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martes, noviembre 01, 2016

Iguala: la droga, en el centro. Entrevista con José Reveles


Iguala: la droga, en el centro
Entrevista con José Reveles*
Ariel Ruiz Mondragón
Aún no ha sido completa y claramente  desentrañado lo ocurrido la noche que fue del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos acudieron a las inmediaciones de esa ciudad a tomar camiones para poder asistir a la manifestación conmemorativa del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México.
Como se sabe, aquel día se suscitó una gran violencia contra los jóvenes, que provocó la muerte de seis personas, 25 heridos y 43 normalistas desaparecidos. Con estos hechos estuvieron relacionados cuerpos de seguridad y la delincuencia organizada local.
Sin embargo aún faltan explicaciones acerca de cómo y por qué ocurrieron esos deplorables sucesos, sobre todo con tal sevicia. José Reveles presenta su versión de ello en su libro Échale la culpa a la heroína. De Iguala a Chicago (México, Grijalbo, 2015). Allí el autor revisa el tráfico de drogas en Guerrero. pero también en un contexto más amplio no sólo nacional sino en relación con Estados Unidos, como la pista clave para explicar aquellos acontecimientos.
Reveles, con quien conversamos acerca de ese volumen, cuenta con una trayectoria periodística de más de 40 años; egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, ha sido profesor titular de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha laborado en medios como Excélsior, Proceso, Filo Rojo, El Financiero y Variopinto, entre otros. Autor de una decena de libros, en 2001 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Reportaje.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué publicar hoy un libro como el suyo? Casi al final dice usted que es un intento por explicar tanta saña en aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
José Reveles (JR): Exactamente ese es el propósito: dar explicación a esta tragedia, o más bien agresión infame, absurda, con mucha violencia, demasiado “¡párenlos a como dé lugar!” para atacar autobuses llenos de gente (yo le conté 91 balazos a un autobús, y a un taxi 47). Estamos hablando de esa sevicia, de esa crueldad, de ese ánimo de herir y de matar.
Traté de encontrar el por qué llegamos a ese extremo, particularmente en Iguala, Guerrero. Mi conclusión es que es, primero, el producto de políticas permisivas de los gobiernos federales, pero por supuesto también del estatal y los municipales en la medida en que tomaron el poder delincuentes organizados que no esperaron a que hubiera elecciones y luego ir a corromper al funcionario electo, sino que ya se metieron ellos como candidatos y ganaron la elección bajo el cobijo de una sigla supuestamente de izquierda: la del PRD.
Eso requiere una explicación; la busqué y me encontré con antecedentes que indican cómo tres gobiernos federales permitieron que México sea el superproductor de mariguana y de opiáceos. Eso tendría que ser criticado porque, finalmente, estamos entregados a la delincuencia; pero, además, en medio de esta falsedad entre el propósito declarado de la guerra contra las drogas y los resultados no sólo nulos sino de incremento de su producción hay 150 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos, así como un millón y medio de desplazados, que no tienen por qué pagar el pato por esto que se diseñó desde las alturas.
Yo sostengo que eso se decidió desde Washington; como decían cuando nos daban clases de internacionalismo y globalización, cada país tiene que jugar un rol en el mundo, y el papel que nos tocó a nosotros es ser central de abastos de drogas de Estados Unidos.
Menciono a tres gobiernos federales: los de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero podemos irnos más atrás, desde Ernesto Zedillo. Lo hago porque fue Fox quien decidió ya no fumigar plantíos desde el aire, pero todos los gobiernos mexicanos, desde hace mucho tiempo, son perfectamente sumisos, carentes de una noción de soberanía, de autonomía como Estado, y, por tanto, siguen los lineamientos que dicta la gran potencia mundial consumidora de drogas.

AR: Usted habla de que Fox, a unos días de dejar el poder, decidió que se acabara con la fumigación de cultivos ilícitos, especialmente de la amapola. Pero si algún país ha impulsado la guerra ha sido Estados Unidos. ¿Por qué los norteamericanos permitieron esa situación?, ¿cuál era su conveniencia?
JR: Esa aparente flagrante contradicción tiene que ver con el interés también de la venta de armas y de una política represiva que primero tuvo como sus destinatarios, sobre todo, a los subversivos y a los opositores en los años setenta. Es curioso cómo la Operación Cóndor —como se llamó a la fumigación del Triángulo Dorado mexicano formado por Sinaloa, Chihuahua y Durango— fue llamada igual que aquella otra injerencia de Estados Unidos en los gobiernos militaristas del sur del continente, en donde el gobierno chileno podía perseguir, apresar, matar o desaparecer a alguien en Uruguay, o el argentino podía hacerlo en cualquiera de los otros países de esa región. A lo que voy: fue una falta de imaginación pero así se armaron las dos operaciones y fueron casi simultáneas.
Hubo Operación Cóndor en el Pacífico, pero se hizo bajo la égida y el mandato impositivo de Estados Unidos, que fue el que nos enseñó y que nos ayudó; ahora estamos bajo la Iniciativa Mérida, porque finalmente a ese país le gusta que las guerras contra el tráfico de drogas se libren fuera de sus fronteras. Yo lo he dicho con esa frase: ellos ponen las narices, la boca y los pulmones, y nosotros ponemos los muertos. Así de sencillo.
El prohibicionismo de las drogas (eso no lo menciono en el libro porque se iba a hacer muy largo) en Estados Unidos se dio enseguida de la Ley Seca. Ellos lo inventaron: fue Harry Anslinger, con métodos muy parecidos a los de la propaganda nazi —él era profascista—, y terminó criminalizando particularmente el consumo de heroína, pero empezó con la mariguana: decía que ésta volvía loca a la gente, lo cual es absolutamente falso. Está demostrado, hasta hoy, que eso no sólo era mentira sino que puede tener muy eficientes efectos curativos y medicinales.
Anslinger metía esas notas a la prensa más amarillista para generar un ambiente de zozobra frente a los adictos. Persiguió a más de 20 mil médicos, que atendían en consultorios, hospitales, clínicas y dispensarios, por el solo hecho de que le daban ayuda a los heroinómanos y a los mariguanos.
¿Cuál fue el efecto de esa política? Que si costaba 3, 4 o 5 centavos de dólar ponerse una inyección en estas clínicas, en cuanto fueron perseguidos los médicos los adictos quedaron al garete y cayeron en manos de las mafias, que les cobraban la dosis a un dólar. Es decir, el negocio de los mismos que fabricaban y contrabandeaban alcohol y que vendían drogas fue elevado por el prohibicionismo porque lo clandestino cuesta más.
Pero Estados Unidos ahora está marchando, lentamente, hacia la despenalización de las drogas, aunque siguen manteniendo la misma política hacia nosotros. Por eso, repito, México no es autónomo; si lo fuera ya estaría ahora en ese círculo, pero apenas la Corte discutió eso hace poco.
Es muy importante que la heroína esté en el centro de este debate y de esta violencia porque hacia allá están volteando los adictos estadounidenses. Está demostrado, como lo dicen el propio Obama y estudios de Inside Crime, el crecimiento exponencial de los drogadictos que requieren heroína. ¿Quién se las da? México, porque Colombia ya no lo hace y el triángulo asiático está muy lejos y cuesta muy caro. Afganistán produce muchísima, pero se la vende a Europa, a China, a Rusia, etcétera. Entonces México está con esa vocación natural geopolítica (por ubicación geográfica y sujeción política) y, además, las autoridades internas han permitido que se expanda esta producción de cultivos.

