La
impunidad no se combate con abuso de poder
Entrevista
con Luis de la Barreda Solórzano*
Ariel
Ruiz Mondragón
La
dilatada historia de la impunidad en México se ha presentado de
diversas formas; una de las más socorridas es la del afán por
alcanzar la justicia en casos en los que los abusos de poder han
lesionado a ciudadanos mexicanos en el ejercicio de sus derechos. Esa
idea ha terminado, en ocasiones, por generar otras violaciones de
garantías que acaban por empeorar la situación y multiplicar la
impunidad.
En
nuestro proceso político reciente, con la alternancia en la
titularidad del Poder Ejecutivo en el año 2000, se abrieron enormes
expectativas por, ahora sí, procurar justicia en casos como el dos
de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y la llamada “guerra
sucia” contra la guerrilla en la década de los setenta del siglo
pasado. Tras una intensa discusión sobre la forma jurídica que
debería tomar el organismo al que se le encargaría tan grave tarea,
el presidente Vicente Fox optó por crear la Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que fue
encabezada por Ignacio Carrillo Prieto.
Empero,
las labores de la fiscalía resultaron francamente decepcionantes:
apenas pudo entregar un informe final poco novedoso que en casi nada
contribuyó a la eficacia de la justicia, y terminó por verse
envuelta en escándalos por los abusos de poder y el derroche de los
recursos que tuvo para desempeñar su tarea.
Para
intentar salvar la cara ante la ineficiencia de su trabajo, el fiscal
Carrillo Prieto intentó consignar a algunos funcionarios públicos
que en las décadas de los sesenta y setenta laboraron en el área de
seguridad. Sin embargo, tuvo poco acierto.
El
capitán Luis de la Barreda Moreno, quien fue el titular de la Dirección Federal de
Seguridad, fue uno de los principales acusados por la Femospp; sin
embargo, ninguna de las acusaciones pudo ser suficientemente
sustentada por Carrillo Prieto y su equipo. Fue, tal vez, el mayor
fracaso de la fiscalía.
Sin
embargo, para intentar sostener sus acusaciones la Femospp recurrió
a la invención de pruebas y a la persecución, con lo cual no hizo
más que agravar la impunidad de los responsables de aquellos hechos.
El
relato de la persecución de la que fue objeto el capitán De la
Barreda Moreno se encuentra en el libro de su hijo, Luis de la
Barreda Solórzano, El
pequeño inquisidor. Crónica de una infamia
(México, Océano, 2008), en el que se muestra una de las formas que
adquiere en nuestro país el abuso de poder, que en este caso se
cometió buscando “justicia”.
Fue
con motivo de la aparición de este libro que en 2008 sostuvimos una
conversación con el autor, quien es doctor en Derecho por la UNAM.
Autor de más de 15 libros, fue presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal y director del Instituto
Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad; ha sido profesor en
instituciones como la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana,
e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Ciencias
Penales.
Ariel
Ruiz (AR): ¿Por qué escribir y publicar un libro como El
pequeño inquisidor?
Luis
de la Barreda (LB): Es un libro de historia
reciente, que trata sobre un ejemplo de perversión en la procuración
de justicia, de los cuales hemos tenido varios. No hay mayor abuso de
poder y no hay poder más desnudo, más incontestable, que el de un
fiscal o de algún procurador, como ha ocurrido en una serie de
perversidades en la procuración de justicia, entre las cuales están
las que hizo Pablo Chapa Bezanilla cuando aquella famosa osamenta de
La Paca, lo que hizo
Samuel del Villar en el caso del homicidio de Paco Stanley, y otros
varios, como el del libro. Éste, además, me interesa
particularmente porque el principal acusado, el “chivo expiatorio”
principal del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, fue mi padre,
contra quien se lanzaron 10 acusaciones, todas echadas abajo
judicialmente; pero mientras, se le mantuvo como inculpado durante
tres años.
Mi
padre nunca tocó la prisión ni por un segundo, pero el hecho de
mantenerse inculpado tres años supone un estado de zozobra que ya
por sí mismo es un castigo.
Entonces,
no solamente se castiga a alguien cuando se le impone una pena por un
delito cometido, sino que cuando se le persigue también se le está
castigando de alguna manera; cuando se le persigue sin pruebas o con
hechos inventados, estamos ante una de las mayores perversidades en
el ejercicio del poder.
