La manipulación de las fuerzas
armadas
Entrevista con Ana Lilia Pérez*
Ariel
Ruiz Mondragón
Muy
discutido ha sido el papel que se le ha otorgado al Ejército mexicano en la
lucha contra la delincuencia organizada, fundamentalmente en la guerra contra
las drogas. En efecto, han menudeado las polémicas sobre aspectos tan diversos
que van desde su escasa preparación para asumir tareas de seguridad pública
hasta la constitucionalidad de su intervención.
En
su libro Verdugos. Asesinatos brutales y
otras historias secretas de militares (México, Grijalbo, 2016) Ana Lilia
Pérez toma el asesinato de dos migrantes centroamericanos a manos de un soldado
mexicano para desarrollar críticamente algunos aspectos de la actuación de las
fuerzas armadas en los últimos años. Pero no se limita a esto, sino que
recupera desde las escuelas donde son formadas, hasta su utilización por los
últimos titulares del Poder Ejecutivo, así como importantes antecedentes de
algunos militares con el narcotráfico.
Sobre
ese libro conversamos con la autora, quien es licenciada en Periodismo por la
UNAM, además de que ha realizado diplomados en la Academia Mexicana de la
Historia, la Universidad José Martí, de La Habana, y el Instituto Tecnológico
Autónomo de México. Ha colaborado en medios como Esquire, CNN, El Financiero,
La Jornada, Milenio, Excélsior, Contralínea, Cambio, Variopinto y Newsweek en español. Autora de cuatro
libros, ha obtenido premios como el Nacional de Periodismo del Consejo
Ciudadano, Leipziger Medienpreis y Golden Victoria.
Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir
un libro tan crítico como el suyo sobre el Ejército en la guerra contra el
crimen, especialmente el narcotráfico?
Ana Lilia Pérez (ALP):
Primero quiero comentar que este libro es un proyecto de bastantes años que
comencé a partir de la investigación que hacía sobre el asesinato de dos
migrantes centroamericanos, que está narrado en el último capítulo. A partir de
que tuve conocimiento del crimen de un militar que asesinó a sangre fría a dos
menores de edad centroamericanos comencé a investigar el caso; era el año 2003,
y el director de una organización internacional que da protección a niños en
situación de calle en diversos países buscaba llevar al Estado mexicano ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se juzgara en instancias
internacionales la actuación de estos militares, tanto del soldado que asesinó
a estos migrantes como de quienes llevaron una parte del proceso judicial y que
al final quedó en impunidad.
Entonces
comencé a investigar este caso y a reconstruir cómo había ocurrido el crimen; fue
un amplio trabajo de campo, labor que me llevó lo mismo a Centroamérica que a
diversas áreas de México, incluida la zona donde fueron asesinados estos
migrantes. Así reconstruí desde distintas perspectivas este caso y los diversos
ángulos que hay en torno a este crimen.
Pero
me di cuenta de que hay un ángulo que merece mucha atención, que es la
situación mental del militar que los había asesinado, un cabo que tenía un
nivel bajo dentro del Ejército, y que, sin embargo, tenía encomendada la vigilancia
de los pertrechos de todo el batallón. Él podía disponer, como lo hizo, de las
armas y de las municiones con las cuales asesinó a estos migrantes; él estaba
en servicio cuando lo hizo, lo que pude comprobar a pesar de que en aquellos tiempos
el Departamento de Estado de Estados Unidos le envió un documento al entonces presidente
Vicente Fox, en el que pedía información sobre este caso. El gobierno mexicano
respondió que el militar no estaba en funciones; sin embargo la investigación
periodística que realicé demuestra todo lo contrario: el propio militar
manifestó que había escuchado la orden de salir a ejecutar una misión, que
consistía en matar personas, y que él a quien iba a matar en esos momentos era
a su familia, que vivía en una zona muy cercana al campo militar.
Reconstruir
esta historia me hizo pensar mucho en el destino, porque por diversas
circunstancias aquella madrugada estos migrantes, que iban rumbo a Estados
Unidos, habían sido bajados del tren presionados por los vigilantes. Tuvieron muchas
circunstancias adversas esa noche, que los llevaron precisamente a dormir en
ese descampado donde se encontraron con el militar. Algo muy importante: cuando
este los estaba asesinando a sangre fría, a quienes estaba mirando no era a un
grupo de migrantes o de personas extrañas que dormían, sino a los compañeros
del batallón, quienes constantemente lo humillaban y lo maltrataban. Fue un
momento en el que él supuso que estaba atacando a quienes lo habían agredido a
él de manera reiterada. A mí me hace pensar entonces en este ángulo de la
situación mental de los militares y qué tan frecuente era este tipo de casos.