AR: Comenta en el libro que, cuando estaba en edición, usted iba sobre el asunto del tráfico de heroína, una hipótesis después confirmada por el Grupo Interdiscliplinario de Expertos Independientes (GIEI). ¿Usted cómo llegó a esta tesis? Los expertos ubican este asunto en el quinto camión ignorado por la PGR.
JR: Lo que pasa es que yo conozco el tema del tráfico de drogas, de los Guerreros Unidos y los Rojos, las derivaciones de los Beltrán Leyva; además, varios sitios, como El Universal y SDP Noticias, empezaron a publicar que aparentemente había una carga en uno de los autobuses que se robaron los muchachos. Yo empecé a buscar información, y descubrí que estábamos en el centro neurálgico de la producción de heroína de toda América.
Iguala y sus alrededores, en Guerrero, desplazaron también a la producción que se atacó en los años setenta en el Triángulo dorado, que es del Chapo Guzmán (pero Guerrero es también del Chapo, ojo; me faltó decirlo con más énfasis pero te lo digo: es de él y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que originalmente nació de los Beltrán, quienes estaban confrontados con Guzmán Loera). Pero con el pasar de los años los grupos se fueron reconformando y lo que fue odio se convirtió en alianzas y al revés hasta entre familias. Por ejemplo, es obvio que el Chapo y su gente mataron a Rodolfo Carrillo Fuentes en 2004, lo que provocó una pelea con el Cártel de Juárez; pero con el tiempo se recompusieron esas heridas y volvieron a ser socios porque el Mayo Zambada es compadre de Vicente Carrillo.
Se dan esos compadrazgos y lazos familiares: el Chapo mismo era pariente del Mochomo, Alfredo Beltrán Leyva. Pero así se manejan el narco y los negocios, por lo que no importa si mataron al hijo o al hermano y se vuelven a juntar. Esa es un poco la razón por la cual la influencia de Sinaloa sí está en Guerrero: le está conviniendo más producir droga en Guerrero que en Sinaloa.

AR: Justamente los hermanos de la esposa de José Luis Abarca estaban metidos con los Beltrán Leyva.
JR: Sus dos hermanos, tanto el MP como el Borrado, como eran apodados, eran manejadores de dinero, pagadores y lavadores de Arturo Beltrán Leyva.

AR: Su principal explicación de aquella cruel noche fue que se trató de protección al tráfico de drogas. Al respecto, ¿qué nos dejó ver este gran crimen?
JR: Allí se juntan dos asuntos que aparentemente son evidentes pero que estaban ocultos: uno, el de los desaparecidos, que para mí es el pendiente de este país porque los pobres familiares siguen durante años en este viacrucis en la búsqueda de los suyos, vivos o muertos, y cada vez que hay fosas clandestinas acuden, sin encontrar a sus familiares, ni consuelo ni justicia. Eso se destapó con la desaparición de los 43 muchachos normalistas; aunque el tema lo tenemos como en el subconsciente, en la información, en la protesta, pero no fue tan evidente y tan fuerte hasta que se dio este caso que cimbró a todo el mundo.
El otro es que el tema de la heroína también estaba oculto; no se sabe, por ejemplo, por qué Vicente Fox decidió ya no fumigar los plantíos porque nunca lo explicó, lo cual, además, les pasó de noche a los medios y a la opinión pública. Yo estoy muy enterado de eso porque a mí recurrieron los pilotos que hacían ese trabajo: yo los acompañé a la Cámara de Diputados, tuve los documentos y ahora los rescaté (yo publico, por ejemplo, cartas que ellos le escribieron al procurador Eduardo Medina Mora y al propio Fox). Ellos lo advirtieron de mil maneras y no pasó nada, solo estuvieron dos años cobrando sin trabajar; además, fue muy irregular su despido y la eliminación de dos direcciones: la de Servicios Aéreos y la de Erradicación, que dependían de la PGR.
La orden fue de Fox, pero la obedeció dos semanas después Felipe Calderón: en diciembre le pasaron 108 aeronaves de la PGR, del procurador Medina Mora, al Ejército, y fue Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa, quien las recibió. Esto pasó de noche ante la opinión pública, como si no hubiera ocurrido. Tal vez era la falta de transparencia, el ocultar alguna intención doble, lo cual también fue destapado por el caso de los muchachos en Iguala.
Entonces para mí esos son los dos descubrimientos.
El caso, que es una terrible tragedia y un aliciente para muchas luchas y protestas sociales, se junta con otras atrocidades que han ocurrido en tiempos recientes. Es una bandera, pues.

