Entrevista con Raymundo Riva
Palacio*
Por
Ariel Ruiz Mondragón
Un
acontecimiento que conmocionó a la opinión pública no sólo en México sino en el
mundo fue la segunda ocasión en que Joaquín Chapo
Guzmán escapó de una prisión de máxima seguridad, el 11 de julio de 2015. La
fuga de uno de los criminales más célebres a nivel internacional dejó al
descubierto varias de las fallas, carencias, descuidos y omisiones que en
materia de seguridad padece el país.
Raymundo
Riva Palacio (Distrito Federal, 1954) toma ese como un caso emblemático del
estado de la seguridad para hacer una evaluación de lo que ha hecho y dejado de
hacer en la materia el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual expone en su
libro La segunda fuga del Chapo. Crónica de un desastre (México,
Grijalbo, 2015).
Sobre
ese volumen conversamos con el autor, un veterano en las lides periodísticas: estudió
en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y fue becario Nieman de la
Universidad de Harvard; ha sido profesor en las universidades Iberoamericana y
Nacional Autónoma de México. Fue corresponsal en Washington, París, Buenos
Aires, Madrid y Centroamérica para Excélsior,
El Sol de México, unomásuno y Proceso. Fundó las unidades de investigación de El Financiero y Reforma, y ha sido iniciador de otros medios como Milenio Diario, El Independiente y 24 horas.
Dirigió Notimex, la agencia Detrás de la Noticia, El Universal y El Gráfico,
y actualmente encabeza Eje Central.
Ha ganado cuatro premios nacionales de periodismo.
Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué publicar
hoy un libro sobre la debacle de la política de seguridad federal, como usted
la llama, y que se ha expresado en la fuga del Chapo Guzmán?
Raymundo Riva Palacio (RRP):
Por tres razones: una, porque es un caso emblemático; dos, en términos
temáticos me parecía no nada más interesante sino que podría ser importante, y
tres, porque me dio el pretexto para hacer un corte de caja de los tres
primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad
pública.
Es
un tema al que, desde antes de que arrancara el gobierno actual, me he venido
refiriendo en diferentes momentos; algunas partes de este desastre las he cronicado.
Este libro sistematiza toda esa información y le añade mucha más contextual, incluso
con algunas anécdotas que nunca había utilizado, para poder darle una riqueza
mayor.
Es
un texto que se lee rápido, y la idea no es que tenga una pretensión académica
sino que sea una descripción, por lo cual le llamo crónica.
AR: Antes de entrar al gobierno de
Peña Nieto y a grandes rasgos, ¿cómo dejó la seguridad federal Felipe Calderón?
RRP:
Debemos ver todo lo que se construyó para combatir a la criminalidad. Hay que
tener como antecedente que de septiembre de 2001 en adelante hay un mundo
distinto en términos de investigación, de tecnología e inteligencia, y no
únicamente en términos de herramientas, de programas, de software, sino también de métodos, procedimientos y colaboración
entre gobiernos. Esto es muy importante porque quien estuvo fuera de gobiernos
federales, digamos de 2001 al 2012, 10 años después de los ataques terroristas
en Estados Unidos, realmente está fuera de un desarrollo tecnológico que no se
había visto.
¿Qué
hizo Felipe Calderón? Por un diseño de origen de su gobierno, él entró en esta
guerra contra el narcotráfico y planeó una estrategia. Algunos dicen que no
tenía estrategia; sí la había, y era algo que se había realizado en otros
países, en otras ciudades con la fuerza policial y militar: la confrontación
total contra los cárteles de la droga. En todos lados es una estrategia de alto
costo de vidas; se asumió como tal y se llevó a cabo.
Entonces
sí había una estrategia y sí se sabía que ese iba a ser el costo. El punto de
mayor violencia de este país se dio en abril de 2011, y desde entonces venía
bajando, e iba a llegar un momento —muy pronto si se hubiera mantenido esa
estrategia continua— en el que íbamos a llegar a los niveles de los noventa, a
costa de 70 mil muertos y una sociedad partida.