Eso
me llevó a una investigación mucho más amplia y a considerar un dato duro que
se incluye en el libro: cada año más de 400 militares en México son atendidos
por afectaciones mentales. Después escruto cómo estas afectaciones mentales
tienen que ver con la propia estructura militar.
Me
planteé el libro como un compromiso con aquellos menores que fueron asesinados
impunemente. Yo quería contar la historia de su vida y la tragedia de su muerte
porque no obtuvieron justicia, para que se haga conciencia de que este tipo de
casos no pueden continuar.
Invito
a los lectores a revisar este libro donde yo cuento información que, espero,
contribuya también a que pensemos cómo vamos a recomponer las instituciones en
este país.
AR: ¿Cuál es la lógica con la cual
se ha educado a estos militares que han participado en esta guerra contra el
narcotráfico desde los años setenta? Menciona usted desde el Colegio Militar
hasta la escuela kaibil, pasando por la Escuela de las Américas.
ALP:
Hablamos de modelos de milicia que tienen, incluso, influencia de las fuerzas
armadas estadounidenses; por ejemplo, de grupos especializados en contrainsurgencia
y antimovimientos sociales. Son fuerzas que se crearon a partir de la llamada
Escuela de las Américas, que desde los años cincuenta hasta los setenta fue una
de las escuelas militares más polémicas a nivel mundial, y que se encontraba en
Ciudad de Panamá.
Para
esta investigación conocí lo que fue la vieja Escuela de las Américas, pero ya
convertida en un área distinta; pero sí tiene todavía influencia en el modelo
de milicia que se enseña a nivel internacional. ¿Dónde se aplica? En años más
recientes se ha trasladado a las escuelas de las propias bases estadounidenses,
a donde se envía a militares de todo el mundo, incluidos mexicanos, a recibir
este tipo de adiestramiento.
Otra
de las escuelas donde más se aplica este tipo de directrices es la llamada escuela
de kaibiles, o Centro de Entrenamiento Kaibil, en el Petén, en Guatemala. A
nivel internacional los propios militares le llaman “el Infierno”, por las
condiciones físicas de la zona donde se ubica este plantel, un trecho muy
amplio del municipio del Petén, fronterizo con la zona sureste de México. Está
enclavado en una selva agreste que tiene ríos llenos de cocodrilos y animales
propios de ese tipo de ambiente natural, en la cual se entrena a los militares
para las pruebas de fortaleza y sobrevivencia. Entre las pruebas de este curso
de especialización, que dura más en promedio 60 días, están cruzar ríos llenos
de cocodrilo y preparar a los militares para que puedan “dominar la noche”,
como le llaman ellos. ¿Qué significa esto? Que ellos van a poder perseguir todo
lo que se mueve y todo lo que hay a su alrededor en una oscuridad completa, sin
que el enemigo o que la persona a la que están vigilando y que van a atacar pueda
percibir que ellos están allí.
Este
modelo de entrenamiento es, más de la mitad, una cuestión psicológica. La
manera en que se impone este tipo de entrenamiento es algo sobrehumano, porque
se ponen pruebas extremas, y no todos los que están entrenándose en estos centros
son capaces de soportarlas. De ellos se deriva el reducido número de militares
que cada año pueden graduarse como kaibiles.
Algo
que debe llamar la atención es que, después de Guatemala, el país que tiene el
mayor número de kaibiles es México.
¿Qué
ha pasado con estos militares? En el caso de México hay muchos militares de
estos grupos de élite que, en vez de servir al propio Ejército, como es su
función y para lo cual se les prepara, están reclutándose con el crimen
organizado.
AR: La historia que hace en el
libro comienza con el general Humberto Mariles, en 1972, aunque hay menciones
desde tiempos de Díaz Ordaz y, por supuesto, llega hasta el gobierno de Enrique
Peña Nieto. En este periodo ha habido en el país un proceso de democratización.