AR: Me parece desmesurada tanta saña aquella noche: ¿no bastaba con bajar a los jóvenes de los autobuses y recuperarlos? Un poco como se hizo con el quinto autobús: los bajaron y pudieron huir.
JR: En este caso lo hicieron de esa manera y no se animaron a dispararles. Ese momento de vacilación lo aprovecharon los muchachos para caminar para atrás e irse corriendo. Pero los que iban por el centro iban encerrados y les atravesaron las patrullas, llegaron con piedras y la violencia fue in crescendo. Pero además los chavos ya estaban criminalizados desde antes: les dicen “los pinches ayotzinapos” y “ayotzivándalos”, por ejemplo.
Además los venían monitoreando y ya lo sabían todos los halcones, los sicarios, los policías y el Ejército. Estaban entrando a un campo minado, lo que ellos no se imaginaban; incluso, cuando los bajaron del autobús, creyeron que los llevaban al Ministerio Público. Pero ya nunca aparecieron 43.
Creo que fue una suma de circunstancias desgraciadas la que llevó a esto, pero necesitó haber un caldo de cultivo de impunidad, de corrupción y de violencia, de dominio territorial de la delincuencia, del cogobierno delincuentes-autoridades elegidas en las urnas, que éstas fueran del mismo partido que apoyó también la candidatura de Ángel Aguirre. Además está el antecedente del regalo del terreno del Ejército para el centro comercial de José Luis Abarca. Es decir, todo el contexto estaba dado para que no hubiera una mente racional que dijera “vamos a hacer las cosas de otra manera: vamos a controlarlos a base de toletazos”, o qué sé yo.
Pero nadie los sacó del lugar y por eso hay que buscar la explicación, y yo la encontraba justamente en que se estaban llevando una droga que iba a andar paseando por todo el país, porque ellos iban a ir a la Costa Chica, a Morelos y luego a Tlatelolco y de vuelta a Ayotzinapa. En ese trayecto se podía perder la droga, y si vale millones, ¿cómo lo iban a permitir? Por eso a mí me pareció una hipótesis bastante razonable y lógica para este ataque: no tiene otra explicación.
La circunstancia fue que los atacaron cuando los estudiantes ya se iban. Todos sabemos ahora que eran monitoreados desde las siete de la noche, desde que fueron a Chilpancingo, en donde no pudieron tomar los autobuses. Todo ese tiempo, cuando estuvieron en Huitzuco, en las afueras de Iguala, fueron perfectamente monitoreados. Todos lo sabían, incluso los malos de Iguala, y eso como que les caldeó el ánimo. Pero también estaba la previa impunidad: encontraron en fosas más de 105 cadáveres, que no eran de los muchachos de Ayotzinapa.
¿Qué diablos estaba pasando en Iguala? Después han ido a destapar más fosas en El Carrizalillo, en Casimiro Castillo, y no solo eso: al alcalde de Cocula lo encontraron con el hermano de Sidronio Casarrubias, líder de los Guerreros Unidos. Y no ha pasado nada: siguen igual la violencia y la impunidad porque nunca hay resultados plausibles.
Estamos hablando de que si ya tienen desde hace más de un año detenidos a los líderes de la banda, pues ya deberían saber lo que pasó; no inventar sino saber lo que pasó, porque en los expedientes, en las actas ministeriales hay cuando menos cuatro posibles lugares donde habrían sido liquidados los muchachos: uno es el basurero, otro es Lomas de Coyote, en una casa de seguridad, uno más es Pueblo Viejo y otro es un predio cercano al autolavado Los Peques. Los cuatro están mencionados en el expediente y los citan los expertos. Hay un caso clarísimo, del Chucky, el Mike y varios que dicen que subieron a 17 y “los matamos”, e incluso dan el pormenor de cómo y quién lo hizo. ¿Puede ser mentira? Por supuesto, porque esa es otra parte: el expediente, las actas, son un cochinero. Como muchas averiguaciones que he conocido, como las de Florence Cassez e Israel Vallarta, también es un cochinero la investigación de lo que pasó en Iguala, porque hay demasiadas contradicciones dichas por actores muy similares. Luego descubrieron los expertos que 77 de los detenidos (es decir, las casi tres cuartas partes de los 110 detenidos) tienen torturas que son similares, y pidieron que se les hiciera el Protocolo de Estambul.
Lo anterior, ¿qué nos está diciendo? Que se hizo un expediente a base de tortura. ¿Quién lo hizo? Inicialmente los gobiernos perredistas de Iguala y de Guerrero, y en segundo término la PGR, que ya agarró el caso muy contaminado pero tampoco ha ayudado a desbrozarlo. Es una maraña que a ver cuándo la desenredan. La mejor manera de que una investigación no llegue a un buen fin es ensuciarla, de entrada: enreda al principio, y de aquí a que vuelven a rehacer… Tendrían que volver al principio porque hay muchísima falsedad en las declaraciones.

AR: Usted reproduce algunas en el libro, como las de los policías.
JR: Hay un testimonio de los que presentó Murillo Karam en video, cuando a un acusado no le daban las cuentas de los muchachos que llevaban en los vehículos, le faltaban 15, y dijo: “Ah, no, a los últimos los bajamos caminando”. ¡Tú no te imaginas a los muchachos caminando en el basurero! Eran jóvenes, tenían adrenalina, estaban viendo que los iban a matar, que era una masacre en el basurero. Pero esa violencia no aparece en la narrativa, y esos muchachos no son sino mansos corderitos. ¿A quién le cuentan eso? No puede ser.

AR: Usted hace una anotación importante: el gobierno ha dividido este proceso cuando menos en 13 causas que se están llevando en seis juzgados. ¿Cuáles son los problemas que esto trae para que se haga justicia?
JR: Los presos también han sido divididos. Imagínate, para empezar, el aislamiento de los inculpados: ¿quién los va a estar visitando hasta muy lejos, además de que la defensa les sale carísima? Unos procesos se llevan en Tamaulipas, otros en Veracruz, unos más en Toluca, otros en Tepic, y allí están los inculpados en la cárcel.
Toda esta dispersión también parece a propósito para no poder mantener una visión de conjunto del expediente. A mí me lo hizo ver mucho Sayuri Herrera, la abogada de Julio César Mondragón, quien dice: “No puedes andar viendo todo el expediente porque está en chino: tienes que andar recabando información en muchos juzgados”. Por ejemplo, el caso de Mondragón está en cuatro cauces.
Incluso tuve una aparente diferencia con los expertos: yo decía sobre el caso Mondragón, cuyo rostro fue mutilado: “Una necropsia dice que fue fauna nociva, pero hay otra que dice que es un corte perfecto”, y dijeron “esa no la conocemos”. Yo chequé mis papeles y, en efecto, son dos cosas diferentes, pero a veces, con la lectura, también te enredas porque son demasiados datos. Yo leí muchos meses, y este libro es producto de una lectura minuciosa de todos los expedientes.

