La impunidad no se combate con abuso de poder. Entrevista con Luis de la Barreda Solórzano

La impunidad no se combate con abuso de poder

Entrevista con Luis de la Barreda Solórzano*

 

Ariel Ruiz Mondragón

La dilatada historia de la impunidad en México se ha presentado de diversas formas; una de las más socorridas es la del afán por alcanzar la justicia en casos en los que los abusos de poder han lesionado a ciudadanos mexicanos en el ejercicio de sus derechos. Esa idea ha terminado, en ocasiones, por generar otras violaciones de garantías que acaban por empeorar la situación y multiplicar la impunidad.

En nuestro proceso político reciente, con la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo en el año 2000, se abrieron enormes expectativas por, ahora sí, procurar justicia en casos como el dos de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y la llamada “guerra sucia” contra la guerrilla en la década de los setenta del siglo pasado. Tras una intensa discusión sobre la forma jurídica que debería tomar el organismo al que se le encargaría tan grave tarea, el presidente Vicente Fox optó por crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que fue encabezada por Ignacio Carrillo Prieto.

Empero, las labores de la fiscalía resultaron francamente decepcionantes: apenas pudo entregar un informe final poco novedoso que en casi nada contribuyó a la eficacia de la justicia, y terminó por verse envuelta en escándalos por los abusos de poder y el derroche de los recursos que tuvo para desempeñar su tarea.

Para intentar salvar la cara ante la ineficiencia de su trabajo, el fiscal Carrillo Prieto intentó consignar a algunos funcionarios públicos que en las décadas de los sesenta y setenta laboraron en el área de seguridad. Sin embargo, tuvo poco acierto.

El capitán Luis de la Barreda Moreno, quien fue el titular de la Dirección Federal de Seguridad, fue uno de los principales acusados por la Femospp; sin embargo, ninguna de las acusaciones pudo ser suficientemente sustentada por Carrillo Prieto y su equipo. Fue, tal vez, el mayor fracaso de la fiscalía.

Sin embargo, para intentar sostener sus acusaciones la Femospp recurrió a la invención de pruebas y a la persecución, con lo cual no hizo más que agravar la impunidad de los responsables de aquellos hechos.

El relato de la persecución de la que fue objeto el capitán De la Barreda Moreno se encuentra en el libro de su hijo, Luis de la Barreda Solórzano, El pequeño inquisidor. Crónica de una infamia (México, Océano, 2008), en el que se muestra una de las formas que adquiere en nuestro país el abuso de poder, que en este caso se cometió buscando “justicia”.

Fue con motivo de la aparición de este libro que en 2008 sostuvimos una conversación con el autor, quien es doctor en Derecho por la UNAM. Autor de más de 15 libros, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad; ha sido profesor en instituciones como la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana, e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir y publicar un libro como El pequeño inquisidor?

Luis de la Barreda (LB): Es un libro de historia reciente, que trata sobre un ejemplo de perversión en la procuración de justicia, de los cuales hemos tenido varios. No hay mayor abuso de poder y no hay poder más desnudo, más incontestable, que el de un fiscal o de algún procurador, como ha ocurrido en una serie de perversidades en la procuración de justicia, entre las cuales están las que hizo Pablo Chapa Bezanilla cuando aquella famosa osamenta de La Paca, lo que hizo Samuel del Villar en el caso del homicidio de Paco Stanley, y otros varios, como el del libro. Éste, además, me interesa particularmente porque el principal acusado, el “chivo expiatorio” principal del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, fue mi padre, contra quien se lanzaron 10 acusaciones, todas echadas abajo judicialmente; pero mientras, se le mantuvo como inculpado durante tres años.

Mi padre nunca tocó la prisión ni por un segundo, pero el hecho de mantenerse inculpado tres años supone un estado de zozobra que ya por sí mismo es un castigo.

Entonces, no solamente se castiga a alguien cuando se le impone una pena por un delito cometido, sino que cuando se le persigue también se le está castigando de alguna manera; cuando se le persigue sin pruebas o con hechos inventados, estamos ante una de las mayores perversidades en el ejercicio del poder.

