La manipulación de las fuerzas armadas. Entrevista con Ana Lilia Pérez

La manipulación de las fuerzas armadas

Entrevista con Ana Lilia Pérez*

Ariel Ruiz Mondragón

Muy discutido ha sido el papel que se le ha otorgado al Ejército mexicano en la lucha contra la delincuencia organizada, fundamentalmente en la guerra contra las drogas. En efecto, han menudeado las polémicas sobre aspectos tan diversos que van desde su escasa preparación para asumir tareas de seguridad pública hasta la constitucionalidad de su intervención.

En su libro Verdugos. Asesinatos brutales y otras historias secretas de militares (México, Grijalbo, 2016) Ana Lilia Pérez toma el asesinato de dos migrantes centroamericanos a manos de un soldado mexicano para desarrollar críticamente algunos aspectos de la actuación de las fuerzas armadas en los últimos años. Pero no se limita a esto, sino que recupera desde las escuelas donde son formadas, hasta su utilización por los últimos titulares del Poder Ejecutivo, así como importantes antecedentes de algunos militares con el narcotráfico.

Sobre ese libro conversamos con la autora, quien es licenciada en Periodismo por la UNAM, además de que ha realizado diplomados en la Academia Mexicana de la Historia, la Universidad José Martí, de La Habana, y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha colaborado en medios como Esquire, CNN, El Financiero, La Jornada, Milenio, Excélsior, Contralínea, Cambio, Variopinto y Newsweek en español. Autora de cuatro libros, ha obtenido premios como el Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano, Leipziger Medienpreis y Golden Victoria.

 

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir un libro tan crítico como el suyo sobre el Ejército en la guerra contra el crimen, especialmente el narcotráfico?

Ana Lilia Pérez (ALP): Primero quiero comentar que este libro es un proyecto de bastantes años que comencé a partir de la investigación que hacía sobre el asesinato de dos migrantes centroamericanos, que está narrado en el último capítulo. A partir de que tuve conocimiento del crimen de un militar que asesinó a sangre fría a dos menores de edad centroamericanos comencé a investigar el caso; era el año 2003, y el director de una organización internacional que da protección a niños en situación de calle en diversos países buscaba llevar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se juzgara en instancias internacionales la actuación de estos militares, tanto del soldado que asesinó a estos migrantes como de quienes llevaron una parte del proceso judicial y que al final quedó en impunidad.

Entonces comencé a investigar este caso y a reconstruir cómo había ocurrido el crimen; fue un amplio trabajo de campo, labor que me llevó lo mismo a Centroamérica que a diversas áreas de México, incluida la zona donde fueron asesinados estos migrantes. Así reconstruí desde distintas perspectivas este caso y los diversos ángulos que hay en torno a este crimen.

Pero me di cuenta de que hay un ángulo que merece mucha atención, que es la situación mental del militar que los había asesinado, un cabo que tenía un nivel bajo dentro del Ejército, y que, sin embargo, tenía encomendada la vigilancia de los pertrechos de todo el batallón. Él podía disponer, como lo hizo, de las armas y de las municiones con las cuales asesinó a estos migrantes; él estaba en servicio cuando lo hizo, lo que pude comprobar a pesar de que en aquellos tiempos el Departamento de Estado de Estados Unidos le envió un documento al entonces presidente Vicente Fox, en el que pedía información sobre este caso. El gobierno mexicano respondió que el militar no estaba en funciones; sin embargo la investigación periodística que realicé demuestra todo lo contrario: el propio militar manifestó que había escuchado la orden de salir a ejecutar una misión, que consistía en matar personas, y que él a quien iba a matar en esos momentos era a su familia, que vivía en una zona muy cercana al campo militar.

Reconstruir esta historia me hizo pensar mucho en el destino, porque por diversas circunstancias aquella madrugada estos migrantes, que iban rumbo a Estados Unidos, habían sido bajados del tren presionados por los vigilantes. Tuvieron muchas circunstancias adversas esa noche, que los llevaron precisamente a dormir en ese descampado donde se encontraron con el militar. Algo muy importante: cuando este los estaba asesinando a sangre fría, a quienes estaba mirando no era a un grupo de migrantes o de personas extrañas que dormían, sino a los compañeros del batallón, quienes constantemente lo humillaban y lo maltrataban. Fue un momento en el que él supuso que estaba atacando a quienes lo habían agredido a él de manera reiterada. A mí me hace pensar entonces en este ángulo de la situación mental de los militares y qué tan frecuente era este tipo de casos.

Eso me llevó a una investigación mucho más amplia y a considerar un dato duro que se incluye en el libro: cada año más de 400 militares en México son atendidos por afectaciones mentales. Después escruto cómo estas afectaciones mentales tienen que ver con la propia estructura militar.

Me planteé el libro como un compromiso con aquellos menores que fueron asesinados impunemente. Yo quería contar la historia de su vida y la tragedia de su muerte porque no obtuvieron justicia, para que se haga conciencia de que este tipo de casos no pueden continuar.

Invito a los lectores a revisar este libro donde yo cuento información que, espero, contribuya también a que pensemos cómo vamos a recomponer las instituciones en este país.

 

AR: ¿Cuál es la lógica con la cual se ha educado a estos militares que han participado en esta guerra contra el narcotráfico desde los años setenta? Menciona usted desde el Colegio Militar hasta la escuela kaibil, pasando por la Escuela de las Américas.

ALP: Hablamos de modelos de milicia que tienen, incluso, influencia de las fuerzas armadas estadounidenses; por ejemplo, de grupos especializados en contrainsurgencia y antimovimientos sociales. Son fuerzas que se crearon a partir de la llamada Escuela de las Américas, que desde los años cincuenta hasta los setenta fue una de las escuelas militares más polémicas a nivel mundial, y que se encontraba en Ciudad de Panamá.

Para esta investigación conocí lo que fue la vieja Escuela de las Américas, pero ya convertida en un área distinta; pero sí tiene todavía influencia en el modelo de milicia que se enseña a nivel internacional. ¿Dónde se aplica? En años más recientes se ha trasladado a las escuelas de las propias bases estadounidenses, a donde se envía a militares de todo el mundo, incluidos mexicanos, a recibir este tipo de adiestramiento.

Otra de las escuelas donde más se aplica este tipo de directrices es la llamada escuela de kaibiles, o Centro de Entrenamiento Kaibil, en el Petén, en Guatemala. A nivel internacional los propios militares le llaman “el Infierno”, por las condiciones físicas de la zona donde se ubica este plantel, un trecho muy amplio del municipio del Petén, fronterizo con la zona sureste de México. Está enclavado en una selva agreste que tiene ríos llenos de cocodrilos y animales propios de ese tipo de ambiente natural, en la cual se entrena a los militares para las pruebas de fortaleza y sobrevivencia. Entre las pruebas de este curso de especialización, que dura más en promedio 60 días, están cruzar ríos llenos de cocodrilo y preparar a los militares para que puedan “dominar la noche”, como le llaman ellos. ¿Qué significa esto? Que ellos van a poder perseguir todo lo que se mueve y todo lo que hay a su alrededor en una oscuridad completa, sin que el enemigo o que la persona a la que están vigilando y que van a atacar pueda percibir que ellos están allí.