Calderón
cambió los incentivos, y esto tiene que ver mucho con el gobierno de Enrique
Peña Nieto. El incentivo previo era que los gobiernos federales optaban por ir
contra uno o dos cárteles por sexenio; era totalmente quirúrgico el ataque. El
resto de los cárteles entendían esta lógica, y entonces pactaban la paz; por lo
tanto, si el Cártel del Pacífico quería mover la cocaína hacia Estados Unidos a
través de la ruta que era Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez, tenía que pagar
una cuota al Cártel de Juárez.
Entendían
que ese era un equilibrio que tenían que establecer, porque si no lo hacían el
gobierno federal se iba a ir en contra de ellos. Entonces, para salvaguardar el
negocio, mejor se arreglaban entre ellos.
Ese
era el incentivo, lo que llamaban el pacto de los gobiernos con los cárteles;
no era un acuerdo de ninguna manera escrito ni formulado, pero era una lógica
con la cual se mantenía una relativa paz social.
Pero
Calderón decidió ir contra todos; entonces el incentivo para el cártel fue “si
no te mato, me matas tú o me mata el gobierno”. Resulta que como le pegó a todo
mundo, les cortó suministros, rutas de distribución, comercialización, ingresos,
entonces los cárteles tenían que salir a matar, y fue cuando estalló la
violencia. Allí tenemos el caso de la ruta de la cocaína: 70 por ciento de ella
salía por Ciudad Juárez. ¿Por qué tanta violencia? Porque en esta lógica los
cárteles entraron a competir y a tratar de quitarse las plazas.
Esa
era la estrategia. ¿Cuál fue el gran error? Que nunca diagnosticaron bien qué
consecuencias iba a traer; por ejemplo, al golpear a los cárteles, éstos se
quedaron sin dinero para las nóminas. Y lo que sucedió con los sicarios es que
se mudaron a los delitos del fuero común; menciono por allí los casos del Cártel
de Tijuana: ya no tenían con qué con qué pagarle a los sicarios, y se fueron al
secuestro exprés, lo que elevó este delito en 200 por ciento. Los Zetas se
quedaron sin droga y se tuvieron que mudar a la extorsión, la piratería, la trata
de personas, el secuestro. Los cárteles que resultaron más afectados se mudaron
de delitos.
Al
mismo tiempo lo que se generó con la atomización fueron las pandillas, que
resultaron más violentas que los propios cárteles. Ese fue el error de
Calderón: no el combatirlos sino no haber contemplado la segunda fase, que eran
las consecuencias de la atomización.
Calderón
dejó un aparato, en términos de herramientas y de estructura, muy poderoso en
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyo titular era muy fuerte, muy
respetado en el mundo (tanto que es el asesor del Departamento de Estado para
formular la política de seguridad pública en América Latina). No tenía un
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) que le dijera: “Tranquilo,
porque la gobernabilidad es primero”. Fue muy fuerte el titular de la SSP, incluso
durante el último año de gobierno, cuando no había una relación buena con
Calderón, porque era muy funcional. Era muy poderoso frente al resto del
gabinete que, para efectos de resultados, era muy mediocre.
Entonces
había una parte de estrategia, otra de falla del diagnóstico y otra más de
personalidades. Todo esto, cuando vino el período de transición, lo leyeron mal
quienes iban a entrar, lo que es increíble. No aceptaban observaciones porque
inmediatamente las descalificaban; estaban preparando ya la fusión de la SSP en
la Segob. Lo que necesitaban era un secretario subordinado al titular de la
Segob, no por encima de él; entonces era un asunto de persona, no de diseño, y aquí
se equivocaron: se fueron al diseño y se fusionaron las secretarías.
