Una batalla contra la "justicia" misógina. Entrevista con Ana Katiria Suárez

Una batalla contra la “justicia” misógina.

Entrevista con Ana Katiria Suárez

Ariel Ruiz Mondragón

En diciembre de 2013 el señor José Luis Rubio emitió en Facebook una denuncia: su hija, Yakiri Rubí Rubio Aupart, había sido víctima de secuestro, violación y lesiones por parte de dos sujetos. Pese a haberse presentado a denunciar el hecho, “la policía la detuvo y la remitió a la cárcel”, acusada de asesinar a uno de sus atacantes mientras intentaba defenderse. Buscaba ayuda a través de la red social.

La abogada Ana Katiria Suárez se enteró del dramático llamado de auxilio y acudió a entrevistarse con los padres para enterarse del caso y hacerse cargo de la defensa de la joven. Así dio inicio una historia que, como dice ella en su libro, “me obligó a confrontar a un sistema enfermo de soberbia, podrido de injusticia, sin claudicar y levantando la voz con la razón; así me enfrenté a quienes cuestionaban el valor que podría tener la palabra de una mujer defendiendo a otra”.

En el volumen En legítima defensa. Yakiri Rubio y la gran batalla contra la violencia machista y el sistema penal (México, Grijalbo, 2017), Suárez relata su experiencia como litigante en un proceso en el que policías y jueces mostraron ampliamente la misoginia, la corrupción, la ineptitud y la mala fe con las que muchas veces actúan. Finalmente logró la libertad de la joven y continúa representándola en el proceso por violación, que aún está pendiente.

Acerca de ese libro conversamos con Suárez (Ciudad de México, 1981), quien es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Ciencias Penales y Criminología por las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra.

 

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir y publicar un libro como el suyo? Casi al final del mismo usted define el objetivo de lo que vivió como defensora de Yakiri Rubio: denunciar la violencia de género, la misoginia, el machismo. Dice usted que es el viaje de la defensa de una mujer.

Ana Katiria Suárez (AKS): La voluntad del libro es compartir con la ciudadanía lo que se vive en este sistema. El resultado es lo que alcanzamos a ver en los medios de comunicación, que muchas veces son certeros y en otras ocasiones no, pero allí no se logra visibilizar el proceso interno en la lucha por obtener justicia en lo que es un Estado fallido y podrido de corrupción y misoginia.

Cuando se me presentó la oportunidad de escribir el libro no consideré ninguna razón por la cual guardar silencio o seguir engañando a la ciudadanía sobre qué es lo que vivimos día a día en este país.

 

AR: ¿Cómo fue que un caso de una denuncia de un secuestro y violación contra una joven, terminó por convertirse en una acusación de homicidio contra ella? Fue un dramático paso de víctima a victimaria.

AKS: Veo varias razones; la principal es la indolencia y la inhumanidad con la que se conducen los servidores públicos ante el dolor y las transgresiones que sufren los ciudadanos que son víctimas de la delincuencia.

Por otro lado está el compadrazgo de las autoridades con la delincuencia organizada y la común, porque no son hechos ni personas aisladas. En muchísimas ocasiones existe una correlación directa entre la autoridad y el agresor.

 

AR: ¿Podría detallar esto? Los hermanos Ramírez Anaya, presuntos agresores de Yakiri, conocían a los policías.

AKS: Los hermanos Ramírez Anaya son vecinos de la sede de la Procuraduría capitalina llamada “el Búnker” desde hace más de 25 años. El agresor y hoy occiso tenía diversos antecedentes penales: siete ingresos a prisión y un compadrazgo con servidores públicos de la Procuraduría, a quienes abastecía estupefacientes.

Cuando Yaki pidió ayuda a los policías para después presentar su denuncia en la Agencia 50 por violación, ellos se dividieron: la mitad estuvieron resguardándola en la calle y fueron en busca de sus agresores, mientras que la otra parte encontró “casualmente” la casa de los atacantes al seguir unas huellitas de sangre. ¡Pues qué aparatos o qué capacidad de visión nocturna tienen!