Si
esto, además, se hace por justificar un cargo, por darle gusto a
cierto sector que nunca está interesado en el esclarecimiento de los
hechos sino que quiere que se ponga a funcionar la guillotina,
estamos ante un acto verdaderamente vil.
AR:
Su libro es la historia de la lucha contra una persecución. En una
parte del libro relata una comida que tuvo con Carrillo Prieto, a
quien usted había conocido con anterioridad, cuando éste le dijo
que no había elementos para perseguir a su padre. ¿Qué hipótesis
tiene usted de por qué el fiscal decidió perseguir a su padre? No
podría decirse que era su enemigo por la actuación que tuvo usted
en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
LB:
No, pero en su Comité de Apoyo había gente que me tenía una enorme
antipatía por mi actuación en mi segundo periodo como presidente de
la Comisión, por una parte; por otra, al perseguir a mi padre, como
lo relata Ángeles Magdaleno,
cumplía con la cuota de militares que había que consignar.
Como
al fiscal nunca le interesó esclarecer los hechos sino ofrecer
resultados que fueran políticamente correctos y jugosos, pues dijo:
“Aquí tenemos a un militar” (aunque mi padre era un militar
retirado hacía muchos años).
Y,
en tercer lugar, por lo que narra la misma Ángeles Magdaleno,
Carrillo Prieto tiene una antipatía enfermiza hacia mí. Nadie está
obligado a que alguien la caiga bien, pero aquí había una cosa
enfermiza. Él me mandó una carta cuando terminé mi periodo como
presidente de la comisión, donde hablaba de mi valentía, de mi
autonomía, de mi profesionalismo, virtudes dignas de emularse; y en
privado, con sus colaboradores, y después en desplegados públicos,
cuando inculpó a mi padre, me injurió. Eso sicológicamente es
interesante.
AR:
Usted señaló que padeció el hostigamiento de buena parte de la
izquierda cuando denunció sus abusos en el Gobierno del Distrito
Federal. En este sentido, ¿qué pasó con la actuación de la
derecha en este caso de abuso de poder? Usted señala a José Luis
Soberanes, a Santiago Creel y a Vicente Fox.
LB:
En algún capítulo digo que el doctor José Luis Soberanes se prestó
a la simulación: él llegó a la Presidencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos después de un golpe ilegítimo
contra Mireille Rocatti, y después emitió una recomendación sin
nombrar a un presunto responsable. Santiago Creel, quien fue uno de
los artífices de la destitución de Rocatti, le dio un golpe
terrible a la institución del ombudsman
porque golpeó el principio de inamovilidad, que es básico para su
función; con este precedente, cualquier ombudsman
incómodo podría ser depuesto con una simple reforma legislativa y
en virtud de un artículo transitorio.
Y
Vicente Fox quiso anotarse un triunfo propagandístico, y entonces
anunció la creación de una fiscalía para perseguir crímenes del
pasado. Aquí estamos incluso ante una cuestión terminológica muy
cuestionable: en primer lugar, no hay crímenes del futuro, todos los
delitos son del pasado; ni siquiera el delito que se esté cometiendo
en el presente puede perseguirse porque antes hay que conocer de él,
por ejemplo.
Entonces,
todos los delitos que se persiguen son del pasado, nunca del futuro.
Cuando se instaura la fiscalía para perseguir crímenes del pasado,
quiere decir “del pasado autoritario”, de “las tinieblas en las
que nos sumió el PRI”. “Yo voy a demostrar”, parecía ser la
proclama de Fox al crear la fiscalía, “que yo soy distinto de
aquéllos”.
Muy
bien; pero designó a una persona sin las cualidades indispensables
para un cargo así, y se lo dio a plena libertad: podía hacer lo que
quisiera, podía cometer cualquier arbitrariedad, y como estaba
realizando una labor de historia, para el bronce, para despejar las
tinieblas y que se hiciera la luz, se valía que hiciera todo.
Esto
es lo que se hizo con los inquisidores: como había que combatir las
sombras de la herejía, de la brujería, del judaísmo, el inquisidor
podía hacer todo.
