La "otra guerra sucia". Entrevista con Jesús Blancornelas

La “otra guerra sucia”: prensa y narcotráfico en México
Entrevista con Jesús Blancornelas
Ariel Ruiz Mondragón

Las actividades de los narcotraficantes y toda su estela de cómplices (encabezada por muchas de las autoridades que deberían dedicarse a combatirlos) han dejado diversos estragos en la vida social de México. A estos no ha podido permanecer inmune el trabajo periodístico, que ha padecido graves consecuencias del tráfico ilegal de drogas: desde el amedrentamiento que logra ocultar información o fabricar versiones, hasta lo más graves, que son los asesinatos de periodistas. Ya son alarmantes los resultados de esa perversa ofensiva contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Una característica que han terminado por adoptar los crímenes contra periodistas es la impunidad con la que se cometen. Pese a las promesas del presidente Fox, esos homicidios permanecen sin aclararse, debido a que las investigaciones tienen como denominador común la torpeza, la ineptitud y el ocultamiento interesado.

Ante esto, no ha habido en los últimos años un frente común bien organizado de los periodistas mexicanos que logre revertir esa deplorable situación. En esto consiste uno de los más urgentes pendientes del gremio.

Uno de los periodistas que más ha investigado en el sórdido mundo del narcotráfico lo es, sin duda, don Jesús Blancornelas, director de la revista tijuanense Zeta (publicación cuyos miembros más destacados han sido víctimas de atentados) y autor de varios libros sobre el tema. Recientemente ha sido publicado su libro En estado de alerta. Los periodistas y el gobierno frente al narcotráfico (México, Plaza y Janés, 2005), el que constituye una seria advertencia sobre los alcances de la influencia de los narcos en la política, una severa denuncia de la impunidad de los crímenes contra periodistas, y un urgente llamado a los miembros de ese gremio para organizarse.

Sobre ese libro sostuvimos una charla electrónica con don Jesús, en el que tratamos los siguientes temas: la falta de solidaridad entre periodistas, las posiblidades de crear una organización gremial, la tipificación de los asesinatos de periodistas como delitos del furo federal, la penetración del narco en la política y en la prensa, algunos abusos de los medios, la incursión de periodistas en la política partidista y los papeles de la sociedad y el gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

Ariel Ruiz (AR): Señala usted la falta de solidaridad del gremio periodístico cuando hay atentados contra colegas. Escribe: que “impera el odio entre los dueños y los editores de periódicos”. ¿A qué se debe esta situación?

Jesús Blancornelas (JB): La recuerdo desde cuando me inicié en San Luis Potosí. Entonces ni siquiera nos hablábamos los reporteros de un diario con los del competidor. Entonces la entendí como consecuencia de competencia. Pero ahora están muy definidos los intereses económicos en las empresas. A tal punto que cuando lamentablemente han asesinado compañeros periodistas, les interesa más la noticia que la investigación o el reclamo. Y solamente informan la primera vez y nueva más vuelven a tratar. Además no existe solidaridad en cuanto al ejercicio de la profesión. Esto sucede en todo el país.

AR: ¿Qué posibilidades encuentra de poder constituir un organismo gremial que defienda a los periodistas de las agresiones en su contra? ¿Qué fue lo que ocurrió con la Sociedad de Periodistas?

JB: Lo veo muy difícil. Recientemente nos reunimos unos 30 directores de diarios en Hermosillo. Fue a promoción de un organismo internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto es porque no hay uno mexicano capaz de convocar abiertamente. Los existentes van desde lo elitista hasta lo político. En Hermosillo elaboramos un documento para reclamar justicia ante el Presidente de la República, por los asesinatos cometidos SOLAMENTE en su sexenio. Fue en agosto. Actualmente, en octubre, ni siquiera nos ha contestado. Tampoco acuse de recibo. Esto causa desilusión. El trabajo que se realizó para poder reunir a tanto director, cada uno pagando sus gastos, se cayó simplemente por el desentendimiento del Presidente y sus allegados, y por la indiferencia de los diputados federales.