Pensaron
que la violencia era derivada de que el gobierno enfrentara a los cárteles, por
lo tanto no había que enfrentarlos, lo que hicieron durante ocho meses. Resultado:
la Familia Michoacana renació como los Caballeros Templarios; Los Zetas
cambiaron su línea de negocio criminal y, con Los Caballeros Templarios y el
Cártel del Pacífico, se fueron a las minas. Es decir, todo esto se deriva de
que durante ocho meses los dejaron tranquilos para que se reorganizaran, para
que se replantearan sus líneas de negocio; fue el mejor momento que tuvieron en
décadas.
AR: Sobre la estrategia de Peña
Nieto menciona dos asuntos: que Osorio Chong dijo que se iba a bajar la
violencia, y el de la percepción: ya no mencionar delincuencia y crimen…
RRP:
A eso iba exactamente. Sobre estos fundamentos se rediseñaron la Segob y la
política de seguridad pública; el tercer componente era: hay que eliminar, por
completo, la apología de la violencia y del delito. Comparto plenamente esta
estrategia, pero ¿cuál es el problema? Cambiaron el discurso, éste se vació de
tonalidades bélicas, el Presidente no hablaba de la seguridad, y cuando un
funcionario trataba el tema nunca se refería a los apodos, no había imágenes ni
nada. Se presionó a los medios para que dejaran de hacer sus ejecutómetros.
¿Cuál
es el problema? Para que funcione la propaganda debe haber un apoyo. Arrancó
muy bien esta parte en la que el problema ya no existía porque no se veía; pero
como había un error en el diagnóstico, la violencia continuó en la medida en que
se fueron fortaleciendo los cárteles. Entonces llegó un momento en que la
realidad chocó con la propaganda, y era tan fuerte la violencia que los medios
no se pudieron quedar al margen, y entonces éstos regresaron a la cobertura de
la sangre.
Se
acabó la propaganda, lamentablemente, porque a mí me parecía muy buena
estrategia y muy buena idea, pero no trabajaron abajo; al no hacerlo se
elevaron los niveles de violencia y en ocho meses el actual gobierno tuvo que
regresar a la política de Calderón, y su discurso entró en terribles
contradicciones.
Esta
es la síntesis de lo que fue la política de seguridad de Calderón y la que fue
la política de, cuando menos en los primeros meses, de Peña Nieto. Ésta trajo
más derivaciones y más complicaciones: los grupos paramilitares son algo
extraordinariamente asombroso porque, como el libro lo refiere y recientemente
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ratifica, el gobierno, para
combatir narcotraficantes, se vinculó con narcotraficantes. Se trata de delincuentes
contra delincuentes, sin entender que eso, además, conecta en términos de la
violencia por los procedimientos que se obligó a seguir a la Policía y al
Ejército.
Además,
señalo que eso conecta con lo que sucedió en Iguala: sí se puede construir un
caso de genocidio por lo ocurrido contra los normalistas de Ayotzinapa, contra
las normales rurales. ¿Por qué razón? Uno es el método que les dijeron que
siguieran en Michoacán: donde se enfrentaran los grupos delincuenciales, la
Policía Federal hacía el primer perímetro de seguridad, y el Ejército hacía el
segundo, y que de esa forma se depuraran —así decían— los cárteles. ¿Qué pasó
en Iguala? Siguió esa lógica: es un asunto de narcos, que se depuren. Primer
perímetro de seguridad: la Policía Federal; segundo, el Ejército. Hicieron
exactamente lo mismo que en La Ruana, Michoacán, cuando se enfrentaron Hipólito
Mora y Simón El Americano. ¿Con qué
diferencia? Unos son delincuentes y en la otra eran normalistas.
Si
uno ve que la política en Hidalgo cuando era gobernador Miguel Ángel Osorio
Chong era acabar con la Normal Rural, y si uno ve que ha habido una cadena de
ir cerrando esas escuelas, y se añade el historial de confrontación de la de
Ayotzinapa, pues sí se puede argumentar genocidio contra las normales rurales.
Esto puede ser un problema de séptimo año para Enrique Peña Nieto no aquí sino
en La Haya, o en Arusha, Tanzania, donde está el Comité sobre Genocidios que
juzgó a Ruanda.