AR: Hay un asunto sobre el que se ha preguntado mucho: ¿por qué fueron a Iguala los normalistas? ¿Ellos desconocían la situación del narcotráfico en el estado, especialmente en Iguala?
JR: Sí desconocían estos datos macro…

AR: Porque hay algunos datos, como el del asesinato de Arturo Hernández, líder de la Unión Popular de Iguala, después de una disputa con el matrimonio Abarca. Eso seguramente sí lo sabían.
JR: Pero no pienses que los muchachos estaban informados; yo tengo alumnos de séptimo trimestre de periodismo y no están informados. A lo que me refiero es que ellos no iban a entrar a Iguala, para empezar. Tal vez a mí me faltó ponerle ese acento, pero eso es absolutamente cierto: no iban a entrar a Iguala, pero lo hicieron porque en la orilla de la carretera tomaron un Costa Line, y él les dijo que los iba a acompañar a Ayotzinapa y a estar con ellos varios días, porque así es el estilo, pero también les dijo “nomás denme chance de bajar el pasaje”. Entonces se metió hasta la terminal, hasta el andén, y le preguntaron: “¿Por qué te metes hasta el andén”, “No hay problema, ahorita nos vamos”, dijo él. Entonces los 10 muchachos se bajaron y se volvieron a subir al autobús porque tenían la confianza de que se iban a ir. Entonces el chofer, mañosamente, les cerró la puerta, se fue y se perdió. Los normalistas se desesperaron, rompieron los cristales pero no se pudieron llevar el camión porque no volvieron a encontrar al chofer. En mi libro sugiero que ese podría ser el camión cargado con droga, si no ¿por qué esa osadía de un chofer de enfrentarse con 10 muchachos que lo podrían haber madreado? Además, estaba otro chofer que también se opuso, que dijo haber llegado a las seis y media a la terminal, y que le tocaba irse hasta el otro día. Eran 13 o 14 horas en la terminal, ni mandado a hacer; pero no sólo eso: él cuenta que se bajó, se fue a tomar un café, anduvo en las oficinas, y a las nueve de la noche se acordó “ay, dejé las llaves en el switch”, y entonces fue al autobús a recoger sus llaves, y cuando iba bajando fue cuando entraron los muchachos que venían al auxilio de los del otro autobús.
¿En qué cabeza cabe que un chofer deje las llaves del autobús dentro de éste? No me parece. Entonces yo sospeché que ese autobús podría haber sido el clave…

AR: ¿Es el quinto autobús, el Estrella Roja?
JR: No; éste era un Costa Line, como en el que los encerraron. En la declaración de este chofer él explicó que les dijo a los estudiantes “no traigo las llaves”, pero que casi lo voltearon de cabeza, le sacaron las llaves y no lo dejaron manejar.
Los expertos hablan del quinto autobús; yo a éste solamente lo detecto que no está, pienso que la libró. Desde el principio sé que son cinco autobuses, no sé por qué dicen que se dijo que cuatro, allí hay una discusión tonta. Pero iban en dos autobuses y tomaron otros tres, y uno, el Estrella Roja, a mí se me perdió: dije “salió por el Periférico, pero ¿dónde está?”. Yo tengo los peritajes de los vehículos, y no está ese autobús, lo que es una deficiencia de la investigación. Aunque no le hayan metido un balazo o no le hayan roto el parabrisas, aunque no le pasó nada al quinto autobús, debían haberlo analizado porque tiene huellas de los muchachos, ver si hubo violencia adentro, restos de sangre, etcétera. Pero simplemente decidieron que no lo iban a analizar.

AR: Pero la Fiscalía de Guerrero dice que sí lo reportó.
JR: Sí, lo metieron al corralón; lo que pasó es que dicen los expertos que no aparece en el informe de la PGR, pero el autobús sí estaba, y cuando ellos lo pidieron para examinarlo les trajeron uno que no era, según dicen ellos, o que ellos no ubican como el que tienen en el video de la terminal. Allí el alegato de la empresa es que sí es, lo que pasa es que tiene calcomanías diferentes porque ya fue verificado o recibió algún permiso, que le cambiaron los asientos y todo lo demás. Yo lo digo de todos los autobuses: destruyeron evidencias en el momento en que regresaron los autobuses, los arreglaron porque traían balazos, y ya están circulando. Yo tomo un autobús de Iguala a Acapulco y no me entero de que era de los baleados.
Lo que quiero decir es que no hay cadena de custodia, que en México no se respeta.
Los muchachos no iban a entrar a Iguala; se quedaban afuera a botear y a tomar allí mismo los camiones. Además no se confrontaron con nadie; venían de Chilpancingo, donde la Policía tenía vigilada la terminal y no los dejó hacer nada. Iban a cumplir un acuerdo de asamblea de las normales: que se tenían que apoderar de 25 camiones por lo menos, y no lo lograron. Tan esto es una costumbre que, después de esa tragedia, los muchachos de Michoacán tomaron autobuses. Es lo normal, y no creas que porque ya pasó esto ya no se toman autobuses. Me da mucha risa lo que declaran tanto el gobernador de Oaxaca como el de Michoacán: “No vamos a permitir que tomen autobuses”. Siempre los han tomado; es más, hay una especie de acuerdo tácito con los permisionarios, que asumen que es parte de su pérdida y punto.

AR: Ayotzinapa tiene una tradición de lucha, de izquierda. En ese sentido, ¿usted encuentra algún motivo ideológico en estos hechos?
JR: Yo no lo encuentro. Bueno, hay una criminalización ideológica: a los de Atoyzinapa los consideran vándalos, o que se están preparando para ser subversivos, guerrilleros, que van a ser alborotadores en sus comunidades o a donde vayan. Entonces muchos dicen: “Ah, estos pinches estudiantes son izquierdosos y molestos”. Es la mentalidad de un policía y de un delincuente pues los detestan, para empezar. Los estudiantes llegan con una mentalidad que venera, hasta subconscientemente, el solo hecho de que en la normales rurales estudiaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Hay una especie de culto civil a esas figuras, y los muchachos reciben instrucción y leen mucho de análisis político. Llegan a esa escuela como ajenos, ignorantes, pobres, pero allí los preparan bien. Luego, tienen una especie de autogobierno y tiene comités para todo. En un reportaje muy bueno en Emeequis dicen cómo en primer año los explotan, los ponen a trabajar, a recoger la basura, a sembrar, a cosechar; son como los esclavos de los de segundo, tercero y cuarto. Así dibujan el tema.
Finalmente, los chavos provienen de comunidades muy pobres, donde hay muchas carencias y muy fácilmente se radicalizan o se concientizan de varios asuntos, están en un caldo de cultivo para eso. Pero no creo que en lo de Iguala haya habido ninguna carga ideológica; para mí es una carga delincuencial, defensora de las drogas.

AR: Otro asunto que se ha discutido mucho, en lo que participó incluso el secretario de la Defensa Nacional: ¿cuál fue el papel del Ejército en aquella noche? Usted dice que los militares estuvieron todo el tiempo en control de la ciudad.
JR: Yo puedo hablar desde la historia incluso, y de cómo el Ejército tiene el dominio sobre Guerrero dese hace más de medio siglo. No es posible imaginar siquiera que estuviera ausente de la información de lo que estaba ocurriendo. Ahora, con el tiempo, han ido saliendo evidencias de que lo sabían por lo menos sus halcones (porque el Ejército tiene los propios, a los que llamo “grupos de información de zona”, los gices, quienes andan de civil y dominan todo Iguala, como cualquier otro lugar del país; el general Gallardo me dijo, cuando hablamos de ellos, que había unos tres mil en todo el país que hacen labores de vigilancia). Pero además los expertos descubrieron que hubo dos momentos en los que el C4 estuvo en manos del Ejército solamente. Eso ya es más que evidente: ¿por qué el Ejército va a tener el mando del C4, que se supone que es de la Policía? Según la ley todas las autoridades participan en el C4: Ejército, Marina, Policía Federal, Policía estatal y Policía local.
Entonces no es posible que el Ejército no estuviera informado; pero, además, sí se informó a partir de que fue al hospital donde estaban los muchachos, y era para que los hubiera protegido. Pero lo dijo Murillo Karam, “qué bueno que no se enteró porque hubiera sido peor”. Imagínate: hubieran matado o desaparecido a más. Como autoridad no puedes decir eso.


*Entrevista publicada en Replicante, 26 de septiembre de 2016.

viernes, agosto 01, 2014

El manejo criminal de la justicia. Entrevista con José Reveles



El manejo criminal de la justicia

Entrevista con José Reveles*

Por Ariel Ruiz Mondragón

La discusión sobre el caso de Florence Cassez ha continuado con gran pasión, pero en la mayoría de los casos no sólo con escaso o nulo conocimiento del expediente del proceso que se le siguió a la ciudadana francesa, sino con pocos elementos nuevos para documentar opiniones y juicios al respecto.

En su libro El affair Cassez. La indignante invención de culpables en México (México, Temas de hoy, 2013), José Reveles ha recabado mayor información sobre el caso y ha dado mayores elementos de contexto sobre el proceso que conmocionó a la sociedad mexicana, el cual le sirve para ejemplificar la perversión que de la justicia se ha hecho en México. “Este es un libro contra la impunidad”, afirma el autor en la primera línea del volumen.

Este País conversó con el periodista, quien ejerce su profesión desde hace más de cuatro décadas; egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, ha laborado en medios como Excélsior, Proceso, Filo rojo, El Financiero y Variopinto, entre otros. Autor de una decena de libros, en 2001 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Reportaje.

 

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué publicar hoy un libro como el suyo?

José Reveles (JR): Curiosamente, conociendo el caso de Florence Cassez no había profundizado sobre él sino hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer su fallo y la dejó libre. En ese momento empecé a hablar con gente, amigos míos informados e inteligentes, y siempre salía a relucir el tema. Me di cuenta de que todo el mundo asumió la versión oficial y decían: “¡Ah, era una secuestradora! Cómo iba a ser tan mensa para no saber que donde ella vivía con Israel Vallarta estaban los secuestrados. No puede ser, eso es imposible”.

Claro que era imposible porque no estaban allí. Eso lo descubrí con la lectura de los expedientes, con el historial de cómo se fue fabricando el caso; digo “fabricando” porque llegué a la conclusión, a los ocho o 10 días de la resolución de la Corte, de que ésta le había entrado al tema sólo en lo formal-jurídico, es decir, no entró al fondo, y no lo hizo porque no quiso y porque no le tocaba, se lo prohíbe la ley.

Entonces la decisión de la Corte, con ser histórica, importante, y para mí justa y correcta, al mismo tiempo terminó de criminalizar a Florence porque dijo: “Aquí no juzgamos si es culpable o inocente: se le violó el debido proceso”. Con esa frase los ministros estaban diciendo que es culpable ante una opinión pública que no tiene por qué estar adentrada en los vericuetos legales. Sin quererlo, ellos mismos criminalizaron a Florence habiéndola liberado.

Yo cito las cabezas de los periódicos, que decían: “Liberan a la secuestradora”, por ejemplo. La Corte no aclaró que, antes del montaje televisivo, a Florence Cassez y a Israel Vallarta los capturaron el ocho de diciembre, y que los presentaron el día nueve en un falso operativo de rescate de las víctimas en el rancho Las Chinitas, cuando estas personas no estaban allí la noche anterior: las colocaron, montaron un escenario, dividieron el cuarto de una cabañita, le pusieron luz eléctrica, etcétera. Fueron una serie de montajes y testimonios falsos, con hallazgos increíbles. ¡Por favor! Uno está hablando en serio.