Con la Sociedad de Periodistas todo empezó a funcionar muy bien. Fuimos convocados originalmente por organismos extranjeros periodísticos como Freedom Forum y Committe to Protect Journalists (Comité de Protección a los Periodistas). Luego de reunirnos reporteros durante un día en la Casa Lamm llegamos a un acuerdo. El directorio incluía a compañeros de renombre. A mi me correspondió elaborar las cartas de protesta a gobernadores, procuradores o miembros del gabinete presidencial zedillista cuando agredían a un periodista. Inmediatamente nos contestaban. Ponían atención. Hubo resultados. Lamentablemente otros compañeros se fueron desentendiendo en la Ciudad de México hasta que murió la Sociedad. Ni siquiera hubo dolientes. Fue triste, porque estaba dando resultado. Volvemos a lo mismo: la falta de solidaridad. Hubiera sido y sería un éxito solamente con la inclusión de nombres de relevantes nombres de compañeros en el directorio. Pero no pusieron atención lamentablemente. Al final me di cuenta con tristeza: Los periodistas somos más materia para noticia y no factor de solidaridad.

AR: Usted ha pugnado para que los crímenes contra periodistas sean tipificados como delito federal; eso se debe, en buena medida, a la incapacidad y a la desconfianza generadas por el contubernio de muchos gobiernos locales con los narcotraficantes. Pero usted también ha demostrado que esa connivencia también se da con autoridades federales (delegados estatales de la PGR, por ejemplo). En ese sentido, ¿qué ventaja significa llevar al fuero federal los atentados contra los periodistas?

JB: El propósito es que agresiones o asesinatos sean investigados fuera del Estado donde se cometen. En ocasiones los autores intelectuales son funcionarios estatales o particulares influyentes. Entonces no funciona la Procuraduría estatal de justicia. A esto se suma otro factor: La complicidad de policías ministeriales con los cárteles. Por eso el propósito de federalizar y evitar la prescripción. Desgraciadamente en el ámbito federal estamos viendo lo mismo. Hay casos de compañeros asesinados en manos de la Procuraduría General de la República y no actúan. Se ha publicado quienes son los asesinos. Las evidencias. Pero ni así. Esto queda comprobado con tragedias desde hace aproximadamente 10 años, para no exagerar. Hay un caso que es una vergüenza para el Gobierno de México. Concretamente el asesinato de Héctor Félix Miranda (de Zeta) en 1988. No se turnó a la PGR. Los gobiernos fueron dando largas. Fue precisa la intervención de la Sociedad Interamericana de Prensa. Luego de dos años de cabildeo se logró el acuerdo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington: Recomendar al Gobierno de México revisar el expediente para determinar si hubo fallas y lograr la captura del autor intelectual. Todas las hipótesis apuntan a Jorge Hank Rhon, pero hasta los gobiernos estatales panistas evadieron el caso. Es triste vernos obligados a buscar justicia en el extranjero.

AR: ¿Qué otras medidas, además de pasar al fuero federal los crímenes contra periodistas, deberían implementarse para detener lo que usted llama “la otra guerra sucia”?

JB: Desgraciadamente mientras no exista solidaridad entre los periodistas y efectividad en las procuradurías, de nada servirá. Simplemente en los dos últimos años todos los casos de compañeros asesinados no se han resuelto. Esto a pesar de que se han publicado nombres, fotos y detalles de los autores. De continuar esta situación sólo cabe agotar los pasos legales en México. Y de no cumplirse, recurrir al extranjero. No hay más.

AR: Propone usted que estamos en la antesala de un co-gobierno entre políticos corruptos y narcotraficantes, cuya asociación se estaría dando en función del financiamiento de campañas electorales. Menciona fundadas sospechas en el caso del PAN en Baja California desde 1996. ¿Cómo ha ocurrido esto?

JB: El narcotráfico se manejaba en los años setenta organizado. Con discretas complicidades oficiales. Pero a fines de los ochenta y más en los noventa, se desató el soborno a policías. Fíjese bien: Los principales narcos mexicanos en su pasado fueron agentes estatales o federales. Luego han penetrado tanto que no hay gobierno federal, estatal o municipal que no esté infiltrado por los capos. Lograron asÍ su propósito de tener aliados oficialmente para su actividad. Están a un paso de la tentación: Ofrecer dinero. Costear campañas y lograr posiciones políticas.

AR: También señala graves defectos de la prensa mexicana, que hacen pensar ya no en falta de solidaridad, sino de ética (como en los caso de plagio que describe). Usted envió un par de réplicas a La Jornada sobre “dos casos de grave inexactitud”. ¿De qué se trataban esas aclaraciones? ¿A qué piensa pudo deberse la omisión de ese periódico (que, por otra parte, no es el único que hace eso)?

JB: Publicaron inexactitudes incluyendo mi nombre en notas relacionadas con el narcotráfico. Las aclaraciones atentas y sin irrespeto fueron censuradas. Ignoro el motivo que La Jornada tiene contra mi o Zeta.

AR: Hay no pocos periodistas que cometen abusos ya sea por iniciativa propia, por paga o por amistad. Se erigen en jueces implacables. Usted relata el caso de Margarita Michelena, quien, muy presumiblemente influida por su amistad con el profesor Carlos Hank, lo atacó despiadadamente. ¿Cómo frenar esos y muchos otros abusos que también cometen los periodistas?

JB: Esto no terminará, insisto, hasta que no exista solidaridad en el gremio. En esa ocasión y publicada en la revista Siempre!, no hubo un solo compañero de México que solicitara mi opinión o siguiera la nota. Margarita exigía a Gobernación clausurar mi periódico, bajo el supuesto de que yo estaba loco. Y los compañeros del Distrito Federal ni siquiera parpadearon. Me pregunto que hubiera pasado en aquellos tiempos si se refirieran a un periodista relevante de la capital y de un diario notable.

AR: También relata usted cuando la dirigencia bajacaliforniana del PAN le ofreció hacerlo candidato a diputado local, a lo que usted se negó. ¿Qué opinión tiene de los periodistas que se meten de políticos (por ejemplo, por allí hay alguno de mucha reputación que anduvo de candidato a gobernador, o hay otros que andan organizando finanzas de campañas electorales)?

JB: Mi opinión es que los periodistas no debemos mezclarnos en política. Eso derrumba el objetivo de ser informador. Considero que toman a su diario o posición como catapulta para caer en diputación o cualquier otro puesto. Le pongo un ejemplo: Actualmente en Tijuana el director del periódico El Mexicano es líder de la CTM, Presidente del Consejo de Administración de su diario y también diputado local. Va más allá de quienes dejan la profesión para dedicarse a la política. Se mantiene en las dos. Y en consecuencia no garantiza a sus lectores imparcialidad. Eso ahonda la división en el gremio. Utilizan su periódico para refutar o ridiculizar a otros que son independientes hasta el punto de inventar aberraciones como las de Margarita Michelena.

AR: ¿El dinero del narcotráfico ha penetrado en la prensa mexicana? Si es así, ¿cómo se manifiesta?

JB: No tengo una constancia. Pero los mafiosos son tan sutiles como cuando sobornan a funcionarios. De repente se nota mucho. Por ejemplo si el Ejército Mexicano capturó a un notable capo, a los dos o tres días empiezan las publicaciones: “Los militares deben estar en el cuartel, no en otras actividades”. O minimizan los decomisos, encarcelamientos o ejecuciones. Este octubre asesinaron a un sacerdote, tiroteado al estilo mafioso. La nota en el diario principal de Tijuana ocupó apenas la parte inferior de la primera plana. Las ocho columnas fueron dedicadas a una huelga en el COBACH. Esto me hace recordar la vieja enseñanza de nuestros maestros bohemios. “La noticia no es cuando un perro muerde al hombre, sino cuando el hombre muerde al perro”. En este caso cada año hay huelgas en el COBACH, pero no todos los años matan a un sacerdote. Esos son los signos de la penetración mafiosa.

AR: Usted critica muy fuerte al Premio Nacional de Periodismo, al que propuso cambios importantes cuando lo recibió, algunos de los cuales se han realizado. Está usted en desacuerdo con la convocatoria a enviar trabajos y con el jurado, debido, por una parte, a que se ignoran muchos trabajos de mérito, y por otra a las filias y las fobias personales y profesionales. ¿Cómo debería funcionar ese premio?

JB: No estoy de acuerdo en que se convoque a un premio de periodismo a condición de enviar un trabajo. Mi proposición fue que debían existir tres comités en el país: Norte, Centro y Sur. Que estuvieran revisando las informaciones más notables del año y luego se reunieran para decidir la mejor. En Washington, Nueva York, París, Colombia y Perú, donde he sido premiado, simplemente me avisaron unos días antes que fui escogido. Solamente en el caso de México en una ocasión mi amigo Pablo Hirart, de La Crónica, envió mis trabajos y resulté premiado. Fue en esa ocasión que me opuse a que el Premio Nacional de Periodismo lo otorgara el Gobierno. Se lo pedí al Presidente de la República. Lo aceptó. Y por eso doné los 160 mil pesos del premio para que se iniciara la organización de un premio ciudadanizado. La forma como se sigue en la actualidad efectivamente deja muchos trabajos fuera, ya sea por indiferencia o por omisión de los propios periodistas en el envío de sus trabajos.

