en ese ámbito.

Los desafíos que plantea la seguridad humana tienen tamaños que rebasan los límites nacionales. ¿Cuáles son los problemas que ello plantea a las naciones, por ejemplo en temas como la soberanía?

En aspectos como las víctimas de conflictos armados y las violaciones a los derechos humanos, es necesario reconocer que la normatividad internacional ha evolucionado al punto de generar una justicia penal global. El hecho de que conocidos genocidas deban enfrentar en la actualidad juicios a cargo de la Corte Penal Internacional y de otras cortes ad hoc me parece un avance, tal vez pequeño, en la protección de los derechos humanos más fundamentales. También es verdad que entre los consignados y acusados ni son todos los que están ni están todos los que son, pero por algo se empieza.

Es cierto que en el tema de la responsabilidad de proteger se invoca a la seguridad humana de manera selectiva y parcial, sobre todo en función de intereses estratégicos más que por consideraciones humanitarias. Tenemos que entender, sin embargo, que cualquier intervención demanda cierta responsabilidad de quien interviene, y que ello automáticamente marca un freno para la acción internacional, como también eso explica la inacción. Así que la vulneración de la soberanía acontece en función del tipo de intereses estratégicos en juego.

A mí me parece, sin embargo, que la soberanía también es ultrajada por el crimen organizado, el narcotráfico, las pandemias, etcétera. Hay que reconocer que en el mundo de la globalización, cada vez es más necesaria la cooperación internacional a fin de hacer frente a las amenazas. Desafíos como los ambientales, los sanitarios, el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y el de estupefacientes, entre otros, demandan una acción concertada, porque es insuficiente lo que un solo país puede hacer. Idealmente debería proceder una concertación, esfuerzos por consenso, no intervenciones sin permiso; cuando éstas ocurran, hay que denunciarlas en todos los foros existentes. Por ello considero que tenemos que preguntarnos si sólo invocando la defensa de la soberanía vamos genuinamente a resolver los problemas de seguridad que nos aquejan.

En mi opinión, en muchos casos para salvaguardar la soberanía sí requerimos de la ayuda y la cooperación de otras naciones, porque además me parece ilógico que Estados Unidos esté conforme con la manera en que las organizaciones del crimen organizado y otras más, operan en México, generando una enorme inseguridad que de hecho ya se ha extendido a su propio territorio. México, al igual que Canadá, constituyen la primera línea de defensa y seguridad de Estados Unidos; lo voy a decir de otra manera: la seguridad estadounidense pasa por la mexicana y la canadiense. Es decir que es del interés de Estados Unidos que México sea un país próspero y seguro, porque de esa manera puede dirigir su atención a otras regiones prioritarias para sus intereses, por ejemplo, Medio Oriente.

¿En qué medida la seguridad humana ha permitido identificar problemas y elaborar políticas públicas? En México sólo está mencionado el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en 2008.

Yo creo que en el mundo, la acepción “minimalista” sobre la seguridad humana es la que más aplicaciones concretas ha tenido en el mundo real, a propósito de las políticas públicas. Al amparo de la seguridad humana, por ejemplo, fue suscrita la Convención de Ottawa contra las minas terrestres anti-personal y también la Convención sobre las municiones de racimo. Asimismo, la idea de que la comunidad internacional actúe ante violaciones graves a los derechos humanos y para asistir a víctimas de conflictos armados, ha ayudado a la evolución del derecho penal internacional.

Ahora bien, en México efectivamente sólo la CDHDF cuenta con un estudio sobre la seguridad humana en la capital del país, abocado a “aterrizar” dicha agenda en problemas tan concretos como el manejo de la basura, el abasto de agua y los asentamientos humanos, entre otros. Este informe —que lamentablemente no ha recibido la difusión que su importancia sugiere— es un trabajo que debería reproducirse en otras partes del país, donde hay problemas similares pero también distintos a los de la capital del país, en términos de su afectación a la seguridad de las personas.

Quiero añadir que pese a que este informe tiene un perfil muy cargado a cuestiones de derechos humanos, es una iniciativa loable que se aboca a aspectos muy cotidianos y concretos de los habitantes de la ciudad de México, por lo que rompe con esa idea de que la seguridad humana es sobre todo un concepto que interesa a los académicos.

En el libro propongo la elaboración de índices de seguridad humana para México. Se trata de una tarea compleja y que involucra mucho trabajo. Baste mencionar que aun cuando el debate sobre la seguridad humana se viene acentuando desde 1994 con la publicación del informe del PNUD dedicado justamente a ese tema, no fue sino 11 años después que, a instancias de Canadá, fueron publicados los primeros índices de seguridad humana, mismos que han sido fuertemente impugnados en razón de sus fuentes. Éste no es un tema menor: los índices de 2005 documentaban, desde la acepción “minimalista”, violaciones graves a los derechos humanos y víctimas de conflictos violentos, pero había discrepancias en torno a la metodología y, como mencioné, en las fuentes empleadas. Aunque criticables por su aparente parcialidad, estos primeros índices de seguridad humana, en mi opinión, contribuyeron a llamar la atención en torno a crisis muy graves que se generan en diversas partes del mundo, por ejemplo Sudán, Afganistán, Colombia, Sierra Leona, Costa de Marfil, Irak, etcétera. Sin embargo, como es sabido, hay muchas partes del mundo donde no hay conflictos armados en marcha, y donde, sin embargo, no se pude hablar de que haya un escenario de paz. La paz no es sólo la ausencia de guerra ni de violencia física.

