Fortalecer el Estado para debilitar al crimen organizado. Entrevista con Guillermo Valdés Castellanos

Fortalecer el Estado para debilitar al crimen organizado

Entrevista con Guillermo Valdés Castellanos*

Ariel Ruiz Mondragón

El fenómeno del narcotráfico en nuestro país ya se acerca a cumplir un siglo (fue en 1920 cuando se prohibió el cultivo y comercialización de la mariguana), largo periodo en el que ese asunto, lejos de resolverse por la vía de la interdicción, se ha agravado hasta niveles inusitados de ganancias económicas, de corrupción política y de violencia despiadada.

México ha desempeñado un papel de gran relevancia, tanto como productor como comercializador de sustancias ilícitas, al ser vecino del país que es el principal mercado de drogas del mundo: Estados Unidos.

Pese a lo anterior, han sido escasos los intentos por producir un relato general del desarrollo de la producción y comercio de narcóticos en nuestro país. Para intentar resarcir esa carencia, Guillermo Valdés Castellanos escribió Historia del narcotráfico en México. Apuntes para entender al crimen organizado y la violencia (México, Aguilar, 2013), en el que, como el propio autor escribe, se “recoge la historia de dos tragedias: la de las organizaciones criminales que han generado violencia a diestra y siniestra enlutando al país, y la de unas instituciones de seguridad y justicia, incapaces de defender a la sociedad por debilidad o complicidad”.

Sobre ese volumen conversamos con Valdés Castellanos, quien es licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha impartido cursos en esta institución y en la Universidad Iberoamericana, además de que en 2012 fue investigador de la Fundación Ortega y Gasset, en Madrid. Fue director de la casa encuestadora GEA-ISA, y entre 2007 y 2011 fue director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir un libro como el suyo? Al principio del volumen usted menciona su inquietud por el nuevo tipo de violencia aparecida en 2006.

Guillermo Valdés Castellanos (GVC): Porque aunque el narcotráfico es un fenómeno que tiene ya muchas décadas de existencia en México (el año que entra cumple 90 años), curiosamente no había una historia del narcotráfico en México. La idea era llenar un hueco sobre un fenómeno que a veces ha tenido más presencia pública, a veces sin ella, pero siempre existente en nuestra sociedad, y que se fue incubando como los huevos de una serpiente y que salió a la luz pública de manera brutal con una violencia salvaje a partir de 2007-2008. No teníamos elementos para comprender a fondo cómo es que se nos incubó ese problema tan grave.

Entonces la idea de hacer este libro es ofrecerle a los mexicanos, de manera lo más exhaustiva que se pueda, unos primeros apuntes para reconstruir la historia de las organizaciones del narcotráfico en México y su relación con la política, lo que ayuda a entender la evolución de este problema.

En síntesis, la razón por la que me propuse escribir el libro era que los mexicanos comprendiéramos de una manera sencilla toda la evolución de este fenómeno del narcotráfico, de cómo fue que pasaron de ser pequeñas empresas productoras de amapola y campesinos productores de mariguana, desde los chinos en Sinaloa en los primeros años del siglo XX, hasta convertirse en grandes corporaciones trasnacionales del crimen organizado, como son el Cártel del Pacífico, Los Zetas, la organización del Golfo, etcétera.

Entonces fue eso: llenar el vacío que había sobre la historia de estas organizaciones.

AR: ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentó para hacer esta historia? Hay una parte del libro en que se refiere a la documentación: como son historias ocultas es muy difícil conseguirla. Y un poco más adelante cita a Fernando Escalante sobre la dificultad de establecer el número de homicidios en el país, por ejemplo.

GVC: Hay un problema para recuperar toda la información. En primer lugar, las fuentes que se tienen de información: está en archivos del gobierno que no siempre son públicos; segundo, están en fuentes periodísticas en las que hay que depurar mucho, porque sabemos que los medios no siempre son muy exactos o no siempre verifican correctamente la información. Por otro lado, también hay un poco de literatura que, a lo largo de todas estas décadas, se ha ido reuniendo.