Son
todas esas confusiones las que llevaron a situaciones como el nombramiento de
Manuel Mondragón como el primer comisionado nacional de Seguridad.
AR: ¿Qué pasó con este diseño
institucional, que hayan barrido con una herramienta de avanzada como lo era la
Plataforma México, hecha incluso con recursos de Estados Unidos? ¿Por qué
arrasaron con esa infraestructura, y cómo lo justificaron?
RRP:
Nunca la entendieron; menciono en el libro el episodio en el cual el grupo de
transición en materia de seguridad fue a ver Plataforma México, y les tocó ver
una operación en tiempo real de seguimiento de un avión con droga que salía de
Panamá; por la coordinación de los dos países, a través de satélites la DEA
informaba que acababa de despegar un avión desde allá con rumbo a México. Había
el seguimiento en tiempo real; al final, se notificaba al Ejército, a la Marina
o a la Policía Federal a dónde iba el avión para que lo detuvieran. Estaban
viendo esto y uno de los integrantes del equipo de transición preguntó si se
podían ver los choques en las carreteras. Le dijeron que el sistema no estaba
pensado para eso; “¿Y se pueden ver las puertas de los antros en la Ciudad de
México?”, añadió. Esta anécdota lo que hace es mostrar que no entendían por más
que les explicaban.
Entonces
cuando tomaron el gobierno dijeron: “Esto no sirve, esto está truqueado”. Pero,
por ejemplo, la rapidez con la cual se ha ido descubriendo a los terroristas de
París tiene que ver con sistemas de bases de datos integradas, que era lo que
tenía Plataforma México: sistemas de información que se cruzaban en tiempo
real. Esto fue una parte de lo que desmantelaron.
También
habían llegado dos drones 15 horas antes de que asumiera la presidencia Peña
Nieto, idénticos a los que usó la CIA en la operación contra Osama bin Laden; se
quedaron guardados. Al director de Telematía que teníamos en ese proyecto y los
técnicos que leían la información de los drones, los despidió Mondragón porque
eran muy caros. ¡Por supuesto que eran muy caros: es personal altísimamente
calificado! Por eso cuando vino la operación de captura del Chapo Guzmán vinieron los drones de la
CIA y se tuvo que utilizar a los alguaciles que leen la información que generan,
porque los nuestros están estacionados en un hangar y los que estaban para
operarlos fueron despedidos hace mucho tiempo.
AR: Al respecto usted comenta que
usaron ese sistema políticamente.
RRP:
Claro que lo han usado así. Te puedo decir, por ejemplo, que yo he visto cómo
lo han utilizado en mi contra; nadie me lo cuenta, y también sé de otros casos.
Vieron los fierros que tenía Plataforma México y se los llevaron al Cisen para
dejar de hacer inteligencia criminal y ahora hacer inteligencia política. Esto
es lo que en el gobierno de Carlos Salinas quisieron desterrar: que se hacía
demasiada inteligencia política para investigar periodistas y no a los criminales.
Fue cuando empezó a fortalecerse y a construirse el Cisen; ahora resulta que
este gobierno nos regresa 25 y 30 años para atrás. Pero allí está: son
buenísimos para estar viendo qué es lo que yo digo, para hackear mis cuentas de correo, pero ¿qué creen? Se les fue el Chapo en sus narices.
Entonces
volvemos al tema de una visión parroquial del mundo.
AR: Habla usted de que se quisieron
implantar políticas del Estado de México, como políticas ciudadanas muy locales,
a nivel nacional.
RRP:
Menciono, efectivamente, las cosas que quisieron meter y que ni siquiera
entraban en un sistema federal porque son del ámbito estatal y municipal, por
ejemplo cuando decían que por qué no creaban una secretaría de seguridad
ciudadana. ¡Pues por la sencilla razón de que no funcionan a nivel federal! Pero
son los que nos gobiernan y son los que instrumentaron todo esto. Por eso digo
que es una crónica de un desastre, y por eso comento que si el Chapo no se escapó antes es porque no lo
habían capturado.
AR: ¿Qué pasa con Estados Unidos?