Desde entonces, y tomando en cuenta las críticas a los índices de seguridad humana de 2005, el Banco Mundial optó por ampliar el concepto “minimalista”, estableciendo la conexión entre pobreza y conflictos, sugiriendo que para llegar a un escenario de seguridad humana hay que combatir decididamente la pobreza.

Sin embargo, el tema de los índices no se debe abandonar, dado que su utilidad estriba en facilitar el diagnóstico. Si somos capaces de hacer el diagnóstico de aquello que daña la seguridad de las personas, estaremos ya muy cerca de encontrar las soluciones pertinentes. Y el diagnóstico, seguramente, será distinto para cada país y región. Regreso a lo que le comentaba en una pregunta previa: para Sudáfrica, los índices de seguridad humana seguramente estarían muy cargados al terreno de la salud, debido a la epidemia del sida; para la República Dominicana, en cambio, los fenómenos naturales, en particular los huracanes, tendrían que ser resaltados en la elaboración de sus índices de seguridad humana.

¿Nuestro país requiere de cambios institucionales y de reformas legales para adoptar la seguridad humana o ya existe el andamiaje necesario para ello?

Pienso que se requiere voluntad política para llamar a las cosas por su nombre. Me refiero al hecho de que en América Latina, sólo dos países, Chile y Costa Rica, han adoptado a la seguridad humana como política de Estado. Claro que, a comparación de México, son países pequeños y con una población comparativamente menor.

Aun así, encuentro en los planes nacionales de desarrollo de México un lenguaje prácticamente idéntico al que emplean quienes se abocan a la seguridad humana en otros países. En particular, veo el reconocimiento a la importancia de la relación entre seguridad y desarrollo. Lo que falla, ciertamente, es la falta de compromiso de parte de las autoridades mexicanas. Pareciera como si se temiera pronunciarse en torno a la seguridad humana, en términos de una política de Estado, posiblemente por una mala percepción del concepto, o quizá inclusive el temor a que se pudiera invocar la responsabilidad de proteger por parte de terceros países ante la situación de violencia e inseguridad que prevalece en diversas regiones del territorio nacional.

Sin embargo, México, en su condición de país en desarrollo, puede hacer de la seguridad de las personas una política de Estado, lo que, por otra parte implicaría el compromiso de efectuar una mejor asignación de los recursos a las partidas presupuestales destinadas a la seguridad y el desarrollo. El año pasado, por ejemplo, nuestro Congreso decidió aumentar partidas presupuestales para la seguridad de los estados del norte del país, y redujo las partidas presupuestales para el desarrollo de las entidades del sur. Pienso que una política de seguridad humana podría coadyuvar a una mejor asignación de los recursos de manera que se financie a la seguridad pero no se comprometa el desarrollo, y ello no requeriría cambios en nuestra legislación.

Por otra parte, creo que en los debates que se han venido desarrollando en torno a la Ley de Seguridad Nacional hay un reconocimiento a la importancia de una agenda amplia de seguridad, sin que se haya llegado al punto de investir a la seguridad humana del nivel de prioridad que debería tener. Con todo, recuerdo que cuando tuvimos la etapa más dura de la epidemia de la influenza AH1N1 en abril-junio de 2009, en ese marco los legisladores hablaron de incluir a las enfermedades y a los fenómenos naturales en la lista de amenazas a la seguridad nacional.

En términos presupuestales parece haber una disputa por los recursos entre los gastos policiacos y militares, y los dedicados propiamente al desarrollo. ¿Cómo se pueden conciliar ambos rubros?

El gasto en seguridad ha crecido considerablemente a lo largo del gobierno del presidente Felipe Calderón. Sin embargo, México tiene un rezago en la materia, amén de que, en el caso de las fuerzas armadas, la mayor parte de los recursos asignados se destinan a salarios y pensiones. El gasto en inteligencia civil también ha crecido, y no sólo para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sino también para la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Es evidente que los delitos y amenazas del siglo XXI no pueden ser combatidos ni con métodos ni operativos del siglo XIX o XX, y la labor de los servicios de inteligencia es fundamental para apoyar las tareas de seguridad pública y seguridad nacional. A lo que me refiero es que debe haber un crecimiento y correcta administración y distribución del gasto en seguridad, con la debida corresponsabilidad de parte de los actores involucrados a todos los niveles de gobierno. Pero también debe haber una correcta y adecuada asignación de recursos a la agenda de desarrollo, que incluya educación, salud, capacitación laboral, alimentación, entre otras, dado que la falta de acceso a oportunidades educativas, la crisis económica internacional, las enfermedades, etcétera, son factores que condicionan la inseguridad.

*Entrevista publicada en Este País, núm. 245, septiembre de 2011.