Entonces es una tarea muy laboriosa ir buscando todas estas fuentes y organizarlas, revisarlas, depurarlas, compararlas y luego irlas acomodando en un esquema lógico para que la narración del libro se haga coherente para el lector.

De manera que sí es una tarea laboriosa, para la cual me ayudó mucho el tiempo que yo trabajé en el Cisen porque tenía acceso a mucha información que no se utilizó para el libro, pero el conocimiento que me dio me facilitó la búsqueda, la selección y la depuración de las fuentes.

Este no es un libro de revelaciones de la información del Cisen sino uno histórico hecho con fuentes públicas, periodísticas, académicas, documentales, de archivos de la Procuraduría General de la República (PGR), de Estados Unidos, etcétera. Pero el conocimiento que me dio haber trabajado en el Cisen me facilitó el asunto para poder decir “esto sí es cierto, esto no corresponde a la realidad”.

AR: Una de las tesis principales del libro es el de que la competencia económica en los mercados ilegales implica necesariamente el uso de la violencia porque los delincuentes no pueden recurrir al Estado para resolver algún desacuerdo. Durante algún tiempo la violencia fue más soterrada y menciona usted que incluso había un acuerdo para no pegarle a la sociedad. Sin embargo, desde los años noventa se incrementó la violencia. ¿Esto a qué se debe?

GVC: La violencia entre organizaciones que se dedican a los mercados ilegales es fuerte: hay mucha cuando hay varias organizaciones que entran en competencia entre sí por controlar esos mercados.

Lo que pasó en México es que el narcotráfico en una época fue poco violento porque hubo un periodo en que prácticamente todas las organizaciones (había muchas en Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Guerrero, Michoacán) estuvieron estructuradas en una especie de corporación monopólica. Tenían un liderazgo fuerte, único, lo cual redujo los conflictos entre todos los grupos que se dedicaban al negocio.

Esta corporación monopólica del narcotráfico tenía la bendición, el cobijo y acuerdos con las autoridades del gobierno mexicano. De manera tácita llegaron a un entendimiento en el se dijo “pues tú produce y exporta mariguana, amapola y drogas a Estados Unidos, pero no me hagas mucho borlote y reduce al máximo la violencia. A cambio yo te doy el permiso de que hagas esta actividad ilegal y me traigas una parte de tus ganancias”.

Ese pacto, que operó desde los cincuenta hasta finales de los ochenta, junto con esa estructura monopólica de la corporación de narcotraficantes, hizo que la violencia estuviera presente pero no en las magnitudes que se produjo después.

¿Qué fue lo que cambió? Que este acuerdo y esta estructura monopólica de la industria del narcotráfico se rompieron a finales de los ochenta, entre 1985 y 1989, cuando ocurrió el famoso caso del Kiki Camarena. Entonces el Estado se vio obligado, por presiones de Estados Unidos, a detener a los jefes de esa corporación monopólica, que eran Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo.

Los metió a la cárcel y la corporación se quedó sin liderazgo, por lo cual se fragmentó. Entonces aparecieron los que se han conocido como los cárteles mexicanos: los de Tijuana, Juárez, Pacífico, Golfo, Milenio en Michoacán y los Amezcua en Colima.

Ocurrió que, por un lado, a partir de los noventa ya no tuvimos la corporación monopólica sino su fragmentación en organizaciones, y empezaron las luchas entre ellas, que incluso se fueron subdividiendo. Entonces ocurrió que muchas organizaciones que controlaban regiones y plazas estratégicas entraron en conflicto, y es cuando empezó a despegar la violencia, primero de manera leve pero ya mucho más fuerte que en las décadas anteriores. Empezó a haber episodios muy violentos y muy sonados, como el asesinato del cardenal Posadas en el aeropuerto de Guadalajara en mayo de 1993, y luego hubo un intento de asesinato contra Amado Carrillo en el Bali Hai en la Ciudad de México, hubo balaceras en Puerto Vallarta para matar a los Arellano Félix, etcétera.