Me di cuenta de eso y dije: “¿Por qué?”, y me puse a investigar. Encontré que la coyuntura era lo más cómoda, lo más propicia para que Genaro García Luna defendiera su puesto de director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), porque hacía ocho días que se había dado a conocer que sus agentes fueron quienes secuestraron a Los Zetas en Acapulco, cuando México contempló el primer narcovideo con violencia y con ejecución explícita. Los operadores de ese asunto fueron del cártel de Sinaloa, pero utilizaron como sus empleados a los agentes federales. En cualquier país que se respete, el director de ese cuerpo policiaco se hubiera ido a su casa si no es que a la cárcel. Entonces montó el show y eso lo salvó. Le salió muy bien porque lo repitió hasta el cansancio.

Lo que yo digo en el libro es muy polémico porque yo sostengo lo que digo y a las pruebas me remito. Yo sé que se van a enojar.

 

AR: Usted sostiene la hipótesis de que en el caso Cassez coincidieron tres asuntos: la necesidad de mejorar la imagen de la Secretaría de Seguridad Pública, una venganza personal de Eduardo Margolis y la legitimación política por parte de Felipe Calderón. ¿Cómo se entrelazan estos tres asuntos?

JR: Uno tiene que analizar los acontecimientos en el contexto en que ocurren porque nada es casual en política ni en nota roja ni en montaje mediático. Aquí coincide todo: estamos hablando de un gobierno, el de Vicente Fox, al que le faltaba todavía casi un año para dejar de ser presidente; el cuatro de diciembre de 2005 juraba como candidato presidencial Felipe Calderón, y en México cuando entra un candidato el Presidente en funciones empieza a perder poder y piso.

Entonces es importante la fecha en que ocurrió esto: veníamos del intento fallido de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, del arrepentimiento de Fox de haberlo intentado y cuando Calderón había ganado la elección interna del PAN de mala manera, con vicios muy fuertes.

El caso no hubiera pasado a mayores si muere en diciembre, pero resultó que revivió en febrero porque hubo una entrevista en el programa de Denise Maerker en el que acorralaron a García Luna cuando llamó Florence Cassez desde la cárcel. Allí quedó en evidencia que las autoridades habían hecho un show, que pusieron en escena un asunto que no existió en la realidad.

Entonces al final nunca se va a saber dónde estuvieron estas víctimas y quién las secuestró —si es que alguna vez fueron secuestradas—. Estamos hablando de tres personas: el joven Ezequiel Elizalde, que en esa época tenía 18 o 19 años; la señora Cristina Ríos Valladares, y su hijo de 11 años. Ellos siguen sosteniendo una versión a la que le dan vueltas y vueltas, la que fueron modificando conforme las circunstancias lo exigían. La señora Ríos Valladares primero no reconoció en absoluto a ninguna mujer y menos a Florence; llegó a decir “déjenlos porque no tuvieron nada qué ver”. Pero en febrero ya la comenzó a culpar, e incluso acusó a Israel de haberla violado y de allí se fue para adelante; casi cuatro años después la vuelven a citar para que reconociera a otros integrantes de la banda, quienes eran los hermanos y los sobrinos de Israel Vallarta, entre otros, Y dijo: “Fulano me violó, él todos los días, aquel también”. Entonces resultó que ocho tipos la habían violado y se acordaba de sus voces cuatro años después. Eso es imposible.

 

AR: Ezequiel dio varias versiones de los hechos…

JR: Hasta cinco: que se autosecuestró porque su papá era un desgraciado que no le daba dinero; luego que él sospechaba que lo secuestró un amigo de su suegra; luego su papá dijo que los únicos que sabían que él espiaba teléfonos eran la suegra y la esposa de Ezequiel, y por tanto sospechaba de ellas, etcétera. Es una familia de mentirosos, no hay otra explicación.

Pero también cambiaban la versión al gusto de lo que la autoridad les ordenaba. Para mí, las supuestas víctimas llegaron a convertirse en delincuentes porque hay una versión no desmentida de la televisión francesa de que Cristina Ríos Valladares era ama de llaves de Eduardo Margolis, y el otro muchacho era hijo de un secuestrador que muy probablemente estaba al servicio de Margolis porque intervenía llamadas A lo que se dedica Margolis, entre otras cosas, es a vender blindaje para automóviles, chalecos antibalas e instrumentos de seguridad, y tiene negocios en la televisión, en las ofertas de las noches; pero también, sobre todo, a solucionar los secuestros de la comunidad judía. De eso presume desde hace muchos años, y dice que fue de la Mossad, etcétera. Este personaje es muy importante porque finalmente es el que le puso el asunto en bandeja de plata a García Luna.

Tal vez debí haber sido más explícito, aunque sí lo digo en el libro: en realidad iban sobre Israel Vallarta, no sobre Florence; pero ella iba con él en el momento de la detención, y cayó y le vino como anillo al dedo a García Luna porque se trataba de una francesa bonita y “secuestradora”. ¡Qué levantón de la imagen del gobierno!

 

AR: Hay otros personajes que no fueron investigados a fondo...

JR: Yo llegué a la conclusión de fue una especie de tablero el que pusieron sobre la mesa y dijeron: “Aquí está esta banda, por acá este grupo; este es secuestrado; a ver, este pásamelo para acá, ponle este nombre a la banda. Los hermanos Rueda Cacho, a ver, que canten, y si lo hacen les damos chance de que no les pase nada” (una especie de testigos protegidos sin estatus oficial). Pero yo sospecho, por la forma en que se han desarrollado los acontecimientos, que esa gente era incondicional de la autoridad simplemente porque fue lo que les ordenaron y lo que les convenía a ellos para tener prerrogativas.

 

AR: ¿Qué pasó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este caso? Porque se dio cuenta del maltrato físico, de las torturas, y luego no quiso aplicar el Protocolo de Estambul, como usted relata. Después se apegó a la versión de que los detenidos sí eran delincuentes, pero que se violaron sus garantías y por esto los tuvieron que dejar libres, por lo cual se habrían violado los derechos de las víctimas. Se hizo partícipe del discurso oficial.

JR: Qué bueno que menciona la palabra discurso porque finalmente es sólo eso. Pasaron más de siete años con una CNDH totalmente inactiva, que no hizo caso de todas las denuncias que le entregaron.