Si utilizamos un mínimo de sentido común y sin permitir que la autoridad subestime la inteligencia de los ciudadanos, es evidente que los policías tenían conocimiento de la ubicación del domicilio de los agresores de Yaki, y que así es como llegaron a dizque encontrarse con la víctima indirecta, que es el hermano del occiso y que en realidad es el otro victimario. A él lo transportaron al Ministerio Público en el mismo periodo en el que a ella la trasladaron para que fuera suturada de la herida que sufrió en el brazo izquierdo. Una hora después, en lo que la suturaban y llegaba la ambulancia, llegó la mitad de los policías con Luis Omar Ramírez Anaya, y a este le dijeron: “Es la mujer que tenemos retenida. Díganos si es ella”, y respondió: “¡Oh, sí, es ella!”.

En el libro revelo que la alianza de los agresores con los policías no es un tema económico sino de favoritismos y de compadrazgos por ser vecinos, por ser parte de la misma mafia, de la misma podredumbre. Lo podemos ver no sólo en ese momento que describí antes sino en otros: cuando se establecieron las horas en que acudieron al lugar donde fue “hallado” el cuerpo, la ruptura de la cadena de custodia, la “decoración” del muerto (como le llamo en el libro), en cómo fabricaron que una niña de 50 kilos y 1.62 metros de estatura le puede infligir 14 puñaladas a un sujeto de 1.85 metros, 87 kilos y fisicoculturista, sin que él hubiera huido antes de una habitación que mide 2 por 2 metros.

En el libro describo cuáles son las características de las lesiones ad mortem y post mortem, para develar cómo fue fabricado todo el teatro con el que la Procuraduría trató de sostener la imputación que hizo Luis Omar a su víctima en colaboración con la Policía, y apoyado por servidores públicos encargados de realizar una investigación apegada a derecho y sin violación a los derechos humanos.

AR: Pese a que Yakiri llegó antes con ellos…

AKS: Llegó una hora antes a denunciar la violación y la tentativa de homicidio, y a ella le fue tomada su declaración en calidad de responsable sin que ella lo supiera. Tan es así que de su declaración se desprendió la acusación de violación que imputa a los dos hermanos Ramírez Anaya, y fue hasta ese momento cuando tuvo conocimiento de que uno de ellos había muerto.

 

AR: En el libro se destacan muchas irregularidades, que van desde que la habitación del hotel donde ocurrieron los hechos no fue resguardada, hasta que no se sabe realmente dónde murió el occiso…

AKS: El cuchillo que apareció en el cuarto, ¿quién lo analizó?

AR: Hay múltiples contradicciones…

AKS: En el libro hay un documento en el que yo expreso de manera muy clara que se demostró que el muerto no falleció donde “se murió”, lo cual es muy grave porque tira al piso la acusación de la Policía y de la Procuraduría, y exhibe que son ellas quienes orquestaron una historia para que uno de los agresores tuviera las herramientas para poder hacer una imputación de esta naturaleza, una situación que no conocían ni el delincuente ni una chica de 20 años que fue testigo. Sólo la policía y las autoridades competentes saben cuáles son las características que se deben reunir para armar esa historia, y así lo hicieron.

Ese documento no lo presenté en su momento porque se decretaría una prueba ilícita porque lo obtuve a través de una persona que trabajaba en la Secretaría de Gobernación.

 

AR: Eso corresponde a los policías y al Ministerio Público; pero hay otra parte del libro que preocupa mucho, que son las experiencias de reuniones que usted tuvo con los jueces, con Santiago Ávila Negrón, a quien usted ya conocía y quien le lanzó piropos, y, aún más grave, con Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien incluso le llegó a tomar la pierna, como usted relata.

AKS: Es muy grave porque ellos son los exponentes máximos de la impartición de justicia; son nuestros representantes, son el cocinero con quien acusamos a los malos. Pero, en este caso, ¿a ellos con quién los acusamos si no es entre nosotros? Lo único que puedo decirle de eso es que son conductas que se viven en cualquier ámbito laboral. A mí me toca, porque soy litigante, frente a autoridades que tienen la misma obligación de respetar al género femenino, y ellos aun más porque son los representantes de la justicia mexicana y no se pueden comportar como unos barbajanes callejeros.