Así comenzaron esos eventos, que ya nos anticipaban un comportamiento distinto de las organizaciones en términos de violencia porque ya entraban en conflicto. Durante 40 años operaron como una sola corporación, y a partir de los noventa ya son distintas organizaciones, diferentes empresas en competencia por ser la más poderosa, por volverse la empresa monopólica a través de la lucha y la desaparición de los competidores.

Otro factor que ayudó a que estas guerras se volvieran cada vez más violentas fue que el Estado mexicano no se preocupó por desarrollar instituciones de seguridad sólidas, fuertes, honestas y eficaces, en parte porque durante los años de contubernio con el crimen organizado esas policías era financiadas, en parte, por el narcotráfico, y estaban corruptas desde hace muchas décadas. Entonces, por ejemplo, cuando los Arellano Félix se apoderaron de Tijuana, a la que dominaron durante casi tres décadas, y se peleaban con El Chapo Guzmán por el control de Tijuana, ¿qué pasaba? Que no había policía que impidiera esas luchas o que tuviera el poder de fuego suficiente para controlar y someter a los grupos criminales. ¿Por qué? Porque estaban al servicio de ellos desde hace muchas décadas.

Entonces ¿qué es lo que provocó esta violencia tan brutal a partir de los años noventa, que ya iba en incremento y con más presencia a partir del 2000 con, por ejemplo, la guerra del cártel del Pacífico contra el del Golfo en toda la frontera norte de Tamaulipas? Son tres factores: una mayor demanda de drogas en Estados Unidos, la fragmentación de las organizaciones y la debilidad del Estado, que no tiene capacidad para controlarlas.

AR: Me llamó la atención cómo se relaciona el sistema político mexicano, incluso más ampliamente el régimen, con las organizaciones criminales: aquel periodo de control de los años cincuenta a los años ochenta coincide con una época de gran estabilidad política. Usted hace allí el símil de la gran corporación que era el cártel de Jalisco con la CTM y su inclusión en la estructura corporativa del Estado. ¿Cómo se imbricó el desarrollo de las organizaciones criminales con la evolución del sistema político mexicano?

GVC: Básicamente hay una estrecha relación, como lo señalas cuando me planteas el tema, entre el tipo de sistema político y el tipo de crimen organizado. Sostengo que hubo una especie de pacto no reconocido, tácito, informal, entre el Estado y las organizaciones del crimen organizado. Para que exista un pacto se necesitan —aunque es una verdad de Perogrullo— dos partes que lleguen a un acuerdo y que ambas digan “estas van a ser las reglas del juego”, y que las dos cabezas que firman el pacto tengan la capacidad de que todos sus subordinados lo cumplan. Por un lado, si se firmaba ese pacto por el lado de los jefes del narco todos los de abajo tenían que cumplir y obedecer esas reglas. Igual en el sistema político: el que firmaba era un Estado muy presidencialista en el que todos los gobiernos estatales, los poderes Legislativo y Judicial, toda la estructura política del partido en el poder obedecía al Presidente. Entonces, si había una línea, se cumplía hasta abajo.

Pero empezó el proceso de democratización de México a finales de los años ochenta, cuando comenzaron a ganar gubernaturas los partidos de oposición y luego el PRI perdió el control del Congreso, y, de alguna manera, se desmontó esa Presidencia de la República tan poderosa que era el eje del control político, cuando lo que decía el Presidente se cumplía hasta abajo. Ya no fue el caso porque el Presidente tenía su poder pero los gobernadores son autónomos y ya no todos son del partido que tiene la Presidencia; además, ya no había mayoría en las Cámaras del Congreso y hubo una reforma en el Poder Judicial.