Si esto, además, se hace por justificar un cargo, por darle gusto a cierto sector que nunca está interesado en el esclarecimiento de los hechos sino que quiere que se ponga a funcionar la guillotina, estamos ante un acto verdaderamente vil.

AR: Su libro es la historia de la lucha contra una persecución. En una parte del libro relata una comida que tuvo con Carrillo Prieto, a quien usted había conocido con anterioridad, cuando éste le dijo que no había elementos para perseguir a su padre. ¿Qué hipótesis tiene usted de por qué el fiscal decidió perseguir a su padre? No podría decirse que era su enemigo por la actuación que tuvo usted en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

LB: No, pero en su Comité de Apoyo había gente que me tenía una enorme antipatía por mi actuación en mi segundo periodo como presidente de la Comisión, por una parte; por otra, al perseguir a mi padre, como lo relata Ángeles Magdaleno, cumplía con la cuota de militares que había que consignar.

Como al fiscal nunca le interesó esclarecer los hechos sino ofrecer resultados que fueran políticamente correctos y jugosos, pues dijo: “Aquí tenemos a un militar” (aunque mi padre era un militar retirado hacía muchos años).

Y, en tercer lugar, por lo que narra la misma Ángeles Magdaleno, Carrillo Prieto tiene una antipatía enfermiza hacia mí. Nadie está obligado a que alguien la caiga bien, pero aquí había una cosa enfermiza. Él me mandó una carta cuando terminé mi periodo como presidente de la comisión, donde hablaba de mi valentía, de mi autonomía, de mi profesionalismo, virtudes dignas de emularse; y en privado, con sus colaboradores, y después en desplegados públicos, cuando inculpó a mi padre, me injurió. Eso sicológicamente es interesante.

AR: Usted señaló que padeció el hostigamiento de buena parte de la izquierda cuando denunció sus abusos en el Gobierno del Distrito Federal. En este sentido, ¿qué pasó con la actuación de la derecha en este caso de abuso de poder? Usted señala a José Luis Soberanes, a Santiago Creel y a Vicente Fox.

LB: En algún capítulo digo que el doctor José Luis Soberanes se prestó a la simulación: él llegó a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos después de un golpe ilegítimo contra Mireille Rocatti, y después emitió una recomendación sin nombrar a un presunto responsable. Santiago Creel, quien fue uno de los artífices de la destitución de Rocatti, le dio un golpe terrible a la institución del ombudsman porque golpeó el principio de inamovilidad, que es básico para su función; con este precedente, cualquier ombudsman incómodo podría ser depuesto con una simple reforma legislativa y en virtud de un artículo transitorio.

Y Vicente Fox quiso anotarse un triunfo propagandístico, y entonces anunció la creación de una fiscalía para perseguir crímenes del pasado. Aquí estamos incluso ante una cuestión terminológica muy cuestionable: en primer lugar, no hay crímenes del futuro, todos los delitos son del pasado; ni siquiera el delito que se esté cometiendo en el presente puede perseguirse porque antes hay que conocer de él, por ejemplo.

Entonces, todos los delitos que se persiguen son del pasado, nunca del futuro. Cuando se instaura la fiscalía para perseguir crímenes del pasado, quiere decir “del pasado autoritario”, de “las tinieblas en las que nos sumió el PRI”. “Yo voy a demostrar”, parecía ser la proclama de Fox al crear la fiscalía, “que yo soy distinto de aquéllos”.

Muy bien; pero designó a una persona sin las cualidades indispensables para un cargo así, y se lo dio a plena libertad: podía hacer lo que quisiera, podía cometer cualquier arbitrariedad, y como estaba realizando una labor de historia, para el bronce, para despejar las tinieblas y que se hiciera la luz, se valía que hiciera todo.

Esto es lo que se hizo con los inquisidores: como había que combatir las sombras de la herejía, de la brujería, del judaísmo, el inquisidor podía hacer todo.