Entonces,
el presidente Fox le dio poderes a un fiscal sin calidad jurídica ni
moral, y entonces el fiscal siente que puede hacer todo, y hace todo.
AR:
Me interesa saber su opinión política y jurídica de la gente que,
a pesar de las evidencias del proceder del fiscal o aunque vieron que
no había pruebas en contra de su padre, forjaron teorías y
respaldaron a Carrillo Prieto. Usted menciona los casos de Gustavo
Hirales, de Miguel Ángel Granados Chapa y de Joel Ortega Juárez.
LB:
Hay una enorme deshonestidad intelectual, una enorme falta de
escrúpulos. No solamente actuaron así en este caso muchos de ellos;
recordemos el caso de los abusos del procurador Samuel del Villar,
frente a los cuales guardaron silencio, y siguen instalados en
aquella absurda condición de que los abusos de la izquierda no hay
que denunciarlos porque es hacerle el juego a la derecha, al
adversario.
Entonces,
quiere decir que estarían dispuestos a tolerar un régimen que
cometiera abusos con tal de que fuera de izquierda. Se han callado
ante abusos de Castro, de Chávez, de Daniel Ortega.
Y
en este caso, además, se estaba persiguiendo al director Federal de
Seguridad del gobierno de Luis Echeverría, por lo que se oyó un
tic: “Como era el director Federal de Seguridad de Echeverría,
tiene que ser culpable de todo lo que pasaba”.
En
una parte del libro digo: “¿Cómo va a ser responsable de la
desaparición de un guerrillero por haber informado que se le
detuvo?”. Al contrario: al informar de que se le detuvo estaba
asumiendo una actitud de no ocultamiento, estaba cumpliendo con su
deber: informar a su superior jerárquico. Lo que hubiera pasado
después ya no era su responsabilidad.
Pero
salieron cosas terribles: por ejemplo, La
Crónica de Hoy, de Pablo Hiriart, sacó que
el principal colaborador de Carrillo Prieto era un hombre de un
pasado no solamente oscuro sino impresentable, y no dijeron nada. Eso
me parece realmente lamentable, deplorable.
AR:
¿Usted cree que en esta persecución participaron vastos sectores
del gobierno y otros funcionarios? Porque esto viene desde la atípica
recomendación de Soberanes en la CNDH hasta un proyecto de
resolución de Juventino Castro y Castro en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
LB:
Había la intención de decir, por parte de sectores del gobierno y
de grupos ligados a él, de decir: “Vamos a demostrarle al país
que nosotros somos los buenos, que nosotros nos deslindamos
claramente de los autoritarios del pasado”. Lo que no se vale es
que fue por pura consigna: “Vamos a enjuiciar a cualquier culpable
sin necesidad de pruebas”. Hubo voces —por ejemplo, de doña
Rosario Ibarra— que señalaban que ya en el gobierno de Fox había
desaparecidos, y en el gobierno de Felipe Calderón ya hay denuncias
de que hay desparecidos. ¿Eso significa que Fox —para hablar de un
presidente que ya es del pasado— es responsable de esas
desapariciones, incluso cuando no se haya enterado de cómo se
dieron? Esa fue la lógica: cualquier funcionario que haya tenido que
ver con la Secretaría de Gobernación es responsable.
El
colmo de la mezquindad fue cuando se iban a trasladar los restos de
Jesús Reyes Heroles, un mexicano realmente ilustre, a la Rotonda de
los Hombres Ilustres (ahora se llama “de las Personas Ilustres”),
y se puso el Comité de Apoyo a la Fiscalía a negarlo porque era
parte del aparato represor, ¡cuando él amnistió a los
guerrilleros! Bueno, ¿eso cómo se puede calificar?
AR:
Y al mismo tiempo la Fiscalía mandaba un representante a una
conmemoración de la Liga 23 de septiembre.
LB:
Claro, sí.
AR:
Lo que se relata en el libro parece una serie de absurdos, desde el
proceso de reforma constitucional para darle el golpe a Mireille
Rocatti, hasta el informe que finalmente presentó Carrillo Prieto
(en el que, como señaló Raúl Trejo Delarbre, no se inculpó al
capitán Luis de la Barreda Moreno). De una manera u otra, con todo
esto están relacionados la CNDH, la Cámara de Senadores, el Poder
Ejecutivo y hasta la SCJN. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo
esto?