Entonces tenemos que en un Estado más democrático, con un sistema de poder descentralizado, pensando hipotéticamente que el Presidente quisiera hacer un pacto con los narcos, pues no le harían mucho caso. Suponiendo que el Presidente quisiera pactar con alguna figura importante del crimen organizado, digamos El Mayo Zambada, ¿qué garantías le podría dar el Presidente de que todos los gobernadores, presidentes municipales y legisladores van a acatar esas reglas del juego? No podría dárselas. De la misma manera, ¿qué garantías le daría El Mayo Zambada al Presidente de la República, de que Los Zetas, Los Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Viagras cumplirían el pacto?

Las condiciones históricas que hicieron posible el anterior pacto entre el narco y el Estado mexicano ya no existe. Entonces es irreal plantear que ahora se puede revivir eso. Lo que suele suceder ahora es que puede haber pactos estatales, pero en todo caso van a ser muy frágiles, porque igual un gobernador no tiene el control de todo su estado y los narcos tampoco tienen control de todas las organizaciones que están en un estado. Pero sí suele haber pactos frágiles: por ejemplo, lo intentaron en Michoacán, donde Jesús Reyna, secretario de Gobierno estatal, se reunía con La Tuta.

Existe en el ámbito local la tentación de revivir esos pactos como una manera de resolver la violencia, pero en realidad son fallidos. No solucionan el problema y la consecuencia más grave de esos intentos es que en el fondo lo que hacen es que en la medida en que los narcotraficantes siguen operando un negocio que es tan rentable se van fortaleciendo, y la autoridad le da la instrucción a la policía de que no los moleste, porque es parte del pacto. Entonces lo que se hace es corromper y debilitar las instituciones. Es contraproducente por cualquier lado este tipo de pactos.

AR: Como usted dice en el libro, se trata de la historia de dos tragedias: primera, la de las organizaciones criminales y, segunda, la de las instituciones de seguridad y justicia, que son débiles y cómplices. Pero hay otra cara: ¿cuál ha sido el papel de la sociedad en el desarrollo de la violencia del crimen? Por allí hace usted algunas anotaciones: en un principio habla de las redes familiares y comunitarias, que también ha habido un importante arraigo en la sociedad de la que nace el narcotráfico, e incluso en el caso de los Arellano Félix usted habla de “complicidad social”.

GVC: Lo primero que hay que tener muy claro es que el narcotráfico es parte de la sociedad; no son marcianos que llegaron y que de repente tenemos sociedad y narcotráfico por ellos. La parte de la sociedad que no está directamente involucrada puede reaccionar de distintas maneras frente a esas partes suyas que se dedican al narcotráfico. En México, como el Estado no lo veía mal y no lo combatía de manera seria y sistemática, pues la sociedad en general también tendía a verlo con ojos bondadosos —por decirlo de alguna manera— porque para mucha gente representaba un ingreso y una forma de vida muy buena.

Entonces, en ese sentido el narcotráfico siempre ha tenido una base social; en ésta hay gente que colabora, que tolera y apoya al narco de manera voluntaria, y otra es involuntaria, porque los señores también suelen obligar a la gente a participar por la fuerza, la famosa “ley de plata o plomo”.

Este es un factor muy importante para explicar el arraigo y el crecimiento del narcotráfico, porque en general en los estados donde tuvo su origen y luego se fue expandiendo ha tenido mucha aceptación y mucho apoyo de la sociedad. En Sinaloa, que es la cuna del narcotráfico y en donde una buena parte de los campesinos se dedicaban a producir goma de opio, el equipo de beisbol eran Los Gomeros, lo que da una idea de esta cultura favorable de una buena parte de la sociedad hacia el fenómeno.