Entonces, el presidente Fox le dio poderes a un fiscal sin calidad jurídica ni moral, y entonces el fiscal siente que puede hacer todo, y hace todo.

AR: Me interesa saber su opinión política y jurídica de la gente que, a pesar de las evidencias del proceder del fiscal o aunque vieron que no había pruebas en contra de su padre, forjaron teorías y respaldaron a Carrillo Prieto. Usted menciona los casos de Gustavo Hirales, de Miguel Ángel Granados Chapa y de Joel Ortega Juárez.

LB: Hay una enorme deshonestidad intelectual, una enorme falta de escrúpulos. No solamente actuaron así en este caso muchos de ellos; recordemos el caso de los abusos del procurador Samuel del Villar, frente a los cuales guardaron silencio, y siguen instalados en aquella absurda condición de que los abusos de la izquierda no hay que denunciarlos porque es hacerle el juego a la derecha, al adversario.

Entonces, quiere decir que estarían dispuestos a tolerar un régimen que cometiera abusos con tal de que fuera de izquierda. Se han callado ante abusos de Castro, de Chávez, de Daniel Ortega.

Y en este caso, además, se estaba persiguiendo al director Federal de Seguridad del gobierno de Luis Echeverría, por lo que se oyó un tic: “Como era el director Federal de Seguridad de Echeverría, tiene que ser culpable de todo lo que pasaba”.

En una parte del libro digo: “¿Cómo va a ser responsable de la desaparición de un guerrillero por haber informado que se le detuvo?”. Al contrario: al informar de que se le detuvo estaba asumiendo una actitud de no ocultamiento, estaba cumpliendo con su deber: informar a su superior jerárquico. Lo que hubiera pasado después ya no era su responsabilidad.

Pero salieron cosas terribles: por ejemplo, La Crónica de Hoy, de Pablo Hiriart, sacó que el principal colaborador de Carrillo Prieto era un hombre de un pasado no solamente oscuro sino impresentable, y no dijeron nada. Eso me parece realmente lamentable, deplorable.

AR: ¿Usted cree que en esta persecución participaron vastos sectores del gobierno y otros funcionarios? Porque esto viene desde la atípica recomendación de Soberanes en la CNDH hasta un proyecto de resolución de Juventino Castro y Castro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

LB: Había la intención de decir, por parte de sectores del gobierno y de grupos ligados a él, de decir: “Vamos a demostrarle al país que nosotros somos los buenos, que nosotros nos deslindamos claramente de los autoritarios del pasado”. Lo que no se vale es que fue por pura consigna: “Vamos a enjuiciar a cualquier culpable sin necesidad de pruebas”. Hubo voces —por ejemplo, de doña Rosario Ibarra— que señalaban que ya en el gobierno de Fox había desaparecidos, y en el gobierno de Felipe Calderón ya hay denuncias de que hay desparecidos. ¿Eso significa que Fox —para hablar de un presidente que ya es del pasado— es responsable de esas desapariciones, incluso cuando no se haya enterado de cómo se dieron? Esa fue la lógica: cualquier funcionario que haya tenido que ver con la Secretaría de Gobernación es responsable.

El colmo de la mezquindad fue cuando se iban a trasladar los restos de Jesús Reyes Heroles, un mexicano realmente ilustre, a la Rotonda de los Hombres Ilustres (ahora se llama “de las Personas Ilustres”), y se puso el Comité de Apoyo a la Fiscalía a negarlo porque era parte del aparato represor, ¡cuando él amnistió a los guerrilleros! Bueno, ¿eso cómo se puede calificar?

AR: Y al mismo tiempo la Fiscalía mandaba un representante a una conmemoración de la Liga 23 de septiembre.

LB: Claro, sí.

AR: Lo que se relata en el libro parece una serie de absurdos, desde el proceso de reforma constitucional para darle el golpe a Mireille Rocatti, hasta el informe que finalmente presentó Carrillo Prieto (en el que, como señaló Raúl Trejo Delarbre, no se inculpó al capitán Luis de la Barreda Moreno). De una manera u otra, con todo esto están relacionados la CNDH, la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo y hasta la SCJN. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo esto?

LB: Varias muy importantes. No se puede combatir el abuso de poder con abuso de poder; no es válido que se haga para satisfacer a un sector que clama por justicia pero que en realidad está pidiendo venganza, una venganza muy extraña: si usted me hace una ofensa, yo me vengaré de usted haciéndole un daño. Lo que no se vale es que yo salga a la calle porque alguien me hizo una ofensa, y agreda a la primera persona que vea, a la que esté a mi alcance, que fue lo que sucedió en este caso.

Hay una lección histórica: siempre que se ha querido hacer justicia revolucionaria contra un pasado ominoso, se ha caído en este tipo de cosas. En los procesos de Moscú varios líderes revolucionarios terminaron condenados y ejecutados por cargos tan absurdos como que traicionaban a la revolución. En los juicios en Cuba contra excamaradas de Fidel Castro, también los argumentos son absolutamente absurdos, las acusaciones son totalmente gelatinosas. Entonces, es una manera de corromper el Estado de Derecho, de pervertir la justicia penal.

La lección es: la justicia es una cosa muy seria, y tiene que hacerse siempre muy objetivamente y con base en pruebas.

Además, una comisión de derechos humanos no solamente debe ser realmente autónoma ante las autoridades, sino también ante los partidos, los grupos de presión, la pasión pública, las ideologías, las buenas conciencias y ante lo políticamente correcto.

AR: Sobre lo último usted hace varias menciones en su libro. ¿Cuál fue el peso de la opinión pública políticamente correcta sobre los jueces?

LB: Los jueces que dictaron las órdenes de aprehensión estaban en una posición muy difícil, con una parte de una gran presión social y política contra ellos. Por otra parte, tenían que resolver expedientes muy gruesos en 24 horas, lo cual es terrible.

Pero los jueces después revocaron esas resoluciones y exoneraron a mi padre. Finalmente, a pesar de que era una razón de Estado, finalmente el Poder Judicial se comportó bien. Eso es muy importante.

Pero es muy interesante que aun en los medios políticamente correctos, al final casi nadie se atrevió a defender al fiscal; uno que otro columnista sí, pero sin entrar a rebatir los señalamientos de que estaba actuando mal, de que estaba alterando pruebas, inventando hechos. La Jornada, por ejemplo, que en un principio se mostró muy entusiasmada con la creación de la Fiscalía, terminó denunciando a ocho columnas la dilapidación de recursos que estaba haciendo el fiscal, la manera inescrupulosa en que estaba procediendo administrativamente.

AR: Debido a que hubo tonos de revancha contra usted por su actuación en la CDHDF, ¿en algún momento llegó a pensar que era culpable de lo que le ocurría a su padre con este proceso?

LB: Culpable no es la palabra correcta, porque el culpable comete un delito...

AR: ¿Responsable?

LB: No. Primero, cuando uno acepta un cargo no tiene una bola de cristal que le indique “las consecuencias van a ser estas”, como cuando uno se casa o cuando cruza una calle y no sabe que un automovilista se va a pasar el alto y lo va a atropellar a uno; en ese caso, uno no haría nada. Dice Pascal irónicamente: “Las desgracias del hombre empiezan cuando éste, en la mañana, toma la estúpida decisión de salir de su recámara”.

Yo me siento muy orgulloso de la manera en que dirigí a la Comisión; me indignaba, más bien, saber que por mi actuación en ésta pudiera estarse tomando una represalia tomando como chivo expiatorio a mi padre. Yo no podía permitir, de ninguna manera, que se hiciera víctima a mi padre como una revancha contra mí. Yo tenía muy claro que tenía que hacer hasta lo imposible por defenderlo, y parecía difícil porque tirábamos una acusación y venía otra; ese es el poder omnímodo de un fiscal en México. Era como el mito de Sísifo.

Pero bueno, fueron 10 acusaciones, y así hubieran sido 100, yo estaba empeñado en no permitir que se consumara el atropello.