Al respecto está el caso de la captura del hermano de Israel Vallarta, René, y también de sus sobrinos, a quienes tuvieron tantas horas bajo tortura que cuando los entregaron al Ministerio Público la queja ya estaba en la CNDH. Estamos hablando de una ilegalidad del tamaño del mundo.

En cuanto la SCJN dio su veredicto, histórico, el 23 de enero de 2013, en la CNDH dijeron: “Tenemos que sumarnos a esa corriente”, y lo hicieron en el discurso. Afirmaron: “Se violó el derecho de las víctimas”, que eran Ezequiel, Cristina y el niño. Para ellos Israel, Florence y los demás no fueron víctimas porque no estaban hablando de la invención de culpables. En este país el mundo es al revés: muchas veces aquí las víctimas son quienes están en la cárcel porque la autoridad decide castigarlos por la razón que quieras: política, de venganza personal, porque denunciaron, porque conviene a la propaganda mediática del momento, etcétera. Por ejemplo, ya no es ningún secreto que los generales que estuvieron en la cárcel, como Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe, ya salieron libres porque no debían nada. Noé Ramírez Mandujano, quien fue subprocurador; dos  ex directores de Interpol, Rodolfo de la Guardia y Ricardo Gutiérrez Vargas, así como Javier Herrera Valles, ex coordinador regional de la Policía Federal, ya salieron. Todos ellos han sido liberados, y faltan muchos.

Así ha ocurrido con la elaboración de laberintos de culpabilidad que al final son falsos, porque se está usando otra vez a la tortura como la reina de las pruebas, la cual, según decían, ya había desaparecido en este país. No es cierto: la semana pasada yo recibí manuscritos de gente involucrada en el caso Martí que desde hace cuatro años recibe presión y tortura.

Lo más fácil aquí es inventar secuestros, culpables y nombres de las bandas. Normalmente la autoridad es la que bautiza a las bandas, y no hablo nada más de Los Zodiaco (que nunca existieron; yo soy especialista en secuestros desde hace 20 años y me sé todos los nombres de las bandas).

 

AR: En el libro se cita que a uno de los últimos inculpados en el caso Cassez le preguntaron en la cárcel: “¿Cómo se llamaba su banda?”, y respondió: “Los Zodiaco, según me enteré aquí”.

JR: “Me acaban de decir”. Cuando se inventa tanto se cae en muchos errores; la autoridad cometió el error de repetir los Géminis y los Cáncer, y se equivoca porque en otra ocasión así llamó a otro de los inculpados: a Israel Vallarta le dieron un apodo que luego le atribuyeron a otro.

Lo que descubre este libro es que el de Cassez no es más que un caso paradigmático de lo que ocurre con muchísima gente. Eso lo hicieron con una francesa porque mediáticamente les convenía, pero lo llevaron al extremo de confrontarse con otro gobierno por la necedad del presidente Calderón de mantenerla aquí y por la necedad de Nicolás Sarkozy (porque hay que ver que este hacía propaganda a través del caso Cassez) de llevársela a Francia. En ese momento la pobre mujer estaba entre dos fuegos, y dijo. “Estoy peor que nunca porque discuten los presidentes de dos países, uno para llevarme a cumplir 20 años de condena y otro para que me quede a cumplir 60 años. Estoy jodida”.

 

AR: De lo que decía, a mí me llama la atención que durante estos años se hizo una importante reforma en materia de justicia en 2008. ¿No le parece que este caso es un franco ataque a esa reforma?

JR: Yo hablo de la reforma del 2008 pero hay una más reciente por la que los derechos humanos se incorporaron a la Constitución.

Yo sí creo que hay una embestida en contra de los juicios orales, curiosamente, que tampoco están limpios de polvo y paja porque es una cosa que promueve Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, y ya llevamos casi seis años y no se pueden implementar; el límite son ocho, y yo creo que van a ampliar el plazo.

Como comentario al margen: fueron acusados los autores de Presunto culpable. ¿Quién está detrás de los acusadores? Estos no son gente pudiente; entonces hay un sistema en el ámbito de los juzgadores y de los magistrados que está en contra de las reformas.

 

AR: Muchas organizaciones defensoras de víctimas de delitos avalaron y defendieron la tesis oficial de la culpabilidad de Cassez. ¿Qué nos dice esto?

JR: Yo creo que desde el gobierno de Fox, pero más durante el de Calderón, se le dio mucha beligerancia a organizaciones presuntamente defensoras de víctimas de secuestro, y se les dio rango casi de consejeros presidenciales; por ejemplo, Isabel Miranda, Alejandro Martí y María Elena Morera (de quien se denunció que su hijo trabajaba con García Luna, por ejemplo).

Aunque algunos de ellos de por sí son multimillonarios, esto no quiere decir que no reciban prerrogativas del gobierno: si no es dinero es poder. El problema es que han sido denunciados por muchas víctimas de haber colaborado con la autoridad para convertirlos en presuntos culpables sin serlo, y de presionarlos física y psicológicamente dentro de las cárceles. Esto es totalmente irregular; no lo digo yo, está en testimonios escritos y en actas ministeriales que yo conozco. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Por qué se permitieron esta simbiosis y esta irregularidad?

Entonces florecieron mucho las asociaciones civiles, y lo que hicieron los gobiernos panistas fue crear, promover y financiar las que le hicieran contrapeso a las organizaciones más autónomas. Entonces tenemos grupos avalados por el gobierno, y grupos a los que éste considera como enemigos. Hay ese asunto, entre sutil pero también descarado, de financiar organizaciones que están del lado del gobierno y que lo van a apoyar en todo. Eso lo hemos visto: hay personajes que parece que son consejeros de seguridad pública, de las procuradurías y de la Presidencia. Es en ese ámbito en el que se puede dar casos como los de Cassez y Tomás Ángeles, por ejemplo.

 

AR: Usted dice al principio del libro que en los gobiernos del PAN se aplicó una justicia a la carta. En ese sentido, ¿cuál ha sido el efecto de la democratización del país en los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia?