Pero también está el caso de Michoacán, donde también hubo un arraigo fuerte del crimen organizado con La Familia, que tuvo mucha presencia y mucho respaldo en la zona de Apatzingán. Pero a la hora en que los habitantes vieron la naturaleza real y las consecuencias de lo que son las organizaciones criminales, se les voltearon. Las autodefensas son expresiones del error de haberlos tolerado, porque son como alacranes: se vuelven contra la sociedad y la pican con veneno. Hay un momento en que la sociedad reacciona contra el narcotráfico porque ve que la evolución de las organizaciones criminales es, a final de cuentas, muy dañina. La lógica del narcotráfico en México quizá en términos sociales no era dañina cuando la actividad fundamental era producir y exportar droga; pero estas organizaciones se diversificaron y comenzaron a vender droga localmente y generaron adicciones, y después se dedicaron a la extorsión, al secuestro, a la violación, al robo de mercancías, a la piratería, etcétera. Entonces ya hubo toda una cara muy dañina para la sociedad, que se vio atrapada en una contradicción fuerte: “Yo permití, alenté y participé en esto, y ahora veo que es un fenómeno con un daño brutal para la sociedad. Me tengo que rebelar contra los narcotraficantes”.

Este fenómeno de, primero, aceptación, y luego de rechazo y rebelión en contra de los narcos, ha sido muy distinto en varias partes del país. Por ejemplo, en Ciudad Juárez el descenso de violencia que se vio a partir de 2012 para acá en buena medida es por la reacción de la sociedad contra el narcotráfico por el exceso de violencia. Pero durante mucho tiempo en ese lugar participaban muchísimos ciudadanos en los negocios ilegales. Incluso cuando los primeros operativos del gobierno federal en 2008-2009 en Ciudad Juárez, por ejemplo, una de las medidas que se tomaron fue que, como prácticamente todos los sicarios se movían en coches chocolate, importados de Estados Unidos, sin placas y con vidrios polarizados, se le pidió al municipio prohibir la circulación de esos autos. Hubo una reacción fuertísima del sector privado, de los que se dedican a vender autos chocolate. Entonces ciertos sectores empresariales se beneficiaban de esos mercados ilegales y hubo resistencias, pero tuvo que hacerse un programa con la presión social y afectar los intereses de esa gente que antes era beneficiada por estas actividades ilegales.

Es muy importante el tema del nivel de aceptación de la actividad del narcotráfico por parte de sectores amplios de la sociedad, y luego la conversión de esa aceptación en un proceso de rechazo cuando el crimen organizado muestra la verdadera cara de su poder depredador.

AR: También es un problema de recursos. Usted dice, por ejemplo, que muchos teóricos no se imaginan que los narcotraficantes no sólo no van a enfrentar al Estado sino que lo van a tener a su servicio. En ese sentido me interesa la cuestión de los recursos que ha dedicado el Estado al combate del narcotráfico: usted cuenta que en los años cuarenta José Siurob, funcionario de Salubridad, dijo que a quienes estaban en el servicio antinarcóticos se les pagaba con droga, y mucho tiempo después se siguió contando que las delegaciones de la PGR las pagaban los narcotraficantes. ¿Qué efectos ha tenido esto?, ¿es actual ese problema?

GVC: Todos los que se dedican a los negocios ilegales para sobrevivir tienen que corromper en algún momento. No son invisibles, alguien los ve, alguien se entera, y normalmente son los policías municipales, por ejemplo. Y aquellos corrompen para impedir que la policía haga su trabajo.

Sin embargo, creo que el problema de la debilidad de las policías, mal pagadas y poco profesionales, es anterior al narcotráfico. Considero que como sociedad nunca le hemos dado importancia al cumplimiento de la ley y a tener policías, y a la hora en que apareció el narcotráfico, pues éstas vieron una posibilidad de financiarse: se juntaron el hambre con las ganas de comer.

Los datos y las anécdotas que planteo en el libro —que están sacadas del libro de Jesús Blancornelas— de cómo financiaban los Arellano Félix a los judiciales locales y federales son de vergüenza. Yo creo que eso ya se acabó en buena parte: cuando, de manera masiva, sistemática y general, llegaba el delegado o subdelegado de la PGR, y sabía que tenía que ir a recolectar dinero de los criminales para pagar las nóminas. Eso ya no existe de esa manera, lo cual no quiere decir que no hay intentos de hacerlo y que haya todavía corrupción como ocurrió en el caso de Iguala.