AR: ¿Qué efecto ha tenido la democratización sobre la procuración de justicia y el Estado de Derecho en nuestro país?

LB: Vamos a ver: hubo siempre la intención en el discurso oficial de decir “hasta antes de Fox todo era arbitrariedad, y a partir de la alternancia todo es luz”, lo cual es absolutamente falso y maniqueo.

Desde los gobiernos priistas se empezó a dar una lucha de los sectores más lúcidos de la sociedad por los derechos humanos. Por ejemplo, desde que surgieron las comisiones de derechos humanos durante los gobiernos priistas, la tortura se comenzó a abatir. Se emitieron normas que no existían antes, por ejemplo, dando un plazo para que un detenido fuera puesto a disposición de un juez, lo que no existía antes.

Entonces ha habido avances importantes: hay menos tortura, hay normas que fijan plazos de una detención, hay comisiones de derechos humanos (que no existían antes) que han tenido un papel muy importante como instrumento ante los abusos de poder.

Pero hay retrocesos: el arraigo hasta por 80 días lo es. En la procuración de justicia en eso no hemos avanzado; sigue siendo lenta, ineficaz, corrupta y, su peor vicio, el de fabricar culpables en casos que a los gobernadores, a los presidentes de la República o al procurador le parecen relevantes. Allí no hemos tenido ningún avance.

AR: ¿Usted conoce alguna demanda contra Ignacio Carrillo Prieto?

LB: Cuando vino la consignación por los hechos del dos de octubre de 1968, yo ya tenía la constancia del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de que en esa fecha mi padre estaba hospitalizado. ¿Por qué la saqué? Porque yo veía que a mi padre se le acusaba de todo, y los hecho de Tlatelolco son parte ya de los grandes mitos mexicanos (mito no en el sentido de mentira sino de los grandes momentos históricos trágicos), y también seguramente lo iban a acusar de eso. Cuando lo hicieron, yo ya tenía la constancia de que no pudo haber estado allí.

Esto demostró claramente que el fiscal estaba actuando con perversidad. En ese momento yo presento una denuncia contra el fiscal; eso fue en septiembre de 2005. Allí tenemos una prueba de cómo funciona en México la procuración de justicia: están por cumplirse tres años de mi denuncia, y la averiguación previa no se ha resuelto.

AR: En lo personal, ¿qué le significó todo ese proceso?

LB: Parecía una lucha imposible, y yo me empeñé en darla porque en eso me jugaba algo más que la vida. Esa lucha, a pesar de las 10 acusaciones y a pesar de todo el ambiente social de linchamiento que había contra los funcionarios de regímenes pasados, se pudo ganar. Lamentablemente, después vino algo... porque por más que una lucha sea difícil, cuando se puede luchar, se hace. Pero lo que es terrible es cuando se presenta algo contra lo que no se puede luchar: después de que se logró que mi padre fuera absuelto de las 10 acusaciones, lamentablemente le sobrevino el cáncer que lo asesinó, y contra eso no pudimos luchar.

Cito mi libro: “En una de las novelas de la saga del capitán Alatriste el narrador apunta que 'hay cosas que ningún hombre puede tolerar, aunque le vaya la vida en ello, o justamente porque la va en ello más que la vida'”. Y agrego: yo no podía tolerar que mi padre fuera detenido: en ello me iba más que la vida. Y nunca se perdió.

Pero luego vino el cáncer, y contra eso no se podía luchar: era un cáncer incurable. Pero mientras él vivió yo me sentí muy orgulloso por haberlo defendido con éxito. Creo que el país le debe mucho: él era un servidor público honesto, eficaz, leal, que nunca se hizo rico con un cargo en el que otros se han hecho millonarios.

Acompañando a la enorme tristeza por la muerte de mi padre, me queda la enorme satisfacción de que nunca se le logró detener, a pesar del empeño enfermizo del fiscal por hacerlo.

Esa lucha fue la lucha más dramática de mi vida, y salimos bien.

*Entrevista realizada en 2008 y publicada en Replicante, febrero de 2013.