LB:
Varias muy importantes. No se puede combatir el abuso de poder con
abuso de poder; no es válido que se haga para satisfacer a un sector
que clama por justicia pero que en realidad está pidiendo venganza,
una venganza muy extraña: si usted me hace una ofensa, yo me vengaré
de usted haciéndole un daño. Lo que no se vale es que yo salga a la
calle porque alguien me hizo una ofensa, y agreda a la primera
persona que vea, a la que esté a mi alcance, que fue lo que sucedió
en este caso.
Hay
una lección histórica: siempre que se ha querido hacer justicia
revolucionaria contra un pasado ominoso, se ha caído en este tipo de
cosas. En los procesos de Moscú varios líderes revolucionarios
terminaron condenados y ejecutados por cargos tan absurdos como que
traicionaban a la revolución. En los juicios en Cuba contra
excamaradas de Fidel Castro, también los argumentos son
absolutamente absurdos, las acusaciones son totalmente gelatinosas.
Entonces, es una manera de corromper el Estado de Derecho, de
pervertir la justicia penal.
La
lección es: la justicia es una cosa muy seria, y tiene que hacerse
siempre muy objetivamente y con base en pruebas.
Además,
una comisión de derechos humanos no solamente debe ser realmente
autónoma ante las autoridades, sino también ante los partidos, los
grupos de presión, la pasión pública, las ideologías, las buenas
conciencias y ante lo políticamente correcto.
AR:
Sobre lo último usted hace varias menciones en su libro. ¿Cuál fue
el peso de la opinión pública políticamente correcta sobre los
jueces?
LB:
Los jueces que dictaron las órdenes de aprehensión estaban en una
posición muy difícil, con una parte de una gran presión social y
política contra ellos. Por otra parte, tenían que resolver
expedientes muy gruesos en 24 horas, lo cual es terrible.
Pero
los jueces después revocaron esas resoluciones y exoneraron a mi
padre. Finalmente, a pesar de que era una razón de Estado,
finalmente el Poder Judicial se comportó bien. Eso es muy
importante.
Pero
es muy interesante que aun en los medios políticamente correctos, al
final casi nadie se atrevió a defender al fiscal; uno que otro
columnista sí, pero sin entrar a rebatir los señalamientos de que
estaba actuando mal, de que estaba alterando pruebas, inventando
hechos. La Jornada,
por ejemplo, que en un principio se mostró muy entusiasmada con la
creación de la Fiscalía, terminó denunciando a ocho columnas la
dilapidación de recursos que estaba haciendo el fiscal, la manera
inescrupulosa en que estaba procediendo administrativamente.
AR:
Debido a que hubo tonos de revancha contra usted por su actuación en
la CDHDF, ¿en algún momento llegó a pensar que era culpable de lo
que le ocurría a su padre con este proceso?
LB:
Culpable no es la palabra correcta, porque el culpable comete un
delito...
AR:
¿Responsable?
LB:
No. Primero, cuando uno acepta un cargo no tiene una bola de cristal
que le indique “las consecuencias van a ser estas”, como cuando
uno se casa o cuando cruza una calle y no sabe que un automovilista
se va a pasar el alto y lo va a atropellar a uno; en ese caso, uno no
haría nada. Dice Pascal irónicamente: “Las desgracias del hombre
empiezan cuando éste, en la mañana, toma la estúpida decisión de
salir de su recámara”.
Yo
me siento muy orgulloso de la manera en que dirigí a la Comisión;
me indignaba, más bien, saber que por mi actuación en ésta pudiera
estarse tomando una represalia tomando como chivo expiatorio a mi
padre. Yo no podía permitir, de ninguna manera, que se hiciera
víctima a mi padre como una revancha contra mí. Yo tenía muy claro
que tenía que hacer hasta lo imposible por defenderlo, y parecía
difícil porque tirábamos una acusación y venía otra; ese es el
poder omnímodo de un fiscal en México. Era como el mito de Sísifo.
Pero
bueno, fueron 10 acusaciones, y así hubieran sido 100, yo estaba
empeñado en no permitir que se consumara el atropello.
