Seguridad: en este país no hay responsables. Entrevista con Raymundo Riva Palacio

Seguridad: en este país no hay responsables

Entrevista con Raymundo Riva Palacio*

Por Ariel Ruiz Mondragón

Un acontecimiento que conmocionó a la opinión pública no sólo en México sino en el mundo fue la segunda ocasión en que Joaquín Chapo Guzmán escapó de una prisión de máxima seguridad, el 11 de julio de 2015. La fuga de uno de los criminales más célebres a nivel internacional dejó al descubierto varias de las fallas, carencias, descuidos y omisiones que en materia de seguridad padece el país.

Raymundo Riva Palacio (Distrito Federal, 1954) toma ese como un caso emblemático del estado de la seguridad para hacer una evaluación de lo que ha hecho y dejado de hacer en la materia el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual expone en su libro La segunda fuga del Chapo. Crónica de un desastre (México, Grijalbo, 2015).

Sobre ese volumen conversamos con el autor, un veterano en las lides periodísticas: estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y fue becario Nieman de la Universidad de Harvard; ha sido profesor en las universidades Iberoamericana y Nacional Autónoma de México. Fue corresponsal en Washington, París, Buenos Aires, Madrid y Centroamérica para Excélsior, El Sol de México, unomásuno y Proceso. Fundó las unidades de investigación de El Financiero y Reforma, y ha sido iniciador de otros medios como Milenio Diario, El Independiente y 24 horas. Dirigió Notimex, la agencia Detrás de la Noticia, El Universal y El Gráfico, y actualmente encabeza Eje Central. Ha ganado cuatro premios nacionales de periodismo.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué publicar hoy un libro sobre la debacle de la política de seguridad federal, como usted la llama, y que se ha expresado en la fuga del Chapo Guzmán?

Raymundo Riva Palacio (RRP): Por tres razones: una, porque es un caso emblemático; dos, en términos temáticos me parecía no nada más interesante sino que podría ser importante, y tres, porque me dio el pretexto para hacer un corte de caja de los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública.

Es un tema al que, desde antes de que arrancara el gobierno actual, me he venido refiriendo en diferentes momentos; algunas partes de este desastre las he cronicado. Este libro sistematiza toda esa información y le añade mucha más contextual, incluso con algunas anécdotas que nunca había utilizado, para poder darle una riqueza mayor.

Es un texto que se lee rápido, y la idea no es que tenga una pretensión académica sino que sea una descripción, por lo cual le llamo crónica.

AR: Antes de entrar al gobierno de Peña Nieto y a grandes rasgos, ¿cómo dejó la seguridad federal Felipe Calderón?

RRP: Debemos ver todo lo que se construyó para combatir a la criminalidad. Hay que tener como antecedente que de septiembre de 2001 en adelante hay un mundo distinto en términos de investigación, de tecnología e inteligencia, y no únicamente en términos de herramientas, de programas, de software, sino también de métodos, procedimientos y colaboración entre gobiernos. Esto es muy importante porque quien estuvo fuera de gobiernos federales, digamos de 2001 al 2012, 10 años después de los ataques terroristas en Estados Unidos, realmente está fuera de un desarrollo tecnológico que no se había visto.

¿Qué hizo Felipe Calderón? Por un diseño de origen de su gobierno, él entró en esta guerra contra el narcotráfico y planeó una estrategia. Algunos dicen que no tenía estrategia; sí la había, y era algo que se había realizado en otros países, en otras ciudades con la fuerza policial y militar: la confrontación total contra los cárteles de la droga. En todos lados es una estrategia de alto costo de vidas; se asumió como tal y se llevó a cabo.

Entonces sí había una estrategia y sí se sabía que ese iba a ser el costo. El punto de mayor violencia de este país se dio en abril de 2011, y desde entonces venía bajando, e iba a llegar un momento —muy pronto si se hubiera mantenido esa estrategia continua— en el que íbamos a llegar a los niveles de los noventa, a costa de 70 mil muertos y una sociedad partida.

Calderón cambió los incentivos, y esto tiene que ver mucho con el gobierno de Enrique Peña Nieto. El incentivo previo era que los gobiernos federales optaban por ir contra uno o dos cárteles por sexenio; era totalmente quirúrgico el ataque. El resto de los cárteles entendían esta lógica, y entonces pactaban la paz; por lo tanto, si el Cártel del Pacífico quería mover la cocaína hacia Estados Unidos a través de la ruta que era Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez, tenía que pagar una cuota al Cártel de Juárez.

Entendían que ese era un equilibrio que tenían que establecer, porque si no lo hacían el gobierno federal se iba a ir en contra de ellos. Entonces, para salvaguardar el negocio, mejor se arreglaban entre ellos.

Ese era el incentivo, lo que llamaban el pacto de los gobiernos con los cárteles; no era un acuerdo de ninguna manera escrito ni formulado, pero era una lógica con la cual se mantenía una relativa paz social.

Pero Calderón decidió ir contra todos; entonces el incentivo para el cártel fue “si no te mato, me matas tú o me mata el gobierno”. Resulta que como le pegó a todo mundo, les cortó suministros, rutas de distribución, comercialización, ingresos, entonces los cárteles tenían que salir a matar, y fue cuando estalló la violencia. Allí tenemos el caso de la ruta de la cocaína: 70 por ciento de ella salía por Ciudad Juárez. ¿Por qué tanta violencia? Porque en esta lógica los cárteles entraron a competir y a tratar de quitarse las plazas.

Esa era la estrategia. ¿Cuál fue el gran error? Que nunca diagnosticaron bien qué consecuencias iba a traer; por ejemplo, al golpear a los cárteles, éstos se quedaron sin dinero para las nóminas. Y lo que sucedió con los sicarios es que se mudaron a los delitos del fuero común; menciono por allí los casos del Cártel de Tijuana: ya no tenían con qué con qué pagarle a los sicarios, y se fueron al secuestro exprés, lo que elevó este delito en 200 por ciento. Los Zetas se quedaron sin droga y se tuvieron que mudar a la extorsión, la piratería, la trata de personas, el secuestro. Los cárteles que resultaron más afectados se mudaron de delitos.

Al mismo tiempo lo que se generó con la atomización fueron las pandillas, que resultaron más violentas que los propios cárteles. Ese fue el error de Calderón: no el combatirlos sino no haber contemplado la segunda fase, que eran las consecuencias de la atomización.

Calderón dejó un aparato, en términos de herramientas y de estructura, muy poderoso en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyo titular era muy fuerte, muy respetado en el mundo (tanto que es el asesor del Departamento de Estado para formular la política de seguridad pública en América Latina). No tenía un titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) que le dijera: “Tranquilo, porque la gobernabilidad es primero”. Fue muy fuerte el titular de la SSP, incluso durante el último año de gobierno, cuando no había una relación buena con Calderón, porque era muy funcional. Era muy poderoso frente al resto del gabinete que, para efectos de resultados, era muy mediocre.

Entonces había una parte de estrategia, otra de falla del diagnóstico y otra más de personalidades. Todo esto, cuando vino el período de transición, lo leyeron mal quienes iban a entrar, lo que es increíble. No aceptaban observaciones porque inmediatamente las descalificaban; estaban preparando ya la fusión de la SSP en la Segob. Lo que necesitaban era un secretario subordinado al titular de la Segob, no por encima de él; entonces era un asunto de persona, no de diseño, y aquí se equivocaron: se fueron al diseño y se fusionaron las secretarías.

Pensaron que la violencia era derivada de que el gobierno enfrentara a los cárteles, por lo tanto no había que enfrentarlos, lo que hicieron durante ocho meses. Resultado: la Familia Michoacana renació como los Caballeros Templarios; Los Zetas cambiaron su línea de negocio criminal y, con Los Caballeros Templarios y el Cártel del Pacífico, se fueron a las minas. Es decir, todo esto se deriva de que durante ocho meses los dejaron tranquilos para que se reorganizaran, para que se replantearan sus líneas de negocio; fue el mejor momento que tuvieron en décadas.

AR: Sobre la estrategia de Peña Nieto menciona dos asuntos: que Osorio Chong dijo que se iba a bajar la violencia, y el de la percepción: ya no mencionar delincuencia y crimen…

RRP: A eso iba exactamente. Sobre estos fundamentos se rediseñaron la Segob y la política de seguridad pública; el tercer componente era: hay que eliminar, por completo, la apología de la violencia y del delito. Comparto plenamente esta estrategia, pero ¿cuál es el problema? Cambiaron el discurso, éste se vació de tonalidades bélicas, el Presidente no hablaba de la seguridad, y cuando un funcionario trataba el tema nunca se refería a los apodos, no había imágenes ni nada. Se presionó a los medios para que dejaran de hacer sus ejecutómetros.

¿Cuál es el problema? Para que funcione la propaganda debe haber un apoyo. Arrancó muy bien esta parte en la que el problema ya no existía porque no se veía; pero como había un error en el diagnóstico, la violencia continuó en la medida en que se fueron fortaleciendo los cárteles. Entonces llegó un momento en que la realidad chocó con la propaganda, y era tan fuerte la violencia que los medios no se pudieron quedar al margen, y entonces éstos regresaron a la cobertura de la sangre.

Se acabó la propaganda, lamentablemente, porque a mí me parecía muy buena estrategia y muy buena idea, pero no trabajaron abajo; al no hacerlo se elevaron los niveles de violencia y en ocho meses el actual gobierno tuvo que regresar a la política de Calderón, y su discurso entró en terribles contradicciones.

Esta es la síntesis de lo que fue la política de seguridad de Calderón y la que fue la política de, cuando menos en los primeros meses, de Peña Nieto. Ésta trajo más derivaciones y más complicaciones: los grupos paramilitares son algo extraordinariamente asombroso porque, como el libro lo refiere y recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ratifica, el gobierno, para combatir narcotraficantes, se vinculó con narcotraficantes. Se trata de delincuentes contra delincuentes, sin entender que eso, además, conecta en términos de la violencia por los procedimientos que se obligó a seguir a la Policía y al Ejército.

Además, señalo que eso conecta con lo que sucedió en Iguala: sí se puede construir un caso de genocidio por lo ocurrido contra los normalistas de Ayotzinapa, contra las normales rurales. ¿Por qué razón? Uno es el método que les dijeron que siguieran en Michoacán: donde se enfrentaran los grupos delincuenciales, la Policía Federal hacía el primer perímetro de seguridad, y el Ejército hacía el segundo, y que de esa forma se depuraran —así decían— los cárteles. ¿Qué pasó en Iguala? Siguió esa lógica: es un asunto de narcos, que se depuren. Primer perímetro de seguridad: la Policía Federal; segundo, el Ejército. Hicieron exactamente lo mismo que en La Ruana, Michoacán, cuando se enfrentaron Hipólito Mora y Simón El Americano. ¿Con qué diferencia? Unos son delincuentes y en la otra eran normalistas.

Si uno ve que la política en Hidalgo cuando era gobernador Miguel Ángel Osorio Chong era acabar con la Normal Rural, y si uno ve que ha habido una cadena de ir cerrando esas escuelas, y se añade el historial de confrontación de la de Ayotzinapa, pues sí se puede argumentar genocidio contra las normales rurales. Esto puede ser un problema de séptimo año para Enrique Peña Nieto no aquí sino en La Haya, o en Arusha, Tanzania, donde está el Comité sobre Genocidios que juzgó a Ruanda.

Son todas esas confusiones las que llevaron a situaciones como el nombramiento de Manuel Mondragón como el primer comisionado nacional de Seguridad.

AR: ¿Qué pasó con este diseño institucional, que hayan barrido con una herramienta de avanzada como lo era la Plataforma México, hecha incluso con recursos de Estados Unidos? ¿Por qué arrasaron con esa infraestructura, y cómo lo justificaron?

RRP: Nunca la entendieron; menciono en el libro el episodio en el cual el grupo de transición en materia de seguridad fue a ver Plataforma México, y les tocó ver una operación en tiempo real de seguimiento de un avión con droga que salía de Panamá; por la coordinación de los dos países, a través de satélites la DEA informaba que acababa de despegar un avión desde allá con rumbo a México. Había el seguimiento en tiempo real; al final, se notificaba al Ejército, a la Marina o a la Policía Federal a dónde iba el avión para que lo detuvieran. Estaban viendo esto y uno de los integrantes del equipo de transición preguntó si se podían ver los choques en las carreteras. Le dijeron que el sistema no estaba pensado para eso; “¿Y se pueden ver las puertas de los antros en la Ciudad de México?”, añadió. Esta anécdota lo que hace es mostrar que no entendían por más que les explicaban.

Entonces cuando tomaron el gobierno dijeron: “Esto no sirve, esto está truqueado”. Pero, por ejemplo, la rapidez con la cual se ha ido descubriendo a los terroristas de París tiene que ver con sistemas de bases de datos integradas, que era lo que tenía Plataforma México: sistemas de información que se cruzaban en tiempo real. Esto fue una parte de lo que desmantelaron.

También habían llegado dos drones 15 horas antes de que asumiera la presidencia Peña Nieto, idénticos a los que usó la CIA en la operación contra Osama bin Laden; se quedaron guardados. Al director de Telematía que teníamos en ese proyecto y los técnicos que leían la información de los drones, los despidió Mondragón porque eran muy caros. ¡Por supuesto que eran muy caros: es personal altísimamente calificado! Por eso cuando vino la operación de captura del Chapo Guzmán vinieron los drones de la CIA y se tuvo que utilizar a los alguaciles que leen la información que generan, porque los nuestros están estacionados en un hangar y los que estaban para operarlos fueron despedidos hace mucho tiempo.

AR: Al respecto usted comenta que usaron ese sistema políticamente.

RRP: Claro que lo han usado así. Te puedo decir, por ejemplo, que yo he visto cómo lo han utilizado en mi contra; nadie me lo cuenta, y también sé de otros casos. Vieron los fierros que tenía Plataforma México y se los llevaron al Cisen para dejar de hacer inteligencia criminal y ahora hacer inteligencia política. Esto es lo que en el gobierno de Carlos Salinas quisieron desterrar: que se hacía demasiada inteligencia política para investigar periodistas y no a los criminales. Fue cuando empezó a fortalecerse y a construirse el Cisen; ahora resulta que este gobierno nos regresa 25 y 30 años para atrás. Pero allí está: son buenísimos para estar viendo qué es lo que yo digo, para hackear mis cuentas de correo, pero ¿qué creen? Se les fue el Chapo en sus narices.

Entonces volvemos al tema de una visión parroquial del mundo.

AR: Habla usted de que se quisieron implantar políticas del Estado de México, como políticas ciudadanas muy locales, a nivel nacional.

RRP: Menciono, efectivamente, las cosas que quisieron meter y que ni siquiera entraban en un sistema federal porque son del ámbito estatal y municipal, por ejemplo cuando decían que por qué no creaban una secretaría de seguridad ciudadana. ¡Pues por la sencilla razón de que no funcionan a nivel federal! Pero son los que nos gobiernan y son los que instrumentaron todo esto. Por eso digo que es una crónica de un desastre, y por eso comento que si el Chapo no se escapó antes es porque no lo habían capturado.

AR: ¿Qué pasa con Estados Unidos? Cuando ocurrió la captura del Chapo fue fundamental su colaboración. ¿Qué papel ha desempeñado en estos tres años?

RRP: Algo que no viene en el libro es que hoy todos los proyectos que buscan financiamiento del Departamento de Estado o de algunas oficinas de Estados Unidos en materia de seguridad y que puedan ser críticos para el gobierno mexicano los rechazan. ¿Qué es lo que observa Estados Unidos? Ve tan débil al gobierno de Peña Nieto que no quieren seguirle elevando los costos.

Entonces tenemos de ellos declaraciones de mucho respaldo, y aquí las venden como si fueran mucho apoyo, sin entender que lo que están haciendo es intentar que la situación no se hunda más porque tienen 3 mil 200 kilómetros de frontera y ahora terrorismo global. Lo que les interesa es que el gobierno, cuando menos en términos políticos, no esté tan débil.

¿Qué es lo que sucede con lo que es investigación? Calderón abrió, como nunca antes ningún presidente, las puertas a Estados Unidos. En el libro cito casos en los que en México agentes de la DEA interrogaban primero a los criminales, y después llegaban los agentes de la PGR. Eso es inaceptable.

Nada más que hay una paradoja: esas fueron decisiones soberanas de Felipe Calderón, no una imposición. También Jesús Murillo Karam dijo: “¿Estados Unidos quiere al Chapo? Pues que se sienten 200 o 300 años”. Fue una bravuconada. Entonces ya no iba a haber colaboración con Estados Unidos sino iba a haber una ventanilla única. Está bien, ya vemos que aquello realmente no operaba, pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Que está tan rebasado el gobierno que ya no es un asunto de decidir que vengan los colombianos y las agencias de inteligencia: llegaron porque necesitamos encontrar al Chapo Guzmán. Entonces el presidente Juan Manuel Santos le dice al presidente Peña Nieto que, como es prioridad, manda sus expertos, y con la DEA, la CIA y la Marina mexicana operan en las barrancas de la ciudad de Durango para perseguir al Chapo Guzmán. Esta es una acción soberana, y ya fue resultado de una necesidad de este gobierno.

AR: Usted hace una anotación muy interesante sobre la Marina: desobedeció la orden de que se rompieran las relaciones con los servicios de inteligencia norteamericanos, y que en buena medida a eso se debió la captura del Chapo en febrero de 2014. ¿Qué ocurrió en este caso?

RRP: Esa desobediencia no se veía como tal en la Marina, que tiene su propia lógica y mantiene sus propios vínculos. Está recibiendo información y actúa contra los criminales. Entonces si los políticos dicen “no hay que combatir criminales”, esta no es una discusión para ella: sus infantes no están entrenados para decir “aquí hay una persona que es una amenaza para el Estado mexicano, y nada más voy a ver cómo está”. Así no funcionan, no tienen esa doctrina; ellos actuaron en función de lo que tienen en su mandato: son parte de la seguridad del Estado mexicano, y lo hicieron perfectamente.

Yo digo que es una desobediencia porque la instrucción política era: “Dejen a los criminales”. Eso es un delito porque sí es complicidad, no es omisión; pero la Marina actuó de una manera absolutamente institucional no con un gobierno sino con el Estado mexicano.

AR: En ese sentido ¿qué ocurrió con las otras instituciones: el Ejército, la PGR?

RRP: El Ejército sigue haciendo sus operaciones, pero no ha tenido relación con Estados Unidos como la Marina. Históricamente el Ejército mexicano ha chocado con los servicios de inteligencia norteamericanos porque no hay confianza recíproca.

La Policía Federal y la PGR fueron para atrás: no es que veían y no hacían, sino que debían ir a los cuarteles. Manuel Mondragón llegó a sancionar y a internar durante 15 días, en aislamiento, a un comandante que en una de las carreteras de Coahuila se cruzó con un convoy de criminales y los detuvo.

AR: ¿Cómo se manifestó todo lo anterior en el caso de la fuga del Chapo?

RRP: Yo no sé si las personas del Sistema de Reclusorios que están consignadas son corruptas; si recibieron mucho dinero de alguien, si tienen una historia negra, no lo sé, pero lo que sí sé es que por este caso no deberían estar presas. Fueron consignadas por el delito de omisión, que significa que no cumplieron con su responsabilidad y mandato, lo cual facilitó la fuga del Chapo Guzmán. En este caso, que no informaron de las deficiencias que había en el centro de readaptación.

Pero hay que decir que el desmantelamiento de los sistemas de seguridad en el penal, del relajamiento de las medidas de seguridad, el debilitamiento de los protocolos, el final de la capacitación para los custodios, que se volviera a unificar la vigilancia interna en la Policía Federal, todo eso se hizo meses antes de que capturaran al Chapo. Es decir, no se puede hacer una vinculación directa; a Manuel Mondragón, quien hizo todo eso, no se le puede ni siquiera señalar como omiso en la fuga porque fueron decisiones tomadas muchos meses antes.

Las personas que están presas no deberían estarlo porque sí notificaron múltiples fallas; en el expediente está todo lo que hicieron, por lo tanto no fueron omisos. Si ellos no fueron omisos, ¿por qué no han seguido preguntándole a los superiores? Hay superiores que están libres, y en algunos casos, como el enlace de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal en el penal, ni siquiera ha sido llamado a declarar. Por ejemplo: ¿quién decía “al Chapo no lo vamos a cambiar de celda ni de penal”? Él. Entonces se le debería llamar a declarar para saber cuál fue el argumento para que no se le cambiara de celda. Esto se hace para que nunca sepan en dónde están los presos: si todo el tiempo estuvo Joaquín Guzmán en la misma celda, ya sabían para dónde cavar; pero si constantemente son movidos él y otros reos, pues no hay manera de que se sepa hacia dónde cavar, por más increíble que sea el caso del túnel. En un caso, por ejemplo, se había pedido que al Chapo lo llevaran a otro pabellón dentro del propio Altiplano, en un segundo piso. Pero sólo hubo negativas, misma respuesta que para la revisión y mantenimiento de los sensores subterráneos. Esto es tan grave que hasta meses después de la fuga se compusieron los sensores.

AR: Una cuestión muy interesante es la legal. En el libro usted hace referencias a los amparos promovidos por el Chapo, y al alegato de Mondragón respecto a los derechos humanos de los presos, por ejemplo.

RRP: La parte del Poder Judicial es el capítulo menos explorado de la fuga de Joaquín Guzmán. Lo que había antes era que se presentaban amparos y en automático se les rechazaban. Manuel Mondragón relajó esto en función de derechos humanos.

¿Qué hicieron? Pues que los abogados de Joaquín Guzmán encontraron que había una debilidad en el sistema, y que podían ir por la vía de los amparos y el Poder Judicial, e incluso obtener, como en el caso de Rafael Caro Quintero, la libertad. El Chapo tenía una batería de 14 abogados, lo que le permitía estar más tiempo en los locutorios que en su propia celda en términos generales.

También los procedimientos del Poder Judicial permitieron que los narcotraficantes empezaran a presentar casos colectivos (lo cual no es ilegal). Entonces los jueces dentro del penal les notificaban a todos juntos; cuando la Policía Federal se dio cuenta se lo comunicaron al comisionado de Reclusorios, quien fue al Consejo de la Judicatura a pedir que eso no se haga porque los presos se están comunicando, lo cual, si bien no es ilegal, vulnera el sistema de seguridad interna, por lo cual se les puede notificar individualmente. Pero realmente no hay un cambio.

Entonces ¿cuál es el papel de los jueces en el penal, que es lo no explorado en términos de averiguación previa y de investigación de la fuga del Chapo?, ¿por qué los jueces hicieron determinadas cosas?

La otra parte importante es el relajamiento por la lógica de los derechos humanos y parte del desconocimiento de Mondragón. ¿Por qué razón la Policía Federal oía y veía todo lo que sucedía en las cárceles? Es una razón de contrainteligencia, no es un asunto de investigación criminal. Todo lo que escuchaba no era para ser judicializado e incorporado al expediente judicial sino para evitar fugas, motines y garantizar la seguridad de los funcionarios del penal. Cito una anécdota del Mochaorejas en los años noventa: cómo, gracias a este tipo de escuchas, se pudo detectar que iban a matar a los familiares del director del penal para que lo dejaran en libertad.

De esa manera se frustraron intentos de fuga y alianzas, y hubo mucha información que allí se recogió, pero casi nadie sabe de ella porque no era de uso público sino un asunto de contrainteligencia.

¿Qué hizo Manuel Mondragón? Bajó los niveles de contrainteligencia en el penal. Por eso no tenían audio (o lo tenían muy limitado) en los monitores de la Policía Federal, aunque el Cisen sí lo tuvo.

AR: En el tiempo que ha transcurrido desde la fuga, ¿ha habido cambios en términos legislativos, institucionales, de políticas para evitar que se repitan esos hechos?

RRP: Ha habido dos asuntos: primero, que todos los sistemas que no funcionaban ya están siendo revisados, lo cual ya es una ventaja; segundo, que la PGR ya abrió una investigación contra quien resulte responsable de haber desmantelado los protocolos y el Sistema de Seguridad Pública. Esto es positivo.

Pero no hay responsables. Este gobierno sigue encubriendo a altos funcionarios porque no hay responsabilidades. ¿Qué habría sido lo ideal el domingo 12 de julio? Que el secretario de Gobernación y todo el gabinete de seguridad civil bajo su cargo hubieran presentado su renuncia. Eso es lo ideal en términos de ética institucional.

Pero vámonos a lo mexicano extremo: ¿qué tendría que haber sucedido ese día? Que el secretario de Gobernación hubiera cesado —y vamos de abajo para arriba— al director del penal, a la coordinadora y al comisionado de Reclusorios, al comisionado nacional de Seguridad, al jefe de Inteligencia de la Policía Federal, al director del Cisen. ¿Porque son culpables? No, sino porque son responsables. Esa hubiera sido una gran señal para los mexicanos y para el mundo de que las cosas sí tienen consecuencias.

Pero no corrieron a nadie en un primer momento, y hasta el día siguiente cesaron al director del penal y a la coordinadora. Detuvieron a la parte más vulnerable; luego, en el tercer día, a dos funcionarios y ya. Al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, lo utilizaron de guía de periodistas para llevarlos por el túnel. Eso es en lo que terminó el comisionado, que todavía duró más de un mes.

Al director de Inteligencia de la Policía Federal lo movieron para ser el jefe de la Policía Cibernética; pero no pudo asumir porque adentro (no arriba) no se acató una instrucción de que lo protegieran. Corrieron al jefe anterior, pero el nuevo ya no pudo entrar.

Mientras tanto, el director del Cisen ni siquiera ha ido a declarar a la PGR.

Entonces en este país no hay responsables; pero un gobierno que se respete debe tenerlos, y quienes lo son en asuntos importantes son las figuras de mayor rango, pero aquí no. Por eso en la parte del manejo político no ha cambiado absolutamente nada.

Menos mal que a través de la denuncia se están corrigiendo aspectos de la seguridad dentro del penal para que no se fugue otro preso. Pero nada más, porque estamos chuecos y cojos. Así, el desgaste para el gobierno y para el presidente va a continuar.

 *Entrevista publicada en El Búho, núm. 179, febrero de 2016.