Si eso lo juzgamos de un delincuente, ¿por qué de ellos no si se comportan igual? Lo condenamos de un misógino que trabaja en una fábrica, que humilla a una mujer con un salario menor que el de un hombre, de un empresario que le pide favores sexuales a la compañera para ascenderla de puesto, o del policía que, cuando vas por la calle, te lanza miradas lascivas. Pues es igual de asquerosa y repugnante la actitud de estos exponentes de la justicia mexicana.

 

AR: Otro tema interesante es la cita que usted hace del Protocolo para juzgar en perspectiva de género, establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son las características de este tratamiento?

AKS: Busqué relatar la historia con un lenguaje que utilizo todos los días, ya que si bien conozco el lenguaje técnico-jurídico, también soy una ciudadana común y corriente que entiende con palabras comunes y corrientes, porque no se necesita hablar de manera rimbombante para transmitir información.

Entonces lo primero que tenemos que entender es que la defensa de género se refiere a un grupo que está en una situación de vulnerabilidad en esta sociedad. Si el género masculino fuera el acosado, violentado y humillado, nos tocaría hacer una defensa de él.

En nuestra realidad, el género femenino es el que es transgredido y violentado. Entonces justamente por la diferencia, porque no somos iguales en forma, en físico, en fuerza y en muchas cosas que nos distinguen como individuos de distintos géneros, se debe atender a esas peculiaridades. Los delitos que se están consumando en contra de nosotras como mujeres no se pueden cometer en contra de un hombre, porque hay delitos que por su propia naturaleza se realizan por el hecho de ser mujer, como son la violencia de género, los feminicidios, las violaciones sexuales, la discriminación por su condición, por embarazo y por otras muchas situaciones por las que nos vemos en una situación de desventaja.

Recuerdo un comentario que hizo un gobernador con muy poca capacidad, quien decía: “Pero ¿por qué se quejan las viejas si hay un montón de hombres muertos todos los días?”. Si, nada más que no se confunda: hablo de una situación histórica real, social, en la que vivimos, en donde los hombres atacan a las mujeres porque hemos aprendido a aceptar las costumbres del patriarcado, de sumisión, y esto solo nos refiere a un estado de control total que han tenido a partir de que se les permitió. Hoy no es así: ya no opera, no funciona porque estamos hartas y hartos, porque muchos que son conscientes de que nacieron de una mujer, de una vagina, saben que esta desproporción debe terminar porque no es posible que se corra del trabajo a una mujer por estar embarazada, ni que llegue a la autoridad para denunciar una violación y le digan “pero ¿cómo venías vestida?, ¿te gustó?, ¿qué hacías allí esa noche? Pero si ya sabes los riesgos que corres”. No, yo no me tengo que cuidar de ti, la autoridad tiene que vigilarte para sancionarte y tú, hombre, debes estar consciente de que no tienes derecho a pasar por encima de mi vida, y la autoridad tampoco.

Si no lo entiendes, te lo voy a exigir a través de la visibilización, de la protesta pública, de la exigencia ciudadana. Es lo que se busca en este libro; cada capítulo narra una etapa del proceso en el que nos enfrentamos a circunstancias de discriminación, de desprestigio para la víctima, de revictimización para Yakiri y su familia. Para mí durante el proceso no fue importante pensar en lo que yo vivía porque yo estaba comprometida en busca de la libertad de Yakiri.

Al hacer un recuento de los hechos es muy doloroso darte cuenta de que no tienes forma de salvarte, aunque conozcas tus derechos, salvo si levantas la voz. Entonces tengo dos puntos: los que no ejercen la profesión de litigio en materia penal o en cualquier ámbito, tienen la obligación de, uno, conocer sus derechos, y dos, levantar la voz. Si ya eres un conocedor de los derechos entonces levanta la voz, exígelos, deja de tener miedo de que el MP se enoje contigo porque te puede tirar el asunto, que el juez vaya a opinar en contra de ti porque exigiste que se diera cumplimiento a los derechos humanos. No nos están haciendo un favor, pero ellos actúan así porque tenemos que mendigar justicia, y las mujeres nos vemos constantemente atacadas por el sistema y nuestra credibilidad se anula frente a la voz del atacante y frente a la autoridad.