Cuando ocurrió la captura del Chapo fue
fundamental su colaboración. ¿Qué papel ha desempeñado en estos tres años?
RRP:
Algo que no viene en el libro es que hoy todos los proyectos que buscan
financiamiento del Departamento de Estado o de algunas oficinas de Estados
Unidos en materia de seguridad y que puedan ser críticos para el gobierno
mexicano los rechazan. ¿Qué es lo que observa Estados Unidos? Ve tan débil al
gobierno de Peña Nieto que no quieren seguirle elevando los costos.
Entonces
tenemos de ellos declaraciones de mucho respaldo, y aquí las venden como si
fueran mucho apoyo, sin entender que lo que están haciendo es intentar que la
situación no se hunda más porque tienen 3 mil 200 kilómetros de frontera y
ahora terrorismo global. Lo que les interesa es que el gobierno, cuando menos
en términos políticos, no esté tan débil.
¿Qué
es lo que sucede con lo que es investigación? Calderón abrió, como nunca antes
ningún presidente, las puertas a Estados Unidos. En el libro cito casos en los
que en México agentes de la DEA interrogaban primero a los criminales, y
después llegaban los agentes de la PGR. Eso es inaceptable.
Nada
más que hay una paradoja: esas fueron decisiones soberanas de Felipe Calderón, no
una imposición. También Jesús Murillo Karam dijo: “¿Estados Unidos quiere al Chapo? Pues que se sienten 200 o 300
años”. Fue una bravuconada. Entonces ya no iba a haber colaboración con Estados
Unidos sino iba a haber una ventanilla única. Está bien, ya vemos que aquello realmente
no operaba, pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Que está tan rebasado el
gobierno que ya no es un asunto de decidir que vengan los colombianos y las
agencias de inteligencia: llegaron porque necesitamos encontrar al Chapo Guzmán. Entonces el presidente
Juan Manuel Santos le dice al presidente Peña Nieto que, como es prioridad,
manda sus expertos, y con la DEA, la CIA y la Marina mexicana operan en las
barrancas de la ciudad de Durango para perseguir al Chapo Guzmán. Esta es una acción soberana, y ya fue resultado de una
necesidad de este gobierno.
AR: Usted hace una anotación muy
interesante sobre la Marina: desobedeció la orden de que se rompieran las
relaciones con los servicios de inteligencia norteamericanos, y que en buena
medida a eso se debió la captura del Chapo
en febrero de 2014. ¿Qué ocurrió en este
caso?
RRP:
Esa desobediencia no se veía como tal en la Marina, que tiene su propia lógica
y mantiene sus propios vínculos. Está recibiendo información y actúa contra los
criminales. Entonces si los políticos dicen “no hay que combatir criminales”,
esta no es una discusión para ella: sus infantes no están entrenados para decir
“aquí hay una persona que es una amenaza para el Estado mexicano, y nada más voy
a ver cómo está”. Así no funcionan, no tienen esa doctrina; ellos actuaron en
función de lo que tienen en su mandato: son parte de la seguridad del Estado
mexicano, y lo hicieron perfectamente.
Yo
digo que es una desobediencia porque la instrucción política era: “Dejen a los
criminales”. Eso es un delito porque sí es complicidad, no es omisión; pero la
Marina actuó de una manera absolutamente institucional no con un gobierno sino
con el Estado mexicano.
AR: En ese sentido ¿qué ocurrió con
las otras instituciones: el Ejército, la PGR?
RRP:
El Ejército sigue haciendo sus operaciones, pero no ha tenido relación con
Estados Unidos como la Marina. Históricamente el Ejército mexicano ha chocado
con los servicios de inteligencia norteamericanos porque no hay confianza
recíproca.
La
Policía Federal y la PGR fueron para atrás: no es que veían y no hacían, sino que
debían ir a los cuarteles. Manuel Mondragón llegó a sancionar y a internar
durante 15 días, en aislamiento, a un comandante que en una de las carreteras
de Coahuila se cruzó con un convoy de criminales y los detuvo.