AR: En el libro dice que “en cierta forma la sociedad tolera al narcotraficante y todos quieren enriquecerse con tan ruin ocupación”. En el combate antinarcos, ¿qué papel debe jugar la sociedad? En ese sentido, en el libro hay un ejemplo esperanzador: el de Verónica Guerin en Irlanda; pero también encontramos, en sentido contrario,.la elección de Jorge Hank como alcalde de Tijuana.

JB: La situación es lamentable. Por ejemplo: Un concesionario automotriz recibe la visita de un mafioso o su representante. Le dice: “Quiero este carro, este otro, aquel negro y esa camioneta”. Saca el fajo de billetes. Paga al contado. Le preguntan “¿A nombre de quien su factura?”. El que sea y punto. El concesionario feliz. No va a negar la venta aun sabiendo que se trata de un narco. Pero entonces la Secretaría de Hacienda no pregunta: “Oye, esta persona te compró tantos vehículos al contado”. No. Ni le interesa. Lo único que busca es “tú me pagas impuestos de esa gran venta que hiciste”. No le importa de dónde salió el dinero. Lo mismo pasa con residencias y muchas cosas más. Todo mundo sabe en Sinaloa, Sonora, Juárez, Laredo, Guadalajara, Tijuana y otras ciudades de quienes son las casas y vehículos, menos la policía. Hacienda tampoco. Pero si no hay voluntad política, tampoco hay ciudadanía con ese mismo sentido, como en los casos de Verónica Guerin. Imposible una manifestación contra los narcos. Las personas tienen miedo a ser vistas y asesinadas. Y tratándose de Hank, los electores prefirieron no ir a votar. Por eso ganó con una minoría. Si los ciudadanos hubieran ido a las urnas, le derrotan.

AR: En Conversaciones privadas, libro suyo publicado en 2001, retomando una frase de Carlos Fuentes usted escribió que “el gobierno de Fox, o se desayuna a los narcotraficantes antes de que termine su sexenio en 2006 o los narcotraficantes se desayunan a su gobierno”. Cuatro años después, ¿quién ha sido el desayuno?

JB: La frase de Carlos Fuentes fue “O Echeverría se desayuna a sus enemigos, o los enemigos se desayunan a Echeverría”. 1971 ó 72. Acomodando aquella sentencia del notable escritor a Fox con los narcotraficantes, diríamos que los capos están por sentarse a la mesa. El aparato de procuración de justicia está contaminado por las mafias y dirigido por personas sin experiencia. Hay ausencia de inteligencia y exceso de lujo. Aparatosidad. Inefectividad. Este año han sido encarcelados más policías que mafiosos. Eso es una referencia muy clara de cómo los capos se están acercando a desayunar.

AR: ¿Qué perspectivas observa en la lucha contra el narcotráfico? Dice usted que ni Fox, si se decidiera, ni el próximo presidente, le harán cosquillas a los narcos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer?

JB: En mi opinión lo primero que se necesita es un servicio de inteligencia. De nada sirven los sistemas de cómputo si no existe una programación nacional sobre nombres, paraderos o huellas. Sólo publicidad. Y de hecho la PGR en sus investigaciones va atrás de las informaciones periodísticas. Antes que perseguir a los narcotraficantes se necesita perseguir a los policías corruptos. Encarcelarlos, no darlos de baja. Construir cárceles seguras. Reformar el sistema judicial. Hay narcotraficantes en La Palma que tienen hasta 45 abogados. Se la pasan promoviendo juicios de amparo. Retrasan lo más posible los procesos. Amedrentan a jueces. Nombrar a fiscales estatales y federales con capacidad. Hay casos, y sobran, en los que el Ejército ha capturado mafiosos notables, pero la PGR no tiene un expediente que les permita consignarlos y darle elementos al juez para procesarlos. Después de esas dos acciones, entonces si localizar a personas con alta capacidad y probada honradez. Esos puestos, como también los de Seguridad Nacional, no son para los amigos del Presidente, sino para los expertos.