Este modelo de entrenamiento es, más de la mitad, una cuestión psicológica. La manera en que se impone este tipo de entrenamiento es algo sobrehumano, porque se ponen pruebas extremas, y no todos los que están entrenándose en estos centros son capaces de soportarlas. De ellos se deriva el reducido número de militares que cada año pueden graduarse como kaibiles.

Algo que debe llamar la atención es que, después de Guatemala, el país que tiene el mayor número de kaibiles es México.

¿Qué ha pasado con estos militares? En el caso de México hay muchos militares de estos grupos de élite que, en vez de servir al propio Ejército, como es su función y para lo cual se les prepara, están reclutándose con el crimen organizado.

 

AR: La historia que hace en el libro comienza con el general Humberto Mariles, en 1972, aunque hay menciones desde tiempos de Díaz Ordaz y, por supuesto, llega hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. En este periodo ha habido en el país un proceso de democratización. ¿Qué ha ocurrido con este y el Ejército?, ¿qué papel tuvo éste en la democratización y cómo ha cambiado?

ALP: No entiendo a qué le llamas este proceso de democratización…

AR: Por ejemplo, a gobiernos de varios partidos, a gobiernos divididos…

ALP: Ese es un planteamiento interesante porque suponemos que en el cambio de la democracia mexicana, en las transformaciones que ha habido con el cambio de estafeta hacia gobiernos de oposición, con Vicente Fox, después con Felipe Calderón y ahora con el regreso del PRI, algo debía pasar con las fuerzas armadas. Sin embargo éstas han sido utilizadas a modo del gobierno en turno. Para ellas no han impactado los cambios que ha habido en los colores del partido en el gobierno, porque las fuerzas armadas, para la mala fortuna de ellas mismas y en detrimento de la propia institución, han sido utilizadas en México a criterio del Ejecutivo federal.

En el papel de la estructura formal, el Ejecutivo federal tiene la función de comandante supremo de las fuerzas armadas. Sin embargo, en México hemos visto cómo se ha utilizado al Ejército en algunos casos para amedrentar disidentes, para hacer el trabajo sucio en algunas ocasiones. Eso lo vimos desde Tlatelolco en 1968 y se ha visto de manera reiterada en entidades como Guerrero, que han estado prácticamente militarizados desde aquellos años sesenta y setenta, y se sigue viendo a partir de la llamada guerra contra las drogas, que no fue más que la estrategia fallida de un presidente que sacó a los militares a las calles sin que previamente se hiciera un análisis de la situación que tenían las fuerzas armadas en esos momentos, ni tampoco el papel que desempeñarían en estas funciones que competen a las fuerzas de seguridad pública y no al Ejército. Es decir, sigue la manipulación que se ha hecho de las fuerzas armadas.

A esta manipulación la identificó como uno de los factores que han impactado de mala manera a las fuerzas armadas, porque este manejo se ha hecho de manera discrecional por parte de los altos mandos.

Creo que ni siquiera el presidente ha respetado el papel que deben tener las fuerzas armadas en la sociedad, y esto ha ido en detrimento de la propia institución pero también de la ciudadanía, porque hemos vistos casos de violencia extrema en la cual se ha vinculado a los militares con afectaciones a sectores de la sociedad civil sin que se aplique la justicia de manera transparente. Las fuerzas armadas siguen teniendo una especie de fuero en el país.

 

AR: Relata en su libro muchos casos de abusos de militares, que van desde el robo hasta asesinatos pasando por secuestros y extorsiones. Al respecto, ¿qué tan eficiente ha sido la propia justicia militar? Por allí recupera algunos casos que sí fueron juzgados; por ejemplo, se anota que de 1990 al 2011 alrededor de 500 militares han sido dados de baja por mala conducta.

ALP: No ha habido mucha transparencia en este tema. La historia central del libro, que es la del crimen de Delmer y José David, es un ejemplo de cómo la justicia militar protege a sus propios integrantes y se maneja con criterios muy distintos de los de las autoridades civiles. En este caso, por ejemplo, la autoridad militar decía que el soldado estaba trastocado mentalmente; las autoridades civiles decían que no, que tenía perfecta conciencia del crimen que había cometido, que lo había hecho con todas las agravantes y que tenía que ser sujeto a purgar una condena que le impuso un juez civil. Pero hubo criterios encontrados, como ocurrió recientemente en otros casos como el de Tlatlaya, en el que la autoridad civil llegó a una determinación, y la militar a otra totalmente opuesta.

Entonces en el caso de cómo se han tratado los crímenes militares no ha habido claridad, sino una aplicación discrecional de la ley, a criterio de la autoridad militar únicamente, sin que se rindan cuentas a la ciudadanía. Esto lo vimos durante muchos años, hasta que se habló de esta reforma en la que se trató de eliminar el fuero militar. Se supone que esto cambió en años recientes; sin embargo, ya en la aplicación efectiva vemos que continúa de la misma manera.

Creo que esto ha provocado y fomentado también la impunidad que alienta que miembros de las fuerzas armadas sigan incurriendo en actos ilegales, puesto que suponen que no se les va a aplicar la ley por este fuero del cual gozan los militares.

Pienso que este es otro de los factores que ha hecho que la propia institución se vea afectada.

 

AR: Otra historia que está en el libro es el de las torturas que se practican al interior del Ejército. ¿Cómo ha ocurrido esto? Parece ser muy grave.

ALP: Así es. A partir de la guerra contra las drogas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comenzó a recibir muchas quejas y denuncias, algunas de las cuales generaron recomendaciones en contra de las fuerzas armadas mexicanas, en las que se denunciaba la tortura como una mecánica para la obtención de confesiones de civiles. Pero encontramos también casos de militares que denuncian haber sido objeto de torturas por parte de sus propios mandos y compañeros. Se ve como una práctica común dentro de las fuerzas armadas.

También documento cómo hay otro tipo de prácticas de acoso y de tortura sistemática que se aplican con el pretexto de que son parte del entrenamiento militar, y que se practican en las instalaciones castrenses. Son prácticas muy asociadas a la dinámica de la vida militar y se ven como algo común; sin embargo, ¿qué ocurre cuando incluso se llega hasta el crimen contra las personas de quiénes están obteniendo una confesión? Esto ha ocurrido y en casos muy graves.

Hace poco se ha difundido un video en el que se ve a militares que torturan a una mujer para sacarle una confesión; es una práctica que se ha denunciado y que ocurre dentro de las propias instalaciones militares, lo que merecería la mayor atención no solo del secretario de la Defensa sino de los miembros de la sociedad civil. Debe plantearse, si esa es la mecánica que usan los militares, qué tanto habrá afectado a personas que hoy están en prisión acusadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

AR: Otro tema que no es tan tocado en el libro pero que creo importante son las condiciones laborales de los soldados.

ALP: Ese es otro elemento en el que también se debe poner cuidado porque los militares tienen salarios muy bajos en México; incluso con los incrementos que se les hicieron durante el gobierno de Felipe Calderón aún son muy bajos, y es precisamente este factor el que, según dicen los militares, los lleva a reclutarse con el crimen organizado. Esto pasó, por ejemplo, con muchos miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales que fueron reclutados por los Zetas; esto ha pasado también con los kaibiles, quienes regresan a sus tropas a percibir salarios muy bajos. Entonces siempre lo que perciben debe cuidarse, porque esto puede generar que se recluten con el crimen organizado, como lo han hecho.

 

AR: Algo que llamó mi atención es que, cuando menos desde la Guerra sucia, muchos militares más bien están entrenados para la guerra contrainsurgente; sin embargo, se han ido a la guerra contra el narcotráfico. Una figura emblemática es Miguel Arturo Acosta Chaparro. ¿Cómo ha enfrentado el Ejército ese paso de la lucha contrainsurgente a la lucha contra las drogas?

ALP: Creo que las fuerzas armadas mexicanas no estaban preparadas para que se les sacara a las calles para las tareas de combate al narcotráfico, porque desde el momento en que eso se hizo el crimen organizado ya había infiltrado las estructuras del Ejército. No es algo nuevo: en México lo padecemos cuando se supo de los Zetas, exmilitares y militares que habían pedido su baja temporal y que desertaron de las fuerzas armadas para reclutarse como guardaespaldas del Cártel del Golfo, de Osiel Cárdenas Guillén. Al poco tiempo crearon su propia organización criminal que hoy, a solo unos cuantos años, es uno de los cárteles más violentos y mejor organizados a nivel internacional.

Considero que cuando el gobierno decidió que los militares se iban a hacer cargo de las tareas de combate al narcotráfico se ignoró esa parte tan delicada que era si militares se estaban reclutando con el crimen organizado, como ya lo estaban haciendo. Entonces esto sí tiene que ver con una parte económica: a los soldados les resultaba mucho más redituable reclutarse con el crimen organizado, pero también con el desencanto que muchos tenían de las propias estructuras de las fuerzas armadas, donde se habla de un código militar y de una ética que a veces no se cumple. Estos son elementos que no consideró el presidente Calderón cuando llevó a los militares a estas tareas contra las drogas, además de que no se capacitó a los militares para la vinculación que tendrían con la sociedad civil en estas nuevas tareas que se les estaban encomendando, lo cual explica también el fracaso de la llamada guerra contra las drogas.

Lo podemos ver con números duros: la Procuraduría General de la República (PGR) tiene una lista de los cárteles y organizaciones criminales que operaban antes de que se diera la guerra contra las drogas, antes de que se sacara a los militares a las calles; si la comparas con la lista actual de la propia PGR, son exactamente los mismos cárteles con sus escisiones más nuevos grupos que han surgido. Con esto podemos medir el fracaso, aunado también al poder que en la actualidad han alcanzado a nivel internacional las organizaciones criminales mexicanas —que pude documentar muy bien en mi libro Mares de cocaína—, y también lo podemos percibir en el nivel de violencia que vive el país. A pesar de que hay estados donde los militares han permanecido años, esto no ha bajado el nivel de violencia ni la inseguridad ni la criminalidad ni el tráfico de drogas.

 

AR: Un asunto muy interesante es el papel de algunos militares en los cárteles. Menciona varios casos: el Metro con Amado Carrillo, Jesús Gutiérrez Rebollo, los Zetas. ¿Cómo ha sido infiltrado el Ejército por las bandas, especialmente por narcotraficantes que llegan a hacer su propio grupo? ¿Cómo han ayudado los militares a los cárteles?

ALP: Un grave problema que tenemos es el gran nivel corruptor de las organizaciones criminales, y que la sociedad misma es proclive a esa corrupción. En este país es mucho más fácil caer en prácticas corruptas que negarte a ellas; es decir, es un sistema que está corrompido, donde las estructuras del crimen han logrado permear fácilmente por el factor económico. Esto ha pasado con las fuerzas armadas también: los traficantes han logrado corromper sus estructuras al atraer a los propios militares, que no sólo les ayudan a reclutar a otros miembros sino a operar la propia criminalidad al interior de las fuerzas armadas. El caso más visible lo tenemos en los Zetas.

Cuando yo hablé con expertos en temas de delincuencia organizada a nivel internacional, yo les comentaba el caso de los Zetas; personas que, por ejemplo, durante años combatieron a organizaciones como la Cosa Nostra, en Italia, me decían que esa historia de los Zetas era la más increíble que pudieran haberse imaginado: ¿cómo era posible que un grupo de élite de un Ejército de pronto se convirtiera en un cártel? Esto habla del nivel de deterioro que hay en las propias instituciones mexicanas.

Ese es el caso más visible y el que mejor ejemplifica hasta dónde se puede llegar en el nivel corruptor dentro de las fuerzas armadas. Pero me di a la tarea de buscar los antecedentes que había de militares implicados en el tráfico de drogas, y me encontré el caso del general Humberto Mariles, quien fue una gran figura a nivel internacional porque fue el primer medallista olímpico para México, un caballista muy afamado. Fue detenido en París con maletas cargadas con heroína, que se procesaba en Marsella y que traía para México aprovechándose de su fama. Autoridades del propio gobierno que eran sus amigos personales le habían facilitado documentos diplomáticos para viajar. Él iba por el mundo como representante de la diplomacia mexicana, como un enviado del presidente. ¿Qué le garantizaba viajar de esta manera? Por ejemplo, que su equipaje no era revisado y tenía prácticamente paso libre en los aeropuertos, y él mismo decía que gracias a eso podía pasar sus cargamentos. Hice esta investigación, una parte en París y otra en la Ciudad de México, y me encontré los expedientes que integró la Policía francesa sobre este caso cuando lo detuvieron y lo metieron a una cárcel, donde murió, y encontré también el expediente que armó la Dirección Federal de Seguridad en México, donde documentaban las relaciones no sólo del general Mariles en la élite política mexicana sino en redes de tráfico de drogas y de tratantes de blancas.

El caso de Mariles reúne todos los elementos de por qué se fomenta la criminalidad en el país. Era protegido del propio sistema y aprovechaba esa protección que tenía para su beneficio personal con estos negocios. Creo que es un antecedente muy notorio de este tipo de vinculación de militares de alto rango en el crimen organizado.

 

AR: Hay una cifra en el libro: de 1990 a 2011 hubo 345 mil bajas del Ejército, entre las que hay un número grande de desertores. ¿Qué pasa con estos?, ¿a dónde van a dar?, ¿por qué no se les da algún tipo de seguimiento?

ALP: El por qué es lo que nos tendrían que explicar el secretario de la Defensa o los altos mandos de las fuerzas armadas porque el planteamiento que yo hago es que hay una falta de atención a lo que está ocurriendo con los desertores, qué es lo que los lleva a dejar las fuerzas armadas. En el libro planteo cómo esa falta de cuidado ha llevado a saber el destino de esos militares hasta que se encuentran implicados en acciones criminales. Algunos casos los relato en el libro, pero creo que este es otro punto débil de la autoridad: no llevar un seguimiento de las personas a las que preparó tan bien en cuanto a estrategias, de uso de armas, por ejemplo, y que no se sabe al final dónde las van a aplicar. Debería tenerse mucho cuidado porque en este país hemos visto cómo hay desertores preparados como grupos de élite que se están vinculando con el crimen organizado.

Los mandos de las fuerzas armadas deberían analizar por qué están ocurriendo las deserciones y a dónde va a parar cada desertor.

 

AR: ¿Ha visto algún aspecto positivo de la intervención del Ejército en la guerra contra el crimen? Hay algunas crónicas de comunidades que efectivamente se han sentido seguras, y ha participado en detenciones de narcotraficantes, por ejemplo.

ALP: Yo no lo veo como algo positivo, y no me refiero sólo al Ejército. ¿De qué sirve invertir tanto dinero público en hacer fuerzas especiales, en crear la gendarmería, si sus elementos no están trabajando con la finalidad de acabar con la criminalidad sino que también caen en la corrupción? Considero que se deberían revisar los niveles de confianza de los miembros de las fuerzas armadas y de las policías. Es un criterio que se debe aplicar parejo.

Supongo que habrá comunidades que digan que para ellas el Ejército les ha garantizado seguridad, lo cual me alegraría mucho, pero creo que si hablamos en términos generales con datos duros, no sabes de un resultado positivo, y no es algo que yo esté suponiendo. Incluso se han escuchado voces de militares que en estos años han dicho que el Ejército no está hecho para estas tareas contra las drogas.

Es evidente que no ha impactado de manera positiva este combate al crimen organizado. Lo vemos también frente al indicador internacional de que los cárteles mexicanos han tenido ahora un papel relevante a nivel internacional que hace años no poseían y que hace unos años tenían los grupos colombianos.

Entonces tenemos a los militares en las calles en estas tareas antidroga, pero resulta que los cárteles tienen mayor poderío y fuerza a nivel internacional. Esto quiere decir que algo está fallando.

 

AR: Hay otra parte del libro en la que usted recuerda cuando en Tamaulipas dos agentes norteamericanos, de la DEA y del FBI, y un periodista, José Luis, fueron a buscar a Osiel Cárdenas, al que enfrentaron. Había quien le decía al reportero que agarrara el billete del narco, “todos lo están agarrando”. ¿Qué ha pasado con la prensa en estos casos de vinculación con el narcotráfico?

ALP: Con el nivel de corrupción de los cárteles y de criminalidad que impera en muchas regiones de México, los periodistas tenemos una labor de muy alto riesgo. Querer documentar lo que ocurre en algún lugar, sobre todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y a quién beneficia, quién está detrás de las redes de criminalidad, los agentes del Estado que participan en esas redes de corrupción, es el mayor riesgo para el periodista. Eso es algo del trabajo que yo he hecho durante varios años.

Creo que en este país tiene un costo muy alto contar ese tipo de verdades. Por eso tenemos periodistas que han sido acosados, asesinados o que han tenido que salir del país. Por mi propia experiencia puedo decirte que en este país es más peligroso ser un periodista honesto que un periodista corrupto, y eso es lo que te coloca en una situación de riesgo. Cuando escribes sobre dinero criminal recibes muchas presiones de todo tipo, y el periodistas que se niega a aceptar cualquier tipo de soborno se vuelve más peligroso, y también está poniendo en un riesgo permanente su vida.

Yo no podría decir que alguien, para garantizar su tranquilidad, deba aceptar o no dinero del narcotráfico, porque esa es una cuestión personal. Yo no lo haría y me he rebelado a caer en malas prácticas, pero para mí ha tenido un costo muy alto.

Yo entiendo muy bien ese caso que relato en el libro porque el periodista empezó a tener presión cuando se negó a caer en este tipo de actividades criminales, porque el periodista que acepta un soborno de un narcotraficante es cómplice también de esas redes criminales y se convierte en parte del problema. Los periodistas debemos decir no a cualquier intención, por mínima que sea, de corrompernos, porque si los periodistas defendemos la verdad también debemos defender la ética como un principio básico del periodismo.

Pero, desgraciadamente, cuando en este país defiendes la ética o los principios periodísticos y el derecho de la sociedad a estar informada con la verdad, te colocas en una situación de riesgo. Entonces son posiciones personales y riesgos que tomamos los periodistas cada día.

 

AR: Pese a todo, el Ejército aún es una institución muy respetada y hasta temida. A grandes rasgos, de los casos que ha visto, como el de Ricardo Olvera, Tlatlaya y los hechos de Iguala, ¿en general, cómo ha cubierto la prensa estos hechos del Ejército?

ALP: En algunos medios este tipo de coberturas todavía es visto como tabú, lo cual considero un error porque hacemos figuras intocables. Pienso que, en un afán por defender la verdad, los medios de comunicación deben abordar este tipo de temas, impliquen a quien impliquen, porque al final quien está siendo afectada es la sociedad, y ellos son parte de esta, así como los militares.

Creo que el que no se cubran estos temas amparándose en esa figura de intocables no es una cuestión de respeto sino de solapar asuntos que a todas luces son ilegales, y los medios de comunicación tienen un papel muy relevante para también tratar que las instituciones de este país se recompongan. Ocultar la verdad no es una manera de contribuir a esto.

 

AR: ¿Cuál es el futuro del Ejército, especialmente el deseable? Esto si tomamos en cuenta que, efectivamente, no está preparado para hacer tareas de Policía, y también que las policías tampoco están preparadas para hacer su trabajo. No va a ser fácil sacar a los militares de las calles.

ALP: Es cierto que es muy dramática la situación que tenemos en México porque si un ciudadano se encuentra con que es víctima de una acción criminal en las calles y ve a un policía y a un militar, yo no sé en quién confiaría; yo, en ninguno por las malas experiencias que he tenido con ambos.

Pienso que el gran drama para la sociedad mexicana es que la mayoría no creemos en los representantes del Estado: se ha perdido la credibilidad en la clase política y en los funcionarios.

Es un panorama muy dramático pero real. No podemos cerrar los ojos a esta realidad porque cuando lo hacemos sigue ahí, pero nosotros la ignoramos y eso es lo que hace que la situación se deteriore aún más.

Yo estoy convencida de que la situación en este país se recompondría si cada uno hiciera el trabajo que nos toca desde nuestro ámbito: los militares el trabajo que les corresponde como parte de una milicia; los policías, el que les toca sin caer en las corruptelas; el ciudadano, el que le toca hacer cada día; los periodistas, realizando nuestra labor de manera ética, y que cada uno de esos elementos de la sociedad diga no a las prácticas corruptas.

Estoy convencida de que el principal problema que tenemos en México es la corrupción en todos los niveles. El día que cada uno de nosotros digamos “No” a las prácticas corruptas, al tráfico de influencias, y que cumplamos con nuestra labor de manera ética, responsable, consciente, y que además nos preocupemos del otro como parte de la sociedad, ese día tendremos un país mejor.

Yo no veo que haya una recomposición de otra manera. Esperar que los cambios provengan de las esferas de gobierno es un error que los ciudadanos ya no podemos repetir, porque la clase política mexicana, que está muy deteriorada y que no hace bien su trabajo, no está a la altura de las necesidades de la sociedad.

 

*Entrevista publicada en Horizontum, 9 de junio de 2017.

Una batalla contra la "justicia" misógina. Entrevista con Ana Katiria Suárez

Una batalla contra la “justicia” misógina.

Entrevista con Ana Katiria Suárez

Ariel Ruiz Mondragón

En diciembre de 2013 el señor José Luis Rubio emitió en Facebook una denuncia: su hija, Yakiri Rubí Rubio Aupart, había sido víctima de secuestro, violación y lesiones por parte de dos sujetos. Pese a haberse presentado a denunciar el hecho, “la policía la detuvo y la remitió a la cárcel”, acusada de asesinar a uno de sus atacantes mientras intentaba defenderse. Buscaba ayuda a través de la red social.

La abogada Ana Katiria Suárez se enteró del dramático llamado de auxilio y acudió a entrevistarse con los padres para enterarse del caso y hacerse cargo de la defensa de la joven. Así dio inicio una historia que, como dice ella en su libro, “me obligó a confrontar a un sistema enfermo de soberbia, podrido de injusticia, sin claudicar y levantando la voz con la razón; así me enfrenté a quienes cuestionaban el valor que podría tener la palabra de una mujer defendiendo a otra”.

En el volumen En legítima defensa. Yakiri Rubio y la gran batalla contra la violencia machista y el sistema penal (México, Grijalbo, 2017), Suárez relata su experiencia como litigante en un proceso en el que policías y jueces mostraron ampliamente la misoginia, la corrupción, la ineptitud y la mala fe con las que muchas veces actúan. Finalmente logró la libertad de la joven y continúa representándola en el proceso por violación, que aún está pendiente.

Acerca de ese libro conversamos con Suárez (Ciudad de México, 1981), quien es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Ciencias Penales y Criminología por las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra.

 

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir y publicar un libro como el suyo? Casi al final del mismo usted define el objetivo de lo que vivió como defensora de Yakiri Rubio: denunciar la violencia de género, la misoginia, el machismo. Dice usted que es el viaje de la defensa de una mujer.

Ana Katiria Suárez (AKS): La voluntad del libro es compartir con la ciudadanía lo que se vive en este sistema. El resultado es lo que alcanzamos a ver en los medios de comunicación, que muchas veces son certeros y en otras ocasiones no, pero allí no se logra visibilizar el proceso interno en la lucha por obtener justicia en lo que es un Estado fallido y podrido de corrupción y misoginia.

Cuando se me presentó la oportunidad de escribir el libro no consideré ninguna razón por la cual guardar silencio o seguir engañando a la ciudadanía sobre qué es lo que vivimos día a día en este país.

 

AR: ¿Cómo fue que un caso de una denuncia de un secuestro y violación contra una joven, terminó por convertirse en una acusación de homicidio contra ella? Fue un dramático paso de víctima a victimaria.

AKS: Veo varias razones; la principal es la indolencia y la inhumanidad con la que se conducen los servidores públicos ante el dolor y las transgresiones que sufren los ciudadanos que son víctimas de la delincuencia.

Por otro lado está el compadrazgo de las autoridades con la delincuencia organizada y la común, porque no son hechos ni personas aisladas. En muchísimas ocasiones existe una correlación directa entre la autoridad y el agresor.

 

AR: ¿Podría detallar esto? Los hermanos Ramírez Anaya, presuntos agresores de Yakiri, conocían a los policías.

AKS: Los hermanos Ramírez Anaya son vecinos de la sede de la Procuraduría capitalina llamada “el Búnker” desde hace más de 25 años. El agresor y hoy occiso tenía diversos antecedentes penales: siete ingresos a prisión y un compadrazgo con servidores públicos de la Procuraduría, a quienes abastecía estupefacientes.

Cuando Yaki pidió ayuda a los policías para después presentar su denuncia en la Agencia 50 por violación, ellos se dividieron: la mitad estuvieron resguardándola en la calle y fueron en busca de sus agresores, mientras que la otra parte encontró “casualmente” la casa de los atacantes al seguir unas huellitas de sangre. ¡Pues qué aparatos o qué capacidad de visión nocturna tienen!

Si utilizamos un mínimo de sentido común y sin permitir que la autoridad subestime la inteligencia de los ciudadanos, es evidente que los policías tenían conocimiento de la ubicación del domicilio de los agresores de Yaki, y que así es como llegaron a dizque encontrarse con la víctima indirecta, que es el hermano del occiso y que en realidad es el otro victimario. A él lo transportaron al Ministerio Público en el mismo periodo en el que a ella la trasladaron para que fuera suturada de la herida que sufrió en el brazo izquierdo. Una hora después, en lo que la suturaban y llegaba la ambulancia, llegó la mitad de los policías con Luis Omar Ramírez Anaya, y a este le dijeron: “Es la mujer que tenemos retenida. Díganos si es ella”, y respondió: “¡Oh, sí, es ella!”.

En el libro revelo que la alianza de los agresores con los policías no es un tema económico sino de favoritismos y de compadrazgos por ser vecinos, por ser parte de la misma mafia, de la misma podredumbre. Lo podemos ver no sólo en ese momento que describí antes sino en otros: cuando se establecieron las horas en que acudieron al lugar donde fue “hallado” el cuerpo, la ruptura de la cadena de custodia, la “decoración” del muerto (como le llamo en el libro), en cómo fabricaron que una niña de 50 kilos y 1.62 metros de estatura le puede infligir 14 puñaladas a un sujeto de 1.85 metros, 87 kilos y fisicoculturista, sin que él hubiera huido antes de una habitación que mide 2 por 2 metros.

En el libro describo cuáles son las características de las lesiones ad mortem y post mortem, para develar cómo fue fabricado todo el teatro con el que la Procuraduría trató de sostener la imputación que hizo Luis Omar a su víctima en colaboración con la Policía, y apoyado por servidores públicos encargados de realizar una investigación apegada a derecho y sin violación a los derechos humanos.

AR: Pese a que Yakiri llegó antes con ellos…

AKS: Llegó una hora antes a denunciar la violación y la tentativa de homicidio, y a ella le fue tomada su declaración en calidad de responsable sin que ella lo supiera. Tan es así que de su declaración se desprendió la acusación de violación que imputa a los dos hermanos Ramírez Anaya, y fue hasta ese momento cuando tuvo conocimiento de que uno de ellos había muerto.

 

AR: En el libro se destacan muchas irregularidades, que van desde que la habitación del hotel donde ocurrieron los hechos no fue resguardada, hasta que no se sabe realmente dónde murió el occiso…

AKS: El cuchillo que apareció en el cuarto, ¿quién lo analizó?

AR: Hay múltiples contradicciones…

AKS: En el libro hay un documento en el que yo expreso de manera muy clara que se demostró que el muerto no falleció donde “se murió”, lo cual es muy grave porque tira al piso la acusación de la Policía y de la Procuraduría, y exhibe que son ellas quienes orquestaron una historia para que uno de los agresores tuviera las herramientas para poder hacer una imputación de esta naturaleza, una situación que no conocían ni el delincuente ni una chica de 20 años que fue testigo. Sólo la policía y las autoridades competentes saben cuáles son las características que se deben reunir para armar esa historia, y así lo hicieron.

Ese documento no lo presenté en su momento porque se decretaría una prueba ilícita porque lo obtuve a través de una persona que trabajaba en la Secretaría de Gobernación.

 

AR: Eso corresponde a los policías y al Ministerio Público; pero hay otra parte del libro que preocupa mucho, que son las experiencias de reuniones que usted tuvo con los jueces, con Santiago Ávila Negrón, a quien usted ya conocía y quien le lanzó piropos, y, aún más grave, con Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien incluso le llegó a tomar la pierna, como usted relata.

AKS: Es muy grave porque ellos son los exponentes máximos de la impartición de justicia; son nuestros representantes, son el cocinero con quien acusamos a los malos. Pero, en este caso, ¿a ellos con quién los acusamos si no es entre nosotros? Lo único que puedo decirle de eso es que son conductas que se viven en cualquier ámbito laboral. A mí me toca, porque soy litigante, frente a autoridades que tienen la misma obligación de respetar al género femenino, y ellos aun más porque son los representantes de la justicia mexicana y no se pueden comportar como unos barbajanes callejeros.

Si eso lo juzgamos de un delincuente, ¿por qué de ellos no si se comportan igual? Lo condenamos de un misógino que trabaja en una fábrica, que humilla a una mujer con un salario menor que el de un hombre, de un empresario que le pide favores sexuales a la compañera para ascenderla de puesto, o del policía que, cuando vas por la calle, te lanza miradas lascivas. Pues es igual de asquerosa y repugnante la actitud de estos exponentes de la justicia mexicana.

 

AR: Otro tema interesante es la cita que usted hace del Protocolo para juzgar en perspectiva de género, establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son las características de este tratamiento?

AKS: Busqué relatar la historia con un lenguaje que utilizo todos los días, ya que si bien conozco el lenguaje técnico-jurídico, también soy una ciudadana común y corriente que entiende con palabras comunes y corrientes, porque no se necesita hablar de manera rimbombante para transmitir información.

Entonces lo primero que tenemos que entender es que la defensa de género se refiere a un grupo que está en una situación de vulnerabilidad en esta sociedad. Si el género masculino fuera el acosado, violentado y humillado, nos tocaría hacer una defensa de él.

En nuestra realidad, el género femenino es el que es transgredido y violentado. Entonces justamente por la diferencia, porque no somos iguales en forma, en físico, en fuerza y en muchas cosas que nos distinguen como individuos de distintos géneros, se debe atender a esas peculiaridades. Los delitos que se están consumando en contra de nosotras como mujeres no se pueden cometer en contra de un hombre, porque hay delitos que por su propia naturaleza se realizan por el hecho de ser mujer, como son la violencia de género, los feminicidios, las violaciones sexuales, la discriminación por su condición, por embarazo y por otras muchas situaciones por las que nos vemos en una situación de desventaja.

Recuerdo un comentario que hizo un gobernador con muy poca capacidad, quien decía: “Pero ¿por qué se quejan las viejas si hay un montón de hombres muertos todos los días?”. Si, nada más que no se confunda: hablo de una situación histórica real, social, en la que vivimos, en donde los hombres atacan a las mujeres porque hemos aprendido a aceptar las costumbres del patriarcado, de sumisión, y esto solo nos refiere a un estado de control total que han tenido a partir de que se les permitió. Hoy no es así: ya no opera, no funciona porque estamos hartas y hartos, porque muchos que son conscientes de que nacieron de una mujer, de una vagina, saben que esta desproporción debe terminar porque no es posible que se corra del trabajo a una mujer por estar embarazada, ni que llegue a la autoridad para denunciar una violación y le digan “pero ¿cómo venías vestida?, ¿te gustó?, ¿qué hacías allí esa noche? Pero si ya sabes los riesgos que corres”. No, yo no me tengo que cuidar de ti, la autoridad tiene que vigilarte para sancionarte y tú, hombre, debes estar consciente de que no tienes derecho a pasar por encima de mi vida, y la autoridad tampoco.

Si no lo entiendes, te lo voy a exigir a través de la visibilización, de la protesta pública, de la exigencia ciudadana. Es lo que se busca en este libro; cada capítulo narra una etapa del proceso en el que nos enfrentamos a circunstancias de discriminación, de desprestigio para la víctima, de revictimización para Yakiri y su familia. Para mí durante el proceso no fue importante pensar en lo que yo vivía porque yo estaba comprometida en busca de la libertad de Yakiri.

Al hacer un recuento de los hechos es muy doloroso darte cuenta de que no tienes forma de salvarte, aunque conozcas tus derechos, salvo si levantas la voz. Entonces tengo dos puntos: los que no ejercen la profesión de litigio en materia penal o en cualquier ámbito, tienen la obligación de, uno, conocer sus derechos, y dos, levantar la voz. Si ya eres un conocedor de los derechos entonces levanta la voz, exígelos, deja de tener miedo de que el MP se enoje contigo porque te puede tirar el asunto, que el juez vaya a opinar en contra de ti porque exigiste que se diera cumplimiento a los derechos humanos. No nos están haciendo un favor, pero ellos actúan así porque tenemos que mendigar justicia, y las mujeres nos vemos constantemente atacadas por el sistema y nuestra credibilidad se anula frente a la voz del atacante y frente a la autoridad.

Incluso las servidoras públicas se convierten en machos, en misóginas porque tienen miedo de ser rechazadas por instituciones machistas, porque si se dedican a proteger a la mujer las corren, las anulan, las castigan.

 

AR: A Yakiri nunca le hicieron caso…

AKS: Y hasta la fecha: ninguna autoridad, empezando por las de base, hasta la máxima autoridad federal, se han atrevido a hacer un razonamiento reconociendo que Yaki fue violada.

AR: Pero al final menciona que el subprocurador Edmundo Garrido terminó aceptándolo en una entrevista periodística…

AKS: Lo hizo en una entrevista pero no se estableció en ningún documento. Fue una declaración periodística muy poquitera. Pero procesalmente no hay nada.

 

AR: Otra parte inquietante es la de la labor de la prensa en esta historia, que es de muchos claroscuros. Dice usted que en un primer momento los periódicos, principalmente los amarillistas, asumieron la versión oficial, la del crimen pasional. Pero después reconoce la labor de muchos medios que le dieron espacios para explicar el asunto. ¿Cuál fue el papel de la prensa en este caso?

AKS: Para mí es fundamental, es el éxito en el 50 por ciento de todos los casos que vivimos. Muchos abogados somos criticados por litigar en medios;  yo no lo hago sino que visibilizó la injusticia porque no tengo con quién acusar al cocinero y para que lo juzgue la sociedad, que entregue respuestas, que cumpla con su deber. Y si no lo hace, como dice el Presidente: que la nación se lo demande.

Evidentemente la participación de los medios de comunicación es fundamental en esta lucha; nosotros no tenemos voz si ellos no se comprometen a difundir la verdad sin compadrazgos, sin chayotes, sin miedo, sin pertenecer al sector relegado.

 

AR: En el libro usted anota: “El trabajo escrupuloso en los medios permitió que nuestra lucha nunca cayera en el desprestigio frente a la sociedad civil”. ¿Es grave que la autoridad haga señalamientos y que, finalmente, parece que los abogados también tienen que prepararse para, aunque no quieran, litigar en medios?

AKS: ¿Qué hago, qué hace un abogado? Yo lo que hice, instintivamente, fue que cuando los medios de comunicación se acercaban a mí, tener la disponibilidad, el tiempo y el espacio para transmitirles al pie de la letra y expediente en mano lo que era la realidad del proceso, porque estaba segura de que al momento en que la autoridad sintiera tanta presión de la sociedad civil corregiría.

¿Cómo es la forma en que la autoridad puede incidir en la sociedad civil? Pues a través de los medios de comunicación y de las religiones. Entonces me presento y digo: “Yo soy la defensora y esta es la realidad”.

En una historia al menos hay tres versiones: la tuya, la mía y la real. Entonces, si tú vas a decir una mentira permíteme a mí decir la verdad, y ya que la sociedad se encargue, por antecedentes, de sopesar cuál versión tiene más veracidad: la de la prostituta asesina o la de la mujer violentada por la propia autoridad. Ésta es más creíble porque es real, y ese fue el éxito que se tuvo al dar todas estas declaraciones sobre el estado del proceso, sin yo saber cómo se habla frente a una cámara o cómo se responde a una entrevista. Nunca me interesó tener una estrategia política de medios. ¡No! Tengo una lucha: la verdad y la justicia. Lo demás me da igual.

AR: Hay una parte donde usted menciona una lucha de la defensa prácticamente contra el Estado. Para la resolución de este caso creo que hay varios elementos: el jurídico, la negociación política, la labor con los medios y el movimiento social. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos de su trabajo estrictamente jurídico? Hubo varias chicanas que le hicieron, según relata.

AKS: Las autoridades actúan con dolo, con maña, como ponzoña. Eso es en general, porque quiero aclarar que conozco personas valiosísimas en el servicio público que están comprometidas con su trabajo, pero que se ven mermadas y castigadas cuando lo quieren hacer bien.

Uno de los impactos más fuertes de esta suciedad en la que se vive en la impartición de justicia fue la denegación de la Procuraduría para iniciar la denuncia por violación, porque Yaki podía comprobar que había sido víctima de esos sujetos. Sólo con exigencia tras exigencia, tras visibilizar el dolo con el que la autoridad se negaba a darle el carácter de víctima a Yakiri, pudimos lograr que se abriera.

Segundo punto: evidentemente la autoridad trató de agotarme física y emocionalmente al no permitirme colitigar el asunto, como se hace en todo el mundo. ¿Cuándo ha visto que un solo abogado lleve un asunto? No nos dan el tiempo, los traslados en la ciudad, el análisis jurídico que se tiene que hacer, elaborar las preguntas para los testigos y las ampliaciones de declaración, interrogatorios.

Yo promoví un escrito tras hablar con unos colegas y decirles “por favor, ayúdenme a litigar el caso porque viene muy fuerte, y ya sentí el golpe de la institución para frenarme en mi lucha”; me dijeron: “Claro que sí, Ana, lo que necesites”. Presenté una promoción en el juzgado para solicitar la autorización, y me la negaron diciendo que se violentaría el derecho a la defensa de Yaki. ¿Por qué?

Además las autoridades se negaron a notificarme en mi despacho, a que mi pasante pudiera estar a mi lado ayudándome a ordenar todas las ideas y todo el expediente para desarrollar las audiencias; se me negó tener espacios controlados del desarrollo de las audiencias, todo para generar un cansancio emocional y físico contundente.

Otro ejemplo es que en todas las audiencias estaba la representación social versus la defensa del inculpado; la primera son los agentes del Ministerio Público adscritos al juzgado, y que se volvieron parte: ya no eran investigadores ni autoridad sino parte, contra el defensor.

A mí no me dejaron colitigar con otros abogados, pero en cada audiencia se juntaban como en cónclave la directora de ministerios públicos de todo Santa Marta Acatitla, y dos agentes del MP más, y entre los tres elaboraban todos los ataques para proteger el estado en el que quería situarse Luis Omar, el otro agresor.

El juez denunció a mi pasante, y yo ya no nada más tenía que defender a Yaki sino también a mi pasante. Esto no tiene nada que ver con los derechos humanos: muchas activistas ahora están furiosas porque no hablo de ellas, pero yo estoy hablando como litigante; que los demás escriban cómo se vive la lucha por los derechos humanos en México, que tiene otras aristas que deben ser observadas. Pero el litigio en materia penal, de una mujer que defiende a otra, en un caso indignante en el que se demuestran las irregularidades y se visibiliza la corrupción y la misoginia de la autoridad, no les gusta.

 

AR: Hay otra parte: la negociación política. Vio a quienes entonces ocupaban importantes cargos: el procurador Rodolfo Ríos; a Héctor Serrano, secretario de Gobierno del Distrito Federal; a Édgar Elías Azar, presidente del TSJDF; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a diputados locales. ¿Cómo fue este trabajo político?

AKS: Se tiene que hacer porque son casos que impactan en la sociedad. Todas esas juntas se obtuvieron a través de muchas activistas y abogadas defensoras de género que tenían ya mucho tiempo de ejercer la profesión. Yo la aprendí a marchas forzadas y escrupulosamente, a sabiendas de que no podía cometer ningún error. Nos buscaban citas con funcionarios para exponerles la gravedad del caso y las transgresiones que estaba cometiendo la Procuraduría que iban a repercutir en la demostración de que vivimos en un Estado fallido. Así se consiguió la mayoría de las juntas.

Hay diferentes figuras que menciono en el libro, agradecimientos que establezco para reconocer que la lucha es conjunta; sin embargo, el litigio penal técnico-jurídico es el único que nos da salidas para obtener libertades. Si los litigantes no les damos las herramientas jurídicas a las autoridades para exigirles que cumplan con su deber, los gritos no sirven. Hay que estudiar.

Podemos hablar de la reputación que busca el Estado fallido, por lo cual no reconoce sus incapacidades. Entonces hay negociaciones políticas para encubrir los señalamientos que se les hacen a las autoridades para que ellas puedan seguir mostrándose ante el público como figuras de respeto y de confianza, aunque no lo sean.

Pero ¿cómo podía confiar en ellas si eran las que tenían a Yakiri en prisión? Hubo consecuencias: funcionarios me dijeron de manera literal: “Ana, aquí hay negociaciones políticas y jurídicas, y ésta es política. Así que bájale ya y basta de entrevistas”.

Yo no soy la que incumple con su trabajo, sino ellos; yo hago lo que me comprometí con Yaki cuando la agarré de las manos: un trabajo de respeto, digno y apegado a la justicia y a la verdad; ellos no. Eso es lo que cuento en el libro, lo que se vive: una realidad.

 

AR: Otro aspecto es el respaldo de la sociedad civil, que en este caso fue desde los vecinos de Tepito hasta los miembros de la comunidad LGBT. ¿Cómo fue este apoyo?

AKS: No son más que una herramienta de este 50 o 60 por ciento del éxito. Hay comunidades, como la defensora de género o LGBT —Yaki es lesbiana—, que atienden la protección de grupos vulnerables. Creo que es un avance en la sociedad que existan y que se pronuncien porque conocen cuáles son sus derechos, a qué tienen acceso y empoderan a las víctimas. Por ello considero que es fundamental que se incluyan en cada caso de impartición ilícita de justicia, porque sólo con su participación se contiene. El trabajo que debería hacer la Procuraduría lo hace la sociedad civil.

Como escribía Lydia Cacho en una de sus notas sobre el caso, existen las violaciones correctivas: “A ver si aprendes a dejar de ser lesbiana cuando sientas la fuerza de un hombre”. Si existen esos delitos consideramos que quienes tienen una inclinación sexual distinta están también en riesgo: las personas transexuales, transgénero, etcétera, se ven violentadas por la autoridad y la sociedad.

¿Cómo se protegen? Mediante la organización social. Nosotros lo vimos en el caso Yaki: como lo cuento, la presencia de las Licuadoras fue fundamental. Yo nunca había visto una protesta del alma, con tanto coraje, con tanta convicción.

Así como ellas y todos esos grupos sociales levantan la voz y cumplen con su servicio a la vida, así lo deberían hacer las autoridades que se comprometieron a recibir un sueldo a cambio de velar por la protección de los ciudadanos.

 

AR: Otro tema muy presente en el libro es la campaña no sólo de desprestigio sino de intimidación contra Yakiri y usted. Esto va desde que a usted un alto funcionario le dijo “no te metas”, hasta el temor vigente a los primeros policías que recibieron a Yakiri y que prefiere usted no mencionar. ¿Qué protección ha recibido? Usted relata que Osorio Chong le dio alguna y que hasta hubo una suerte de enfrentamiento entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México.

AKS: Existe el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que deriva de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación. Brinda escoltas, vigilancia, botones de pánico, el Código Águila, etcétera, a quienes estamos reconocidos por la Federación como defensores de derechos humanos o periodistas en riesgo. Entonces tenemos que acudir a estas instancias, aun cuando sabemos que son deficientes y que la consecuencia ha sido un montón de periodistas y defensores muertos a manos de la propia autoridad o de integrantes de la delincuencia. Pero siempre va a haber un sector represivo que, a pesar de darte la protección, te venda el favor a costa de tu silencio.

Pero aquí no hay tal, no hay condescendencia, y yo no tengo por qué justificar los errores de alguien que se contrató para cumplir con su trabajo.

 

AR: Aún persiste el proceso por la denuncia de violación de Yakiri. ¿Cómo va hoy?

AKS: Pésimo. Hace unas semanas se avisó a Yakiri, vía una cédula de notificación en su domicilio, del archivo del expediente. Esto quiere decir que por el momento ya no se cuenta con más elementos para investigar esa violación.

Pero ¿qué sucedió? La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que dirige Perla Gómez, se comunicó con la Procuraduría para decirle que ellos se encargaban de llevar la notificación a Yakiri. Lo hicieron por conducto de una abogada particular defensora de derechos humanos, que trabaja de la mano con la Comisión; ellas la convencieron para que se presentara sin que estuviera presente su representante y le pusieron una abogada victimal adscrita a la Procuraduría, la misma institución que la violentó y encarceló injustamente.

Entonces lo que ocurrió es que la CDHDF la convenció de que era lo correcto y que se notificara sin que yo estuviera presente. Yo integré esa averiguación desde hace tres años; por supuesto tanto la Procuraduría estaba violentando el derecho de Yaki para ser representada, y la Comisión, en total contubernio esa institución, le dijo: “No te preocupes, yo te la llevo”. Esa es una violación gravísima a los derechos humanos porque la pone en un estado de vulnerabilidad impresionante, sin que conozca cuáles son sus derechos, por ejemplo que puede recurrir esa notificación y a ser representada también por su abogada.

¿Qué tuvo que haber dicho la Comisión? “No, Procuraduría, no te confundas: esta mujer tiene una representante legal, y hasta que no esté ella tú no actúas”.

 

AR: La Comisión conocía el caso…

AKS: Por supuesto, porque emitió una recomendación. ¿Qué hizo? Le habló a la Procuraduría para decirle: “No le notifiques en su casa, yo te la llevo”. Y a través de una abogada particular la indujeron a que aceptara la comparecencia a través de una abogada victimal.

 

AR: ¿Yakiri le comunicó a usted este asunto?

AKS: Sí, pero ya mucho tiempo después porque no le parecía relevante porque así se le dijo. Aquí saltan algunos nombres importantes que ya revelaré en su momento, pero eso es gravísimo.

Otra vez nos damos cuenta de que no existe autonomía de la CDHDF respecto a las instituciones a las que debe vigilar y no trabajar de la mano con ellas. Es el único órgano revisor de esas acciones gubernamentales, ¡cómo se atreve a trabajar en concordancia con la PGJDF!

 

AR: La familia de Yakiri es humilde, y todo este proceso tiene costos. Son muchos gastos, mucho tiempo. ¿Cómo se financió la defensa de Yakiri?

AKS: La defensa: yo la pagué. Quiero aclarar: el tema de la colecta de los 100 mil pesos para pagar a fianza se hizo por boteo, sin que eso me excluya de una importante participación.

 

AR: Además le dio empleo a Yakiri.

AKS: Sí, claro; la contraté como pasante para que entendiera en qué consistía su defensa, con un sueldo tan digno como el de cualquier estudiante de la carrera de Derecho en octavo semestre.

 

AR: Este es sólo uno de tantos casos que muestran el lamentable estado de la investigación policiaca y de la procuración de justicia en México. ¿En dónde encuentra usted alguna esperanza de que esto cambie?

AKS: En lo que ocurrió con Itzel**, en publicitarlo, en evidenciarlo, en visibilizar las porquerías de la autoridad. Pero no podemos observar lo que no conocemos. Entonces, primer paso, conocer nuestros derechos; segundo, exigirlos levantando la voz. Es la única esperanza que veo.

 

AR: ¿Cómo ha sido en lo personal este trabajo que realizó?

AKS: Me costó mucho trabajo entender la entrega en cuerpo y alma a un caso en el que se enfrenta al Estado, porque se hace con el alma, con el cansancio, con la mente, con el sudor, con los conocimientos, con la angustia, con el miedo, con el pavor de ser asesinada a consecuencia de mi voz.

Me costó mucho reconocer que la lucha por Yaki también era una historia personal, y que la suya era una y la de las defensoras y litigantes frente a un sistema podrido de misoginia y machismo es otra.

Hasta que lo entendí, acepté la publicación de este libro.

 

* Entrevista publicada en Horizontum, 1 de agosto de 2017.

** Suárez se refiere al caso de Itzel, una joven de 15 años que, en defensa propia, hirió y mató a un hombre que la violó y amenazó en junio de este año en la Ciudad de México. La PGJDF la declaró libre de toda responsabilidad.