AR:
¿Qué efecto ha tenido la democratización sobre la procuración de
justicia y el Estado de Derecho en nuestro país?
LB:
Vamos a ver: hubo siempre la intención en el discurso oficial de
decir “hasta antes de Fox todo era arbitrariedad, y a partir de la
alternancia todo es luz”, lo cual es absolutamente falso y
maniqueo.
Desde
los gobiernos priistas se empezó a dar una lucha de los sectores más
lúcidos de la sociedad por los derechos humanos. Por ejemplo, desde
que surgieron las comisiones de derechos humanos durante los
gobiernos priistas, la tortura se comenzó a abatir. Se emitieron
normas que no existían antes, por ejemplo, dando un plazo para que
un detenido fuera puesto a disposición de un juez, lo que no existía
antes.
Entonces
ha habido avances importantes: hay menos tortura, hay normas que
fijan plazos de una detención, hay comisiones de derechos humanos
(que no existían antes) que han tenido un papel muy importante como
instrumento ante los abusos de poder.
Pero
hay retrocesos: el arraigo hasta por 80 días lo es. En la
procuración de justicia en eso no hemos avanzado; sigue siendo
lenta, ineficaz, corrupta y, su peor vicio, el de fabricar culpables
en casos que a los gobernadores, a los presidentes de la República o
al procurador le parecen relevantes. Allí no hemos tenido ningún
avance.
AR:
¿Usted conoce alguna demanda contra Ignacio Carrillo Prieto?
LB:
Cuando vino la consignación por los hechos del dos de octubre de
1968, yo ya tenía la constancia del Centro Médico Nacional 20 de
Noviembre de que en esa fecha mi padre estaba hospitalizado. ¿Por
qué la saqué? Porque yo veía que a mi padre se le acusaba de todo,
y los hecho de Tlatelolco son parte ya de los grandes mitos mexicanos
(mito no en el sentido de mentira sino de los grandes momentos
históricos trágicos), y también seguramente lo iban a acusar de
eso. Cuando lo hicieron, yo ya tenía la constancia de que no pudo
haber estado allí.
Esto
demostró claramente que el fiscal estaba actuando con perversidad.
En ese momento yo presento una denuncia contra el fiscal; eso fue en
septiembre de 2005. Allí tenemos una prueba de cómo funciona en
México la procuración de justicia: están por cumplirse tres años
de mi denuncia, y la averiguación previa no se ha resuelto.
AR:
En lo personal, ¿qué le significó todo ese proceso?
LB:
Parecía una lucha imposible, y yo me empeñé en darla porque en eso
me jugaba algo más que la vida. Esa lucha, a pesar de las 10
acusaciones y a pesar de todo el ambiente social de linchamiento que
había contra los funcionarios de regímenes pasados, se pudo ganar.
Lamentablemente, después vino algo... porque por más que una lucha
sea difícil, cuando se puede luchar, se hace. Pero lo que es
terrible es cuando se presenta algo contra lo que no se puede luchar:
después de que se logró que mi padre fuera absuelto de las 10
acusaciones, lamentablemente le sobrevino el cáncer que lo asesinó,
y contra eso no pudimos luchar.
Cito
mi libro: “En una de las novelas de la saga del capitán Alatriste
el narrador apunta que 'hay cosas que ningún hombre puede tolerar,
aunque le vaya la vida en ello, o justamente porque la va en ello más
que la vida'”. Y agrego: yo no podía tolerar que mi padre fuera
detenido: en ello me iba más que la vida. Y nunca se perdió.
Pero
luego vino el cáncer, y contra eso no se podía luchar: era un
cáncer incurable. Pero mientras él vivió yo me sentí muy
orgulloso por haberlo defendido con éxito. Creo que el país le debe
mucho: él era un servidor público honesto, eficaz, leal, que nunca
se hizo rico con un cargo en el que otros se han hecho millonarios.
Acompañando
a la enorme tristeza por la muerte de mi padre, me queda la enorme
satisfacción de que nunca se le logró detener, a pesar del empeño
enfermizo del fiscal por hacerlo.
Esa
lucha fue la lucha más dramática de mi vida, y salimos bien.
*Entrevista
realizada en 2008 y publicada en Replicante, febrero de 2013.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario