El manejo criminal de la justicia. Entrevista con José Reveles

El manejo criminal de la justicia

Entrevista con José Reveles*

Por Ariel Ruiz Mondragón

La discusión sobre el caso de Florence Cassez ha continuado con gran pasión, pero en la mayoría de los casos no sólo con escaso o nulo conocimiento del expediente del proceso que se le siguió a la ciudadana francesa, sino con pocos elementos nuevos para documentar opiniones y juicios al respecto.

En su libro El affair Cassez. La indignante invención de culpables en México (México, Temas de hoy, 2013), José Reveles ha recabado mayor información sobre el caso y ha dado mayores elementos de contexto sobre el proceso que conmocionó a la sociedad mexicana, el cual le sirve para ejemplificar la perversión que de la justicia se ha hecho en México. “Este es un libro contra la impunidad”, afirma el autor en la primera línea del volumen.

Este País conversó con el periodista, quien ejerce su profesión desde hace más de cuatro décadas; egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, ha laborado en medios como Excélsior, Proceso, Filo rojo, El Financiero y Variopinto, entre otros. Autor de una decena de libros, en 2001 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Reportaje.

 

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué publicar hoy un libro como el suyo?

José Reveles (JR): Curiosamente, conociendo el caso de Florence Cassez no había profundizado sobre él sino hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer su fallo y la dejó libre. En ese momento empecé a hablar con gente, amigos míos informados e inteligentes, y siempre salía a relucir el tema. Me di cuenta de que todo el mundo asumió la versión oficial y decían: “¡Ah, era una secuestradora! Cómo iba a ser tan mensa para no saber que donde ella vivía con Israel Vallarta estaban los secuestrados. No puede ser, eso es imposible”.

Claro que era imposible porque no estaban allí. Eso lo descubrí con la lectura de los expedientes, con el historial de cómo se fue fabricando el caso; digo “fabricando” porque llegué a la conclusión, a los ocho o 10 días de la resolución de la Corte, de que ésta le había entrado al tema sólo en lo formal-jurídico, es decir, no entró al fondo, y no lo hizo porque no quiso y porque no le tocaba, se lo prohíbe la ley.

Entonces la decisión de la Corte, con ser histórica, importante, y para mí justa y correcta, al mismo tiempo terminó de criminalizar a Florence porque dijo: “Aquí no juzgamos si es culpable o inocente: se le violó el debido proceso”. Con esa frase los ministros estaban diciendo que es culpable ante una opinión pública que no tiene por qué estar adentrada en los vericuetos legales. Sin quererlo, ellos mismos criminalizaron a Florence habiéndola liberado.

Yo cito las cabezas de los periódicos, que decían: “Liberan a la secuestradora”, por ejemplo. La Corte no aclaró que, antes del montaje televisivo, a Florence Cassez y a Israel Vallarta los capturaron el ocho de diciembre, y que los presentaron el día nueve en un falso operativo de rescate de las víctimas en el rancho Las Chinitas, cuando estas personas no estaban allí la noche anterior: las colocaron, montaron un escenario, dividieron el cuarto de una cabañita, le pusieron luz eléctrica, etcétera. Fueron una serie de montajes y testimonios falsos, con hallazgos increíbles. ¡Por favor! Uno está hablando en serio.

Me di cuenta de eso y dije: “¿Por qué?”, y me puse a investigar. Encontré que la coyuntura era lo más cómoda, lo más propicia para que Genaro García Luna defendiera su puesto de director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), porque hacía ocho días que se había dado a conocer que sus agentes fueron quienes secuestraron a Los Zetas en Acapulco, cuando México contempló el primer narcovideo con violencia y con ejecución explícita. Los operadores de ese asunto fueron del cártel de Sinaloa, pero utilizaron como sus empleados a los agentes federales. En cualquier país que se respete, el director de ese cuerpo policiaco se hubiera ido a su casa si no es que a la cárcel. Entonces montó el show y eso lo salvó. Le salió muy bien porque lo repitió hasta el cansancio.

Lo que yo digo en el libro es muy polémico porque yo sostengo lo que digo y a las pruebas me remito. Yo sé que se van a enojar.

 

AR: Usted sostiene la hipótesis de que en el caso Cassez coincidieron tres asuntos: la necesidad de mejorar la imagen de la Secretaría de Seguridad Pública, una venganza personal de Eduardo Margolis y la legitimación política por parte de Felipe Calderón. ¿Cómo se entrelazan estos tres asuntos?

JR: Uno tiene que analizar los acontecimientos en el contexto en que ocurren porque nada es casual en política ni en nota roja ni en montaje mediático. Aquí coincide todo: estamos hablando de un gobierno, el de Vicente Fox, al que le faltaba todavía casi un año para dejar de ser presidente; el cuatro de diciembre de 2005 juraba como candidato presidencial Felipe Calderón, y en México cuando entra un candidato el Presidente en funciones empieza a perder poder y piso.

Entonces es importante la fecha en que ocurrió esto: veníamos del intento fallido de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, del arrepentimiento de Fox de haberlo intentado y cuando Calderón había ganado la elección interna del PAN de mala manera, con vicios muy fuertes.

El caso no hubiera pasado a mayores si muere en diciembre, pero resultó que revivió en febrero porque hubo una entrevista en el programa de Denise Maerker en el que acorralaron a García Luna cuando llamó Florence Cassez desde la cárcel. Allí quedó en evidencia que las autoridades habían hecho un show, que pusieron en escena un asunto que no existió en la realidad.

Entonces al final nunca se va a saber dónde estuvieron estas víctimas y quién las secuestró —si es que alguna vez fueron secuestradas—. Estamos hablando de tres personas: el joven Ezequiel Elizalde, que en esa época tenía 18 o 19 años; la señora Cristina Ríos Valladares, y su hijo de 11 años. Ellos siguen sosteniendo una versión a la que le dan vueltas y vueltas, la que fueron modificando conforme las circunstancias lo exigían. La señora Ríos Valladares primero no reconoció en absoluto a ninguna mujer y menos a Florence; llegó a decir “déjenlos porque no tuvieron nada qué ver”. Pero en febrero ya la comenzó a culpar, e incluso acusó a Israel de haberla violado y de allí se fue para adelante; casi cuatro años después la vuelven a citar para que reconociera a otros integrantes de la banda, quienes eran los hermanos y los sobrinos de Israel Vallarta, entre otros, Y dijo: “Fulano me violó, él todos los días, aquel también”. Entonces resultó que ocho tipos la habían violado y se acordaba de sus voces cuatro años después. Eso es imposible.

 

AR: Ezequiel dio varias versiones de los hechos…

JR: Hasta cinco: que se autosecuestró porque su papá era un desgraciado que no le daba dinero; luego que él sospechaba que lo secuestró un amigo de su suegra; luego su papá dijo que los únicos que sabían que él espiaba teléfonos eran la suegra y la esposa de Ezequiel, y por tanto sospechaba de ellas, etcétera. Es una familia de mentirosos, no hay otra explicación.

Pero también cambiaban la versión al gusto de lo que la autoridad les ordenaba. Para mí, las supuestas víctimas llegaron a convertirse en delincuentes porque hay una versión no desmentida de la televisión francesa de que Cristina Ríos Valladares era ama de llaves de Eduardo Margolis, y el otro muchacho era hijo de un secuestrador que muy probablemente estaba al servicio de Margolis porque intervenía llamadas A lo que se dedica Margolis, entre otras cosas, es a vender blindaje para automóviles, chalecos antibalas e instrumentos de seguridad, y tiene negocios en la televisión, en las ofertas de las noches; pero también, sobre todo, a solucionar los secuestros de la comunidad judía. De eso presume desde hace muchos años, y dice que fue de la Mossad, etcétera. Este personaje es muy importante porque finalmente es el que le puso el asunto en bandeja de plata a García Luna.

Tal vez debí haber sido más explícito, aunque sí lo digo en el libro: en realidad iban sobre Israel Vallarta, no sobre Florence; pero ella iba con él en el momento de la detención, y cayó y le vino como anillo al dedo a García Luna porque se trataba de una francesa bonita y “secuestradora”. ¡Qué levantón de la imagen del gobierno!

 

AR: Hay otros personajes que no fueron investigados a fondo...

JR: Yo llegué a la conclusión de fue una especie de tablero el que pusieron sobre la mesa y dijeron: “Aquí está esta banda, por acá este grupo; este es secuestrado; a ver, este pásamelo para acá, ponle este nombre a la banda. Los hermanos Rueda Cacho, a ver, que canten, y si lo hacen les damos chance de que no les pase nada” (una especie de testigos protegidos sin estatus oficial). Pero yo sospecho, por la forma en que se han desarrollado los acontecimientos, que esa gente era incondicional de la autoridad simplemente porque fue lo que les ordenaron y lo que les convenía a ellos para tener prerrogativas.

 

AR: ¿Qué pasó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este caso? Porque se dio cuenta del maltrato físico, de las torturas, y luego no quiso aplicar el Protocolo de Estambul, como usted relata. Después se apegó a la versión de que los detenidos sí eran delincuentes, pero que se violaron sus garantías y por esto los tuvieron que dejar libres, por lo cual se habrían violado los derechos de las víctimas. Se hizo partícipe del discurso oficial.

JR: Qué bueno que menciona la palabra discurso porque finalmente es sólo eso. Pasaron más de siete años con una CNDH totalmente inactiva, que no hizo caso de todas las denuncias que le entregaron.

Al respecto está el caso de la captura del hermano de Israel Vallarta, René, y también de sus sobrinos, a quienes tuvieron tantas horas bajo tortura que cuando los entregaron al Ministerio Público la queja ya estaba en la CNDH. Estamos hablando de una ilegalidad del tamaño del mundo.

En cuanto la SCJN dio su veredicto, histórico, el 23 de enero de 2013, en la CNDH dijeron: “Tenemos que sumarnos a esa corriente”, y lo hicieron en el discurso. Afirmaron: “Se violó el derecho de las víctimas”, que eran Ezequiel, Cristina y el niño. Para ellos Israel, Florence y los demás no fueron víctimas porque no estaban hablando de la invención de culpables. En este país el mundo es al revés: muchas veces aquí las víctimas son quienes están en la cárcel porque la autoridad decide castigarlos por la razón que quieras: política, de venganza personal, porque denunciaron, porque conviene a la propaganda mediática del momento, etcétera. Por ejemplo, ya no es ningún secreto que los generales que estuvieron en la cárcel, como Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe, ya salieron libres porque no debían nada. Noé Ramírez Mandujano, quien fue subprocurador; dos  ex directores de Interpol, Rodolfo de la Guardia y Ricardo Gutiérrez Vargas, así como Javier Herrera Valles, ex coordinador regional de la Policía Federal, ya salieron. Todos ellos han sido liberados, y faltan muchos.

Así ha ocurrido con la elaboración de laberintos de culpabilidad que al final son falsos, porque se está usando otra vez a la tortura como la reina de las pruebas, la cual, según decían, ya había desaparecido en este país. No es cierto: la semana pasada yo recibí manuscritos de gente involucrada en el caso Martí que desde hace cuatro años recibe presión y tortura.

Lo más fácil aquí es inventar secuestros, culpables y nombres de las bandas. Normalmente la autoridad es la que bautiza a las bandas, y no hablo nada más de Los Zodiaco (que nunca existieron; yo soy especialista en secuestros desde hace 20 años y me sé todos los nombres de las bandas).

 

AR: En el libro se cita que a uno de los últimos inculpados en el caso Cassez le preguntaron en la cárcel: “¿Cómo se llamaba su banda?”, y respondió: “Los Zodiaco, según me enteré aquí”.

JR: “Me acaban de decir”. Cuando se inventa tanto se cae en muchos errores; la autoridad cometió el error de repetir los Géminis y los Cáncer, y se equivoca porque en otra ocasión así llamó a otro de los inculpados: a Israel Vallarta le dieron un apodo que luego le atribuyeron a otro.

Lo que descubre este libro es que el de Cassez no es más que un caso paradigmático de lo que ocurre con muchísima gente. Eso lo hicieron con una francesa porque mediáticamente les convenía, pero lo llevaron al extremo de confrontarse con otro gobierno por la necedad del presidente Calderón de mantenerla aquí y por la necedad de Nicolás Sarkozy (porque hay que ver que este hacía propaganda a través del caso Cassez) de llevársela a Francia. En ese momento la pobre mujer estaba entre dos fuegos, y dijo. “Estoy peor que nunca porque discuten los presidentes de dos países, uno para llevarme a cumplir 20 años de condena y otro para que me quede a cumplir 60 años. Estoy jodida”.

 

AR: De lo que decía, a mí me llama la atención que durante estos años se hizo una importante reforma en materia de justicia en 2008. ¿No le parece que este caso es un franco ataque a esa reforma?

JR: Yo hablo de la reforma del 2008 pero hay una más reciente por la que los derechos humanos se incorporaron a la Constitución.

Yo sí creo que hay una embestida en contra de los juicios orales, curiosamente, que tampoco están limpios de polvo y paja porque es una cosa que promueve Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, y ya llevamos casi seis años y no se pueden implementar; el límite son ocho, y yo creo que van a ampliar el plazo.

Como comentario al margen: fueron acusados los autores de Presunto culpable. ¿Quién está detrás de los acusadores? Estos no son gente pudiente; entonces hay un sistema en el ámbito de los juzgadores y de los magistrados que está en contra de las reformas.

 

AR: Muchas organizaciones defensoras de víctimas de delitos avalaron y defendieron la tesis oficial de la culpabilidad de Cassez. ¿Qué nos dice esto?

JR: Yo creo que desde el gobierno de Fox, pero más durante el de Calderón, se le dio mucha beligerancia a organizaciones presuntamente defensoras de víctimas de secuestro, y se les dio rango casi de consejeros presidenciales; por ejemplo, Isabel Miranda, Alejandro Martí y María Elena Morera (de quien se denunció que su hijo trabajaba con García Luna, por ejemplo).

Aunque algunos de ellos de por sí son multimillonarios, esto no quiere decir que no reciban prerrogativas del gobierno: si no es dinero es poder. El problema es que han sido denunciados por muchas víctimas de haber colaborado con la autoridad para convertirlos en presuntos culpables sin serlo, y de presionarlos física y psicológicamente dentro de las cárceles. Esto es totalmente irregular; no lo digo yo, está en testimonios escritos y en actas ministeriales que yo conozco. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Por qué se permitieron esta simbiosis y esta irregularidad?

Entonces florecieron mucho las asociaciones civiles, y lo que hicieron los gobiernos panistas fue crear, promover y financiar las que le hicieran contrapeso a las organizaciones más autónomas. Entonces tenemos grupos avalados por el gobierno, y grupos a los que éste considera como enemigos. Hay ese asunto, entre sutil pero también descarado, de financiar organizaciones que están del lado del gobierno y que lo van a apoyar en todo. Eso lo hemos visto: hay personajes que parece que son consejeros de seguridad pública, de las procuradurías y de la Presidencia. Es en ese ámbito en el que se puede dar casos como los de Cassez y Tomás Ángeles, por ejemplo.

 

AR: Usted dice al principio del libro que en los gobiernos del PAN se aplicó una justicia a la carta. En ese sentido, ¿cuál ha sido el efecto de la democratización del país en los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia?

JR: Para desgracia de nuestro país, la simulación del PRI, la represión selectiva a los opositores, la criminalización tuvo un manejo diferente con los panistas, pero no mejor sino peor, porque estos no sólo criminalizaron a la gente, no sólo inventaron culpables sino que fue tan grave la violencia colectiva (o sea los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los torturados) que desde el primer momento en que alguien caía en garras del crimen organizado o de alguna autoridad, o moría en un fuego cruzado, ya era criminalizado: si los mataron o los secuestraron fue por algo. Esto lo sostengo en otro libro: cómo Calderón fue ejemplo de criminalización de, por ejemplo, los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, de quienes dijo que eran delincuentes; igual ocurrió con los dos muchachos de excelencia del Tec de Monterrey que murieron en una balacera, de quienes dijo que en algo deberían haber andado. En este caso no sólo fue la palabra del Presidente poniéndolos falsamente como delincuentes, sino el Ejército mismo montando la escena del crimen, sembrando armas, colocando los cadáveres, poniendo casquillos de bala, como ocurrió también con los chavos que mataron en Santiago de los Caballeros, en Badiraguato, Sinaloa. Y son sólo los casos que en este momento recuerdo pero pueden ser infinitos.

Eso es terrible, y no es que eso se haya modificado; lo que cambió fue la difusión de los casos: ahora que volvió el PRI, éste cree que el cambio de percepción es cambio de realidad: percepción mata realidad. Entonces quiere generar una idea colectiva de que las cosas ya mejoraron, pero no lo han hecho en absoluto: sigue habiendo el mismo número de muertos, de ejecutados, de desaparecidos y quizá haya más desplazados en este momento en Sinaloa y Guerrero.

Entonces la situación no varía sino el discurso, la manera de presentar las cosas ante la gente.

 

AR: Usted también afirma en el libro que la estrategia de comunicación del gobierno en estos temas fue litigar en los medios. ¿Cuál fue el comportamiento de los medios frente a esa política?

JR: Se inculca todo eso en la sociedad a través de los medios, que son los culpables de repetir la versión oficial. Primero, yo creo que el primer papel de un periodista es dudar de ésta, y no sólo eso sino investigar la información alternativa.

Segundo, a veces adquirimos también el lenguaje policial: repetimos con una gran facilidad las palabras criminalizadoras: le quitamos el “presunto” y le ponemos “secuestrador”, pero también hablamos de “levantones”, “narcofosas”, etcétera, porque es el lenguaje que nos enseña la autoridad y hacemos uso de él de una manera totalmente acrítica.

Cuando no se cuestiona la verdad oficial entonces la gente recibe más propaganda que información, y ese es el gran problema. Entonces, cuando se deja pasar un asunto como el caso de Florence o cualquier otro sin mayor cuestionamiento, pues le estás dando el aval. Además no tenemos memoria y no damos seguimiento a los casos.

 

AR: Del caso de Florence Cassez hay una conclusión: la justicia fue una de las principales víctimas. ¿Qué pendientes hay al respecto?

JR: Hice un artículo sobre Florence a las dos o tres semanas de la liberación, y me dijeron “no, pero eso ya pasó” (no voy a decir quién porque me da pena), y yo le respondí: “No, el caso Florence, para mí, apenas empieza”. No acabó; ¿qué falta? Que la autoridad haga honor a una decisión de la SCJN y castigue a los culpables: falta investigar a las presuntas víctimas, falta que la CNDH se ponga en el papel que le corresponde de defensora de las verdaderas víctimas y no de quienes cometieron las tropelías. La comisión señaló a autoridades que dizque cometieron errores, pero se tomó el trabajo de dar pelos y señas de la prescripción de los delitos, y la conclusión es que todos terminaron en diciembre de 2012; o sea, no va a haber nada. Está diciendo: “Son terriblemente abusivos pero ya tienen total impunidad”.

Eso es lo que dijo la CNDH, y es una mentirosa porque hay tres maneras de que eso pueda ser castigado: una, el asunto de la prescripción no cuenta cuando eres secretario de Estado (fue el caso de Echeverría cuando era Presidente de la República, que creo también se puede aplicar); dos, que existe una denuncia sobre el montaje, y tres, no limitarte al caso Cassez sino a la actuación global de las autoridades de seguridad pública que hicieron de este país un reino de la injusticia.

Entonces hay por lo menos tres elementos con los cuales juzgar a esa gente. Agrego una cuarta: la conveniencia política: si quieres un caso de verdad no te vayas con Elba Esther Gordillo; no, vete a lo serio, a castigar a estos señores. Estamos hablando de un manejo criminal de la justicia.

 

AR: En este y otros libros usted ha denunciado el comportamiento de delincuentes y de autoridades que presumiblemente estarían ligadas con ellos. ¿Se ha sentido en riesgo al realizar su trabajo?

JR: La verdad, tengo que decir que no. Yo me cuido en la medida que lo que digo puede ser sustentado en cualquier momento con documentos y con declaraciones. Incluso he sido llamado a un juzgado por una afirmación que hice: que los que lanzaron las granadas en Morelia no son los que están presos; me llamaron al juzgado, fui y ratifiqué que eso es lo que yo creo, y lo creo por testimonios, por manuscritos, etcétera. Tengo en mi mano, escritos a mano de presos, como 40; tengo acceso a los expedientes, y la gente confía en mí y me busca.

Entonces tengo el aval que me da que estoy diciendo la verdad y suelo  cuidarme mucho de no ir más allá de lo que se puede decir con pruebas.

En ese sentido sí he sido objeto de alguna denuncia civil en el pasado, pero las dos que tuve (en tiempos de Gertz Manero) ya pasaron hace muchos años.

No tengo miedo de andar por la calle ni mucho menos; tengo mis precauciones, los teléfonos me los intervienen, pero como actúo públicamente no pasa nada. Te dicen cosas pero no he llegado a tener amenazas.

Desgraciadamente otros compañeros sí han sido víctimas, y yo los quiero, algunos eran mis amigos, como Regina Martínez, asesinada en Veracruz, y Jesús Lemus Barajas, quien estuvo tres años en la cárcel. Yo me cuido de no caer en eso tampoco: no hay que dar la oportunidad de que te agredan.

Yo no ando con guaruras ni nada; ando en mi carrito, vivo con mi familia y no pasa nada.

*Entrevista publicada en Este País, núm. 275, marzo de 2014.