Pero a nivel federal creo que hay un cambio fuerte, porque con el presidente Calderón las reglas del juego cambiaron porque el Estado ya no podía tolerar aquello. Allí está el esfuerzo de depuración de policías.

Recuerdo haber platicado con personas que trabajaban en la Procuraduría en la época de Fox, y me decían: “Es que no sabemos qué hacer con muchos judiciales porque, si los corremos, pues se van a dedicar a asaltar y se van a ir del otro lado”. Entonces Calderón decía: “No, es que no se van a ir del otro lado: ya lo están”.

Lo que ya no es tolerable para el gobierno federal es que haya un policía que, con el sueldo, con la identificación y con la pistola del Estado se dedique a asaltar a la gente. En ese sentido sí hay un cambio importante; no quiere decir que no haya posibilidad de que los corrompan, pero desde el Estado ya no se tolera eso, y más bien se inició un proceso de depuración que todavía está en camino y al cual le falta mucho, pero allí está.

Considero que hay un fenómeno que se ha comentado poco y que es importante señalar: cuando entran todas las agencias del Estado a combatir al narcotráfico de manera coordinada pero independiente, esta participación competitiva de las agencias del Ejército, la Marina, la PGR, la Policía Federal, el Cisen, etcétera, dificulta mucho la corrupción. Por ejemplo, cuando se detuvo a El Mochomo, se decía que pagaba mucho dinero a la PGR para su protección, pero el Ejército no estaba enterado del arreglo y fue y lo agarró. De nada sirvió toda la corrupción en la PGR si, además, no tenía comprado al Ejército; luego, si lo tenía pues llegaba la Marina y daba el golpe. Entonces, o la corrupción es generalizada a todo el mundo o no les sirve a los narcotraficantes porque no les garantiza la protección total corromper nada más a una parte de una dependencia.

Cuando hay la voluntad política del gobierno de decir que esto va en serio, no es que la corrupción se acabe de golpe porque seguirá habiéndola, pero se dificulta muchísimo. Además, se eleva el costo porque, por ejemplo, si no es una prioridad política combatir el narcotráfico o el crimen organizado, y yo soy jefe de una Zona Militar, me llega el narco y me dice: “Oye, pues hazte de la vista gorda, aquí yo te paso unos billetitos verdes cada mes”. Y como no me dicen “tienes que agarrar a los narcos”, me hago de la vista gorda. El riesgo de dejarme corromper cuando no tengo la observación ni la orden de combatir al que me va a corromper, es mucho menor que cuando me dicen “tienes que agarrar a los capos y no tienes que dejar que pasen la droga”. Entonces te puedes corromper, pero corres un riesgo mayor de que te detecten y te encarcelen, y si decides corromperte le vas a decir al otro: “Mi riesgo es mucho más elevado, y entonces en vez de 100 pesos me vas a dar mil”.

Entonces no es que se acabe la corrupción, pero sí que el hecho de que haya una política explícita y una voluntad clara de combatir el crimen organizado cierra incentivos y genera diques para la corrupción. Hay que distinguir que esto es distinto en el ámbito federal que en el ámbito estatal, y en ese sentido creo que a nivel local todavía hay mucha más corrupción porque, además, son mucho más vulnerables.

La solución para frenar la corrupción comienza por la voluntad política explícita y clara no sólo del gobierno federal sino de los gobernadores para decir “esto no es tolerable y no es permisible”.

Ejemplo clarísimo de esto es Guerrero: allí no había ni voluntad ni interés político, y se permitía, por ejemplo, que Abarca y su esposa hicieran y deshicieran.

AR: Una presencia que atraviesa el libro es Estados Unidos, desde la política de prohibición hasta la venta de armas, pasando por cuestiones culturales y los mercados de las drogas. ¿Cuál ha sido su papel en la historia del narcotráfico y la violencia en México?

GVC: Ha sido decisivo: si Estados Unidos no tuviera esa política prohibicionista no estaríamos en este problema. Sería una actividad legal más, como la venta de alcohol, y tendríamos un problema gravísimo de salud pública pero no tendríamos el del crimen organizado.

En los mercados ilegales de las drogas tenemos dos componentes: la demanda, que son todos los consumidores, los que quieren fumar mariguana, los que quieren inyectarse cocaína o heroína, o quieren darse un pasón con la coca, etcétera, y por otro lado tenemos la oferta.

La política de Estados Unidos se enfoca más en combatir la oferta que la demanda. Si, por ejemplo, yo digo que el problema de las adicciones está en la demanda, busco programas y proyectos preventivos para lograr que la gente no consuma drogas, o invierto mucho en proyectos de tratamiento para sacar del consumo a quienes ya están en él. La otra es que puedo poner el esfuerzo en impedir que se produzcan las drogas y lleguen a Estados Unidos.

Entonces tradicionalmente Estados Unidos ha insistido más en frenar el problema del narcotráfico por el lado de la oferta que por el de la demanda. Poner ese énfasis ha hecho que su política exterior consista en una presión fuertísima para que otros países dejen de producir y exportar droga.

Durante décadas hemos sufrido una presión muy fuerte de Estados Unidos para resolver este problema. Muchas de las acciones y de las políticas de México se explican por esa presión. Además, y no es ningún secreto sino que hay que decirlo y reconocerlo, la relación entre ambos países es terriblemente asimétrica: ellos son los poderosos y nosotros los débiles, y no tenemos muchas capacidades para oponernos a muchas cosas.

Es tan simple como eso.

AR: Es interesante la defensa que hace de la política respecto al narcotráfico y el crimen organizado en el gobierno del que usted fue funcionario. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los miles de homicidios, de los que usted dice que el 82 por ciento se cometieron entre delincuentes. La política del sexenio de Felipe Calderón estaba dedicada a la pacificación, a evitar ese tipo de conflictos con derramamiento de sangre, fueran criminales o no. En ese sentido, ¿cuál es su evaluación de la política de esos seis años?

GVC: Voy a tratar de contestar tu pregunta, pero antes hay que decir lo siguiente: creo que aún es muy poco tiempo para evaluar una política de esta naturaleza porque el fenómeno que estamos enfrentando, que es el crecimiento, la expansión y el poder económico y militar tan fuerte del crimen organizado en México, no es un problema que desaparezca con varita mágica de la noche a la mañana.

Yo pongo los ejemplos de los ciclos de violencia de otros países: en Colombia el ciclo de violencia lleva 28 años. La violencia subió durante 18 años: ese país pasó de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes a 80, y luego, en 9 años, lo han reducido a 40. Eso es el éxito colombiano: después de 27 años están al doble de lo que estaban al principio.

Nueva York, que era una ciudad terriblemente violenta, tardó 10 años en reducir la tasa de homicidios a la mitad. Entonces son problemas para los que difícilmente pueden lograrse los resultados deseados en 6 años.

Por eso digo que todavía puede ser muy pronto para evaluar. Sin embargo, creo que hay cosas que son muy destacables en términos de lo que se logró, y hay otras que son claramente insuficientes y que no se hicieron de la manera correcta, o quizá no hubo la ecuación suficientemente balanceada de los distintos componentes de la estrategia.

¿Qué es lo que creo que, en primer lugar, sí fue acertado y que habría que seguir trabajando? Planteo, en términos generales y muy sencillos, que el poderío del crimen organizado, que es la causa del 85 por ciento de las ejecuciones, se debe, en buena medida, a la debilidad de las instituciones del Estado. Entonces lo que tenemos que hacer para debilitar al crimen es fortalecer al Estado.

Entonces, creo que el logro (sin ponerle porcentajes) es empezar a revertir la ecuación, porque hay un proceso de comienzo de un fortalecimiento del Estado, y un proceso de debilitamiento de las organizaciones del narcotráfico. No hay que confundir debilitamiento con desaparición: el narcotráfico no va a desaparecer porque tenemos una demanda fuertísima de drogas en Estados Unidos y siempre va a haber quien quiera entrarle a ese negocio ilegal.

Pero lo que sí es importante es que no debemos tolerar en México, ni podemos darnos el lujo, de tener organizaciones tan poderosas y tan violentas como las que llegamos a tener en estas últimas décadas.

¿Qué quiere decir debilitar al crimen organizado? Tener organizaciones que sean incapaces de retar al Estado y de apoderarse de sus instituciones, y que no tengan esa capacidad de fuego. En ese sentido sí hemos avanzado. Yo creo que ahora no hay ninguna organización (no digo en términos económicos, porque el negocio sigue allí) que en términos militares, organizativos y políticos tengan el mismo poder que el Estado. Durante tres décadas tuvimos 37 narcos poderosísimos; ahora, 32 están en la cárcel o muertos. Entonces ya saben que con el Estado, tarde o temprano, pierden, y antes no había ni siquiera ese mensaje.

Entonces sí empieza a cambiar la correlación de fuerzas entre crimen organizado y Estado. Eso no está resuelto ni mucho menos, pero el proceso está iniciado.

Segundo, destacaría que el Estado ha generado mucha más capacidades, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia. Cuando llegó Calderón había 6 mil policías federales, y ahora hay 40 mil. Algunos estados han empezado sus procesos de renovación y de fortalecimiento de las policías estatales, y está en marcha una reforma del sistema judicial penal. También creo que se fortaleció al Ejército (acuérdese de cuando los soldados ganaban 3 mil pesos y desertaban miles de ellos).

Hay avances, pero evidentemente falta muchísimo. Planteo en el libro que probablemente el fortalecimiento de todas las instituciones de seguridad y justicia nos puede llevar una generación, 20 o 25 años. Más nos vale darnos prisa.

Hay cosas que no se atendieron con toda la fuerza que se debía: haber puesto más coordinación y más fuerza en toda la política social (que sí la hubo, pero no con la interacción adecuada con la política del combate al crimen).

Uno de los puntos débiles que hay que seguir reforzando mucho es la procuración de justicia y las investigaciones judiciales para poder reducir la impunidad por las decenas de miles de homicidios y de desaparecidos. Es urgentísimo seguir fortaleciendo toda el área de procuración de justicia.

Yo hago ese balance general. Creo que en la medida en que estemos un poquito más lejos y despoliticemos y despartidicemos esta discusión podremos ver con una mirada más objetiva qué se hizo bien y qué se hizo mal, qué faltó. Pero yo apunto esos elementos como para el inicio de una evaluación de dónde vamos.

AR: Termino: me habló de varios puntos favorables de la política de Calderón. ¿Ha habido continuidad del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto en esos aspectos positivos?

GVC: En término generales, sí. Pero lo que yo he llegado a criticar es que no le han dado la prioridad, la urgencia y los recursos al fortalecimiento de las policías, de todas las instituciones locales. Siento que allí hubo un freno y que ahora, después de lo de Ayotzinapa, se retoma lo del mando único y la depuración de las policías. Pero ya perdimos dos años.

En términos generales, porque creo que aquí no se inventan hilos negros, se tiene que fortalecer el Estado. Puedes empezar por la Policía Federal, la municipal o la estatal. En las coyunturas uno puede discutir cuál es la estrategia concreta, pero tienes que hacer programas sociales para quitarle base social al narco; tienes que combatir la corrupción y limpiar las estructuras políticas, y debes tener acciones para debilitar las organizaciones criminales.

No es que Calderón haya inventado el hilo negro, pero pues es lo que hay que hacer y es también lo que, de alguna manera, con distintos énfasis y, por desgracia, con menos prisa, está haciendo el gobierno de Peña Nieto.

*Entrevista publicada en Metapolítica, núm. 93, abril-junio de 2016.