JR: Para desgracia de nuestro país, la simulación del PRI, la represión selectiva a los opositores, la criminalización tuvo un manejo diferente con los panistas, pero no mejor sino peor, porque estos no sólo criminalizaron a la gente, no sólo inventaron culpables sino que fue tan grave la violencia colectiva (o sea los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los torturados) que desde el primer momento en que alguien caía en garras del crimen organizado o de alguna autoridad, o moría en un fuego cruzado, ya era criminalizado: si los mataron o los secuestraron fue por algo. Esto lo sostengo en otro libro: cómo Calderón fue ejemplo de criminalización de, por ejemplo, los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, de quienes dijo que eran delincuentes; igual ocurrió con los dos muchachos de excelencia del Tec de Monterrey que murieron en una balacera, de quienes dijo que en algo deberían haber andado. En este caso no sólo fue la palabra del Presidente poniéndolos falsamente como delincuentes, sino el Ejército mismo montando la escena del crimen, sembrando armas, colocando los cadáveres, poniendo casquillos de bala, como ocurrió también con los chavos que mataron en Santiago de los Caballeros, en Badiraguato, Sinaloa. Y son sólo los casos que en este momento recuerdo pero pueden ser infinitos.

Eso es terrible, y no es que eso se haya modificado; lo que cambió fue la difusión de los casos: ahora que volvió el PRI, éste cree que el cambio de percepción es cambio de realidad: percepción mata realidad. Entonces quiere generar una idea colectiva de que las cosas ya mejoraron, pero no lo han hecho en absoluto: sigue habiendo el mismo número de muertos, de ejecutados, de desaparecidos y quizá haya más desplazados en este momento en Sinaloa y Guerrero.

Entonces la situación no varía sino el discurso, la manera de presentar las cosas ante la gente.

 

AR: Usted también afirma en el libro que la estrategia de comunicación del gobierno en estos temas fue litigar en los medios. ¿Cuál fue el comportamiento de los medios frente a esa política?

JR: Se inculca todo eso en la sociedad a través de los medios, que son los culpables de repetir la versión oficial. Primero, yo creo que el primer papel de un periodista es dudar de ésta, y no sólo eso sino investigar la información alternativa.

Segundo, a veces adquirimos también el lenguaje policial: repetimos con una gran facilidad las palabras criminalizadoras: le quitamos el “presunto” y le ponemos “secuestrador”, pero también hablamos de “levantones”, “narcofosas”, etcétera, porque es el lenguaje que nos enseña la autoridad y hacemos uso de él de una manera totalmente acrítica.

Cuando no se cuestiona la verdad oficial entonces la gente recibe más propaganda que información, y ese es el gran problema. Entonces, cuando se deja pasar un asunto como el caso de Florence o cualquier otro sin mayor cuestionamiento, pues le estás dando el aval. Además no tenemos memoria y no damos seguimiento a los casos.

 

AR: Del caso de Florence Cassez hay una conclusión: la justicia fue una de las principales víctimas. ¿Qué pendientes hay al respecto?

JR: Hice un artículo sobre Florence a las dos o tres semanas de la liberación, y me dijeron “no, pero eso ya pasó” (no voy a decir quién porque me da pena), y yo le respondí: “No, el caso Florence, para mí, apenas empieza”. No acabó; ¿qué falta? Que la autoridad haga honor a una decisión de la SCJN y castigue a los culpables: falta investigar a las presuntas víctimas, falta que la CNDH se ponga en el papel que le corresponde de defensora de las verdaderas víctimas y no de quienes cometieron las tropelías. La comisión señaló a autoridades que dizque cometieron errores, pero se tomó el trabajo de dar pelos y señas de la prescripción de los delitos, y la conclusión es que todos terminaron en diciembre de 2012; o sea, no va a haber nada. Está diciendo: “Son terriblemente abusivos pero ya tienen total impunidad”.

Eso es lo que dijo la CNDH, y es una mentirosa porque hay tres maneras de que eso pueda ser castigado: una, el asunto de la prescripción no cuenta cuando eres secretario de Estado (fue el caso de Echeverría cuando era Presidente de la República, que creo también se puede aplicar); dos, que existe una denuncia sobre el montaje, y tres, no limitarte al caso Cassez sino a la actuación global de las autoridades de seguridad pública que hicieron de este país un reino de la injusticia.

Entonces hay por lo menos tres elementos con los cuales juzgar a esa gente. Agrego una cuarta: la conveniencia política: si quieres un caso de verdad no te vayas con Elba Esther Gordillo; no, vete a lo serio, a castigar a estos señores. Estamos hablando de un manejo criminal de la justicia.

 

AR: En este y otros libros usted ha denunciado el comportamiento de delincuentes y de autoridades que presumiblemente estarían ligadas con ellos. ¿Se ha sentido en riesgo al realizar su trabajo?

JR: La verdad, tengo que decir que no. Yo me cuido en la medida que lo que digo puede ser sustentado en cualquier momento con documentos y con declaraciones. Incluso he sido llamado a un juzgado por una afirmación que hice: que los que lanzaron las granadas en Morelia no son los que están presos; me llamaron al juzgado, fui y ratifiqué que eso es lo que yo creo, y lo creo por testimonios, por manuscritos, etcétera. Tengo en mi mano, escritos a mano de presos, como 40; tengo acceso a los expedientes, y la gente confía en mí y me busca.

Entonces tengo el aval que me da que estoy diciendo la verdad y suelo  cuidarme mucho de no ir más allá de lo que se puede decir con pruebas.

En ese sentido sí he sido objeto de alguna denuncia civil en el pasado, pero las dos que tuve (en tiempos de Gertz Manero) ya pasaron hace muchos años.

No tengo miedo de andar por la calle ni mucho menos; tengo mis precauciones, los teléfonos me los intervienen, pero como actúo públicamente no pasa nada. Te dicen cosas pero no he llegado a tener amenazas.

Desgraciadamente otros compañeros sí han sido víctimas, y yo los quiero, algunos eran mis amigos, como Regina Martínez, asesinada en Veracruz, y Jesús Lemus Barajas, quien estuvo tres años en la cárcel. Yo me cuido de no caer en eso tampoco: no hay que dar la oportunidad de que te agredan.

Yo no ando con guaruras ni nada; ando en mi carrito, vivo con mi familia y no pasa nada.


*Entrevista publicada en Este País, núm. 275, marzo de 2014.