Incluso las servidoras públicas se convierten en machos, en misóginas porque tienen miedo de ser rechazadas por instituciones machistas, porque si se dedican a proteger a la mujer las corren, las anulan, las castigan.

 

AR: A Yakiri nunca le hicieron caso…

AKS: Y hasta la fecha: ninguna autoridad, empezando por las de base, hasta la máxima autoridad federal, se han atrevido a hacer un razonamiento reconociendo que Yaki fue violada.

AR: Pero al final menciona que el subprocurador Edmundo Garrido terminó aceptándolo en una entrevista periodística…

AKS: Lo hizo en una entrevista pero no se estableció en ningún documento. Fue una declaración periodística muy poquitera. Pero procesalmente no hay nada.

 

AR: Otra parte inquietante es la de la labor de la prensa en esta historia, que es de muchos claroscuros. Dice usted que en un primer momento los periódicos, principalmente los amarillistas, asumieron la versión oficial, la del crimen pasional. Pero después reconoce la labor de muchos medios que le dieron espacios para explicar el asunto. ¿Cuál fue el papel de la prensa en este caso?

AKS: Para mí es fundamental, es el éxito en el 50 por ciento de todos los casos que vivimos. Muchos abogados somos criticados por litigar en medios;  yo no lo hago sino que visibilizó la injusticia porque no tengo con quién acusar al cocinero y para que lo juzgue la sociedad, que entregue respuestas, que cumpla con su deber. Y si no lo hace, como dice el Presidente: que la nación se lo demande.

Evidentemente la participación de los medios de comunicación es fundamental en esta lucha; nosotros no tenemos voz si ellos no se comprometen a difundir la verdad sin compadrazgos, sin chayotes, sin miedo, sin pertenecer al sector relegado.

 

AR: En el libro usted anota: “El trabajo escrupuloso en los medios permitió que nuestra lucha nunca cayera en el desprestigio frente a la sociedad civil”. ¿Es grave que la autoridad haga señalamientos y que, finalmente, parece que los abogados también tienen que prepararse para, aunque no quieran, litigar en medios?

AKS: ¿Qué hago, qué hace un abogado? Yo lo que hice, instintivamente, fue que cuando los medios de comunicación se acercaban a mí, tener la disponibilidad, el tiempo y el espacio para transmitirles al pie de la letra y expediente en mano lo que era la realidad del proceso, porque estaba segura de que al momento en que la autoridad sintiera tanta presión de la sociedad civil corregiría.

¿Cómo es la forma en que la autoridad puede incidir en la sociedad civil? Pues a través de los medios de comunicación y de las religiones. Entonces me presento y digo: “Yo soy la defensora y esta es la realidad”.

En una historia al menos hay tres versiones: la tuya, la mía y la real. Entonces, si tú vas a decir una mentira permíteme a mí decir la verdad, y ya que la sociedad se encargue, por antecedentes, de sopesar cuál versión tiene más veracidad: la de la prostituta asesina o la de la mujer violentada por la propia autoridad. Ésta es más creíble porque es real, y ese fue el éxito que se tuvo al dar todas estas declaraciones sobre el estado del proceso, sin yo saber cómo se habla frente a una cámara o cómo se responde a una entrevista. Nunca me interesó tener una estrategia política de medios. ¡No! Tengo una lucha: la verdad y la justicia. Lo demás me da igual.

AR: Hay una parte donde usted menciona una lucha de la defensa prácticamente contra el Estado. Para la resolución de este caso creo que hay varios elementos: el jurídico, la negociación política, la labor con los medios y el movimiento social. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos de su trabajo estrictamente jurídico? Hubo varias chicanas que le hicieron, según relata.

AKS: Las autoridades actúan con dolo, con maña, como ponzoña. Eso es en general, porque quiero aclarar que conozco personas valiosísimas en el servicio público que están comprometidas con su trabajo, pero que se ven mermadas y castigadas cuando lo quieren hacer bien.

Uno de los impactos más fuertes de esta suciedad en la que se vive en la impartición de justicia fue la denegación de la Procuraduría para iniciar la denuncia por violación, porque Yaki podía comprobar que había sido víctima de esos sujetos. Sólo con exigencia tras exigencia, tras visibilizar el dolo con el que la autoridad se negaba a darle el carácter de víctima a Yakiri, pudimos lograr que se abriera.

Segundo punto: evidentemente la autoridad trató de agotarme física y emocionalmente al no permitirme colitigar el asunto, como se hace en todo el mundo. ¿Cuándo ha visto que un solo abogado lleve un asunto? No nos dan el tiempo, los traslados en la ciudad, el análisis jurídico que se tiene que hacer, elaborar las preguntas para los testigos y las ampliaciones de declaración, interrogatorios.

Yo promoví un escrito tras hablar con unos colegas y decirles “por favor, ayúdenme a litigar el caso porque viene muy fuerte, y ya sentí el golpe de la institución para frenarme en mi lucha”; me dijeron: “Claro que sí, Ana, lo que necesites”. Presenté una promoción en el juzgado para solicitar la autorización, y me la negaron diciendo que se violentaría el derecho a la defensa de Yaki. ¿Por qué?

Además las autoridades se negaron a notificarme en mi despacho, a que mi pasante pudiera estar a mi lado ayudándome a ordenar todas las ideas y todo el expediente para desarrollar las audiencias; se me negó tener espacios controlados del desarrollo de las audiencias, todo para generar un cansancio emocional y físico contundente.

Otro ejemplo es que en todas las audiencias estaba la representación social versus la defensa del inculpado; la primera son los agentes del Ministerio Público adscritos al juzgado, y que se volvieron parte: ya no eran investigadores ni autoridad sino parte, contra el defensor.

A mí no me dejaron colitigar con otros abogados, pero en cada audiencia se juntaban como en cónclave la directora de ministerios públicos de todo Santa Marta Acatitla, y dos agentes del MP más, y entre los tres elaboraban todos los ataques para proteger el estado en el que quería situarse Luis Omar, el otro agresor.

El juez denunció a mi pasante, y yo ya no nada más tenía que defender a Yaki sino también a mi pasante. Esto no tiene nada que ver con los derechos humanos: muchas activistas ahora están furiosas porque no hablo de ellas, pero yo estoy hablando como litigante; que los demás escriban cómo se vive la lucha por los derechos humanos en México, que tiene otras aristas que deben ser observadas. Pero el litigio en materia penal, de una mujer que defiende a otra, en un caso indignante en el que se demuestran las irregularidades y se visibiliza la corrupción y la misoginia de la autoridad, no les gusta.

 

AR: Hay otra parte: la negociación política. Vio a quienes entonces ocupaban importantes cargos: el procurador Rodolfo Ríos; a Héctor Serrano, secretario de Gobierno del Distrito Federal; a Édgar Elías Azar, presidente del TSJDF; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a diputados locales. ¿Cómo fue este trabajo político?

AKS: Se tiene que hacer porque son casos que impactan en la sociedad. Todas esas juntas se obtuvieron a través de muchas activistas y abogadas defensoras de género que tenían ya mucho tiempo de ejercer la profesión. Yo la aprendí a marchas forzadas y escrupulosamente, a sabiendas de que no podía cometer ningún error. Nos buscaban citas con funcionarios para exponerles la gravedad del caso y las transgresiones que estaba cometiendo la Procuraduría que iban a repercutir en la demostración de que vivimos en un Estado fallido. Así se consiguió la mayoría de las juntas.

Hay diferentes figuras que menciono en el libro, agradecimientos que establezco para reconocer que la lucha es conjunta; sin embargo, el litigio penal técnico-jurídico es el único que nos da salidas para obtener libertades. Si los litigantes no les damos las herramientas jurídicas a las autoridades para exigirles que cumplan con su deber, los gritos no sirven. Hay que estudiar.

