Hacia una democracia consensual. Entrevista con Leonardo Valdés Zurita

 Hacia una democracia consensual

Entrevista con Leonardo Valdés Zurita

Por Ariel Ruiz Mondragón

La transformación política que en clave democrática ha experimentado México ha llevado a la conformación de un sistema de partidos mucho más complejo y elecciones más competidas que las que tuvo el país durante la época del autoritarismo. El pluralismo político ha tenido que ser encauzado mediante sucesivas reformas acordadas por la clase política, lo que ha desembocado en la necesidad de buscar amplios consensos para procurar políticas públicas que ayuden a solucionar los problemas del país.

Justamente sobre nuestro proceso democratizador Este País sostuvo una entrevista con Leonardo Valdés Zurita, actual Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien se ha dedicado desde la academia al estudio de los comicios en México.

Valdés Zurita es doctor en Ciencia Social por El Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor titular en las universidades Autónoma Metropolitana y de Guanajuato, así como presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. También formó parte del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Ariel Ruiz (AR): Hace 20 años usted caracterizaba al sistema de partidos mexicano, siguiendo a Giovanni Sartori, como de partido hegemónico pragmático, cuya época clásica habría sido de 1958 a 1988. Desde entonces hasta hoy, ¿cuáles han sido los principales cambios que usted aprecia en ese sistema?

Leonardo Valdés Zurita (LVZ): Siguiendo al propio Sartori, hay que entender que las transformaciones de los sistemas de partidos se producen por dos vías: la endógena, las cuestiones internas, y las exógenas, asuntos que suceden en el medio ambiente que están fuera del sistema de partidos y que lo obligan a transformarse.

En nuestro país se han presentado elementos tanto endógenos como exógenos. Una de las características del partido hegemónico señaladas por Sartori es que, además de que nunca pierde las elecciones, tampoco se divide. Logra consolidar su hegemonía porque logra mantenerse unido en torno a un proyecto, a un programa, a una visión de la sociedad. En su libro, publicado a mediados de los años setenta, Sartori ponía como ejemplos de sistema de partido hegemónico al mexicano y al de Polonia.

Pero en 1976 sucedió algo que empezó a impulsar cambios, algunos de ellos endógenos. Hubo una crisis del Partido Acción Nacional (PAN), por la que no postuló candidato a la Presidencia de la República, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un candidato al que se adhirieron el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Así fuimos a la primera elección presidencial en la que oficialmente hubo un solo candidato reconocido, quien ganó la elección porque no podía perderla. Esa es la regla máxima del sistema de partido hegemónico.

Pero también hubo un cambio exógeno: otra formación política, el Partido Comunista Mexicano, que no tenía reconocimiento ni formaba parte del sistema de partidos, decidió postular a Valentín Campa como su candidato presidencial y logró una presencia nacional. Nunca se pudo saber cuántos votos obtuvo Campa porque, al no ser un candidato registrado, no se hizo el cómputo de los votos obtenidos. Pero eso se convirtió en un elemento exógeno que llamó la atención en el sentido de que había algún conglomerado social que no se sentía representado por los partidos legalmente reconocidos y que querían participar en el sistema de partidos.

Por eso la reforma electoral de 1977 fue una reforma muy importante: abrió el sistema de partidos a esas presiones exógenas para incorporar nuevas fuerzas partidarias, de tal suerte que allí hubo un momento de quiebre del sistema de partido hegemónico no por una crisis sino por esta combinación de factores endógenos y exógenos.

Después vino un segundo momento de quiebre que se dio en 1988, cuando ya había más partidos políticos legalmente reconocidos y ya estaban incorporados nuevos contingentes sociales a la lucha electoral. Fue entonces cuando vino el proceso de postulación de candidato presidencial del PRI.

Los sistemas de partidos son sistemas de competencia de doble nivel: uno interno, cuando los precandidatos compiten al interior de su partido para definir quién es el candidato, y el segundo es cuando ya todos los partidos tienen su candidato y van a la competencia por el cargo de elección.

En 1988, en el partido hegemónico surgió la posibilidad de una competencia interna para la selección de su candidato presidencial, pero no tenía los recursos institucionales para darle cauce a un proceso de competencia de esa naturaleza. Al final se tomó la decisión de postular un candidato presidencial, y el otro participante, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, decidió separarse del partido. Sartori dice: el partido hegemónico se mantiene como tal porque no se divide, y sucedió que en 1988 hubo una división del partido hegemónico, lo que hizo que se presentara otro elemento endógeno de cambio en el sistema de partidos.

Yo diría que todo este proceso de transformación ha tenido dos motores y un resultado. Uno de los primeros ha sido la implantación del pluralismo político en nuestra sociedad. Hasta los años setenta y quizá los ochenta, el partido que nació de la Revolución Mexicana, con la legitimidad que le dio el ser impulsor de las transformaciones sociales de este país como producto del programa revolucionario, acaparó la preferencia electoral de la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos, y cuando tenía algún riesgo de perder la elección con una ley que no era muy equitativa, siempre tuvo posibilidades de cometer, incluso en el límite, algún fraude en las elecciones.

Pero no se puede ocultar que ese partido tenía el apoyo mayoritario de la población. Había una vocación unanimista en el pueblo mexicano que, insisto, es totalmente comprensible: hubo un partido que enarboló las banderas de una revolución social que transformó significativamente este país. Pero eso, que se podría decir que fue válido por varias décadas, empezó a hacer crisis en los años sesenta con los movimientos médico y estudiantil, en los años setenta con la guerrilla, en los años ochenta con la división del propio partido hegemónico, y lo que empezamos a observar es que se fue implantando el pluralismo político, lo que fue impulsando los cambios.

El otro motor es que nuestra clase política se dio cuenta de que era necesario hacer modificaciones institucionales para darle cauce a ese nuevo pluralismo político, y logró construir los acuerdos y los consensos para ir modificando la Constitución, para reconocer nuevos partidos y darles espacio a través de la representación proporcional, primero en la Cámara de Diputados, después en los ayuntamientos y después incluso en el Senado de la República, así como para darles prerrogativas a los partidos políticos, para crear un nuevo padrón electoral y el Instituto Federal Electoral (IFE) después de la crisis de 1988.

Esto es muy importante, porque en los países en los que no se han sincronizado ese tipo de motores lo que tenemos es que el resultado ha sido muy distinto al de México. En algunos países de Europa del Este, cuando cayó el muro de Berlín y apareció un pluralismo social que existía pero que no era reconocido, y no hicieron las adecuaciones institucionales para darles cauce, se produjeron movilizaciones sociales, revoluciones, desintegración de países y la desaparición del socialismo real. Esto fue porque no se encendió el motor del cambio institucional y no hubo instituciones para lograr que esta pluralidad política de la sociedad pudiera expresarse en el ámbito institucional.