AR: ¿Cómo se manifestó todo lo
anterior en el caso de la fuga del Chapo?
RRP:
Yo no sé si las personas del Sistema de Reclusorios que están consignadas son
corruptas; si recibieron mucho dinero de alguien, si tienen una historia negra,
no lo sé, pero lo que sí sé es que por este caso no deberían estar presas. Fueron
consignadas por el delito de omisión, que significa que no cumplieron con su
responsabilidad y mandato, lo cual facilitó la fuga del Chapo Guzmán. En este caso, que no informaron de las deficiencias
que había en el centro de readaptación.
Pero
hay que decir que el desmantelamiento de los sistemas de seguridad en el penal,
del relajamiento de las medidas de seguridad, el debilitamiento de los protocolos,
el final de la capacitación para los custodios, que se volviera a unificar la
vigilancia interna en la Policía Federal, todo eso se hizo meses antes de que
capturaran al Chapo. Es decir, no se
puede hacer una vinculación directa; a Manuel Mondragón, quien hizo todo eso,
no se le puede ni siquiera señalar como omiso en la fuga porque fueron
decisiones tomadas muchos meses antes.
Las
personas que están presas no deberían estarlo porque sí notificaron múltiples
fallas; en el expediente está todo lo que hicieron, por lo tanto no fueron
omisos. Si ellos no fueron omisos, ¿por qué no han seguido preguntándole a los
superiores? Hay superiores que están libres, y en algunos casos, como el enlace
de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal en el penal, ni siquiera
ha sido llamado a declarar. Por ejemplo: ¿quién decía “al Chapo no lo vamos a cambiar de celda ni de penal”? Él. Entonces se
le debería llamar a declarar para saber cuál fue el argumento para que no se le
cambiara de celda. Esto se hace para que nunca sepan en dónde están los presos:
si todo el tiempo estuvo Joaquín Guzmán en la misma celda, ya sabían para dónde
cavar; pero si constantemente son movidos él y otros reos, pues no hay manera
de que se sepa hacia dónde cavar, por más increíble que sea el caso del túnel.
En un caso, por ejemplo, se había pedido que al Chapo lo llevaran a otro pabellón dentro del propio Altiplano, en
un segundo piso. Pero sólo hubo negativas, misma respuesta que para la revisión
y mantenimiento de los sensores subterráneos. Esto es tan grave que hasta meses
después de la fuga se compusieron los sensores.
AR: Una cuestión muy interesante es
la legal. En el libro usted hace referencias a los amparos promovidos por el Chapo, y al alegato de Mondragón
respecto a los derechos humanos de los presos, por ejemplo.
RRP:
La parte del Poder Judicial es el capítulo menos explorado de la fuga de
Joaquín Guzmán. Lo que había antes era que se presentaban amparos y en
automático se les rechazaban. Manuel Mondragón relajó esto en función de
derechos humanos.
¿Qué
hicieron? Pues que los abogados de Joaquín Guzmán encontraron que había una
debilidad en el sistema, y que podían ir por la vía de los amparos y el Poder
Judicial, e incluso obtener, como en el caso de Rafael Caro Quintero, la
libertad. El Chapo tenía una batería
de 14 abogados, lo que le permitía estar más tiempo en los locutorios que en su
propia celda en términos generales.
También
los procedimientos del Poder Judicial permitieron que los narcotraficantes
empezaran a presentar casos colectivos (lo cual no es ilegal). Entonces los
jueces dentro del penal les notificaban a todos juntos; cuando la Policía
Federal se dio cuenta se lo comunicaron al comisionado de Reclusorios, quien fue
al Consejo de la Judicatura a pedir que eso no se haga porque los presos se
están comunicando, lo cual, si bien no es ilegal, vulnera el sistema de
seguridad interna, por lo cual se les puede notificar individualmente. Pero realmente
no hay un cambio.
Entonces
¿cuál es el papel de los jueces en el penal, que es lo no explorado en términos
de averiguación previa y de investigación de la fuga del Chapo?, ¿por qué los jueces hicieron determinadas cosas?