¿Qué ha ocurrido con este y el Ejército?, ¿qué papel tuvo éste en la
democratización y cómo ha cambiado?
ALP:
No entiendo a qué le llamas este proceso de democratización…
AR: Por ejemplo, a gobiernos de
varios partidos, a gobiernos divididos…
ALP:
Ese es un planteamiento interesante porque suponemos que en el cambio de la
democracia mexicana, en las transformaciones que ha habido con el cambio de
estafeta hacia gobiernos de oposición, con Vicente Fox, después con Felipe
Calderón y ahora con el regreso del PRI, algo debía pasar con las fuerzas
armadas. Sin embargo éstas han sido utilizadas a modo del gobierno en turno.
Para ellas no han impactado los cambios que ha habido en los colores del
partido en el gobierno, porque las fuerzas armadas, para la mala fortuna de
ellas mismas y en detrimento de la propia institución, han sido utilizadas en
México a criterio del Ejecutivo federal.
En
el papel de la estructura formal, el Ejecutivo federal tiene la función de
comandante supremo de las fuerzas armadas. Sin embargo, en México hemos visto
cómo se ha utilizado al Ejército en algunos casos para amedrentar disidentes,
para hacer el trabajo sucio en algunas ocasiones. Eso lo vimos desde Tlatelolco
en 1968 y se ha visto de manera reiterada en entidades como Guerrero, que han
estado prácticamente militarizados desde aquellos años sesenta y setenta, y se
sigue viendo a partir de la llamada guerra contra las drogas, que no fue más
que la estrategia fallida de un presidente que sacó a los militares a las
calles sin que previamente se hiciera un análisis de la situación que tenían
las fuerzas armadas en esos momentos, ni tampoco el papel que desempeñarían en
estas funciones que competen a las fuerzas de seguridad pública y no al
Ejército. Es decir, sigue la manipulación que se ha hecho de las fuerzas
armadas.
A
esta manipulación la identificó como uno de los factores que han impactado de
mala manera a las fuerzas armadas, porque este manejo se ha hecho de manera
discrecional por parte de los altos mandos.
Creo
que ni siquiera el presidente ha respetado el papel que deben tener las fuerzas
armadas en la sociedad, y esto ha ido en detrimento de la propia institución
pero también de la ciudadanía, porque hemos vistos casos de violencia extrema
en la cual se ha vinculado a los militares con afectaciones a sectores de la
sociedad civil sin que se aplique la justicia de manera transparente. Las
fuerzas armadas siguen teniendo una especie de fuero en el país.
AR: Relata en su libro muchos casos
de abusos de militares, que van desde el robo hasta asesinatos pasando por
secuestros y extorsiones. Al respecto, ¿qué tan eficiente ha sido la propia
justicia militar? Por allí recupera algunos casos que sí fueron juzgados; por ejemplo,
se anota que de 1990 al 2011 alrededor de 500 militares han sido dados de baja
por mala conducta.
ALP:
No ha habido mucha transparencia en este tema. La historia central del libro,
que es la del crimen de Delmer y José David, es un ejemplo de cómo la justicia
militar protege a sus propios integrantes y se maneja con criterios muy
distintos de los de las autoridades civiles. En este caso, por ejemplo, la
autoridad militar decía que el soldado estaba trastocado mentalmente; las autoridades
civiles decían que no, que tenía perfecta conciencia del crimen que había
cometido, que lo había hecho con todas las agravantes y que tenía que ser
sujeto a purgar una condena que le impuso un juez civil. Pero hubo criterios
encontrados, como ocurrió recientemente en otros casos como el de Tlatlaya, en
el que la autoridad civil llegó a una determinación, y la militar a otra totalmente
opuesta.
Entonces
en el caso de cómo se han tratado los crímenes militares no ha habido claridad,
sino una aplicación discrecional de la ley, a criterio de la autoridad militar
únicamente, sin que se rindan cuentas a la ciudadanía. Esto lo vimos durante
muchos años, hasta que se habló de esta reforma en la que se trató de eliminar
el fuero militar. Se supone que esto cambió en años recientes; sin embargo, ya
en la aplicación efectiva vemos que continúa de la misma manera.
Creo
que esto ha provocado y fomentado también la impunidad que alienta que miembros
de las fuerzas armadas sigan incurriendo en actos ilegales, puesto que suponen
que no se les va a aplicar la ley por este fuero del cual gozan los militares.
Pienso
que este es otro de los factores que ha hecho que la propia institución se vea
afectada.
AR: Otra historia que está en el
libro es el de las torturas que se practican al interior del Ejército. ¿Cómo ha
ocurrido esto? Parece ser muy grave.
ALP:
Así es. A partir de la guerra contra las drogas la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos comenzó a recibir muchas quejas y denuncias, algunas de las
cuales generaron recomendaciones en contra de las fuerzas armadas mexicanas, en
las que se denunciaba la tortura como una mecánica para la obtención de
confesiones de civiles. Pero encontramos también casos de militares que
denuncian haber sido objeto de torturas por parte de sus propios mandos y
compañeros. Se ve como una práctica común dentro de las fuerzas armadas.
También
documento cómo hay otro tipo de prácticas de acoso y de tortura sistemática que
se aplican con el pretexto de que son parte del entrenamiento militar, y que se
practican en las instalaciones castrenses. Son prácticas muy asociadas a la
dinámica de la vida militar y se ven como algo común; sin embargo, ¿qué ocurre
cuando incluso se llega hasta el crimen contra las personas de quiénes están
obteniendo una confesión? Esto ha ocurrido y en casos muy graves.
Hace
poco se ha difundido un video en el que se ve a militares que torturan a una
mujer para sacarle una confesión; es una práctica que se ha denunciado y que
ocurre dentro de las propias instalaciones militares, lo que merecería la mayor
atención no solo del secretario de la Defensa sino de los miembros de la
sociedad civil. Debe plantearse, si esa es la mecánica que usan los militares,
qué tanto habrá afectado a personas que hoy están en prisión acusadas por la Secretaría
de la Defensa Nacional.
AR: Otro tema que no es tan tocado
en el libro pero que creo importante son las condiciones laborales de los
soldados.
ALP:
Ese es otro elemento en el que también se debe poner cuidado porque los
militares tienen salarios muy bajos en México; incluso con los incrementos que
se les hicieron durante el gobierno de Felipe Calderón aún son muy bajos, y es
precisamente este factor el que, según dicen los militares, los lleva a
reclutarse con el crimen organizado. Esto pasó, por ejemplo, con muchos miembros
del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales que fueron reclutados por los Zetas;
esto ha pasado también con los kaibiles, quienes regresan a sus tropas a
percibir salarios muy bajos. Entonces siempre lo que perciben debe cuidarse,
porque esto puede generar que se recluten con el crimen organizado, como lo han
hecho.
AR: Algo que llamó mi atención es
que, cuando menos desde la Guerra sucia,
muchos militares más bien están entrenados para la guerra contrainsurgente; sin
embargo, se han ido a la guerra contra el narcotráfico. Una figura emblemática
es Miguel Arturo Acosta Chaparro. ¿Cómo ha enfrentado el Ejército ese paso de
la lucha contrainsurgente a la lucha contra las drogas?
ALP:
Creo que las fuerzas armadas mexicanas no estaban preparadas para que se les
sacara a las calles para las tareas de combate al narcotráfico, porque desde el
momento en que eso se hizo el crimen organizado ya había infiltrado las
estructuras del Ejército. No es algo nuevo: en México lo padecemos cuando se
supo de los Zetas, exmilitares y militares que habían pedido su baja temporal y
que desertaron de las fuerzas armadas para reclutarse como guardaespaldas del
Cártel del Golfo, de Osiel Cárdenas Guillén. Al poco tiempo crearon su propia
organización criminal que hoy, a solo unos cuantos años, es uno de los cárteles
más violentos y mejor organizados a nivel internacional.
Considero
que cuando el gobierno decidió que los militares se iban a hacer cargo de las
tareas de combate al narcotráfico se ignoró esa parte tan delicada que era si
militares se estaban reclutando con el crimen organizado, como ya lo estaban
haciendo. Entonces esto sí tiene que ver con una parte económica: a los
soldados les resultaba mucho más redituable reclutarse con el crimen
organizado, pero también con el desencanto que muchos tenían de las propias
estructuras de las fuerzas armadas, donde se habla de un código militar y de
una ética que a veces no se cumple. Estos son elementos que no consideró el
presidente Calderón cuando llevó a los militares a estas tareas contra las
drogas, además de que no se capacitó a los militares para la vinculación que
tendrían con la sociedad civil en estas nuevas tareas que se les estaban
encomendando, lo cual explica también el fracaso de la llamada guerra contra
las drogas.
Lo
podemos ver con números duros: la Procuraduría General de la República (PGR)
tiene una lista de los cárteles y organizaciones criminales que operaban antes
de que se diera la guerra contra las drogas, antes de que se sacara a los
militares a las calles; si la comparas con la lista actual de la propia PGR,
son exactamente los mismos cárteles con sus escisiones más nuevos grupos que
han surgido. Con esto podemos medir el fracaso, aunado también al poder que en
la actualidad han alcanzado a nivel internacional las organizaciones criminales
mexicanas —que pude documentar muy bien en mi libro Mares de cocaína—, y también lo podemos percibir en el nivel de
violencia que vive el país. A pesar de que hay estados donde los militares han
permanecido años, esto no ha bajado el nivel de violencia ni la inseguridad ni
la criminalidad ni el tráfico de drogas.
AR: Un asunto muy interesante es el
papel de algunos militares en los cárteles. Menciona varios casos: el Metro con Amado Carrillo, Jesús Gutiérrez
Rebollo, los Zetas. ¿Cómo ha sido infiltrado el Ejército por las bandas,
especialmente por narcotraficantes que llegan a hacer su propio grupo? ¿Cómo
han ayudado los militares a los cárteles?
ALP:
Un grave problema que tenemos es el gran nivel corruptor de las organizaciones criminales,
y que la sociedad misma es proclive a esa corrupción. En este país es mucho más
fácil caer en prácticas corruptas que negarte a ellas; es decir, es un sistema
que está corrompido, donde las estructuras del crimen han logrado permear
fácilmente por el factor económico. Esto ha pasado con las fuerzas armadas
también: los traficantes han logrado corromper sus estructuras al atraer a los
propios militares, que no sólo les ayudan a reclutar a otros miembros sino a
operar la propia criminalidad al interior de las fuerzas armadas. El caso más
visible lo tenemos en los Zetas.
Cuando
yo hablé con expertos en temas de delincuencia organizada a nivel
internacional, yo les comentaba el caso de los Zetas; personas que, por
ejemplo, durante años combatieron a organizaciones como la Cosa Nostra, en
Italia, me decían que esa historia de los Zetas era la más increíble que
pudieran haberse imaginado: ¿cómo era posible que un grupo de élite de un
Ejército de pronto se convirtiera en un cártel? Esto habla del nivel de
deterioro que hay en las propias instituciones mexicanas.
Ese
es el caso más visible y el que mejor ejemplifica hasta dónde se puede llegar
en el nivel corruptor dentro de las fuerzas armadas. Pero me di a la tarea de
buscar los antecedentes que había de militares implicados en el tráfico de
drogas, y me encontré el caso del general Humberto Mariles, quien fue una gran
figura a nivel internacional porque fue el primer medallista olímpico para
México, un caballista muy afamado. Fue detenido en París con maletas cargadas
con heroína, que se procesaba en Marsella y que traía para México
aprovechándose de su fama. Autoridades del propio gobierno que eran sus amigos
personales le habían facilitado documentos diplomáticos para viajar. Él iba por
el mundo como representante de la diplomacia mexicana, como un enviado del
presidente. ¿Qué le garantizaba viajar de esta manera? Por ejemplo, que su
equipaje no era revisado y tenía prácticamente paso libre en los aeropuertos, y
él mismo decía que gracias a eso podía pasar sus cargamentos. Hice esta
investigación, una parte en París y otra en la Ciudad de México, y me encontré
los expedientes que integró la Policía francesa sobre este caso cuando lo
detuvieron y lo metieron a una cárcel, donde murió, y encontré también el
expediente que armó la Dirección Federal de Seguridad en México, donde
documentaban las relaciones no sólo del general Mariles en la élite política
mexicana sino en redes de tráfico de drogas y de tratantes de blancas.
El
caso de Mariles reúne todos los elementos de por qué se fomenta la criminalidad
en el país. Era protegido del propio sistema y aprovechaba esa protección que
tenía para su beneficio personal con estos negocios. Creo que es un antecedente
muy notorio de este tipo de vinculación de militares de alto rango en el crimen
organizado.
AR: Hay una cifra en el libro: de
1990 a 2011 hubo 345 mil bajas del Ejército, entre las que hay un número grande
de desertores. ¿Qué pasa con estos?, ¿a dónde van a dar?, ¿por qué no se les da
algún tipo de seguimiento?
ALP:
El por qué es lo que nos tendrían que explicar el secretario de la Defensa o
los altos mandos de las fuerzas armadas porque el planteamiento que yo hago es
que hay una falta de atención a lo que está ocurriendo con los desertores, qué
es lo que los lleva a dejar las fuerzas armadas. En el libro planteo cómo esa
falta de cuidado ha llevado a saber el destino de esos militares hasta que se
encuentran implicados en acciones criminales. Algunos casos los relato en el
libro, pero creo que este es otro punto débil de la autoridad: no llevar un
seguimiento de las personas a las que preparó tan bien en cuanto a estrategias,
de uso de armas, por ejemplo, y que no se sabe al final dónde las van a aplicar.
Debería tenerse mucho cuidado porque en este país hemos visto cómo hay
desertores preparados como grupos de élite que se están vinculando con el crimen
organizado.
Los
mandos de las fuerzas armadas deberían analizar por qué están ocurriendo las
deserciones y a dónde va a parar cada desertor.
AR: ¿Ha visto algún aspecto
positivo de la intervención del Ejército en la guerra contra el crimen? Hay
algunas crónicas de comunidades que efectivamente se han sentido seguras, y ha
participado en detenciones de narcotraficantes, por ejemplo.
ALP:
Yo no lo veo como algo positivo, y no me refiero sólo al Ejército. ¿De qué
sirve invertir tanto dinero público en hacer fuerzas especiales, en crear la
gendarmería, si sus elementos no están trabajando con la finalidad de acabar
con la criminalidad sino que también caen en la corrupción? Considero que se
deberían revisar los niveles de confianza de los miembros de las fuerzas
armadas y de las policías. Es un criterio que se debe aplicar parejo.
Supongo
que habrá comunidades que digan que para ellas el Ejército les ha garantizado
seguridad, lo cual me alegraría mucho, pero creo que si hablamos en términos
generales con datos duros, no sabes de un resultado positivo, y no es algo que
yo esté suponiendo. Incluso se han escuchado voces de militares que en estos
años han dicho que el Ejército no está hecho para estas tareas contra las
drogas.
Es
evidente que no ha impactado de manera positiva este combate al crimen
organizado. Lo vemos también frente al indicador internacional de que los
cárteles mexicanos han tenido ahora un papel relevante a nivel internacional
que hace años no poseían y que hace unos años tenían los grupos colombianos.
Entonces
tenemos a los militares en las calles en estas tareas antidroga, pero resulta
que los cárteles tienen mayor poderío y fuerza a nivel internacional. Esto quiere
decir que algo está fallando.
AR: Hay otra parte del libro en la
que usted recuerda cuando en Tamaulipas dos agentes norteamericanos, de la DEA
y del FBI, y un periodista, José Luis,
fueron a buscar a Osiel Cárdenas, al que enfrentaron. Había quien le decía al
reportero que agarrara el billete del narco, “todos lo están agarrando”. ¿Qué
ha pasado con la prensa en estos casos de vinculación con el narcotráfico?
ALP:
Con el nivel de corrupción de los cárteles y de criminalidad que impera en
muchas regiones de México, los periodistas tenemos una labor de muy alto riesgo.
Querer documentar lo que ocurre en algún lugar, sobre todo lo que tiene que ver
con el crimen organizado y a quién beneficia, quién está detrás de las redes de
criminalidad, los agentes del Estado que participan en esas redes de
corrupción, es el mayor riesgo para el periodista. Eso es algo del trabajo que
yo he hecho durante varios años.
Creo
que en este país tiene un costo muy alto contar ese tipo de verdades. Por eso
tenemos periodistas que han sido acosados, asesinados o que han tenido que
salir del país. Por mi propia experiencia puedo decirte que en este país es más
peligroso ser un periodista honesto que un periodista corrupto, y eso es lo que
te coloca en una situación de riesgo. Cuando escribes sobre dinero criminal
recibes muchas presiones de todo tipo, y el periodistas que se niega a aceptar
cualquier tipo de soborno se vuelve más peligroso, y también está poniendo en un
riesgo permanente su vida.
Yo
no podría decir que alguien, para garantizar su tranquilidad, deba aceptar o no
dinero del narcotráfico, porque esa es una cuestión personal. Yo no lo haría y
me he rebelado a caer en malas prácticas, pero para mí ha tenido un costo muy
alto.
Yo
entiendo muy bien ese caso que relato en el libro porque el periodista empezó a
tener presión cuando se negó a caer en este tipo de actividades criminales, porque
el periodista que acepta un soborno de un narcotraficante es cómplice también
de esas redes criminales y se convierte en parte del problema. Los periodistas
debemos decir no a cualquier intención, por mínima que sea, de corrompernos,
porque si los periodistas defendemos la verdad también debemos defender la
ética como un principio básico del periodismo.
Pero,
desgraciadamente, cuando en este país defiendes la ética o los principios
periodísticos y el derecho de la sociedad a estar informada con la verdad, te
colocas en una situación de riesgo. Entonces son posiciones personales y
riesgos que tomamos los periodistas cada día.
AR: Pese a todo, el Ejército aún es
una institución muy respetada y hasta temida. A grandes rasgos, de los casos
que ha visto, como el de Ricardo Olvera, Tlatlaya y los hechos de Iguala, ¿en
general, cómo ha cubierto la prensa estos hechos del Ejército?
ALP:
En algunos medios este tipo de coberturas todavía es visto como tabú, lo cual
considero un error porque hacemos figuras intocables. Pienso que, en un afán
por defender la verdad, los medios de comunicación deben abordar este tipo de
temas, impliquen a quien impliquen, porque al final quien está siendo afectada
es la sociedad, y ellos son parte de esta, así como los militares.
Creo
que el que no se cubran estos temas amparándose en esa figura de intocables no
es una cuestión de respeto sino de solapar asuntos que a todas luces son
ilegales, y los medios de comunicación tienen un papel muy relevante para
también tratar que las instituciones de este país se recompongan. Ocultar la
verdad no es una manera de contribuir a esto.
AR: ¿Cuál es el futuro del
Ejército, especialmente el deseable? Esto si tomamos en cuenta que,
efectivamente, no está preparado para hacer tareas de Policía, y también que las
policías tampoco están preparadas para hacer su trabajo. No va a ser fácil
sacar a los militares de las calles.
ALP:
Es cierto que es muy dramática la situación que tenemos en México porque si un
ciudadano se encuentra con que es víctima de una acción criminal en las calles
y ve a un policía y a un militar, yo no sé en quién confiaría; yo, en ninguno
por las malas experiencias que he tenido con ambos.
Pienso
que el gran drama para la sociedad mexicana es que la mayoría no creemos en los
representantes del Estado: se ha perdido la credibilidad en la clase política y
en los funcionarios.
Es
un panorama muy dramático pero real. No podemos cerrar los ojos a esta realidad
porque cuando lo hacemos sigue ahí, pero nosotros la ignoramos y eso es lo que
hace que la situación se deteriore aún más.
Yo
estoy convencida de que la situación en este país se recompondría si cada uno hiciera
el trabajo que nos toca desde nuestro ámbito: los militares el trabajo que les
corresponde como parte de una milicia; los policías, el que les toca sin caer
en las corruptelas; el ciudadano, el que le toca hacer cada día; los
periodistas, realizando nuestra labor de manera ética, y que cada uno de esos
elementos de la sociedad diga no a las prácticas corruptas.
Estoy
convencida de que el principal problema que tenemos en México es la corrupción
en todos los niveles. El día que cada uno de nosotros digamos “No” a las
prácticas corruptas, al tráfico de influencias, y que cumplamos con nuestra
labor de manera ética, responsable, consciente, y que además nos preocupemos
del otro como parte de la sociedad, ese día tendremos un país mejor.
Yo
no veo que haya una recomposición de otra manera. Esperar que los cambios provengan
de las esferas de gobierno es un error que los ciudadanos ya no podemos
repetir, porque la clase política mexicana, que está muy deteriorada y que no
hace bien su trabajo, no está a la altura de las necesidades de la sociedad.
*Entrevista publicada en Horizontum, 9 de junio de 2017.