En otras naciones, como en una larga etapa en la India, hubo cambios institucionales y en las normas que hicieron más competitivas las elecciones, más equitativas y más justas, con autoridades más imparciales, pero en donde la vocación unanimista o mayoritaria se mantuvo sólida y un partido que tiene un origen que lo consolida política e ideológicamente sigue gobernando. Así ocurrió allí con el Partido del Congreso, que es la organización que surgió del logro de la independencia de la India; nunca fue un partido hegemónico, pero sí fue (y sigue siendo en alguna medida) un partido dominante que gana la gran mayoría de las elecciones en un ambiente institucional bastante equitativo, justo e imparcial, en una democracia muy grande (un padrón electoral de 720 millones de votantes). Ese partido se mantiene a pesar de las crisis y a pesar de que han sido asesinados Indira Gandhi y después su hijo cuando eran primeros ministros.

En nuestro país sucedió, no por suerte sino por la evolución histórica y, también hay que decirlo, por la inteligencia y el compromiso democrático de un segmento importante de nuestra clase política, que a ese desarrollo del pluralismo correspondiera un cambio institucional que le ha ido dando cauce y que nos ha permitido llegar a lo que hoy tenemos.

¿Qué es lo que tenemos? Un sistema plural de partidos competitivo, que cumple con el requisito básico de la democracia, como también Sartori lo pone en su libro: donde no hay alternancia no hay democracia. Y aun se va más lejos: no alternancia de facto, pero alternancia como una posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, donde se pone en juego el poder político en las elecciones, y los ciudadanos deciden quien lo detenta, estamos hablando de una democracia. Donde esto no ocurre entonces estamos hablando de otra cosa que no es democracia.

De tal suerte que tengo la convicción, no sólo como académico sino como ciudadano y como funcionario electoral, que de los años setenta del siglo pasado a la segunda década del siglo XXI hemos logrado una transformación radical en términos de pasar de un sistema hegemónico, en el que no había democracia en el sentido de la posibilidad de la alternancia, a un sistema democrático en el que la posibilidad de la alternancia en la Presidencia de la República, en las gubernaturas, en las presidencias municipales, en las mayorías en los congresos tanto federal como locales, es una realidad.

Nuestros ciudadanos, creo yo, ya aprendieron que pueden votar en libertad, y que al usar su voto pueden cambiar de gobierno si es que no están de acuerdo con lo que éste, en una coyuntura histórica, está proponiendo y realizando.

Eso es un avance importante, pero además es expresado en una conformación pluripartidista; no creamos un bipartidismo, quizá porque México es tan grande y heterogéneo que no da para un sistema bipartidista. Tenemos tres partidos muy fuertes, y a nivel nacional otros cuatro que tienen presencia, y a nivel estatal tenemos 25 partidos políticos locales que reciben una cantidad de votos que les permite mantenerse como opciones en ese nivel de competencia política.

Creo que en México no podemos confiarnos, pero podemos estar satisfechos de lo que nos ha tocado vivir en este cambio histórico de ya varias generaciones.

AR: Sobre la transición democrática, en 1994 usted escribía que para hablar del fin de la transición se requería que las elecciones fueran procesos básicamente incuestionables, por lo cual deberían tener, por una parte, validez legal, y credibilidad social, por la otra. A partir de los cuestionamientos que ha habido en las elecciones presidenciales de 2006, especialmente, y de 2012, ¿aquello se ha logrado? Hace un año usted escribía sobre la falta de credibilidad de los resultados por parte de los derrotados.

LVZ: En los años noventa, cuando yo hacía ese alegato, las encuestas de opinión estaban iniciándose. Las mediciones sobre la confianza en el resultado de la elección todavía no existían, o por lo menos no se publicaban, no había acceso a ese tipo de información. Hoy existen, se publican, se debaten, y hoy uno de los argumentos para decir que no hay credibilidad en las elecciones se basa en el hecho de que las encuestas reportan ciertos porcentajes de desconfianza. Yo diría que entonces a lo mejor eran mayores los porcentajes, nada más que no lo sabíamos.

Hay otras cosas que hay analizar con mucho cuidado; por ejemplo, que ese reporte de encuesta es sobre un estado de ánimo que no siempre informa sobre las acciones de la gente. Para ponerlo en términos muy claros: con cierta frecuencia hay encuestas latinoamericanas que dicen: “Los ciudadanos mexicanos no valoran la democracia; preferirían otro régimen distinto al democrático si se resuelve el problema social”. Es una llamada de atención; pero cuando usted convoca por millones a los ciudadanos a ser funcionarios electorales, ellos aceptan la capacitación y el día de las elecciones van e instalan las casillas, reciben la votación, la cuentan, llenan las actas y entregan los paquetes.

AR: Otros se presentan como representantes de los partidos en las casillas…

LVZ: En la elección de 2012 hubo un millón de funcionarios de casilla y dos millones de representantes de los partidos políticos, y más de 50 millones de ciudadanos de un padrón de 74 millones participaron como votantes.

Entonces la encuesta dice cosas, refleja el estado de ánimo, pero las estadísticas de participación y de votación dicen otras cosas, como que a lo mejor nos hemos vuelto más críticos y quisiéramos que las cosas estuvieran mejor. Lo cierto es que estamos mejor informados y que, también como producto de la democratización, hoy podemos expresar nuestras opiniones con mayor libertad. Así, esa legitimidad electoral de principios de los noventa, cuando apenas habíamos pasado el tránsito del viejo sistema electoral que hizo crisis en 1988, era una cosa, y otra es lo que hoy tenemos, que a mí me parece que sí está vinculada con la otra cuestión que usted señalaba y que es muy relevante.

Justo en 1994 vino Felipe González a México y dio una conferencia magistral en el IFE. Él había sido presidente del gobierno español y recientemente había perdido la reelección. En aquella ocasión dijo: “La aceptabilidad de la derrota, condición de la democracia”. Era una reflexión sobre su propia experiencia; había perdido y había tenido dos opciones: aceptar o no aceptar, y había decidido lo primero. Posiblemente en esa elección pudo haber, como en todas las elecciones, algunos niveles de conductas que no se apegan a derecho. No hay elección que sea ciento por ciento aséptica porque la elección es pasión, porque dependiendo de lo cerrada que sea la competencia esa pasión arrolla no solamente a los candidatos sino también a sus simpatizantes, a sus seguidores, a sus votantes.

Yo les decía a mis alumnos cuando era profesor: las elecciones, en primer lugar, son pasión, y en última instancia son mucha pasión. El proceso electoral son movilizaciones de masas, la retroalimentación que tiene el candidato con sus seguidores, y es lógico que piense que puede ganar pues hace concentraciones muy grandes. Normalmente el candidato no se enfrenta con quienes no están de acuerdo con él, y entonces piensa que todos están de acuerdo con él, y es cierto: son todos los que van a sus eventos, a sus mítines; pero de los que no van, es posible que la gran mayoría no estén de acuerdo con él y acepten otra opción.

Entonces el aceptar la derrota es un ingrediente democratizador porque es lo que le permite a un sistema resolver institucionalmente esas pasiones que se desatan en los procesos electorales. También decía Sartori: los sistemas de partidos se constituyen cuando las facciones dejan de serlo y empiezan a ser partidos. Eso quiere decir: cuando dejan de perseguir el interés de sus agremiados y empiezan a perseguir el interés de la nación, definido por ese partido, que no es el mismo que define otro partido. En ese momento, en su interpretación de cuál es el interés de la nación tiene que entender que ese partido es parte de un todo que lo supera, que hay otros que tienen otra visión, otro proyecto que es tan válido como el propio, y que en la democracia los proyectos pueden ir alternándose en función de su capacidad de obtener el apoyo de los ciudadanos en elecciones libres y justas. Y en ese proceso aceptar la derrota es fundamental porque eso le da continuidad al sistema y le permite que fluya la competencia democrática, y no sólo eso, sino que también se den condiciones de democracia consensual en donde quien ganó tenga que escuchar las propuestas de quien perdió y haga un esfuerzo por incorporar sus demandas a un programa de gobierno que permita el desarrollo y la estabilidad.

Hoy, siendo legales nuestras elecciones, tienen todavía un pequeño déficit de legitimidad vinculado con un déficit de cultura cívica de nuestras elites políticas y de una parte de la ciudadanía que, efectivamente, todavía no se incorpora a la cultura democrática que reconoce la diferencia, que acepta la pluralidad, que cultiva la tolerancia, que persigue el estado de derecho, que acata la norma y que cumple con sus obligaciones.

La cultura política es algo que se transforma pero en plazos muy largos, que no se agotan en 20 o 30 años; en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, costó cientos de años ir construyendo esa cultura democrática.

AR: En un artículo del año pasado escribió usted que nuestra democracia aún no ha dado resultados tangibles en el ámbito de la resolución de los grandes problemas del país. ¿Por qué ha ocurrido esto?

LVZ: Hay que tomar en cuenta dos cosas: primera, la democracia no está pensada ni diseñada para resolver otros problemas sociales, sino para resolver un problema: quién gobierna, y si ese gobernante va a hacerlo a partir de la legalidad y va a tener un ejercicio legítimo. Yo creo que en eso hemos avanzado.

Segunda, considero que 2006 es una clara muestra de que se nos desincronizaron los motores del cambio político. El pluralismo avanzó tanto que llegamos a una elección de 0.56 por ciento de diferencia; ¿qué elección más plural y competida que esa elección presidencial, donde la diferencia fue tan estrecha? Pero desde 1996 el cambio institucional se había detenido, estaba como apagado el motor del cambio institucional; no se consideró, después de la alternancia presidencial de 2000, la necesidad de hacer reformas electorales para actualizar el sistema en materias tan sensibles como la participación de los medios de comunicación (que cada vez son más importantes) y la fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos. Por eso en 2007 se le volvió a dar marcha al motor del cambio institucional y tenemos una reforma constitucional en 2007 y al Cofipe en 2008, una reforma muy profunda que atacó justamente aquellos temas.

Así, se estableció que el IFE no se detendrá por secretos bancarios, fiscales o fiduciarios en esa materia; que habría una unidad técnica especializada con autonomía de gestión para llevar a cabo ese trabajo de fiscalización en el IFE; cambió el modelo de comunicación política (se prohibió comprar tiempo a los partidos y a los particulares en la radio y la televisión, y se les otorgó acceso gratuito a esos medios a través del tiempo oficial); se le dio al IFE la facultad de administrar el tiempo en radio y televisión para las campañas electorales; se estableció un procedimiento especial sancionador para que las quejas que presenten los partidos políticos se resuelvan rápido y no se acumulen y agreguen agravios que después ya no se pueden resolver cuando se está calificando la elección, entre otros aspectos. Esto fue volver a sincronizar el motor del cambio institucional con el motor de la implantación del pluralismo.

Lo que nos ha producido este fenómeno es que ahora las elecciones sean más competidas, y los márgenes entre primero, segundo y tercer lugar sean cada vez más estrechos. Las alternancias son ahora mucho más frecuentes en todos los niveles gubernamentales, y también está el fenómeno que empezó desde 1997 con la elección de la Cámara de Diputados y es el de los gobiernos divididos: el partido del Presidente no tiene la mayoría de los diputados ni de los senadores. Eso en las democracias más tradicionales se convierte en una limitación para tomar decisiones, porque si el Presidente tiene como proyecto una ley fiscal, pero su partido es minoritario en el Congreso, pues no se va a aprobar.

Un poco de eso estuvimos viviendo desde la alternancia en la Presidencia hasta hace muy poco tiempo. El nuestro no es un sistema bipartidista sino pluripartidista, y la pluralidad está expresada en los órganos legislativos, y en este tipo de sistemas ¿cuál es la solución? Lo que en teoría política llamamos democracia consensual, donde para gobernar no basta tener mayoría sino que hay que construir la mayoría más amplia posible, lo que quiere decir que quien gana se sienta a negociar con los que perdieron.

Yo creo que el Pacto por México, que se firmó el año pasado, es un primer intento de democracia consensual en este país. Me da la impresión de que el Presidente, que no tiene mayoría en el Congreso, se dio cuenta de que, para darle gobernabilidad al sistema, necesita construir un programa de gobierno con las otras fuerzas políticas, porque soportarse solo en su fuerza política no le da gobernabilidad y sobre todo no le permite aprobar o proponer las reformas para resolver otros problemas que tiene el país. De lo que está en el pacto algunas eran propuestas originales del presidente Enrique Peña Nieto y de su partido, pero otras no, que son propuestas del PAN y del PRD que se han conformado en un programa de gobierno por lo menos a corto plazo, y que permitirán ir avanzando en la solución de los problemas de esta nación.

También hay que ser equitativos y objetivos: hubo en los sexenios anteriores reformas constitucionales trascendentes para la gobernabilidad de nuestro país y para los derechos de los ciudadanos, que se lograron a pesar de que el partido del Presidente no tenía mayoría en el Congreso de la Unión ni de 2000 a 2006 ni de 2006 a 2012. Me refiero, por ejemplo, a toda la reforma de transparencia y la creación del IFAI, a poner a disposición de la ciudadanía información sensible, sobre todo del uso de los recursos públicos por parte de las instituciones gubernamentales, lo que fue un avance significativo que está alineado con un tema que es fundamental en la democracia: la rendición de cuentas.

En 2011 también hubo un avance fundamental en la reforma al artículo primero de la Constitución para darle un nuevo nivel a los derechos humanos, de tal suerte que, a pesar de que estábamos en una situación de gobierno dividido y de que seguimos en ella, la experiencia de los dos sexenios anteriores es que en algunos temas sensibles para nuestra población se logró avanzar.

Ahora estamos, con este nuevo ensayo de democracia consensual, ante la posibilidad de que se avance más, sobre todo en aquellas decisiones institucionales que ayuden a establecer los cimientos de nuevas políticas públicas que resuelvan los problemas de educación, del empleo, de la vivienda, del desarrollo económico, problemas que tenemos desde que nos constituimos como nación en el siglo XIX.

AR: ¿Cuáles son los principales problemas de la democracia mexicana en la actualidad? Por ejemplo, usted ha abordado uno crucial: la educación cívica.

LVZ: Prefiero plantearlos como déficits, lo que están en tres áreas: primero, el tema de la cultura democrática, de esta perspectiva de educación cívica en la que se generen, desarrollen y profundicen los valores democráticos, el reconocimiento y el respeto a la diversidad de puntos de vista, el esfuerzo por no solamente tolerar la opinión diferente sino por integrarla en la opinión propia.

Ese pluralismo político se logra consolidar bien en los sistemas democráticos cuando va acompañado también del pluralismo cultural, societal, cuando a la persona no se le discrimina por el color de su piel, por su origen étnico, por su preferencia sexual, cuando se permiten las expresiones culturales diversas.

Ese es un ingrediente fundamental de todo sistema democrático e, insisto, en México estamos apenas dando los primeros pasos en esa materia. En nuestro país hasta hace poco tiempo no se podían debatir temas tan importantes como los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad, y en muchos estados de la República sigue siendo un delito la interrupción del embarazo cuando es un derecho fundamental de una mujer el decidir sobre su reproducción.

Nos toca a todos, a las autoridades gubernamentales, al IFE, a las universidades, a los medios de comunicación, a las oenegés, a las organizaciones sindicales y patronales fomentar la reflexión acerca de cómo hacer nuestros los valores democráticos y cómo vivir en la diversidad social, cultural, política y religiosa.

Segundo: nuestro sistema de partidos. Ya tenemos uno plural, y ya tenemos que se participa en el segundo nivel de competencia en términos equitativos y democráticos; pero el primer nivel de competencia no está resuelto: seguimos sin tener una ley de partidos que obligue a estos a observar principios y procedimientos democráticos en la elección de sus candidatos, de sus dirigentes.

Desde mi punto de vista, lo que necesitamos es una ley de partidos que resuelva temas como la cuota de género no en el registro de candidatos, sino en sus procesos internos de selección, y que además estos se ajusten a los principios democráticos: que tengan padrón de militantes auditable, que los precandidatos tengan la posibilidad de hacer sus campañas y transmitir su mensaje.

El tercer déficit es el que tiene que ver con el procesamiento del segundo nivel de competencia, que es no solamente respetar las reglas de la competencia, aceptar los resultados y reconocer las derrotas cuando se presenten, sino después de eso entender que hay posibilidades de participar en los consensos, pero no sólo como voluntad de los dirigentes políticos sino también en el marco institucional. A mí me parece que las democracias consensuales se consolidan incluso en regímenes presidenciales que tienen algunos elementos de parlamentarismo, como cuando el Presidente elige a su secretario pero lo ratifica un órgano legislativo, de tal suerte que el postulado deberá tener competencias técnicas y políticas para el cargo al está siendo propuesto. Si a esto le agregamos un buen servicio civil de carrera en las administraciones públicas federal y locales, podríamos tener que ese último nivel de la democracia, en donde ya no estamos pensando solo en cómo se elige al gobernante sino en cómo gobierna, cuál es el mandato que tiene que satisfacer, podríamos encontrar también incentivos institucionales para que se resuelvan los problemas, para que se construyan decisiones y sobre todo para que se dé confianza de que efectivamente quienes están en los cargos de responsabilidad son personas competentes,

En este aspecto hay que revisar el tema de la reelección de los diputados y de los senadores; no creo que sea el momento de pensar en la de Presidente de la República y de gobernadores, porque tenemos periodos muy largos de ejercicio (seis años). Sería conveniente que en el caso de los diputados se pensara en dos reelecciones después de una primera elección para que pudieran tener un periodo de hasta nueve años si hacen bien su trabajo y de presentarse a la reelección para rendir cuentas.

Para los senadores, que hoy tienen un periodo de seis años, habría que pensar que con una reelección podrían llegar hasta a 12 años en esa posición; en el caso de los presidentes municipales, que tienen periodos muy cortos de tres años, habría que pensar no en dos sino hasta en tres reelecciones sucesivas. Eso le daría solidez a un sistema democrático con rendición de cuentas, que es uno de los requisitos de la democracia.

AR: ¿Qué opina de la propuesta de creación del Instituto Nacional de Elecciones?

LVZ: Yo creo que es una buena idea. Observo que el Pacto por México es un primer ensayo de democracia consensual, y yo lo celebro porque es un estadio superior del desarrollo democrático de nuestro país y creo que es una decisión inteligente por parte de las fuerzas políticas. Están clarísimos los 95 puntos, y entre ellos uno es la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, propuesta que va acompañada de la Ley Nacional de Elecciones y de una Ley General de Partidos Políticos.

Yo creo que son tres elementos que se tienen que pensar integralmente, no podemos avanzar solamente en uno de ellos; habría que pensar en que es un trípode para el desarrollo del sistema electoral mexicano.

Además diría que si se resuelven bien los temas torales de la Ley de Partidos y se impulsa la democratización de los partidos, es una aportación importante; si en una Ley Nacional de Elecciones logramos homogeneizar las condiciones de competencia para la Presidencia de la República pero también para las presidencias municipales y todo lo que hay en medio, y establecemos condiciones de equidad para la competencia, será un aporte importante. Con esas dos leyes una autoridad electoral nacional podría hacerse cargo de una buena conducción y organización de las elecciones y de dar confianza a los ciudadanos de que los votos se cuentan bien y de que cuentan en las decisiones de gobierno

Esto, además, tendría un ingrediente: sí habría un ahorro presupuestal, quizá no demasiado grande pero sí lo habría, lo que nunca es despreciable y menos en un país como el nuestro, con tantas carencias y que necesita de tantas inversiones para resolver problemas.

Finalmente hay que decir que ese instituto nacional electoral puede aprovechar la experiencia institucional del IFE y su servicio profesional, que es un activo de la democracia mexicana. Se trata de funcionarios que están permanentemente en procesos de capacitación y de evaluación, siempre procurando que sus acciones sean profesionales y totalmente imparciales, lo que genera menos litigios en términos de la conducción de los procesos electorales. También que los partidos políticos, pero sobre todo los ciudadanos, tengan confianza en que en el proceso electoral hubo condiciones de equidad, que se pudo votar en libertad y que quien la mayoría haya decidido que debe ocupar una posición por un plazo determinado será quien la ocupará.

*Una versión un poco más breve de esta entrevista se publicó en Este País, núm. 270, octubre de 2013.

Constitucionalismo democrático versus estado de excepción. Entrevista con Pedro Salazar Ugarte

Constitucionalismo democrático versus estado de excepción

Entrevista con Pedro Salazar Ugarte*

Ariel Ruiz Mondragón

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Felipe Calderón optó por utilizar al Ejército en su lucha contra el crimen organizado, especialmente el de las bandas dedicadas al narcotráfico. Con esa decisión se abrió una intensa discusión sobre la constitucionalidad y la legalidad de tan radical medida, cuyos resultados positivos han sido, por lo menos, dudosos.

En su más reciente libro, Crítica de la mano dura. Cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades (México, Océano, 2012), Pedro Salazar Ugarte realiza un severo cuestionamiento a la estrategia de seguridad seguida por el gobierno federal durante el presente sexenio, la cual constituye una suerte de estado de excepción en el cual las garantías y las libertades de los ciudadanos han sido menoscabadas.

Sobre ese libro Este País conversó con el autor, quien es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en instituciones como la Facultad de Derecho de la UNAM, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, entre otras. Es colaborador habitual de Nexos y El Universal.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué publicar un libro como el suyo, con este tema y con este enfoque?

Pedro Salazar Ugarte (PSU): El principal motivo es una preocupación sentida (creo que personal pero que me parece es también general en México) por la gravedad de los problemas que enfrentamos en la crisis de seguridad y por la manera en que ha sido enfrentada por parte de las autoridades.

La preocupación que está en el fondo es cuáles van a ser las consecuencias para la consolidación de la democracia en México —que ha sido la gran apuesta institucional de muchas personas en los últimos 40 años— si seguimos con esta estrategia de endurecimiento por parte del gobierno, de la militarización en el combate al crimen y de apertura para medidas que restrinjan libertades, garantías y derechos. Entonces, es una preocupación por el proyecto democrático mexicano.

Creo que enfrentamos una disyuntiva histórica muy relevante: estamos en un momento en el cual va a haber una renovación en el mando del país en el Poder Ejecutivo Federal y en el Congreso de la Unión, en una coyuntura en la cual, por un lado, la democracia sigue siendo —al menos en el nivel declarativo de todos los actores políticos relevantes— el modelo al que aspiramos; pero, por otro lado, tenemos ya cinco años de estrategia gubernamental de combate al crimen que está socavando a las instituciones democráticas y que está abonando en el terreno de las regresiones autoritarias, que pone sobre la mesa elementos que en realidad azuzan el miedo colectivo y se inclinan más hacia las viejas estrategias del modelo de seguridad nacional latinoamericano de los años setenta y ochenta en la región.

Entonces, hay una fuerte contradicción, y lo cierto es que no son compatibles las dos estrategias; si uno quiere consolidar una democracia, tiene que apostar por un combate a la criminalidad con la Constitución en la mano, con garantías, con derechos, con prevención, con investigación, con juicios, porque es la única manera en la cual la democracia y el combate al crimen se pueden conjugar.

Pero si, por el contrario, se opta por una estrategia de militarización, de cateos, de arraigos, de detenciones por parte de las autoridades sin que medie orden judicial, de torturas, de abatimientos, etcétera, en realidad, pese a lo que se diga en el discurso, se está abonando en el terreno de una regresión autoritaria.

AR: Si bien hace años hubo una ola democratizadora, hoy hay una tendencia conservadora en el contexto internacional. ¿Cuáles considera que sean las primeras amenazas al proyecto ilustrado que usted defiende, y que promete libertad, igualdad y derechos humanos?

PSU: Creo que el principal desafío es uno estructural, muy sentido en todo el mundo pero con acento en algunos países como el nuestro: el problema de la fragmentación y de la desigualdad social. El modelo democrático constitucional ilustrado está orientado y pensado para sociedades igualitarias, en las que todas las personas tienen la posibilidad de llevar una vida digna y autónoma, en condiciones de relativa igualdad. Entonces, pienso que la grosera desigualdad social que existe en el mundo, especialmente en algunas regiones del mundo y en algunos países como el mexicano, es un obstáculo fundamental, estructural, para el proyecto de la sociedad de hombres y mujeres libres e iguales. Ése es el primer punto.

En el contexto actual, la crisis económica viene a ser palanca precisamente de esta desigualdad, lo que genera mucho descontento y mucho temor. A las personas, la pérdida de su patrimonio, la incertidumbre sobre su futuro y el de sus hijos les genera mucha inseguridad, lo que se traduce en miedo y en rechazo al diferente, en discriminación y en opresión. En ese sentido, ésta es una cadena que le corta las raíces al árbol de la democracia constitucional, como yo creo que estamos viendo en Europa (pienso en España y en Grecia, donde sentimientos xenófobos y racistas empiezan a aflorar con una fuerza muy palpable en los últimos años, y van de la mano de la crisis económica y de la incertidumbre sobre su futuro).

Este tipo de manifestaciones de descontento no permiten que las democracias se consoliden, porque éstas requieren de una vocación de inclusión, no de exclusión; de igualdad, no de discriminación; de reconocimiento de los derechos de cada persona, no de cerrazón de las comunidades políticas.

Después, no hay que olvidar una cosa: en todas las sociedades hay defensores de modelos autoritarios; hay grupos de personas reaccionarias que optan por blindar sus privilegios antes que por la inclusión y las agendas igualitarias; que prefieren cerrarse en sus comunidades amuralladas que convivir en el espacio público con los demás. Esos grupos, que pueden ser quizá minoritarios pero siempre muy poderosos, son los principales promotores de las regresiones autoritarias. Lo triste y lo preocupante es que cuando hay una crisis como la de seguridad, y cuando el miedo se expande socialmente, estas minorías reaccionarias, paradójicamente, se ven apoyadas, muchas veces, por mayorías asustadas, desconcertadas, desorientadas.

AR: Hay algunos apuntes sobre el vaciamiento del proyecto democrático, lo que, por ejemplo, en nuestro país tiene que ver con los políticos que apoyaron la democratización pero han acabado por no ser consecuentes con ella. ¿Qué pasó con los políticos y el proyecto democrático?

PSU: Pienso que existió un consenso muy amplio entre toda una generación en el sentido de que era importante cambiar las reglas para acceder al poder político y construir instituciones que hicieran posible que la lucha se diera a través de mecanismos democráticos y pacíficos, que es lo que llamamos transición, y ésta tiene muchos hijos a la vista. Démonos cuenta que el país sí cambió en clave democrática a lo largo de tres o cuatro décadas: allí están los partidos políticos, las elecciones, el Instituto Federal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el IFAI, etcétera. Hay un conjunto de instituciones que son fruto de la transición y que fueron el resultado del impulso de una generación que se puso de acuerdo en ese rubro temático.

Pero lo que le faltó a esa generación y lo que le está faltando a la generación actual es un proyecto postransición. Nadie se comprometió, con claridad, con los cambios sociales, económicos, políticos y jurídicos necesarios para consolidar la democracia.

Entonces, logramos generar las reglas para acceder democráticamente al poder, pero no hemos cambiado las reglas para administrar y operar el poder, ni se han implementado los programas y las políticas públicas para cambiar y transformar a la sociedad.

Tenemos una situación paradójica (y esto lo dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo): la región latinoamericana vive un triángulo entre pobreza, desigualdad y democracia. Lo que sostengo en el libro es que, además, para convertirlo en un cuadrado le tenemos que agregar el eje de la violencia.

Sí es cierto que tenemos un régimen democrático formalmente hablando y en la práctica, pero no tenemos ni una clase política que opere democráticamente, ni tenemos una sociedad que se vea beneficiada de una transformación en clave incluyente, y yo creo que eso se debe a una falta de compromiso y de visión de Estado por parte de la generación actual.

Pero considero que no todo está perdido; por ejemplo, este libro intenta ser un llamado de atención para decir “sobre estos temas tenemos que ponernos a discutir con seriedad”. No es necesariamente un libro de lectura fácil, no pretende serlo; es un libro que trata con la seriedad y la densidad que corresponde un problema sumamente serio y complejo; al mismo tiempo, creo que es un libro que invita a plantearse disyuntivas relevantes y a preguntarse qué es lo que quiere hacer de su país en el presente y en el futuro.

AR: Me llamaron la atención los apuntes históricos que hace del desarrollo de la idea del estado de excepción en México. ¿Qué cambios a nivel constitucional a favor de la democracia ha traído la transición política? Es un gran tema en el que también hay que ver las reformas de justicia de 2008 y 2011, y en las que usted dice que va ganando Hans Kelsen sobre Carl Schmitt.

PSU: Si uno hace una lectura de un conjunto de reformas constitucionales que han tenido lugar desde los años noventa del siglo pasado hasta la primera década del siglo XXI, se pueden encontrar evidencias de una apuesta por la democracia constitucional: se crearon las comisiones de derechos humanos federal y estatales; se convirtió a la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional con las reformas de 1994-1995; se formaron todos los institutos de transparencia (el IFAI y sus pares en las entidades federativas), a los que ahora se agregó la protección de datos personales; se integraron los institutos electorales y los tribunales correspondientes para darle garantía a los derechos políticos de las personas.

Por otro lado, se llevaron a cabo algunas reformas muy importantes en materia de seguridad y justicia. Pienso en una parte de la reforma de 2008, la que tiene que ver con los juicios orales, la presunción de inocencia y el sistema penal acusatorio; es decir, una reforma que quiere modernizar en clave constitucional y democrática a nuestro aparato de justicia.

También en 2011 tuvimos una reforma importantísima al amparo, así como una fundamental en materia de derechos humanos, que cambió prácticamente los primeros 27 artículos de la Constitución, y que la puso en sintonía con las constituciones más modernas del mundo.

AR: También está la reforma al artículo 29.

PSU: Es de las de 2011. Si uno ve el sentido de esa reforma, resulta que hoy en México al estado de excepción se le amarraron las manos, se le limaron los dientes y se le controló.

Todas las anteriores son evidencias que nos indicarían que constitucionalmente vamos en la dirección correcta; pero también hay en la propia Constitución algunos rostros ominosos de tendencia autoritaria. Uno muy concreto: en la misma reforma de justicia penal de 2008 se aprobaron algunas modificaciones constitucionales que sientan las bases para medidas autoritarias que restringen libertades. En concreto, en el libro me centro en el tema del arraigo, que es una medida absolutamente autoritaria, porque es una medida por la cual el Poder Ejecutivo puede retener y privar de la libertad a una persona por un lapso muy amplio, sin que medie ninguna orden judicial de por medio, ni tampoco acusación formal y sin que se inicie un juicio en su contra.

Ésta figura la encontramos en todas las constituciones autoritarias del mundo a lo largo de la historia, y que no está presente en las constituciones verdaderamente democráticas. Es un buen ejemplo de la contracara de la reforma de 2008.

Pero las dimensiones en que las regresiones son más palpables son en las de la realidad, no en las de la Constitución. La gran paradoja: se reforma el artículo 29 constitucional para limitar los supuestos, las modalidades y los efectos que puede tener una eventual declaración del estado de excepción, pero al mismo tiempo tienes a los militares en las calles. Lo que sostengo en el libro es que poner a los militares a hacer funciones de Policía equivale a la declaración de facto de un estado de excepción. Incluso provoco cuando en el libro digo: “Si alguien no me cree, lo invito a pasar a toda velocidad enfrente de un retén militar en una carretera cualquiera del país, porque es la mejor prueba de que cuando los militares están en las calles, nuestras libertades están restringidas; si te dicen que te detengas, vas a tener que hacerlo, y si dicen que van a inspeccionar tu coche, lo van a hacer, y si deciden llevarte detenido, te van a llevar”. Y no hay ningún amparo constitucional que proteja tus libertades frente a ese tipo de abusos.        

AR: Un aspecto que usted menciona es que cuando menos dos de los tres poderes de la Unión parecen avanzar en sentido autoritario: por supuesto, el gobierno de Felipe Calderón, pero que a éste, de alguna manera, le dio el espaldarazo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¿Qué responsabilidad tiene ésta en lo que estamos viviendo?

PSU: Es un excelente punto, porque en los últimos meses hemos visto a una SCJN más dispuesta a limitar al Poder Ejecutivo en estos temas; con votos muy divididos, pero ha hecho suyas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es una Corte que, al menos en su mitad, se inclina hacia la ampliación de las garantías, de la libertad y de los derechos fundamentales de las personas.

En el origen de la estrategia de combate al crimen organizado implementada por el presidente Felipe Calderón, ante la falta de un asidero constitucional claro que le permitiera sacar al Ejército a las calles y realizar otras las medidas que ha llevado a cabo, contó con el aval de un conjunto de cuatro tesis de la SCJN que en realidad son inmediatamente anteriores, todavía dentro de la administración del presidente Fox. Al pronunciarse sobre una acción de inconstitucionalidad que no tenía que ver directamente con el tema, la SCJN se sacó de la manga una interpretación en la que dice que la Constitución sí permite el uso de las fuerzas armadas en el combate a la criminalidad. Esas cuatro tesis, las que le han servido al Presidente para sostener la constitucionalidad de sus acciones, tienen una contradicción muy fina pero muy delicada en el fondo, que es la siguiente: dicen que sí es lícito echar mano del Ejército para enfrentar al crimen, y lo es para evitar tener que llegar a la situación de la declaración de un estado de excepción o de emergencia.

¿Dónde está la contradicción? En que, en realidad, si se declara el estado de emergencia en los términos en los que lo establece el artículo 29 constitucional, se tienen muchas más garantías y protecciones para los derechos de las personas que los que tienes cuando, de facto, el gobierno pone a los militares en las calles. Entonces, en realidad hay una trampa en la interpretación que hacen los ministros de la Corte, porque lo que te dicen es que te quieren evitar el mal menor, y en vez de hacerlo te exponen a un mal mayor.

AR: Como dice, el ciudadano está entre los dos fuegos: el del gato montés y el del león.

PSU: Ésa es una tesis constante en el libro; lo que yo sostengo, retomando una discusión vieja y densa de dos teóricos, Thomas Hobbes y John Locke; el primero, promotor del autoritarismo, absolutista, y el otro del liberalismo. Precisamente, lo que sostiene Locke es que cuando uno acepta que el Estado lance la fuerza, las armas a las calles para perseguir a los delincuentes, en realidad se va a encontrar en una situación de vulnerabilidad por partida doble: lo van a amenazar los gatos monteses, es decir, los delincuentes —diríamos nosotros: el crimen organizado, los narcotraficantes, los sicarios—, pero, además, lo va a asediar también el león estatal.

En esa situación quien pierde es el ciudadano de a pie, porque si el enfrentamiento es entre el Estado sin límites que usa su capacidad punitiva para combatir al crimen en las calles, y criminales sin escrúpulos, los ciudadanos verdaderamente estamos en una situación trágica.

Yo sostengo en el libro que uno tiene que pensar esto en casos concretos, en lo que sucede en ciudades específicas, en poblados concretos: en Ciudad Juárez, en la sierra de Guerrero, etcétera, en los cuales viven mexicanas y mexicanos que un día tienen que guardarse de la amenaza criminal, y al otro día tienen que guardarse de la amenaza estatal. No es una hipótesis académica sino una realidad que está documentada, y que tristemente está creciendo en el país.

AR: Para decirlo en términos de Hobbes, el ciudadano está amenazado tanto por el lobo como por el Leviatán.

PSU: Exacto, tal cual.

AR: Al principio del libro usted habla de un par de minorías: una que pugna por la transformación y el progreso, innovadora, que iría en el sentido de una Constitución democrática; otra que va por un pasado imaginario y que propone salidas autoritarias. En términos políticos, ¿esto lo podemos traducir como izquierda y derecha?

PSU: Yo creo que lo tenemos que leer en el eje autoritarismo-democracia, fuerza-libertad, porque se da en la disyuntiva entre libertad y orden. La historia nos demuestra que cuando se viven situaciones de crisis, desconcierto y miedo colectivo, hay voces que empiezan a clamar por regresiones autoritarias, por el fortalecimiento de la potestad estatal, por la militarización de las calles, que empiezan a aceptar y a tolerar la tortura, que están dispuestas a renunciar a sus libertades, etcétera. Ésa es la minoría reaccionaria que se desconcierta frente a la crisis, y se entrega al pensamiento autoritario.

Ésta es una tesis de María Zambrano, quien también dijo: “Pero hay otras minorías que, a pesar del desconcierto, del miedo, de que también viven la crisis, deciden enfrentarla apostando por un futuro de libertad. Esas minorías suelen quedarse solas, porque la gran mayoría de las personas suele seguir a las mayorías reaccionarias, porque son las que les prometen, sin nunca cumplirles, soluciones fáciles e inmediatas para grandes problemas”.

Yo creo que la historia también nos demuestra que ha habido proyectos políticos de izquierda y de derecha que, en algunos momentos, se han inclinado por la reacción autoritaria. Es decir, a mí me gustaría pensar (pues soy un socialdemócrata) que la izquierda siempre está de lado de la igualdad y la libertad, y que hay en la izquierda una vocación humanista más fuerte que en la derecha; lo anterior, porque la izquierda te exige ver la igualdad donde no es evidente, te pide incluir al que está excluido, porque te pide ser solidario en vez de ser egoísta. En ese sentido, la izquierda es un proyecto que va contra los instintos naturales de las personas; la derecha, en cambio, siempre es más primitiva, más reaccionaria, más de las pasiones básicas, las emociones, la autoridad, la violencia, la defensa por propia mano, etcétera.

Sin embargo, me temo que en esta disyuntiva tristemente también podemos encontrar algunos proyectos de izquierda que terminan por decantarse por el modelo autoritario.

AR: Algo que también señala es que los derechos deben tener una base no solamente constitucional sino también en políticas públicas para poder hacer vigentes los derechos de los mexicanos. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales políticas públicas que respalden el ejercicio de esos derechos?

PSU: En primer lugar, para que las reformas constitucionales de las que hablé se vuelvan realidad, lo primero que necesitamos es que se creen las leyes secundarias que las hagan posibles; necesitamos una ley que reglamente el artículo 29 constitucional, otra que nos diga cómo van a funcionar el derecho de asilo y el derecho de réplica, cómo va a operar el principio de presunción de inocencia, etcétera. No basta con cambiar la Constitución sino que hay que crear leyes.

Pero el siguiente nivel es el más importante: las políticas públicas que conviertan los derechos en realidad. Pensemos en grandes temas: la construcción de una ciudadanía democrática en serio. Para ello, las políticas públicas en materia de educación son fundamentales, y existe una serie de instituciones orientadas a garantizar ese derecho. Pero si no tienes unas instituciones que, desde el gobierno e incorporando a los maestros, al sindicato, etcétera, en verdad se hagan cargo del problema de una educación de calidad, entonces no vamos a tener una ciudadanía que corresponda a un modelo democrático.

Pensemos en la seguridad: para convertir en realidad la reforma constitucional en materia de juicios orales de 2008, hay que crear físicamente el juzgado, formar al juez y a los abogados y dotar de instrumentos materiales, no nada más jurídicos, a estas instituciones para que cambie el sistema y el aparato de justicia. Ésa es una transformación que requiere políticas públicas, inversión de recursos públicos, decisiones estratégicas, centros de capacitación, cursos, contrataciones, servicio civil de carrera, etcétera.

También pensemos en las medidas para garantizar nuestra seguridad en las calles: debemos tener políticas públicas que permitan que los jóvenes se incorporen a la sociedad democrática. Por esto se tienen que generar los espacios físicos para que los jóvenes puedan encontrarse y recrearse, tener una vida digna dentro de la sociedad a la que pertenecen. Ésas son políticas de inclusión: no de entretenimiento sino de esparcimiento, de cultura, de formación artística e incluso de educación sexual, etcétera. Es decir, lograr que tu juventud se incorpore a tu sociedad democrática y no se vaya a engrosar las filas del crimen organizado requiere no sólo de una retórica y de normas constitucionales sino de inversión de recursos, de acciones concretas, de políticas que se traduzcan en transformaciones materiales; sin eso, los derechos son de papel y pueden ser utilizados, incluso, como un expediente retórico para legitimar políticas autoritarias.

AR: Es muy interesante el capítulo sobre la CIDH y los antecedentes que tiene de ser una Corte garantista. En este sentido y tomando en cuenta el caso Radilla, ¿qué futuro avizora para México en la CIDH, a partir de que es muy probable que vaya a haber muchas denuncias contra el Estado mexicano?

PSU: Yo creo que, tristemente, México ha sido constantemente condenado por la CIDH por violación de derechos humanos, y me temo que lo va a empezar a hacer ya no sólo por actos de exceso sino también por omisiones estatales para brindarle garantías a las personas.

Veo muy positivo que cada vez haya más grupos y despachos de abogados que están litigando casos de derechos humanos y que los están llevando ante ese organismo, porque ayudan a generar un contexto de exigencia al Estado mexicano, a la SCJN y a todos. Las decisiones de la CIDH en realidad van dirigidas a los tres poderes federales, y también a todos los poderes de las entidades federativas.

Cuando la CIDH sentencia en contra del Estado, en realidad está corresponsabilizando a todos los actores políticos relevantes, lo cual a veces es también una paradoja; lo digo entre paréntesis, porque a veces puedes tener que por un problema en realidad ocasionado por la violación de una autoridad de un estado de la República, de todos modos la Corte le llama la atención al gobierno federal, y no le llamará la atención a una entidad federativa. Allí hay una paradoja.

Considero la CIDH va a ser cada vez más un espacio en el que se van a seguir litigando casos de derechos humanos en México. El Estado mexicano debe de ser capaz no sólo de aceptar y reconocer las sentencias, sino de llevar a cabo las acciones que la Corte vaya imponiendo, y me temo que esta situación se incrementará en los próximos años.

AR: A mí me llama la atención que en el libro están citados también gobernadores y militares que son jefes de Policía, los que se guían por la lógica de la excepcionalidad. En este sentido, ¿cuál de las posturas que usted menciona, la autoritaria y la democrática, ha predominado en los estados de la República? Algunas veces el gobierno se ha justificado al decir que los que piden la presencia del Ejército son los municipios y los estados.

PSU: Pienso que la gran agenda pendiente en este tema es poner el foco en el papel de las autoridades estatales en la lucha contra el crimen, porque hay muchos delitos de los más sentidos para las personas —por ejemplo, el secuestro— que son delitos del ámbito estatal, no del federal. Corresponde a las autoridades estatales investigarlos y  perseguirlos, y muchas veces no hacen su tarea y queda la impresión de que se trata del gobierno en su conjunto, y que el gobierno federal es omiso.

También considero que es difícil hacer una generalización, porque hay estados que tienen sistemas de procuración de justicia y aparatos judiciales que funcionan muy bien, con estándares internacionales. Pienso en el caso que es el que todo mundo señala, que es Yucatán, donde las cosas funcionan y se hacen bien.

Sin embargo, creo que el principal pecado en el que han incurrido gobernadores de todos los partidos en las entidades más conflictivas, ha sido de omisión, no tanto de exceso. Los estados también pueden ser responsables de violar derechos humanos por no hacer su trabajo, porque el Estado está para garantizar la seguridad; si no lo hace y  expone la vida, el patrimonio y la integridad física de los ciudadanos, el Estado es corresponsable de ese acto violatorio de los derechos de las personas. En ese sentido, creo que las entidades federativas —algunas, y unas más que otras— han pecado más de defecto que de exceso.

De todos modos, en el libro tengo toda la intención de evidenciar que la lógica autoritaria no es exclusiva de un solo partido político ni de todo el gobierno, ni tampoco es sólo del Estado, ya que también está enraizada en la sociedad. Yo menciono, con toda claridad, la defensa abierta que la señora Isabel Miranda de Wallace ha hecho de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, y que también se ha pronunciado, insistente y públicamente, a favor de la pena de muerte. Lo que quiero subrayar en el libro es que, en realidad, la lógica autoritaria está dispersa en todo el territorio y en todos los niveles.

AR: Aunque no está tratado en el libro, ¿qué papel desempeñan en esta disputa los medios de comunicación?

PSU: Tampoco podemos generalizar; pero aceptando que se valga una mirada panorámica, podemos decir que en cualquier sociedad los medios de comunicación son actores corresponsables de asuntos tan sentidos como la violencia. También podemos decir que en algunas entidades federativas los hechos violentos los denuncia la sociedad civil; en el libro cuento la anécdota de un viaje mío a Tamaulipas, donde uno encuentra que la desesperación también pasa por el silencio de los medios ante lo que está sucediendo. Hay situaciones evidentes de violencia de las que se entera gran parte de la población, y la gente comunica lo que está sucediendo a través de las redes sociales; al día siguiente los medios de comunicación, sobre todo los periódicos, no dan cuenta de lo que allí está sucediendo y, simple y sencillamente, cuentan la vida de una ciudad tranquila, normal. Allí hay una corresponsabilidad de los medios, porque de manera deliberada o no, están siendo cómplices de la criminalidad al no denunciarla.

De hecho, algunos noticieros y algunos programas periodísticos serios de televisión nacional —que los hay—, han tenido que sacar a la luz pública lo que sucede en algunos estados porque allí no se decía nada. Recuerdo, por ejemplo, el programa Punto de partida, de Denise Maerker; ella fue la que trajo a la agenda nacional lo que estaba sucediendo en Tamaulipas, por ejemplo.

Por otro lado, creo que los medios tienen una responsabilidad social que debe trascender al gobierno. Los medios —estoy pensando en los electrónicos— deben colocarse del lado de la ciudadanía y generar contextos de exigencia al Estado, porque explotan un bien público que es el espectro radioeléctrico, que es de todos. Allí tenemos un problema serio, porque México no ha logrado tener un circuito periodístico y un circuito intelectual: ni los medios ni los intelectuales han estado todavía a la altura de la gravedad de lo que nos está sucediendo en el país.

AR: Quiero terminar con un tema planteado casi al final del libro: que hay un actor fundamental que es el ciudadano. Me llamó mucho la atención la cita que hace de Dietrich Bonhoeffer: “El poderío de unos requiere de la estupidez de los otros”.

PSU: Sí, es durísima…

AR: Sí, sobre la gente que apoya a las tendencias reaccionarias, autoritarias, y que recuerda, por supuesto, a los idiotas entre los griegos. ¿Cómo observa usted a los ciudadanos mexicanos respecto al reto de la seguridad y la justicia? Hay datos de que a la mayoría no les importa la política, que hay bajo asociacionismo y escasa confianza interpersonal, por ejemplo. Al tomar esto en cuenta, ¿los ciudadanos mexicanos estamos en capacidad de asumir nuestra responsabilidad histórica en el sentido que menciona María Zambrano?

PSU: Yo creo que ésa es la gran pregunta. Yo quise terminar el libro provocando una reflexión en ese sentido.

Me temo que nos están ganando el miedo y la indolencia, que son dos cosas distintas. Si uno lee encuestas en las que se les pregunta a los ciudadanos, por ejemplo, acerca de su tolerancia a la tortura o su inclinación por la pena de muerte, encuentras que hay una corriente amplia de personas que apoyan ese tipo de medidas, y que son claramente la base social del autoritarismo (no estoy diciendo que cada una de esas personas sea en sí misma autoritaria, pero abona en el terreno en el cual los totalitarismos echan raíces).

Esa idea de la estupidez también está relacionada con ellos en otra dimensión, porque hay una parte de los ciudadanos que pierden conciencia de la relevancia de la libertad, que no se dan cuenta del valor que tiene la libertad porque no la ejercen todos los días, porque no la defienden. Ese contingente social es muy peligroso, porque empieza a militar de manera ya no pasiva, ya no tolerante, sino abierta y activa a favor de las medidas autoritarias.

A mí me llama la atención el éxito que tuvo en la elección de 2009, por ejemplo, la propuesta política del Partido Verde Ecologista de México: a partir de aprovechar el miedo social, hace propuestas como la de la pena de muerte, la que, además, era retórica porque no podía llevarse a la práctica. Pero logró elevar su votación; allí tienes un indicador de que la sociedad no se está comprometiendo con el modelo democrático.  

Creo que allí nos toca a quienes generamos opinión pública una responsabilidad, con la que deberíamos de alinearnos intelectuales, periodistas, opinadores, medios de comunicación, profesores universitarios. Ésa es la batalla que tenemos que ganar.

La propuesta es que debemos discutir con seriedad la disyuntiva que enfrentamos y que debemos aportar argumentos quienes estamos a favor de la democracia para ganar el debate. Una vez que lo ganemos debemos exigir leyes y políticas públicas acordes y compatibles con la democracia; si apostamos con constancia, inteligencia y tenacidad en esa dirección, creo que al cabo de algunos años vamos a lograr, incluso, contar con el apoyo mayoritario para las instituciones democráticas.

Pero no hay que perder de vista que los derechos son muchas veces contra las mayorías: la defensa de los derechos va contra las pasiones mayoritarias; la defensa de la igualdad va contra la discriminación, que está muy arraigada en la sociedad.

En ese sentido, no vamos a contar, necesariamente, con la mayoría de los ciudadanos; vamos a tener que hacer un trabajo de reflexión, de exigencia y de implementación de políticas desde posturas minoritarias.

*Una versión más breve de esta entrevista fue publicada en Este País, núm. 256, agosto de 2012.