La
otra parte importante es el relajamiento por la lógica de los derechos humanos
y parte del desconocimiento de Mondragón. ¿Por qué razón la Policía Federal oía
y veía todo lo que sucedía en las cárceles? Es una razón de contrainteligencia,
no es un asunto de investigación criminal. Todo lo que escuchaba no era para ser
judicializado e incorporado al expediente judicial sino para evitar fugas,
motines y garantizar la seguridad de los funcionarios del penal. Cito una
anécdota del Mochaorejas en los años
noventa: cómo, gracias a este tipo de escuchas, se pudo detectar que iban a
matar a los familiares del director del penal para que lo dejaran en libertad.
De
esa manera se frustraron intentos de fuga y alianzas, y hubo mucha información
que allí se recogió, pero casi nadie sabe de ella porque no era de uso público
sino un asunto de contrainteligencia.
¿Qué
hizo Manuel Mondragón? Bajó los niveles de contrainteligencia en el penal. Por
eso no tenían audio (o lo tenían muy limitado) en los monitores de la Policía
Federal, aunque el Cisen sí lo tuvo.
AR: En el tiempo que ha transcurrido
desde la fuga, ¿ha habido cambios en términos legislativos, institucionales, de
políticas para evitar que se repitan esos hechos?
RRP:
Ha habido dos asuntos: primero, que todos los sistemas que no funcionaban ya
están siendo revisados, lo cual ya es una ventaja; segundo, que la PGR ya abrió
una investigación contra quien resulte responsable de haber desmantelado los
protocolos y el Sistema de Seguridad Pública. Esto es positivo.
Pero
no hay responsables. Este gobierno sigue encubriendo a altos funcionarios
porque no hay responsabilidades. ¿Qué habría sido lo ideal el domingo 12 de
julio? Que el secretario de Gobernación y todo el gabinete de seguridad civil
bajo su cargo hubieran presentado su renuncia. Eso es lo ideal en términos de
ética institucional.
Pero
vámonos a lo mexicano extremo: ¿qué tendría que haber sucedido ese día? Que el
secretario de Gobernación hubiera cesado —y vamos de abajo para arriba— al
director del penal, a la coordinadora y al comisionado de Reclusorios, al
comisionado nacional de Seguridad, al jefe de Inteligencia de la Policía
Federal, al director del Cisen. ¿Porque son culpables? No, sino porque son
responsables. Esa hubiera sido una gran señal para los mexicanos y para el
mundo de que las cosas sí tienen consecuencias.
Pero
no corrieron a nadie en un primer momento, y hasta el día siguiente cesaron al
director del penal y a la coordinadora. Detuvieron a la parte más vulnerable;
luego, en el tercer día, a dos funcionarios y ya. Al comisionado nacional de Seguridad,
Monte Alejandro Rubido, lo utilizaron de guía de periodistas para llevarlos por
el túnel. Eso es en lo que terminó el comisionado, que todavía duró más de un
mes.
Al
director de Inteligencia de la Policía Federal lo movieron para ser el jefe de
la Policía Cibernética; pero no pudo asumir porque adentro (no arriba) no se
acató una instrucción de que lo protegieran. Corrieron al jefe anterior, pero
el nuevo ya no pudo entrar.
Mientras
tanto, el director del Cisen ni siquiera ha ido a declarar a la PGR.
Entonces
en este país no hay responsables; pero un gobierno que se respete debe tenerlos,
y quienes lo son en asuntos importantes son las figuras de mayor rango, pero aquí
no. Por eso en la parte del manejo político no ha cambiado absolutamente nada.
Menos
mal que a través de la denuncia se están corrigiendo aspectos de la seguridad
dentro del penal para que no se fugue otro preso. Pero nada más, porque estamos
chuecos y cojos. Así, el desgaste para el gobierno y para el presidente va a
continuar.
*Entrevista publicada en El Búho, núm. 179, febrero de 2016.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario