martes, abril 18, 2017

La construcción del prejuicio prohibicionista. Entrevista con Ricardo Pérez Montfort


La construcción del prejuicio prohibicionista
Entrevista con Ricardo Pérez Montfort*
Ariel Ruiz Mondragón
Hubo una no tan breve época en la historia mexicana en la que el uso de las drogas no significó un problema para la sociedad. En buena parte de los inicios de la nación independiente su utilización no era ilegal ni perseguida ni estigmatizada, e incluso durante unos meses de 1940 fue lícita y su distribución estuvo a cargo del Estado.
Sin embargo en ese periodo también se fueron construyendo una concepción y una serie de actitudes sociales que condenaban el uso de las drogas, las que se fueron haciendo predominantes hasta el establecimiento de leyes que las prohíben, especialmente durante la Revolución mexicana y los primeros gobiernos de ella emanados.
Justamente sobre la historia de los procesos que desembocaron en la condena social al uso de las drogas y del correspondiente marco legal trata el libro de Ricardo Pérez Montfort (Ciudad de México, 1954) Tolerancia y prohibición. Aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México 1840-1940 (México, Debate, 2016).
Sobre tan interesante volumen Etcétera conversó con el autor, quien es doctor en Historia por la UNAM, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue director de Desacatos, Revista de Ciencias Sociales y de la Revista de la Universidad de México. Autor de al menos 17 libros, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel III. Entre otras distinciones, le han sido otorgadas la Cátedra Eulalio Ferrer 2009 en la Universidad de Cantabria en Santander, España, y la Beca Edmundo O’Gorman de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué investigar, escribir y publicar un libro como el suyo, acerca de las políticas y las vivencias sociales con las drogas de 1840 a 1940? Dice usted, por ejemplo, que la historia de estos procesos que determinan la ilegalidad y la consolidación de la condena social sobre las drogas había sido poco investigada.
Ricardo Pérez Monfort (RPM): ¿Por qué se hace uno historiador, por qué se convierte uno en buscador de documentos, de referencias que planteen posibles explicaciones de fenómenos como el de la prohibición, y cómo se transita de circunstancias en las que las drogas no son un problema hasta que se convierten en un asunto de preocupación nacional? Eso fue, en buena medida, el motor: ¿por qué surge este afán por prohibir un grupo de sustancias y cómo en ese proceso de prohibición surge una especie de, como le llamo, “Leviatán del narcotráfico”? Porque finalmente la prohibición, aunque parece que lo que trata de evitar es ese fenómeno, finalmente lo que hizo es favorecerlo, y el crimen organizado logró una expansión y un poder que hoy es innegable.
Me interesaba no solamente el proceso legal sino, sobre todo, cómo se fue construyendo una conciencia social específica sobre esas sustancias y cómo fue orientada por debates, por medios de comunicación, por conocimiento científico (y también por seudoconocimiento), por prejuicios, etcétera, y cómo terminó convirtiéndose en un fenómeno sobre el cual todo mundo tiene opinión, pero del cual muy poca gente tiene conocimiento profundo.
Hoy en día uno ve los medios de comunicación, e incluso en libros no tan sólo de índole masiva sino incluso en textos de carácter muy académico, científicos, esta posición poblada de prejuicios y de desconocimiento. Sorprende cómo este posicionamiento social en contra de determinadas sustancias se ha convertido en un fenómeno generalizado.
Yo partí de la idea de cómo veía la gente las drogas, cómo y quién hace referencia a ellas, y cómo fue el tránsito de ser un tema de conocimiento científico-antropológico, de recreación, de diversión, de comercialización farmacéutica, terapéutica, a ser un asunto criminal. Se construyó todo un aparato legal en su contra, cuando en tiempos anteriores eran vistos como recursos para rituales, para diversión, para medicina, para terapéutica casera, como elementos de etnobotánica y para algunos eran recursos de expansión mental. A la vez se fue formando una conciencia al respecto en México.
Traté de romper también con lugares comunes como que la condena sobre las drogas fue solamente por influencia de Estados Unidos o porque son productos maléficos o del diablo, por ejemplo.
La idea fue empezar a rastrear cuándo aparecieron en la conciencia social mexicana —no necesariamente en el mundo indígena porque eso ya ha sido estudiado—. Yo me concentré en la sociedad mexicana, mestiza, en la Ciudad de México, aunque también hago referencia a otras partes del norte y del sur, como Yucatán y Veracruz.
Originalmente busqué estas primeras referencias y pude ver cómo fue cambiando la opinión pública hasta posicionarse en un principio claramente prohibicionista, y cuáles fueron los elementos para construirlo. Se hizo desde con actos de intolerancia hacia las actitudes antisociales, hasta con elementos de racismo, clasismo y segregación.
En ese sentido como todo fenómeno social es complejo y no fue de que una persona dijo “es malo y punto”, sino que es cómo aparecieron las drogas en el ámbito médico, farmacológico, y de allí transitaron hacia el ámbito de la recreación, del consumo y del bienestar, para después pasar al ámbito de la clandestinidad y se quedaron en espacios secretos. Pero esto tiene que ver con las pasiones, con el sentirse bien, con transformarse y sentirse relajado.
Hubo que ir historiando todos estos elementos poco a poco e ir comprendiendo cómo se fue generando esta noción de intolerancia. En el camino me encontré muchísimas cosas —que es lo maravilloso de la investigación histórica cuando uno sigue un concepto— sobre estas sustancias y actitudes sociales que se manifestaban de manera muy heterodoxa. No estaba establecido por decreto que el mundo de la cárcel se iba a convertir en el de las drogas por excelencia. Sin embargo ¿por qué fue sucediendo eso?
Es un tema que me interesó tratar de desentrañar, por lo que empecé mi recorrido desde 1840, que es ya un periodo en el que, poco a poco, México fue  entrando en un proceso de modernización, de occidentalización, de empezar a funcionar con parámetros cosmopolitas, además de iniciar a construir su nacionalismo.
Me interesó seguir, en ese contexto, estas sustancias para mostrar cómo una sociedad puede ser profundamente manipulada, desinformada, irracionalizada y, al mismo tiempo, puede resistirse a eso mismo. Ciertos sectores sí mordieron el pastel del prohibicionismo, pero otros no, los que decían “eso no hace daño; es más, nos divierte muchísimo andar bien pachecos”. Y además no pasaba nada: no es cierto que alguien fumaba mariguana y se volvía un criminal. Los que llegan a ser los “adictos”, los que ya tienen el hábito, se pueden convertir en seres disfuncionales desde una perspectiva de la producción, pero no desde la perspectiva social: puedo perfectamente tener ese hábito y seguir dando clases, leyendo, funcionando como cualquier otro ser humano. Pero gracias a la manipulación de la información se establece que el que tiene un hábito es porque es un enfermo o, peor, un criminal.
Esto me preocupó en buena medida porque yo me he movido en muchos ámbitos, no solamente en el académico —el que, por cierto, tampoco es tan aséptico, porque también tiene sus hábitos, sus adicciones, sus prejuicios, etcétera—, y he convivido con personas que consumen habitualmente muchas de estas sustancias (cocaína, morfina, peyote, hongos alucinógenos, mariguana), lo cual no las ha convertido en seres disfuncionales ni en criminales.
Aquí hay que insistir en que lo mejor es no enfrentar el fenómeno con prejuicio sino con realidad; así, sucede que algunos funcionarios, ejecutivos de televisión y académicos consumen cotidianamente cocaína y no pasa nada.
Hace poco también me preguntaban: ¿hay posibilidades hoy en día de hablar de drogas sin prejuicios? Yo creo que todavía no. Pienso que la sociedad mexicana, gracias a los medios de comunicación, a la propia institucionalidad e incluso al involucramiento entre el mundo político y el del narco, no tiene la información disponible como para poder tomar decisiones racionales, bien pensadas y no basadas en un prejuicio. En ese sentido, incluso en el mundo médico se dice: “Es que ya se comprobó que la mariguana sí destruye las células cerebrales”; pues sí, pero también la aspirina lo hace. También dicen: “Es que produce adicción”; sí, pero también lo hacen el Alka Seltzer y el café, por ejemplo.
En ese sentido el propio mundo médico que, supuestamente, tiene la autoridad, está también plagado de prejuicios, aunque también tengo que reconocer que en México hay un grupo de médicos inteligentes, capaces de entender sin prejuicios el fenómeno, y creo que en ese sentido sí tenemos un pequeño ambiente en donde se puede dialogar lo menos prejuiciosamente al respecto.
También creo que lo hay en el mundo de las ciencias sociales, de los antropólogos, de los biomédicos, pero me atrevo a decir que en términos muy generalizados lo que priva es el prejuicio.

AR: ¿Por qué surgió ese prejuicio que usted señala?
RPM: Eso está asociado con el pensamiento conservador: en materia de drogas la sociedad mexicana ha sido orientada de la manera más conservadora posible. Cuando uno ve a sociedades como la holandesa, la noruega, la alemana, parte de la francesa y de la española, la norteamericana en ciertas áreas, su convivencia con las drogas se da de manera bastante natural. En cambio, en la sociedad mexicana la convivencia con las drogas ha sido de constante rechazo porque este pensamiento conservador es el que ha permeado en la sociedad. Así, en vez de tolerante, este es un país racista, muy prejuicioso, profundamente conservador, lo que trato de mencionar sobre todo en torno de las drogas.
Lo que me atrevo a decir como conclusión de todo este proceso es que quienes ganaron la batalla fueron el prejuicio, el desconocimiento y la irracionalidad.

AR: Al principio usted menciona, aparte de este desinterés que por el tema ha habido por parte de los investigadores, que aún hay autoridades que en los archivos consideran restringida la entrada a la información sobre el asunto. Inclusive menciona la anécdota suya cuando usted estuvo al frente de la Revista de la Universidad de México. ¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvo para hacer esta investigación?
RPM: En primer lugar, lo que me encontré cuando empecé a manifestar mi interés en el propio CIESAS: ¿por qué estudiar esto? Estaba relativamente justificado estudiar los ritos relacionados con las drogas, las concepciones, la cosmogonía indígena, pero la intolerancia y el regodeo popular… Esa fue una de las primeras cosas que me llamó la atención: ¿por qué aparecían esas sustancias en canciones, obras de teatro, poemas, novelas, etcétera? Esto no fue muy bien visto precisamente porque había un prejuicio.
Luego, a la hora de meterme a archivos (a los que, además, no me metí yo solo sino que fui con varios alumnos) como los de la Secretaría de Salud, el Archivo General de la Nación y la Hemeroteca Nacional, cuando la gente se enteraba de que estábamos estudiando el asunto de las drogas, inmediatamente aparecía una especie de displicencia. En algún momento cometí la imprudencia de solicitar documentos relacionados con militares vinculados con el asunto del narcotráfico temprano; bueno, eso está absolutamente vedado: si uno llega a la Secretaría de la Defensa Nacional y pide ver los documentos relativos al general Mario Arturo Acosta Chaparro, eso está cerrado.
Yo no quería convertir esta investigación en un fenómeno sensacionalista ni amarillista; lo que quería era asumirlo como un tema de investigación científica, como lo conocemos los historiadores desde una perspectiva objetivista: se trata de hacer una investigación sin prejuicios. Dije: “Voy a estudiar el prejuicio, pero no voy a ser prejuicioso ante él”.
Pero el proceso de investigación, curiosamente, siempre empujaba hacia la historia de la medicina, de la siquiatría; por ejemplo, el Instituto Mexicano de Siquiatría fue el primero en interesarse. Y estuvimos debatiendo. Igual con los criminalistas: con Fernando Tenorio tuvimos un par de intercambios. Hubo cosas interesantes.
No hay que olvidar que estoy hablando de los años ochenta y noventa, cuando el narcotráfico empezó a crecer y a convertirse en el fenómeno nacional por excelencia; antes Estados Unidos le declaró la guerra al tráfico de drogas y lo declaró enemigo número 1. Entonces no sólo se empezó a justificar que yo hiciera la investigación sino que comenzaron a aparecer los prejuicios en áreas ya no tan secretas, sino institucionales.
Menciono el caso concreto de la Revista de la Universidad de México porque (y esto sí quiero que quede muy claro) sorprendentemente el entonces rector, Juan Ramón de la Fuente, quien ahora aparece como un liberal capaz de entender la posibilidad de la legalización de drogas, reaccionó de una manera absolutamente prejuiciosa ante un número de la revista que lo que trató de hacer era presentar el asunto lo menos prejuiciosamente. Ese número casi nos lo incautaron (afortunadamente yo tengo muchos ejemplares y he podido distribuirlos). Fue una edición extraordinaria. Yo no estoy tan seguro de que el problema fuera absoluta responsabilidad del rector —aunque quien me destituyó fue claramente él— sino también de la entonces titular de la Coordinación de Humanidades, Olga Hansberg —que navega también con bandera de liberalidad—, quien resultó ser una prejuiciosa impresionante. Creo que estos dos funcionarios sirven como un claro ejemplo de una posición muy hipócrita de parte de la institucionalidad académica: por un lado plantean “vamos a debatir, lo vamos a pensar conjuntamente”, pero cuando se presentan las posiciones que no coinciden con las suyas y con sus prejuicios, entonces actúan de una forma muy irracional.
De esa manera los que hacíamos la revista —yo era el director— fuimos los principales afectados: a partir de ese número de la revista fuimos prácticamente cesados, aunque al principio pensé que había sido más bien por decisiones de la sucesión en la rectoría y asuntos de ese tipo.
Pero poco a poco me di cuenta de que los números de la revista que estábamos haciendo estaban tocando elementos que ponían a la institucionalidad universitaria en posiciones un tanto incómodas frente al gobierno federal; no hay que olvidar que estábamos en plena época de Vicente Fox, cuando gobernaba la derecha. A mí me dolió muchísimo, me pareció un acto de intolerancia radical, por una parte, y además, de falta de institucionalidad, de universalidad, de pensamiento amplio, complejo.
Lo que es interesante en este asunto es que me sucede un poco lo mismo que a Leopoldo Salazar Viniegra. Se trata de esta historia en la que hubo dos posiciones: la de Gregorio Oneto, que era de una intolerancia absoluta y de un desconocimiento enorme, aunque se asumía como una autoridad cuando no lo era: no había hecho investigación, trabajo práctico o generado conocimiento, mientras que Salazar sí. Él y Jorge Segura Millán fueron dos médicos extraordinarios, pero lo interesante era cómo en el ámbito de la salud pública había posiciones confrontadas, lo que no sucedía en el ámbito legal, en el que se estaba claramente a favor del prohibicionismo.

AR: ¿Cómo fue esa polémica de los años treinta? Usted menciona que por una parte estaban los médicos con sus posiciones terapéuticas, medicinales, y del otro lado los funcionarios de Gobernación que criminalizaban las drogas y a sus usuarios. ¿Cómo fue ese enfrentamiento que ocurrió después de la Revolución?
RPM: Esto se dio precisamente en el momento de creación de las instituciones. Cada una de ellas estaba buscando sus ámbitos de influencia, y un tema que tocaba a Gobernación y a Salud Pública era el asunto de las drogas, precisamente por la prohibición, que ponía al Ministerio Público en función de lo que dictaminara Salud Pública. Lo que hizo la prohibición fue que jaló estos dos aspectos de la institucionalidad, y en vez de que la salud pública gobernara, lo terminó haciendo la institucionalidad del Ministerio Público por la siguiente razón: lo que la prohibición requiere son instrumentos de coacción (policías, agentes en las aduanas, instancias que sancionen, jueces, cárceles, etcétera), y estos elementos también transitaron hacia el ámbito de la salubridad (la policía sanitaria). Y bien a bien no se sabía cuáles eran las jurisdicciones que les correspondían ni se sabía tampoco, por ejemplo, si un policía de salubridad podía andar armado o no, o si tenía capacidad, como cualquier otro policía, de privar a individuos de su libertad.
La ambigüedad de las posiciones en este proceso de construcción lo que estableció fue que, gracias a la prohibición, los agentes de salubridad actuaran como policías, como agentes de coacción y no de supervisión. Y allí se dio un fenómeno de corrupción impresionante. Lo que el distribuidor hacía es que le pagaba al inspector o al policía para que le dejaran trabajar, y el policía decía: “Ya me pagó el distribuidor, ahora que me pague el consumidor”. Este proceso de corrupción lo fomentó la prohibición, y planteó esta posición muy ambigua de la autoridad. Esto le quedó bastante claro a los juristas, a las gentes de Gobernación durante el inicio del régimen del general Cárdenas, quien estableció muy claramente un decreto en el que decía: “Señores, esta policía no le corresponde a Salud sino claramente a la Procuraduría”.
Por allí seguían estos personajes cobrando, lo que tiene que ver mucho con esta construcción institucional, y algunos se ampararon y dijeron “yo tengo derecho a usar una pistola porque necesito estar armado, porque los consumidores son antisociales y criminales”.
En este proceso de construcción de las instituciones se cayó precisamente en una especie de tierra de nadie en la que los jueces, los agentes y las autoridades de salud hacían lo que querían, y en el fondo no sabían muy bien qué hacer. Actuaban bajo el principio prohibicionista, sin saber exactamente cómo aplicarlo. Entonces apareció esta figura verdaderamente profética, muy inteligente, que fue el doctor Salazar Viniegra, quien dijo: “Lo que hay que hacer es no criminalizar a los usuarios de drogas, para empezar; dos, el Estado tiene que asumir su responsabilidad de regulador social y, por lo tanto, responsabilizarse de sus enfermos, de quienes necesitan o quieren consumir. A los que tiene que perseguir es a quienes hacen un negocio que significa explotar a la gente que tiene el hábito, no perseguir a los consumidores”.
La manera que se le ocurrió a Salazar Viniegra, que es una que ha funcionado a nivel mundial, es precisamente que el gobierno asumiera el monopolio y distribuyera las drogas gratis o muy baratas, con lo que evitaría el negocio clandestino. Lo que se hace es saltar la prohibición; esto no quiere decir que las drogas sean de libre acceso, porque ese no es el planteamiento aunque podría llegarse a ese extremo, sino que estas sustancias pasan por el control del Estado y éste las distribuye a quien las necesita. Entonces el Estado asume una responsabilidad; eso se hace con el petróleo, con el alcohol, con el café, con el maíz, con el frijol; entonces, ¿por qué no hacerlo?
En el fondo fue una actitud muy racional, pero que iba en contra de unas disposiciones que se estaban tratando de implantar a nivel internacional. Fue un mal momento porque en septiembre de 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos estaba viendo la manera de afincar sus posiciones en América. Ya había tenido la experiencia de la expropiación petrolera, que fue un momento de independencia muy fuerte del Estado cardenista, y no podía tolerar un segundo episodio y no podía decir “órale, que México abola el prohibicionismo”. La presión norteamericana fue muy fuerte: “Si tú liberalizas, nosotros ya no te vendemos las demás medicinas”. Y también hay que entenderlo: México no tenía un problema de drogadicción grande, y entonces el gobierno de Cárdenas lo consideró un mal menor y evitó un conflicto mayor con Estados Unidos.
Entonces el gobierno mexicano dio marcha atrás, y eso le ha costado al país muchísimo al convertirse en una especie de Estado narco. A partir de julio-agosto de 1940, cuando se dio marcha atrás, México se insertó claramente bajo la influencia del prohibicionismo, y puso sus instituciones a disposición de las políticas norteamericanas en torno de los narcóticos.

AR: Algo que llamó mi atención es que en el periodo de Santa Anna éste se negó a prohibir la mariguana, y después no hubo una política decididamente prohibicionista, aunque empezó en el Porfiriato. ¿Por qué fue que con los revolucionarios, con Carranza, y después con Obregón, Calles y en el Código Penal, se fue adoptando el prohibicionismo? Hay otra parte del libro en la que se menciona a políticos que estaban legislando en ese sentido no por tanta presión de Estados Unidos y sí por convicción.
RPM: La Revolución tiene una vertiente de intolerancia muy grande; no hay que olvidar que algunos de los revolucionarios fueron educadores radicales. Por eso también la Constitución de 1917 fue tan radical de pronto, y en el caso de la salud pública quedó clarísimo: el doctor José María Rodríguez fue un hombre formado en una escuela clásica, y su argumento de degeneración de la raza, a pesar de que es absolutamente irracional (hoy nos parece un poco risible), en su momento tuvo una enorme fuerza. No hay que olvidar que a finales del Porfiriato y principios de la propia Revolución este asunto de las razas era un fenómeno que muy arraigado, y lo estuvo en los años veinte y treinta. Hubo un afán clasificatorio, jerarquizador, que ponía a la raza blanca como la superior y a la negra como la inferior, y las que quedaban en medio se iban regenerando o degenerando. En esta concepción estaba inmerso el pensamiento del doctor Rodríguez, un hombre con un enorme vigor racional pero con los terribles prejuicios de su época, y que planteó que la propia Constitución estableciera que esas sustancias tenían que ser controladas porque si no se iba a degenerar la raza.
Pero eso ocurría incluso antes de 1917, con Venustiano Carranza y con personajes como Pablo González y Salvador Alvarado, grandes revolucionarios. Carranza, quien fue un gran estadista, fue una figura patriarcal de la Revolución mexicana, pero su pensamiento es evidentemente conservador. Él, en el fondo, apuntaló la Constitución de 1917 porque no le quedó de otra, y porque además reforzó un férreo presidencialismo, lo que le daba a él una enorme capacidad de maniobra.
Pero sí había un principio de intolerancia muy fuerte en algunos revolucionarios, aunque había de intolerancias a intolerancias; por ejemplo, el general Francisco J. Múgica, figura fundamental en la parte ideológica de la Constitución, era un hombre muy intolerante: no le gustaba que fumaran frente a él, estaba absolutamente en contra del alcohol, era un anticlerical radical, pero también era un hombre inteligente.
Una de las cosas que sucede en un proceso revolucionario es que las medidas radicales se adoptan, y a veces se hace irracionalmente. Por ejemplo, hubo momentos de irracionalidad y de intolerancia que sucedieron en la Revolución, como prohibir el baile, la música y las campanas. El asunto de las drogas se quedó un poco en esa dinámica; muchos de los revolucionarios se quedaron con esta idea de que las drogas degeneraban la raza, y por lo tanto había que ir en su contra.
Pero hubo otros revolucionarios, por ejemplo Francisco Castillo Nájera, que no hicieron una apología de la mariguana y hablaron con apertura.

AR: También se habla de los medios en la época que aborda el libro. Me llama la atención desde lo que decía El Museo Mexicano: que sí debería haber producción de opio, hasta las crónicas de Excélsior y de La Prensa acerca del experimento legalizador de 1940. ¿Qué papel tuvo la prensa en la constitución de esta representación social de criminalización y condena de las drogas?
RPM: Mucho. Es rarísimo encontrar en el ámbito de la prensa —ya que empezó a industrializarse, a convertirse en prensa masiva a finales del siglo XIX— un tratamiento sin prejuicios sobre el tema. Incluso, por ejemplo, los yerberos eran rejegos a la civilización, cuando habían sido médicos mucho más eficientes que la medicina occidental.
Es difícil encontrar en los medios un posicionamiento que no tenga un código moral estricto. No hay que olvidar que los medios, los periódicos específicamente, tratan de educar a la gente, de civilizarla dentro de las condiciones occidentales, y lo que estaba de moda en términos occidentales era precisamente el prejuicio, la prohibición. No hay que olvidar que no tenemos en México, por más que se insista historiográficamente, una prensa liberal. Tenemos prensas muy conservadoras: por más que uno diga Regeneración, El Ahuizote, etcétera, que son excepciones, todo lo demás es conservador; por ejemplo, el mismísimo José Guadalupe Posada, que a veces aparece como revolucionario y no lo fue, era un moralino impresionante, y condenaba la prostitución, a los infieles, a los homosexuales, etcétera.
Entonces no hay que olvidar que la prensa fue bastante conservadora en México, y muchas veces lo fue en contra del régimen revolucionario; por más que éste dijera “vamos a fomentar la tolerancia”, la prensa decía “no, para nada, nosotros no vamos a fomentar la tolerancia sino la venta de la noticia”, y por lo general, apeló a intereses extraverídicos. No les importaba mucho acercarse a los fenómenos verdaderos sino a los que atraían a los lectores, y lo que lo hacía era la transgresión. Y los medios siempre se tenían que poner al lado del bien, no del mal.
Eso pasa con la nota roja, pero incluso en otros ámbitos de los medios de comunicación no vas a encontrar, por ejemplo, una radionovela o un filme que hable de un mariguano positivamente. Hay una película que a mí me parece muy interesante, El puño de hierro, un primer filme que trata el tema de las drogas; es muy interesante porque tiene una posición bastante ambigua, ya que muestra el consumo de drogas pero también cómo se va deteriorando la persona que las usa, cómo desdobla su personalidad, y al final lo que termina diciendo que lo que hay que hacer es prohibir las drogas y se convierte en un panegírico prohibicionista.
Las siguientes apariciones de las drogas son siempre en el mundo del mal, del vicio, del crimen: tienes al padrastro de la Chorreada en Nosotros los pobres, clásico personaje que es un malo en serio, y que es el pensamiento de Ismael Rodríguez. No es un pensamiento que uno diga que está sustentado científicamente porque esto en el fondo no le importaba.
Ese es el asunto: uno le achaca a los medios el que no quieran difundir la verdad o el conocimiento científico, y lo puede justificar plenamente porque no es que no les interese sino que eso no es negocio. Entonces si yo me ponía a hacer una apología de la mariguana o de un mariguano en el cine nacional, pues evidentemente no solamente me iban a censurar (no hay que olvidar que había censura) sino que, además, la gente no iba a ir a ver eso.
Sin embargo, hubo otro fenómeno muy interesante y bastante complejo: en los ámbitos populares había un consumo de drogas que se expresa en toda la cultura del mundo mestizo mexicano popular. Allí fue verdaderamente fascinante encontrarse con lenguajes, códigos, expresiones artísticas específicas relacionadas con el consumo de la mariguana, del toloache, de la “adormidera”, del opio, y en esos ámbitos a mí me llamó mucho la atención cómo se expresan social y culturalmente los sectores populares, cómo muestran lo que son. Encontré muchas referencias, y estoy seguro de que hay muchas más, pero extraje las que se me hicieron más representativas: obras de teatro, crónicas, el teatro de carpa.

AR: ¿Qué hay de esa vertiente del uso de las drogas entre los intelectuales, los artistas? Hay menciones desde Ignacio Manuel Altamirano hasta estas reuniones de artistas promovidas por David Alfaro Siqueiros, quienes llegaron a tener un maestro que les enseñaba a usar las drogas.
RPM: Ellos no se inscribieron en el ámbito del prejuicio; es más, una de los asuntos interesantes de la cultura revolucionaria y posrevolucionaria fue que precisamente permitía la ruptura de los límites, y en ese tipo de experimentación estaban muchos de estos artistas, lo cual es algo de lo que se sabe muy poco: nadie nos cuenta que mientras pintaban en San Ildefonso se estaban dando sus toques, y por eso se ven unas cosas alucinadísimas. Yo no soy un fan muy particular de Siqueiros, pero de repente hay cosas que pintó allí que son absolutamente enloquecidas: no estaba decorando nada, estaba volando.
Siqueiros fue quien narró esa historia de que, atraído por Diego Rivera, llegó un experto en cuestiones de mariguana con un paquetito, pero eso no te lo cuentan. Y de eso había en el mundo de muralismo, del teatro, y que fueron como ámbitos herméticos que hay que ir rescatando.
Así, te das cuenta de que el consumo de drogas era muy cotidiano: por más que las prohibieron, por más que insistieron en que eran dañinas, la gente las seguía y las sigue usando. Las personas que las han probado y que les han gustado, que están dispuestas a recrearse con ellas, a experimentar con su propio cuerpo, allí están, y de que pueden acceder a ellas, pueden. Pero lo hacen bajo un riesgo que yo creo que es innecesario; si las drogas fueran accesibles, creo que el riesgo sería mínimo.

AR: Después de la Revolución vinieron las prohibiciones, y con estas un gran brote de corrupción con casos de militares, de gobernadores y policías. ¿Cuál ha sido la herencia del prohibicionismo en esta materia? En el libro están documentados varios casos en los que los acusados salían con impunidad.
RPM: Algunas de las cosas que en algún momento también traté de documentar fueron estas historias primigenias del narcotráfico. Se sabía que las drogas estaban prohibidas, y precisamente por ello generaron una posibilidad de hacer un dinero lateralmente: de corromper, de aumentar precios, de circularlas clandestinamente bajo la protección de las autoridades. Esa fue, casi me atrevería a decir, una consecuencia inmediata: si hay prohibición, hay corrupción. Por ejemplo, empezó a haber gente que metía mariguana a la cárcel dándole dinero al celador.
En el caso de las autoridades que tenían que instrumentar las políticas prohibicionistas esto no era nuevo y tampoco era propiamente mexicano. En Estados Unidos fue evidente, y ha habido una mitología alrededor de los gánsteres, que surgieron, precisamente, con las leyes prohibicionistas. Eso no existía antes: había otro tipo de gánsteres, pero no éstos. El prohibicionismo creó un tipo de delincuente que permea a la autoridad, al distribuidor, la impartición de justicia, y eso está documentado pero no aparece en las historias.
La prensa, tengo que reconocerlo, se encargó de denunciar lo corruptas que eran las autoridades, cómo estaban vinculadas: cómo presidente municipales estaban relacionados con productores, con distribuidores, y casos de jueces involucrados, cómo los policías tenían instrumentos para extorsionar, para distribuir, etcétera.
Lo que la prohibición ha hecho es construir un ámbito de injusticia clandestina, de crimen organizado, de violencia radical brutal. Se le achaca al narcómano o al consumidor ser un ente violento, y las evidencias son clarísimas: la violencia no está del lado del consumidor sino del distribuidor. El primero, si tiene su droga, no se vuelve un ente violento; está el famoso personaje Alberto Guttman, que era un mariguano violentísimo que estuvo en varias cárceles, pero él era violento independientemente de que fumara mariguana. Sin embargo, el crimen organizado y la distribución clandestina invita a la violencia inmediatamente por el control del mercado, que no es un control de demanda.

AR: Hay una parte donde dice que muchos de los detenidos por transporte de droga eran mujeres. También están los casos de las grandes jefas del narcotráfico, como La Nacha, Lola la Chata, e incluso por allí hay una mención a La Bandida. ¿Qué pasó con estos casos?
RPM: Se asumía que el asunto de los narcos era de machos porque apelaba al asunto de la violencia, y no es así. El asunto del vínculo con la droga planteaba una relación muy pareja que incluía a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Permeaba el ámbito social, y las mujeres no eran necesariamente una excepción: colaboraban, se convirtieron en adictas, contribuyeron, y sin embargo la ley con ellas era mucho más indulgente, y eso jugó un papel muy especial. No hay que olvidar que las mujeres, todavía en los años veinte y treinta, no eran sujetas de la misma manera que un hombre para la aplicación de las leyes penales. Eran vistas como menores, por lo que entonces sus infracciones eran muy consideradas y se hacían mucho menos altas las penas, lo cual también es interesante. Así, en la revisión de los casos no se encuentran penas muy altas, y hubo solamente uno o dos en los que a la acusada se le dieron cinco años, pero es excepcional.
Entonces con las mujeres la justicia era mucho más indulgente, lo cual fue aprovechado en el tráfico de drogas; además, una de las cosas que es interesante es que algunas de ellas también fueron empresarias: Lola la Chata y La Nacha fueron casos excepcionales, y La Bandida fue archiconocida, pero hubo otras como La Yola.
Hubo otros personajes: por ejemplo, menciono a dos enfermeras, dependientas de los boticarios, que sí le entraron al movimiento de las drogas, pero la ley no era tan agresiva con ellas. En general, me atrevería a decir que hasta los años cincuenta la ley se hizo mucho más agresiva y más pareja.

AR: A partir de las historias que relata en su libro, como aquel periodo de cuatro meses en 1940 cuando las drogas fueron legales, y por supuesto tomando en cuenta que la realidad de hoy es muy distinta, ¿qué lecciones podemos extraer que nos puedan ser útiles?
RPM: No hay que olvidar que uno hace investigación no sólo por el gusto de hacerla sino porque también uno pretende que tenga una utilidad. Ésta radica precisamente en la posibilidad de poder usar algunos de los argumentos que están allí para los debates contemporáneos.
Lecciones: primera, romper con la idea de que las drogas siempre han sido proscritas y malas. Hay que darse cuenta de que históricamente ha habido momentos en que no fueron una preocupación social, que no son un problema, que no generan violencia. Entonces vamos a tratar de entender por qué.
La segunda: creo que es importante entender que el fenómeno de las drogas no es monolítico sino complejo: no es lo mismo la mariguana que la cocaína, el peyote que la heroína. Hay que tratarlas y pensarlas de manera distinta. Yo hablo casi genéricamente de ellas pero trato de no mezclarlas de esa manera, de no decir “las drogas”. ¿Cuáles drogas? Hay consecuencias en función de su aplicación: dónde, cómo, qué, cuánto.
Entonces, si pensamos en el asunto de las drogas no podemos hacerlo monolíticamente, que son un fenómeno cuando son muchos. Si lo queremos concebir como un solo fenómeno, es uno muy complejo, lo cual quiere decir que tiene muchas aristas, muchas formas de aproximación, muchos reflejos, muchos vectores, etcétera.
Una tercera lección, y que es la más relevante para lo que sucede hoy, es pensar el fenómeno desde por qué y cómo se instrumentó una posición irracional frente a estas sustancias que parecían inocuas, y que no eran tampoco tan relevantes. ¿Por qué pasó eso? Pues por cierta obstinación, cierta insistencia, cierta manipulación de información que no es necesariamente verídica. Entonces hay que ver lo que sucede cuando no se tiene conocimiento puntual de los fenómenos, cuando se manipula la información en función de intereses económicos, morales o políticos.
Si eso lo aplicamos al tipo de prejuicios con los que nos acercamos a fenómenos como el aborto, como el matrimonio gay, que han sido prohibidos, veamos lo que se ha producido: en el caso del aborto, se producen más muertes; en el caso del matrimonio gay se produce una clandestinidad, una irregularidad, una ilegalidad que puede ser perfectamente entendible si se le quita el prejuicio de que el matrimonio funciona solamente para la reproducción. Eso no es cierto: incluso la unión heterosexual no necesariamente tiene que ser para la reproducción.
En ese sentido lo que yo traté de hacer fue encontrar un ejemplo de cómo lo que produce la intolerancia es fundamentalmente violencia, la prohibición genera crimen organizado, y la desinformación produce seres mutilados, gente que no es capaz de racionalizar y de entender los fenómenos cabalmente. Si juntas esos tres elementos lo que creas es precisamente una unidad social que tiene una profunda disposición a la violencia.
Si lo que estamos tratando de hacer es evitar la violencia, una de las primeras medidas que tenemos que realizar es evitar las prohibiciones y ser tolerantes.



*Entrevista publicada en Etcétera, núm. 187, junio de 2016. 

lunes, abril 03, 2017

México, la mediocridad de una economía mafiosa. Entrevista con Edgardo Buscaglia


México, la mediocridad de una economía mafiosa
Entrevista con Edgardo Buscaglia*
Ariel Ruiz Mondragón
El funcionamiento del crimen organizado depende de un aspecto clave: la forma en que los recursos que obtiene por sus actividades ilegales son introducidos en la economía legal no sólo nacional sino mundial. Para hacerlo cuenta con sofisticados mecanismos y procedimientos que hoy resulta necesario desactivar.
En su libro Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional (México, Debate, 2015) Edgardo Buscaglia realiza un análisis de la trayectoria que sigue el dinero sucio obtenido a través del narcotráfico, la corrupción política, los fraudes fiscales, la piratería, el contrabando, la trata y desaparición forzada de personas, así como las extorsiones y delitos cibernéticos, hasta ser integrado a la economía formal. De ese estudio propone 20 políticas públicas que han tenido éxito en varios países.
Conversamos sobre esos temas con el autor, quien es doctor en Derecho y Economía y finalizó estudios de posdoctorado en Jurisprudencia y Política Social en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign y en la Universidad de California en Berkeley. Es presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, director del International Law and Economic Development Center, e investigador en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia. Ha colaborado en medios como The Financial Times, The New York Times, The Wall Street Journal y El Mundo.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué publicar un libro como el suyo, tras Vacíos de poder, del que incluso recupera algunos temas, y que vincula el lavado de dinero con la seguridad humana?
Edgardo Buscaglia (EB): Uno de los factores que me hizo escribir este libro —que está diseñado para ser accesible a una persona con una formación general y que no tiene que ser experta— es que a mí me alarma mucho ver que cuando se habla de lavado de dinero se parte de la premisa de que el dinero sucio —el que después se lava para que aparente ser legal y esconderlo— sólo proviene del narcotráfico y de impuestos que no se pagan.
Eso a mí me alarmaba porque yo observaba que, en la realidad, una gran parte de las 27 mil desapariciones forzadas que se producen en México por el tráfico de migrantes, la trata de mujeres y de personas que simplemente han denunciado a políticos con vinculaciones mafiosas, tienen una motivación económica: se hace desaparecer a la gente porque hay un grupo mafioso que está ganando mucho dinero sucio al cometer esos delitos.
Gran parte del lavado de dinero mexicano sale y surge de la corrupción política mexicana. Eso es algo que nadie había dicho antes, y yo veía que si no se aclaraba este punto parecería que combatir el lavado de dinero es una acción que debe ser secundaria en cualquier Estado. Había esta hipótesis, muchas veces bienvenida por las mafias, de que si se combate el lavado de dinero se causa una crisis económica, porque al haber tanto dinero sucio que va parar a edificios, a construcción, los obreros no iban a tener trabajo, pero en realidad no es así. Los países que sufren de economías criminales, como México (catalogado como una de las tres principales economías ilícitas del mundo) son a los que muchos inversores extranjeros no van porque tienen miedo de mezclar su dinero limpio con el sucio.
Eso primero; segundo, los grupos criminales que lavan dinero se basan mucho en la informalidad, en que haya millones de mexicanos que venden piratería y contrabando, y entonces la delincuencia organizada está muy contenta porque eso le permite sobrevivir.
Cuando combates el lavado de dinero y lo desmantelas, lo que tienes que hacer al mismo tiempo es formalizar a esos millones de personas de la economía mexicana que hoy están vendiendo piratería, quienes son empresarios en potencia, que tendrían acceso a crédito, que generarían empleo y capacitarían a los jóvenes para producir.
Esa informalidad que hoy sostiene a la delincuencia organizada debería ser la formalidad que catapulte a México a un nivel de crecimiento anual del 9 o 10 por ciento, como China, y que no la que hoy mantiene al país sumido, con esta economía mafiosa, en un 2 por ciento.
Con el lavado de dinero, que ha sobrevivido en este país por tantos años, ¿qué tenemos? Una economía con más del 50 por ciento del producto interno bruto dedicado a la informalidad y la miseria, que crece en un 2 por ciento, lo que es una mediocridad espantosa en el mejor periodo demográfico de la historia de este país, con un desempleo latente cada vez mayor, con un millón más de pobres durante la administración de Enrique Peña Nieto. En todos los órdenes se ha fracasado.
Esa es la economía de lavado de dinero que el cártel de Sinaloa y los políticos mafiosos pretenden prolongar. Yo no veo ninguna consecuencia positiva de esta economía, sino todo lo contrario: veo a millones de personas hundidas en la informalidad, pobreza y un crecimiento económico paupérrimo que es el hazmerreír de las economías de la OCDE.
La economía mexicana debería estar creciendo al menos como la de India: 7, 8 o 9 por ciento. Esta es la mediocridad que tenemos en esta economía de lavado de dinero, mucho del cual es el producto de crímenes de lesa humanidad, como la compra-venta de seres humanos y las desapariciones forzadas. En este país estamos pagando con sangre y lágrimas el lavado de dinero, que no es como en Francia o en Alemania, que surge mayormente de la evasión tributaria, de la piratería, del contrabando; no, acá surge de desapariciones forzadas.
México es uno de los principales centros mundiales de la trata de personas, según medios de difusión internacionales como CNN. El tema es que hoy estamos ante una situación en donde hay 21 millones de personas anualmente sumidas en la compra-venta y la esclavitud.
Hoy México forma parte de las economías de la esclavitud, junto con Nigeria, países de Medio Oriente y Pakistán. Estamos en un club de países con impunidad, esclavitud y un desempeño económico trágico. Yo no sé qué hay que preservar, porque combatir al lavado de dinero y la mafia es el único sentido que le queda a México. Los únicos que quieren preservar este sistema son los mafiosos que se han enriquecido a través de él.

AR: Un asunto central que señala en el libro es el traslado de dinero sucio que va de los países con instituciones débiles hacia los que sí ofrecen seguridad jurídica: el 67 por ciento del lavado de dinero va a dar a los países centrales. ¿El lavado de dinero y la corrupción política son funcionales al capitalismo global, al modelo neoliberal? Lo digo porque también usted destaca que esos recursos generan burbujas, como en el sector inmobiliario.
EB: Yo no asimilaría el lavado de dinero a ninguna ideología, ni liberal ni putinesca en Rusia, por ejemplo. Creo que el mafioso, como cualquier otro ser humano, busca seguridad jurídica para su capital, busca mandar a sus hijos a escuelas suizas, se compra castillos en Francia, centros comerciales en Alemania, porque allí hay un sistema que protege su propiedad privada. Yo mismo quiero tener mis cuentas bancarias en esos países, no en Nigeria.
El punto es que el mafioso busca el Estado de derecho. Yo no llamaría a la de Alemania “economía neoliberal” y, sin embargo, allí tienes una gran concentración de lavado que se integra: comienza en la Ciudad de México, pero termina allá luego de pasar por muchos países para ocultar el origen de ese dinero sucio.
Yo no creo que eso obedezca a ninguna ideología; va a parar a Estados Unidos un 20 por ciento del lavado de dinero mundial, pero se integra allí en forma de caballerizas, centros comerciales… Incluso hubo casos paradigmáticos, como el del banco HSBC, que reconoció los “errores” que cometió al permitir que se lavaran más de 7 mil millones de dólares a través de sus sucursales en Sinaloa y hacia diferentes países del mundo. Allí tienes un caso donde claramente se observa que se necesitan dos para bailar tango, no es México bailando solo.
Pero México tiene que hacer sus deberes para que acá no ocurran crímenes de lesa humanidad, porque, como dije, el lavado de dinero en Francia o en Alemania no sale de 27 mil desaparecidos sino de delitos con menor impacto social (no digo que no lo tengan, pero es menor). Las delincuencias organizadas alemana, francesa o japonesa cometen delitos de menor impacto social y sacan su lana sucia; pero en México, con estados débiles y mafiocratizados, la delincuencia organizada hace desaparecer a miles de niñas —como en Tlaxcala— y de migrantes, además de cometer crímenes de lesa humanidad porque tenemos un Estado fragmentado y mafiocratizado.
Propongo fortalecer los controles patrimoniales, judiciales y políticos para que México no sea una ganga para cualquier grupo criminal del planeta, y para evitar las desapariciones forzadas y el lavado de dinero que proviene de ellas, dinero que finalmente se va a integrar a las economías de Alemania, Francia o España. Se pierde por todos lados porque ni ese dinero se queda aquí.
Hace años, cuando no había ni una delincuencia ni una economía tan globalizadas, Rafael Caro Quintero mantenía mucho dinero en Guadalajara, y la gente lo veía; hoy ya no es así: vivimos en un mundo globalizado, en el que el 70 por ciento del dinero que generan estos grupos criminales va a parar a las Islas Caimán, Europa y Asia. Entonces es el peor de los mundos: ni siquiera el producto del lavado queda en México, lo que es otro argumento más en contra del dicho de que la economía va a sufrir si combatimos el lavado. No hay nada que perder sino todo por ganar si combates el lavado.

AR: Trata los procesos de democratización que usted llama “fallidos”, y toma el caso de México, en el que se perdieron los controles que había durante el autoritarismo. ¿Qué pasó con la democratización, que parece haber aumentado la actividad de la delincuencia organizada?
EB: En su momento y creo que con buena voluntad, el entonces presidente Ernesto Zedillo le dio a los partidos mucho dinero para que pudieran operar, dado que quería establecer un equilibrio de capacidades entre ellos para competir en las elecciones. Creo que la intención no fue mafiosa, pero los inundó de dinero presidencial que terminó, a final de cuentas, corrompiendo al más honesto, porque les dio a los políticos la capacidad de manejar y gastar miles de millones de pesos sin darle cuentas a nadie. Esa cultura de la impunidad comenzó a prevalecer desde el nacimiento mismo de lo que iba a ser la futura democracia mexicana, que nunca fue.
Eso generó lo que observas ahora: un descontrol patrimonial en el financiamiento de campañas, lo que se está tratando de contener: el fiscal Santiago Nieto es uno que intenta hacerlo, y ya ves cómo le va: lo comienzan a asediar, acusar, amenazar, como le sucede a los fiscales honestos en un buen sistema político mafioso.
Esa situación hace que hoy el canal de entrada de la delincuencia organizada sea principalmente a través del financiamiento de campañas electorales, lo que hace que la democracia mexicana haya nacido muerta y nunca se haya realmente traducido en una competencia electoral por el voto limpio del ciudadano. Hay un estudio muy bueno de dos colegas míos en Berkeley, en donde argumentan que entre el 20 y el 25 por ciento de los votos emitidos en este país están sujetos a fraude. Ninguna democracia puede sobrevivir con esos indicadores.
Lamentablemente estamos ante una situación en la que, si no se introducen estos controles patrimoniales que yo señalo con las 20 medidas propuestas en este libro, nunca vas a salir de este laberinto de candidatos mafiosos, no vas a poder tener un sistema político que renazca con la posibilidad de transformarse en una democracia.
La democracia mexicana nació muerta por el mismo dinero sucio y por la misma lana limpia que entraba mezclada, y para gastarse discrecionalmente, sin controles de ningún tipo. Tiene que haber controles ciudadanos, legislativos, judiciales y del Ejecutivo sobre los financiamientos de campañas electorales, que hoy brillan por su ausencia. El único control que más o menos le tratan de imponer al financiamiento es el de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuyo presupuesto está diseñado premeditadamente para que no pueda operar: le dan tan poco dinero que ningún despliegue que pueda realizar el fiscal puede tener efectividad.
En eso consiste el pacto de impunidad que, en su momento, Carlos Navarrete admitió al aire con Carmen Aristegui: cuando ella le preguntó si Buscaglia tenía razón, él dijo: “Bueno, hay un pacto de impunidad”; pero aclaró: “No está escrito”. Menos mal.

AR: Hay un señalamiento que me parece dramático: se entró en una guerra contra las mafias, pero con policías y militares que les sirven justamente a éstas. Además, hay políticos cuyas campañas son patrocinadas por esas mismas mafias. En ese escenario, ¿cómo emprender el combate al lavado de dinero?
EB: Las medidas para combatir estos cánceres están muy señaladas en obras que han escrito colombianos, italianos, argentinos y brasileños, quienes han visto cómo sus países han comenzado a salir de este problema porque han tomado estas medidas que yo recomiendo en mi libro, que están inspiradas en las experiencias de otros países. Son políticas públicas que se han implementado y que han dado resultados totales o parciales.
Esos países tuvieron dos tipos de catalizadores que forzaron a las clases políticas mafiosas a purgarse cuando estaban entre la espada y la pared y no tenían otra alternativa. Una de ellas fue que en países como Brasil y Argentina se constituyeron movimientos de la sociedad civil apoyados internacionalmente. Así ocurrió con el tema de los desaparecidos con las Madres de la Plaza de Mayo: fueron puntas de lanza (metafóricamente hablando) que paralizaban al país y le causaban gran costo a las élites de estos países, que las odiaban y las consideraban subversivas. Así, tarde o temprano la presión internacional comenzó a emitir un mensaje claro de que la cosa no iba a más.
El caso de Carmen Aristegui es un mensaje al sistema mafioso mexicano: le fue otorgada la máxima condecoración al mérito civil que existe en el Estado alemán, es algo que se les da a los héroes. Éste le está diciendo, muy diplomáticamente, al Estado mexicano: “Esta persona que tú has asediado, has discriminado, a la que no dejas trabajar y le cercenas la libertad de expresión, es considerada una heroína del Estado alemán”. Fue lo mismo en Colombia: los líderes sociales colombianos fueron condecorados en Francia.
Lamentablemente, para que ese proceso comience en nuestro trágico mundo tienen que perderse miles de vidas.
Las grandes experiencias de la humanidad y del progreso social, lamentablemente, se construyen sobre los cadáveres de las víctimas. A uno le duele mucho la historia de la humanidad porque esto ha sucedido innumerables veces en muchos países, pero así se construye; mientras la élite mexicana no comprenda este proceso, mientras gente como Enrique Krauze y todos estos héroes de la élite mexicana no comiencen a comprender lo que se les viene, van a seguir formando parte del problema y no de la solución.
Tienen que comenzar a comprender que se les va a venir un tsunami, de cual yo formo parte, y que va a permitir que en México se apliquen las mismas acciones y políticas públicas que se aplicaron en otros países para comenzar a salir del problema. Ningún país pasa del infierno al paraíso de la noche a la mañana, pasan décadas; pero Colombia está marchando hacia algo mejor, con presidentes que proponen paz y no guerra, con grupos criminales que ya no se enfrentan de igual a igual con el Estado, con muchos infiernos por delante pero se avanza. Italia: dos terceras partes del Parlamento han sido procesadas por vínculos con mafias, con una sociedad civil que no permitió que el Estado se transformara en un prostíbulo de mafias, como el mexicano. Eso ha ocasionado un movimiento social que después ha perdido fuerza pero que sigue actuando, por lo que mucho de lo que se decomisa en Italia en cuanto a propiedades, fábricas, tierras, se reasigna a cooperativas agrarias de la sociedad civil para el tratamiento de víctimas, para la capacitación de jóvenes. Entonces Italia ha marchado.
Nigeria: el presidente Buhari ha comenzado a procesar a gobernadores y a legisladores del más alto nivel. Brasil, aún más que Nigeria, ha encarcelado a miembros del gabinete. Tenemos ejemplos por doquier para poder comenzar a transitar por el camino de la seguridad humana.
En el fondo lo que tenemos como objetivo es que el mayor desmantelamiento de redes criminales de políticos y de empresarios “legales” conduzca a que mucha inversión que hoy va a compensaciones salariales obscenas para ministros de la Corte, para senadores y diputados, así como de licitaciones públicas mafiosas, todo se convierta en acceso a la salud, a la educación, al agua, a la justicia, que en el fondo es lo que hace seguras a las personas como seres humanos.

AR: Para analizar la infiltración de la delincuencia en los Estados usted propone un enfoque microinstitucional; destaca cinco niveles de infiltración que va desde la aislada, individual, hasta la colocación de delincuentes en grandes posiciones de poder. ¿Cuál es la situación de México al respecto?
EB: No se combate la corrupción en ningún nivel; en el mejor de los casos, agarran a un policía recibiendo algún dinerito, 200 pesos o un poco más, y quizá a ese pobre tipo lo procesen pero porque no forma parte de una red criminal de poder. Pero no observas en este momento experiencias importantes de combate a la corrupción.
Aduanas ha mejorado en alguna medida en su atención al público, pero hay áreas que son capturadas por los grandes grupos criminales mexicanos y extranjeros, que siguen operando con total impunidad, como ocurre en Colima, Lázaro Cárdenas, Veracruz y otros puertos que siguen siendo grandes feudos de bandas criminales. Para detenerlos se necesita capturar a gran parte del sistema.
Tenemos un gran problema por delante, pero también tenemos las soluciones para enfrentarlo; pero sin la presión social e internacional de Estados no vamos a salir de él así porque así: el club de los impunes nunca se autopurga.

AR: De algunas experiencias que usted relata, como las de HSBC, Libertad Reserve y Siemens, para perseguir el lavado de dinero se requiere un gran trabajo de cooperación internacional. ¿Hoy cuál es el estado de la cooperación internacional?
EB: La parte operativa funciona bien en lo que se refiere a capturar a operadores de bajo nivel que cruzan fronteras, como ocurre con Estados Unidos y México; pero es muy mala en cuanto a desmantelar las redes patrimoniales que hacen posible que esos tipos crucen las fronteras y laven sus capitales del lado norteamericano. Allí vemos muy poca cooperación.
Observamos cooperación cuando se le quiere imponer disciplina a una líder sindical política como Elba Esther Gordillo, y entonces se le aplica un castigo que, lejos de ser judicial, es muy digitado. Pero nos gustaría ver que existan investigaciones que abarquen a todos los partidos, que estas personas y líderes sindicales que expliquen poco de dónde sacaron su dinero, cómo compraron casas en el exterior y cómo viven sus hijos en el extranjero. De esta cooperación, que debe focalizarse en la élite mexicana, no vemos nada o muy poco.
En esos casos, si la autoridad mexicana no colabora, en ese sentido ls autoridades del exterior poco pueden hacer porque no obtienen evidencia y, por lo tanto, no puede haber una causa por lavado de dinero.

AR: Usted destaca una medida no de carácter penal sino civil: la extinción de dominio. ¿Qué beneficios puede traer?
EB: Tengo entendido que en México se han promovido y delineado leyes de extinción de dominio que han sido aprobadas, pero las causales de extinción son muy limitadas, mucho menores que las colombianas o las norteamericanas. Entonces aquí no se extingue el dominio sobre una propiedad solamente porque no puedas explicar el origen legal, y eso le quita agilidad a la ley. Se le trata de vincular siempre a la causa penal, con lo cual obviamente se sigue vinculando el patrimonio a un hecho delictivo, lo que hace que también se tenga que probar éste para extinguir el dominio sobre esa propiedad.
Le falta agilidad a la ley mexicana, y sospecho que esto se debe a que fue diseñada para que no se implemente, lamentablemente.

AR: Para atacar el problema del lavado menciona algunas medidas del Grupo de Acción Financiera Internacional, relata experiencias exitosas como las de los jueces italianos Falcone y Borsellino, y al final de su libro propone 20 medidas. ¿Cuáles son las más importantes y urgentes que hoy se tienen que establecer en México?
EB: Hay varias, pero comencemos por la social: la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de auditar a sus municipios, a las campañas políticas, como una atribución por ley, que no existe en México. Ese tsunami de auditorías sociales no digitadas por ningún jefe de gobierno no existe en México; en Brasil desde 1989 se aplica constantemente, y es una gran medida que previene que el lavado de dinero provenga de la corrupción política, que es su mayor fuente en México.
La auditoría social es algo técnico: hay que entrenar a quienes elija, por ejemplo, una asamblea ciudadana de una colonia, para que comience a auditar las cuentas, independientemente del gobernante, sin que éste digite quiénes van a ser los contralores. Hoy la Ley de Participación Ciudadana del DF le da atribuciones al delegado para que él elija a los contralores, lo cual ya genera una simulación de control.
La otra, muy importante, es que existe el órgano de inteligencia financiera federal, pero el sector financiero es sólo un pedazo de la economía mexicana, y alguien tiene que monitorear el otro sector, el no financiero. Para esto se necesitan unidades de investigación patrimonial no financiera en cada estado de la República, trabajando en red para que los registros de la propiedad permitan el acceso a cruces de información, y que ésta se encuentre automáticamente a disposición de fiscales para empujar líneas de investigación patrimonial. Después ese material se podrá traducir en una sentencia judicial motivada basada en esos insumos probatorios.
Esa coordinación que acabo de describir no existe en México, y es un elemento clave.
La tercera es la creación de una fiscalía y de una policía supraestatal, como Europol, que coordina a las policías europeas. Necesitamos una policía latinoamericana, regional, que coordine a las policías de los países; también una fiscalía regional que coordine a las fiscalías de los países para que, por un lado, exista la presión internacional y que no dependa de embajadores dando condecoraciones, sino que exista presión por parte de fiscalías que estén por encima de los Estados.
Entonces México tiene que encarar la construcción de fiscalías supraestatales que conjuguen los esfuerzos de Centroamérica, Colombia y Brasil, y que a partir de allí comencemos a desmantelar redes empresariales criminales del siglo XXI que se ubican en 20 países, y no con las instituciones del siglo XVIII que tenemos.




*Entrevista publicada en Metapolítica, año 20, núm. 95, octubre-diciembre de 2016.