Podemos hablar de la reputación que busca el Estado fallido, por lo cual no reconoce sus incapacidades. Entonces hay negociaciones políticas para encubrir los señalamientos que se les hacen a las autoridades para que ellas puedan seguir mostrándose ante el público como figuras de respeto y de confianza, aunque no lo sean.

Pero ¿cómo podía confiar en ellas si eran las que tenían a Yakiri en prisión? Hubo consecuencias: funcionarios me dijeron de manera literal: “Ana, aquí hay negociaciones políticas y jurídicas, y ésta es política. Así que bájale ya y basta de entrevistas”.

Yo no soy la que incumple con su trabajo, sino ellos; yo hago lo que me comprometí con Yaki cuando la agarré de las manos: un trabajo de respeto, digno y apegado a la justicia y a la verdad; ellos no. Eso es lo que cuento en el libro, lo que se vive: una realidad.

 

AR: Otro aspecto es el respaldo de la sociedad civil, que en este caso fue desde los vecinos de Tepito hasta los miembros de la comunidad LGBT. ¿Cómo fue este apoyo?

AKS: No son más que una herramienta de este 50 o 60 por ciento del éxito. Hay comunidades, como la defensora de género o LGBT —Yaki es lesbiana—, que atienden la protección de grupos vulnerables. Creo que es un avance en la sociedad que existan y que se pronuncien porque conocen cuáles son sus derechos, a qué tienen acceso y empoderan a las víctimas. Por ello considero que es fundamental que se incluyan en cada caso de impartición ilícita de justicia, porque sólo con su participación se contiene. El trabajo que debería hacer la Procuraduría lo hace la sociedad civil.

Como escribía Lydia Cacho en una de sus notas sobre el caso, existen las violaciones correctivas: “A ver si aprendes a dejar de ser lesbiana cuando sientas la fuerza de un hombre”. Si existen esos delitos consideramos que quienes tienen una inclinación sexual distinta están también en riesgo: las personas transexuales, transgénero, etcétera, se ven violentadas por la autoridad y la sociedad.

¿Cómo se protegen? Mediante la organización social. Nosotros lo vimos en el caso Yaki: como lo cuento, la presencia de las Licuadoras fue fundamental. Yo nunca había visto una protesta del alma, con tanto coraje, con tanta convicción.

Así como ellas y todos esos grupos sociales levantan la voz y cumplen con su servicio a la vida, así lo deberían hacer las autoridades que se comprometieron a recibir un sueldo a cambio de velar por la protección de los ciudadanos.

 

AR: Otro tema muy presente en el libro es la campaña no sólo de desprestigio sino de intimidación contra Yakiri y usted. Esto va desde que a usted un alto funcionario le dijo “no te metas”, hasta el temor vigente a los primeros policías que recibieron a Yakiri y que prefiere usted no mencionar. ¿Qué protección ha recibido? Usted relata que Osorio Chong le dio alguna y que hasta hubo una suerte de enfrentamiento entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México.

AKS: Existe el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que deriva de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación. Brinda escoltas, vigilancia, botones de pánico, el Código Águila, etcétera, a quienes estamos reconocidos por la Federación como defensores de derechos humanos o periodistas en riesgo. Entonces tenemos que acudir a estas instancias, aun cuando sabemos que son deficientes y que la consecuencia ha sido un montón de periodistas y defensores muertos a manos de la propia autoridad o de integrantes de la delincuencia. Pero siempre va a haber un sector represivo que, a pesar de darte la protección, te venda el favor a costa de tu silencio.

Pero aquí no hay tal, no hay condescendencia, y yo no tengo por qué justificar los errores de alguien que se contrató para cumplir con su trabajo.

 

AR: Aún persiste el proceso por la denuncia de violación de Yakiri. ¿Cómo va hoy?

AKS: Pésimo. Hace unas semanas se avisó a Yakiri, vía una cédula de notificación en su domicilio, del archivo del expediente. Esto quiere decir que por el momento ya no se cuenta con más elementos para investigar esa violación.

Pero ¿qué sucedió? La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que dirige Perla Gómez, se comunicó con la Procuraduría para decirle que ellos se encargaban de llevar la notificación a Yakiri. Lo hicieron por conducto de una abogada particular defensora de derechos humanos, que trabaja de la mano con la Comisión; ellas la convencieron para que se presentara sin que estuviera presente su representante y le pusieron una abogada victimal adscrita a la Procuraduría, la misma institución que la violentó y encarceló injustamente.

Entonces lo que ocurrió es que la CDHDF la convenció de que era lo correcto y que se notificara sin que yo estuviera presente. Yo integré esa averiguación desde hace tres años; por supuesto tanto la Procuraduría estaba violentando el derecho de Yaki para ser representada, y la Comisión, en total contubernio esa institución, le dijo: “No te preocupes, yo te la llevo”. Esa es una violación gravísima a los derechos humanos porque la pone en un estado de vulnerabilidad impresionante, sin que conozca cuáles son sus derechos, por ejemplo que puede recurrir esa notificación y a ser representada también por su abogada.

¿Qué tuvo que haber dicho la Comisión? “No, Procuraduría, no te confundas: esta mujer tiene una representante legal, y hasta que no esté ella tú no actúas”.

 

AR: La Comisión conocía el caso…

AKS: Por supuesto, porque emitió una recomendación. ¿Qué hizo? Le habló a la Procuraduría para decirle: “No le notifiques en su casa, yo te la llevo”. Y a través de una abogada particular la indujeron a que aceptara la comparecencia a través de una abogada victimal.

 

AR: ¿Yakiri le comunicó a usted este asunto?

AKS: Sí, pero ya mucho tiempo después porque no le parecía relevante porque así se le dijo. Aquí saltan algunos nombres importantes que ya revelaré en su momento, pero eso es gravísimo.

Otra vez nos damos cuenta de que no existe autonomía de la CDHDF respecto a las instituciones a las que debe vigilar y no trabajar de la mano con ellas. Es el único órgano revisor de esas acciones gubernamentales, ¡cómo se atreve a trabajar en concordancia con la PGJDF!

 

AR: La familia de Yakiri es humilde, y todo este proceso tiene costos. Son muchos gastos, mucho tiempo. ¿Cómo se financió la defensa de Yakiri?

AKS: La defensa: yo la pagué. Quiero aclarar: el tema de la colecta de los 100 mil pesos para pagar a fianza se hizo por boteo, sin que eso me excluya de una importante participación.

 

AR: Además le dio empleo a Yakiri.

AKS: Sí, claro; la contraté como pasante para que entendiera en qué consistía su defensa, con un sueldo tan digno como el de cualquier estudiante de la carrera de Derecho en octavo semestre.

 

AR: Este es sólo uno de tantos casos que muestran el lamentable estado de la investigación policiaca y de la procuración de justicia en México. ¿En dónde encuentra usted alguna esperanza de que esto cambie?

AKS: En lo que ocurrió con Itzel**, en publicitarlo, en evidenciarlo, en visibilizar las porquerías de la autoridad. Pero no podemos observar lo que no conocemos. Entonces, primer paso, conocer nuestros derechos; segundo, exigirlos levantando la voz. Es la única esperanza que veo.

 

AR: ¿Cómo ha sido en lo personal este trabajo que realizó?

AKS: Me costó mucho trabajo entender la entrega en cuerpo y alma a un caso en el que se enfrenta al Estado, porque se hace con el alma, con el cansancio, con la mente, con el sudor, con los conocimientos, con la angustia, con el miedo, con el pavor de ser asesinada a consecuencia de mi voz.

Me costó mucho reconocer que la lucha por Yaki también era una historia personal, y que la suya era una y la de las defensoras y litigantes frente a un sistema podrido de misoginia y machismo es otra.

Hasta que lo entendí, acepté la publicación de este libro.

 

* Entrevista publicada en Horizontum, 1 de agosto de 2017.

** Suárez se refiere al caso de Itzel, una joven de 15 años que, en defensa propia, hirió y mató a un hombre que la violó y amenazó en junio de este año en la Ciudad de México. La PGJDF la declaró libre de toda responsabilidad.